[contextly_sidebar id=”1xospcQXGQX9vbNgiQTHjogzmixJm0bM”]La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar la versión pública de la averiguación previa del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Al analizar un recurso de revisión, el pleno de Instituto Federal e Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) resolvió, en forma unánime, revocar la negativa de la PGR a brindar la información solicitada por un particular por considerarla reservada.
Durante la sesión de este miércoles 18 de febrero, la comisionada Areli Cano Guadiana presentó el proyecto de resolución contra la respuesta de la Procuraduría.
Esta resolución ocurre a casi dos semanas de que el Instituto también instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.
Cano Guadiana destacó que la información solicitada no puede ser considerada como reservada por la Procuraduría General de la República, sino que debe ser dada a conocer porque se trata de un tema de interés público.
La autoridad reservó la información bajo el argumento de que se trataba de una averiguación previa en trámite por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio, en el que están consignados diversos servidores públicos sujetos a proceso penal.
Sin embargo la comisionada explicó que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trata de violaciones graves a derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, y recordó que el 5 de febrero se resolvió un recurso de violaciones graves a los derechos humanos.
Al respecto el pleno del Instituto Federal e Acceso a la Información determinó revocar la respuesta emitida por la PGR e instruirle para que entregue al particular una versión pública de la averiguación previa solicitada.
En dicha versión deben protegerse los datos personales de los presuntos responsables, de las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público, servidores públicos con funciones operativas.
Precisó además que no podrán ser protegidos los nombres de aquellos servidores públicos que presuntamente participaron en esos hechos y que ya son públicos, además de que han sido puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló que el caso Iguala ha lastimado a la sociedad mexicana y al mundo, por tanto no puede pasar inadvertida una resolución en este asunto, que lleva a ver este grave problema de violación a los derechos humanos.
En el mismo tenor se expresó el comisionado Óscar Guerra Ford, quien insistió en que la información del caso pertenece a la sociedad, la cual tiene derecho a pedir cuentas de la investigación y sus resultados.
A su vez el comisionado Joel Salas Juárez destacó que toda autoridad involucrada en la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos debe cumplir con el principio de máxima publicidad, divulgando la información generada.
Salas Suárez recordó que el viernes próximo vencerá el plazo para que la Sedena entregue la documentación relacionada con este mismo caso, como el Instituto Federal e Acceso a la Información le instruyó.
