La paradisiaca isla Holbox, en Quintana Roo: la disputa entre comuneros y una empresa
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Holbox. Foto tomada de internet.

La paradisiaca isla Holbox, en Quintana Roo: la disputa entre comuneros y una empresa

Holbox es una isla virgen de la reserva Yum Balam, declarada área natural protegida; al menos 40 comuneros se enfrentan en los tribunales por la representación ejidal.
Holbox. Foto tomada de internet.
Por Nayeli Roldán
5 de febrero, 2015
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Holbox. Foto tomada de internet.

Holbox. Foto tomada de internet.

La paradisiaca isla Holbox, en Quitana Roo, está en la mira para convertirla en un destino turístico con villas, hoteles, plaza comercial y un puerto; pero mientras espera el aval ambiental, los comuneros libran una batalla en los tribunales para ganar la representación ejidal.

Un grupo de 73 ejidatarios vendió sus terrenos en 2005, luego de la devastación que dejó el huracán Wilma, por 5 millones de pesos, bajo argucias legales del empresario Fernando Ponce, según acusan; otros 40 comuneros se negaron a hacerlo y en medio del conflicto, 16 pobladores están encarcelados desde el 24 de julio de 2014 acusados de “cortar mangle”, aunque la defensa advierte que no existen pruebas para inculparlos.

Holbox, una isla virgen de la reserva Yum Balam, declarada área natural protegida con una extensión de 155 mil hectáreas y 2 mil habitantes se encuentra en disputa legal desde hace 10 años. En tanto, el proyecto para desarrollar turismo exclusivo llamado La Ensenada, está a cargo de la empresa Península Maya Developements.

En el proyecto se explica que se pretende construir tres hoteles boutiques con 50 a 75 habitaciones, “colección de tiendas pintorescas”, una sala de estar frente a la playa, un área para espectáculos con capacidad para 175 a 225 personas.

En la página de internet, la empresa asegura que ha tenido diversos encuentros con la comunidad local y contratado a “numerosos y reconocidos planeadores a escala mundial” por lo que han elaborado un “plan maestro que ha sido mejorado a través de numerosos ciclos de diseño, en donde cada ciclo evoluciona en un plan ambientalmente más racional”. Sin embargo, aún faltan concretar los permisos ambientales y las resoluciones judiciales entre los comuneros para iniciar la construcción.

En un comunicado enviado a Animal Político, la empresa Península Maya Development se deslindó de “ejercer o poseer capacidad de injerencia en la designación y nombramiento del comisario ejidal”, así como de los hechos ocurridos en julio pasado.

En lo que corresponde a la compra venta de los terrenos, Península Maya Development ratifica que este proceso se ha hecho bajo los términos y tiempos establecidos en el marco legal, siendo la libertad y elección de quienes se encuentren inconformes el acudir a las instancias legales correspondientes. Cabe destacar que el proyecto todavía se encuentra en un proceso de definición, con el apoyo de expertos en la materia, para generar un proyecto sustentable en beneficio de todas las partes involucradas y la preservación de la riqueza biológica de la isla”, indica el comunicado.

 

“Venderemos cuando nos lleguen al precio”

Benigno Correa, ejidatario de Holbox, es uno de los 40 comuneros que no vendió su terreno en 2005. En 2014, fue elegido como representante ejidal en una asamblea que se desarrolló fuera de la comunidad y con resguardo policial, donde además se aprobó la división de la isla en cuatro ejidos, con la participación de los nuevos dueños de parcelas.

Correa advierte que su lucha es por el reconocimiento de su gestión como comisario ejidal, impugnada ante el Tribunal Unitario Agrario por su opositor, Nivardo Mena, quien se ostentaba como representante del ejido desde 2012.

De ganar, dice, la venta de los terrenos será más ordenada y por un precio mucho mayor al que consiguieron los primeros en ceder a la venta.Tal vez un día que nos lleguen al precio, tal vez lo tengamos que hacer, pero hasta ahorita no hemos ni una venta. Y sería por más de cinco millones, ellos vendieron hace nueve años”.

Cuando se le pregunta por la cantidad, responde que “han llegado propuestas de corredores, pero cuando se nos acercó el primer comprador, pedimos 99 millones de pesos, como está tasado en el Registro Público de la Propiedad”. Aunque hasta el momento no existe acuerdo alguno, de lograrlo, insiste, pedirán un “pago justo”.

En tanto, la familia de Nivardo Mena, propietaria de parcelas, vendió desde un principio. Pero mantiene un litigio por despojo contra el empresario Fernando Ponce García, quien convenció a los ejidatarios de generar mayor desarrollo turístico a través de la constitución de un Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox. Para ello, les pidió “aportar” sus parcelas para encontrar comprador, quien resultó ser la empresa Península Maya Development S.A. de C.V.

En tanto, en el litigio sobre la representación ejidal, el Tribunal Superior Agrario (TSA) concedió un amparo a Nivardo Mena para ser restituido como comisario ejidal. Sin embargo, Benigno Correa advierte que no es una resolución definitiva.

Los detenidos

El 24 de julio de 2014, días después de la controversial asamblea, se implementó un operativo que incluyó a elementos de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la que detuvieron en flagrancia a 16 personas “cortando” mangle.

Se trata de pescadores que no hablan español, jardineros, topógrafos, y un estudiante que permanecen en el Centro de Reinserción Social, (Cereso) de Cancún, sin alcanzar fianza, toda vez que el delito de tala de especies en peligro de extinción es considerado un ilícito grave en el Código Procesal Federal.

Sin embargo, de acuerdo con la defensa, hasta el momento no se ha presentado evidencia de ningún tipo para acreditar la supuesta flagrancia, además de que los daños ambientales por los que fueron acusados se habían realizado al menos 15 días antes de la detención.

Luego del auto de formal prisión emitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, la defensa a cargo de Alejandro Aguirre Buenfil, mantiene el intento por demostrar la inocencia de los implicados.

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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