Califican especialistas como "insuficientes" las 8 acciones de EPN contra la corrupción
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Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Califican especialistas como "insuficientes" las 8 acciones de EPN contra la corrupción

Organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.
Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.
Por Gonzalo Ortuño
4 de febrero, 2015
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Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Después de que el presidente Peña Nieto anunciara este martes 3 de febrero ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción, organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.

Entre las medidas anunciadas, la primera asegura que todos los funcionarios federales deberán presentar una declaración de posibles conflictos de interés, y ésta deberá contener las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, entre otros elementos.

Esta acción se queda corta sin la modificación a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, de acuerdo con el coordinador de la Red por La Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, quien señaló que el Ejecutivo “debió haber dicho que se modificaría la ley en este sentido. (Se necesita) más contenido sustantivo, lo que tenemos acá (acciones ejecutivas) es nada, un discurso que está inscrito en el año electoral y no da para más”.

El investigador asociado de la organización México Evalúa y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, aseguró que estas medidas son de poca utilidad ante las “facultades mermadas” de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

¿De qué nos sirve una declaración de conflicto de interés, si de entrada no hay una autoridad independiente que pueda verificar la veracidad de dicha declaración? Y además, esa declaración no va a ser necesariamente pública”, cuestionó Fernández.

La segunda, tercera, cuarta y quinta medida de las acciones ejecutivas plantean emitir reglas y protocolos dentro de la Secretaría de la Función Pública para identificar y sancionar los posibles conflictos de interés de funcionarios federales, así como la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (a cargo de la misma dependencia).

La Secretaría de la Función Pública finalmente es una dependencia que forma parte del poder Ejecutivo. El Congreso tendría que llevar a cabo una investigación sobre los casos de conflicto de interés, en particular una comisión de investigación independiente conformada también por los partidos de oposición” detalló la directora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Haydeé Pérez Garrido.

Por su parte, el director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló en entrevista con Animal Político que este paquete de medidas demuestra que había un vacío legal en el materia, pero no lo resuelve. “Hay que legislar sobre el tema y hay un espacio propiciado para hacerlo que es el Sistema Nacional Anticorrupción” coincidió.

Especialistas objetaron la voluntad política de Enrique Peña Nieto en el conjunto de medidas porque no ha enviado una iniciativa preferente para modificar las atribuciones de la SFP.

Si es tanto el compromiso y la exigencia por combatir la corrupción y el conflicto de intereses, “¿por qué no ingresar al poder legislativo una iniciativa preferente que fortalezca el marco normativo?” cuestionó la investigadora Pérez Garrido.

Él pudo haber mandado la iniciativa para precisamente modificar la Secretaría de la Función Pública, la Ley de Administración Pública Federal, para restablecer las funciones de la SFP e incluso fortalecerla más”, aseguró el profesor-investigador Marco Fernández, quien también señaló que el Grupo Parlamentario del PRI en el senado insiste en quitar mecanismos fundamentales para fortalecer la Ley secundaria en materia de Transparencia, que actualmente está en discusión.

“Por ejemplo: el establecer la justificación por interés público desde el principio, cuando se llegue a reservar una información por parte de funcionarios. El PRI se ha opuesto a este principio”, detalló Fernández.

La directora ejecutiva de Fundar manifestó también su preocupación porque dicha iniciativa en el Senado podría estar siendo revisada y modificada por el poder Ejecutivo. “ Si estas versiones son ciertas, se pone en tela de juicio nuevamente los compromisos y la voluntad del poder Ejecutivo con respecto a la transparencia, al combate a la corrupción, en general al tema del gobierno abierto” explicó.

La sexta, séptima y octava maniobra declaran el aceleramiento de operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno para reducir espacios potenciales de corrupción; la ampliación de una lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República y la ampliación de mecanismos de colaboración con ciudadanía y sector privado para identificar posibles conflictos de interés.

Respecto a la designación de Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, y de la investigación que el mismo presidente Peña Nieto le encargó para resolver si hubo o no conflicto de interés en contratos otorgados a las empresas que le vendieron inmuebles a él, a su esposa, Angélica Rivera y a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, los expertos pidieron atención al marco normativo que conducirá el nuevo titular.

“La ley no es retroactiva, entonces, lo que se planteé hoy como acción ejecutiva no está vigente para el pasado y por eso es clave bajo qué marco se va a conducir esa investigación”, explicó Eduardo Bohórquez.

