Ley de Transparencia: los cambios que propone el PRI y que organizaciones califican de regresivos
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Ley de Transparencia: los cambios que propone el PRI y que organizaciones califican de regresivos

Límites para transparentar información sobre violaciones a derechos humanos, que instituciones de inteligencia puedan reservar datos o que sea más sencillo negar información.
Por Tania L. Montalvo
9 de febrero, 2015
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IFAI. Foto: Cuartoscuro.

IFAI. Foto: Cuartoscuro.

La iniciativa que se construye de la Ley General de Transparencia en el Senado deja atrás los logros en la materia que el Estado mexicano acumuló a lo largo de una década, acusan organizaciones civiles tras analizar los cambios que el Ejecutivo sugirió a la propuesta de ley y que actualmente impulsan los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

La discusión de esos cambios es lo que llevó a que los legisladores no cumplieran con el plazo legal impuesto para la aprobación de la ley, que era este 7 de febrero. Ello a pesar de que la redacción de una iniciativa ya acumulaba más de 200 horas de trabajo entre senadores y sociedad civil que redactaron y presentaron un documento el pasado 2 de diciembre.

Y aunque en esa iniciativa hubo detalles que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas cuestionaron ⎯como que la estabilidad económica fuera una causal para reservar datos o la sanción a funcionarios de los órganos garantes que ordenaran publicar información⎯, se mantenían principios elementales para fortalecer y garantizar el derecho de acceso a información pública.

Sin embargo, el Senado recibió un documento de la Consejería Jurídica de la Presidencia con más de 80 cambios ⎯entre técnicos y de fondo⎯ con los que se deja atrás el trabajo que la sociedad civil realizó con los legisladores.

Si se aceptan esos cambios perderemos todo lo que se ha avanzado en tema de transparencia. Estas modificaciones eliminan los criterios jurisdiccionales que amplían el derecho de acceso a la información. No sólo pervierten la iniciativa que se presentó el 2 de diciembre pasado si no que neutralizan por completo los efectos de la reforma constitucional de 2014”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Acceso a la información de Artículo 19.

Los colectivos civiles que integraron las mesas de trabajo con senadores confirman que, con los cambios que envío el Ejecutivo, ya no ha habido vías institucionales para participar en la redacción del documento, aunque se acordó que se haría en Parlamento Abierto.

La senadora del PRI, Arely Gómez, dijo que con la sociedad civil se realizó un proceso de consulta que ya concluyó y que ahora es trabajo de los senadores definir el contenido de la Ley General de Transparencia.

Estas son algunas de las modificaciones impulsadas en el Senado por el PRI y el PVEM y que el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas califican de regresivas:

Transparentar violaciones a DDHH

El artículo 115 establece que no puede declararse información reservada cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la iniciativa de sociedad civil establecía que la trascendencia social de las violaciones era suficiente motivo para publicitar los datos.

La propuesta del PRI elimina esa posibilidad y agrega que se necesita el pronunciamiento de alguna autoridad competente que confirme las violaciones a derechos humanos para que la información no se reserve.

Se elimina el sistema de sanciones

En la iniciativa de sociedad civil y senadores se incluyó un capítulo para sancionar el incumplimiento a las obligaciones de transparencia, es decir, castigar a los sujetos obligados que declaren inexistencia de información cuando sí la tengan, por ejemplo; o que reserven datos sin justificación.

En la propuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo se elimina por completo el capítulo y deja sin sanción las violaciones al derecho de acceso a la información.

Negar información, sin justificación

Actualmente, cuando un sujeto obligado niega información al ciudadano debe comprobar el daño que causa entregar esos datos.

La propuesta del PRI es que ya no tengan que justificar por qué no están entregando la información a menos que el ciudadano acuda a un órgano garante (el Instituto Federal de Acceso a Información, IFAI; o el equivalente en los estados).

Según sociedad civil esto abre la puerta a que todos los sujetos obligados opten por negar información apostando a que, según estadísticas del IFAI, un porcentaje mínimo de ciudadanos se quejan ante el órgano garante y sólo en ese caso tendrían que justificar la negativa o entregar los datos.