Por su parte, Mauricio Merino destacó que bajo la actual jurisdicción al presidente sólo se le puede juzgar por traición a la patria y por delitos graves del orden común, no por conflicto de interés por lo que “no es necesario simular” el trabajo de investigación.

“Por supuesto que la investigación que arrojará Virgilio Andrade va a decir que no hay responsabilidad alguna del presidente. Yo le puedo dar una orden a un subordinado mío si fuera yo secretario de estado para que le asigne un contrato a mi cuate y en la medida en que yo no participe sin el subordinado, no hay conflicto de interés, así de absurda es nuestra legislación” dijo en entrevista con Animal Político.

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¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca pese al triunfo de Biden?

El anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.
8 de noviembre, 2020
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En 244 años de historia de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca después de haber perdido una elección.

La transferencia ordenada, legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense.

Por eso, el anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden, genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.

Y presenta para los analistas el reto de considerar escenarios antes impensables.

“Lejos de haber terminado”

Trump jugaba golf a las afueras de Washington cuando se confirmó el triunfo electoral de Biden este 7 de noviembre.

Poco después, la campaña del candidato derrotado emitió un comunicado asegurando que la “elección está lejos de haber terminado”.

Donald Trump jugando al golf.

Getty Images
Trump estaba jugando al golf cuando se conoció la victoria de Joe Biden.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, señala el comunicado, en donde además indica que Trump seguiría oponiéndose mediante demandas judiciales al resultado anunciado, alegando la existencia de supuestos fraudes.

La constitución estadounidense es clara, más allá de cualquier duda, en establecer que el actual período presidencial termina “al mediodía del día 20 de enero”.

Joe Biden ha conseguido ganar en una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el Colegio Electoral. Por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años.

Donald Trump tiene recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación.

Pero a no ser que ocurra de aquí a allá un giro dramático en las cortes y que pueda probar en los juzgados la existencia de las irregularidades en la elección que él reclama, todavía sin presentar evidencia, el 20 de enero es la fecha en que el actual presidente debe abandonar el poder.

Trump con su equipo en la oficina oval de la Casa Blanca.

Getty Images
¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca?

Posición anunciada

Trump fue claro a lo largo de la actual campaña en advertir que no aceptaría una derrota.

Dijo en repetidas ocasiones que estaba decidido a seguir al mando, sin importar lo que dijeran las autoridades electorales, indicando que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones.

Por lo que el país empezó a discutir qué pasaría en el caso de que Trump cumpliera su amenaza e intentara aferrarse al poder a la fuerza.

Una hipótesis incluso comentada por el propio Joe Biden cuando era candidato.

En una entrevista televisada el pasado 11 de junio, el humorista Trevor Noah le preguntó a Biden si había pensado en la posibilidad de que un Trump perdedor se negara a desocupar la residencia presidencial.

“Sí, lo he pensado”, respondió Biden, agregando que estaba convencido de que en una situación semejante, las fuerzas militares se encargarían de impedir que se quedase en el cargo y lo desalojarían sin más de la Casa Blanca.

También se ha dicho que podría ser el Servicio Secreto el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Ese cuerpo civil, encargado de la seguridad del mandatario, tiene por ley también la obligación de proteger a todos los ex presidentes, y seguirá escoltando al ya expresidente a partir del 20 de enero.

Donald Trump con un miembro del Servicio Secreto en la Casa Blanca

Getty Images
El Servicio Secreto es el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Desde que se hizo evidente la ventaja electoral de Biden y parecía inminente el anuncio de su victoria, el Servicio Secreto extremó las medidas de protección sobre el presidente-electo, empezando a darle efectivamente un nivel de seguridad “presidencial”, pese a que Trump insistía en que el demócrata había sido derrotado.

¿El escenario impensable?

Pero en ese punto habría que entrar a evaluar la lealtad a este presidente de las fuerzas de seguridad, tal como lo hacen los analistas que buscan entender la situación de cualquier país en un momento de inestabilidad institucional.

BBC Mundo le preguntó a expertos si era factible que Trump intentase utilizar a las fuerzas de seguridad del estado para quedarse ilegalmente en el poder.

“Que un presidente llegara a abusar de los poderes de la presidencia para quedarse en el cargo después de aparentemente perder la elección, sería duro y destruiría normas vitales. Pero no es inconcebible“, le dice a BBC Mundo el profesor Dakota Rudesill, experto en legislación y política de seguridad nacional, afiliado a la Universidad Ohio State en Estados Unidos.

Causaría un gran daño al país, a principios importantes de las relaciones entre civiles y militares, y a los prospectos globales para la democracia”, advierte.