Causales de reservas y sin tiempo para abrir la información

Además de que se mantiene como causal de reserva la estabilidad económica ⎯según Colectivos por la Transparencia es una causal muy amplia y ambigua; y en los términos de la iniciativa todo podría considerarse que atenta contra la estabilidad económica como la corrupción o un caso de violación de derechos⎯ se convierte en un tema de reserva infinito.

Cuando se reserva información por temas de estabilidad económica, financiera y monetaria y para las cuestiones que tienen que ver con infraestructura de servicios públicos, no existe tiempo límite para abrir la información.

Y en los casos que sí tienen periodo de reserva, se incrementan los tiempo: en lugar de cinco años se propone que sean siete y cuando se solicita y aprueba un plazo para ampliar la reserva, en lugar de dos, podrían ser cinco.

Sin prueba de daño

Uno de los mayores logros de sociedad civil en la discusión de la iniciativa había sido que los senadores aceptaron incluir una prueba de daño, es decir, los Comités de transparencia de cada sujeto obligado deberían analizar el impacto que tiene en la sociedad cierto tipo de información y así determinar si debería ser pública y no reservarse, privilegiando el derecho a la información.

En los cambios del PRI y Presidencia se elimina la prueba de daño y en lugar de que los Comités justifiquen la clasificación de información sólo confirman o revocan la decisión.

Condonaciones fiscales, no sabremos a quién sí

El PRI y el PVEM impulsan que sólo se deban publicar los montos de las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, en lugar de los nombres de los beneficiados, como proponía sociedad civil.

Instituciones de inteligencia, un trato diferenciado

Tras la reforma constitucional en la materia se fortaleció la figura de los Comités de Transparencia de cada sujeto obligado, encargados de garantizar mejores prácticas en la entrega o reserva de información.

Sin embargo, el PRI está proponiendo que las instituciones de inteligencia no cuenten con este Comité y que corresponda a los titulares de las instancias de gobierno determinar qué datos son reservados.

Los beneficiados de esta diferenciación serían: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada.

Más poder al Ejecutivo

Aunque sociedad civil no pudo evitar en las mesas de trabajo con senadores que el Consejero Jurídico de la Presidencia tuviera la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando considere que el fallo del IFAI al ordenar la apertura de cierta información atenta contra la seguridad nacional; con la propuesta del Ejecutivo además de mantener esa facultad se añade que cualquier instancia pueda acudir al Consejero para pedirle que solicite a la Corte la revisión de una resolución del IFAI y se mantengan ciertos datos reservados.

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¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país?

La BBC habló con activistas de derechos humanos dentro y fuera de Irán sobre las razones que explican esta situación.
10 de agosto, 2022
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

Los grupos de derechos humanos dicen que Irán vive una ola de ejecuciones. Solo en la última semana de julio, 32 personas fueron ejecutadas, incluidas tres mujeres que fueron ahorcadas por asesinar a sus maridos.

“No hay pena de prisión por asesinato . O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Agentes preparan una soga de ahorcamiento en Irán.

Getty Images
Los activistas acusan a las autoridades iraníes de ocultar el número real de ejecuciones.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

La madre de Abdolah Hosseinzadeh, quien fue asesinado en 2007, remueve la soga del cuello de Balal, quien mató a su hijo.

Getty Images
En un extraño acto de compasión, los padres de un joven asesinado perdonaron al asesino después de que fuera llevado a la horca.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Atena Daemi

Atena Daemi
Atena Daemi dice que el sesgo de género en el sistema judicial dificulta la absolución de una mujer acusada de asesinato.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

Una mujer iraní detenida en prisión.

Getty Images
Muchas familias cortan vínculos con las mujeres que son acusadas judicialmente, explican los activistas.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Asieh Amini

Javad Montazeri
Asieh Amini atribuye la ejecución de mujeres en Irán a las leyes religiosas y a la sociedad patriarcal.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Reclusas iraníes sentadas en su celda en la cárcel de Evin.

Getty Images
Atena Daemi dice que las cárceles de mujeres a menudo carecen incluso de las necesidades básicas

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Una mujer parada en la horca en Irán.

Getty Images
En el exterior ha habido muchas protestas contra el uso de la pena capital por parte de Irán.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas.


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