Sin embargo, aclara que, en su opinión, el escenario en que Trump pudiera aferrarse a la presidencia apoyado en las fuerzas de seguridad es difícil de realizarse.

“El personal militar jura lealtad a la Constitución, no al político que actualmente ocupe la presidencia. Y el que es en este momento el militar de mayor rango en el país, el General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho repetidamente que los militares no tendrán rol alguno en esta elección”.

Gráfico de quién podría involucrarse si se impugnan los resultados

BBC

Rudesill no es el único que se hace estas preguntas. Keisha Blaine es catedrática de la Universidad de Pittsburgh y experta en el estudio de movimientos de protesta social.

“El solo hecho que tengamos que preguntarnos si las fuerzas armadas intervendrán en la elección revela mucho acerca del triste estado de las cosas en nuestro país“, le dice a BBC Mundo.

Agrega Blaine que “hace cuatro años la mayoría de los estadounidenses no se preguntaban esto. Pero después de haber visto a Trump desplegar agentes federales en Portland y Washington en los últimos meses, es una preocupación seria. No creo que esto sea un escenario probable, pero no podemos descartarlo como una posibilidad seria, teniendo en cuenta todo lo que pasó este año”.

Efectivamente, durante las protestas sociales que surgieron con el movimiento anti-racismo de mediados de año, Trump consideró movilizar a las fuerzas armadas para disolver las manifestaciones.

El pasado 5 de junio, el diario New York Times aseguraba que el general Milley “convenció a Trump de no invocar la Ley de Insurrección de 1807 para movilizar tropas regulares en todo el país para reprimir las protestas, una línea que varios oficiales del ejército estadounidense han dicho que no cruzarán, ni siquiera si el presidente se los ordena”.

Al final, ante la negativa del ejército regular a verse involucrado, Trump ordenó para contener las protestas el uso de efectivos de la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores de cada estado.

Trump con Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto

Getty Images
El 1 de junio, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, acompañó a Trump a tomarse una foto con una biblia a metros de la Casa Blanca y en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. A los días, Milley se arrepintió.

También estuvieron involucrados en la contención de las protestas en Washington, Portland y otras ciudades, miembros de las fuerzas de seguridad no militares que dependen del Ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security).

Por lo que algunos contemplan que en una crisis surgida a raíz de las elecciones, Trump potencialmente tendría acceso a ordenar el despliegue de cierto número de personal armado no militar.

Sin embargo, asumiendo que las fuerzas armadas no se pondrían a disposición de la supervivencia política del presidente, es difícil imaginar una maniobra exitosa de Trump para quedarse en el poder en esas condiciones.

¿Violencia en la espera?

Rudesill dice que le produce preocupación escenarios relacionados.

“He escrito acerca de la posibilidad de que el presidente Trump intente usar un decreto ejecutivo, o que el Departamento de Justicia controlado por sus aliados políticos intente emitir una ‘directriz’, indicando que la Rama Ejecutiva debe considerar a Trump como el ganador de una elección disputada”, el experto le dice a BBC Mundo, pero advierte que eso sería “totalmente inapropiado e impermisible”.

“Ordenar al ejército continuar rindiendo saludo al presidente mas allá del final de su período al mediodía del 20 de enero pondría a los militares en una situación imposible”, señala.

Un seguidor de Trump armado en Minesota este 7 de noviembre.

Getty Images
Los analistas dicen que una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado puede llevar a “la posibilidad de desorden civil serio”.

“La mitad del país y mucha gente alrededor del mundo pensaría que las fuerzas armadas apolíticas estadounidenses habían tomado una posición partidista. Los militares nunca, nunca deben recibir esa orden“, puntualiza Rudesill.

Y sin llegar al caso extremo de una situación en la que se ponga en juego la autonomía de las fuerzas armadas ante las disputas partidistas, otros advierten que una extensión de la actual coyuntura política puede generar violencia en otros campos.

Una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado ciertamente lleva a “la posibilidad de desorden civil serio”, le dice a BBC Mundo Keisha Blaine.

La retórica presidencial “ha incrementado la posibilidad de protestas e incluso de violencia”, argumenta.

La situación presenciada en distintas ciudades estadounidenses en los últimos meses, de manifestantes armados hasta los dientes expresando su apoyo por el presidente, así como la aparición en las calles de esas mismas urbes de grupos radicales de oposición, son un recordatorio del potencial de violencia que conlleva la actual tensión política en Estados Unidos.

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BBC

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