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Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Califican especialistas como "insuficientes" las 8 acciones de EPN contra la corrupción

Organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.
Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.
Por Gonzalo Ortuño
4 de febrero, 2015
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Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Después de que el presidente Peña Nieto anunciara este martes 3 de febrero ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción, organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.

Entre las medidas anunciadas, la primera asegura que todos los funcionarios federales deberán presentar una declaración de posibles conflictos de interés, y ésta deberá contener las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, entre otros elementos.

Esta acción se queda corta sin la modificación a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, de acuerdo con el coordinador de la Red por La Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, quien señaló que el Ejecutivo “debió haber dicho que se modificaría la ley en este sentido. (Se necesita) más contenido sustantivo, lo que tenemos acá (acciones ejecutivas) es nada, un discurso que está inscrito en el año electoral y no da para más”.

El investigador asociado de la organización México Evalúa y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, aseguró que estas medidas son de poca utilidad ante las “facultades mermadas” de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

¿De qué nos sirve una declaración de conflicto de interés, si de entrada no hay una autoridad independiente que pueda verificar la veracidad de dicha declaración? Y además, esa declaración no va a ser necesariamente pública”, cuestionó Fernández.

La segunda, tercera, cuarta y quinta medida de las acciones ejecutivas plantean emitir reglas y protocolos dentro de la Secretaría de la Función Pública para identificar y sancionar los posibles conflictos de interés de funcionarios federales, así como la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (a cargo de la misma dependencia).

La Secretaría de la Función Pública finalmente es una dependencia que forma parte del poder Ejecutivo. El Congreso tendría que llevar a cabo una investigación sobre los casos de conflicto de interés, en particular una comisión de investigación independiente conformada también por los partidos de oposición” detalló la directora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Haydeé Pérez Garrido.

Por su parte, el director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló en entrevista con Animal Político que este paquete de medidas demuestra que había un vacío legal en el materia, pero no lo resuelve. “Hay que legislar sobre el tema y hay un espacio propiciado para hacerlo que es el Sistema Nacional Anticorrupción” coincidió.

Especialistas objetaron la voluntad política de Enrique Peña Nieto en el conjunto de medidas porque no ha enviado una iniciativa preferente para modificar las atribuciones de la SFP.

Si es tanto el compromiso y la exigencia por combatir la corrupción y el conflicto de intereses, “¿por qué no ingresar al poder legislativo una iniciativa preferente que fortalezca el marco normativo?” cuestionó la investigadora Pérez Garrido.

Él pudo haber mandado la iniciativa para precisamente modificar la Secretaría de la Función Pública, la Ley de Administración Pública Federal, para restablecer las funciones de la SFP e incluso fortalecerla más”, aseguró el profesor-investigador Marco Fernández, quien también señaló que el Grupo Parlamentario del PRI en el senado insiste en quitar mecanismos fundamentales para fortalecer la Ley secundaria en materia de Transparencia, que actualmente está en discusión.

“Por ejemplo: el establecer la justificación por interés público desde el principio, cuando se llegue a reservar una información por parte de funcionarios. El PRI se ha opuesto a este principio”, detalló Fernández.

La directora ejecutiva de Fundar manifestó también su preocupación porque dicha iniciativa en el Senado podría estar siendo revisada y modificada por el poder Ejecutivo. “ Si estas versiones son ciertas, se pone en tela de juicio nuevamente los compromisos y la voluntad del poder Ejecutivo con respecto a la transparencia, al combate a la corrupción, en general al tema del gobierno abierto” explicó.

La sexta, séptima y octava maniobra declaran el aceleramiento de operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno para reducir espacios potenciales de corrupción; la ampliación de una lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República y la ampliación de mecanismos de colaboración con ciudadanía y sector privado para identificar posibles conflictos de interés.

Respecto a la designación de Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, y de la investigación que el mismo presidente Peña Nieto le encargó para resolver si hubo o no conflicto de interés en contratos otorgados a las empresas que le vendieron inmuebles a él, a su esposa, Angélica Rivera y a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, los expertos pidieron atención al marco normativo que conducirá el nuevo titular.

“La ley no es retroactiva, entonces, lo que se planteé hoy como acción ejecutiva no está vigente para el pasado y por eso es clave bajo qué marco se va a conducir esa investigación”, explicó Eduardo Bohórquez.

Por su parte, Mauricio Merino destacó que bajo la actual jurisdicción al presidente sólo se le puede juzgar por traición a la patria y por delitos graves del orden común, no por conflicto de interés por lo que “no es necesario simular” el trabajo de investigación.

“Por supuesto que la investigación que arrojará Virgilio Andrade va a decir que no hay responsabilidad alguna del presidente. Yo le puedo dar una orden a un subordinado mío si fuera yo secretario de estado para que le asigne un contrato a mi cuate y en la medida en que yo no participe sin el subordinado, no hay conflicto de interés, así de absurda es nuestra legislación” dijo en entrevista con Animal Político.

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Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos

A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
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“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Una muñeca con un cartel que dice "Justicia ABC"

Getty Images
Los padres exigen que se castigue a los responsables y que haya aplicación de la ley “5 de junio”.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Ministros de la Suprema Corte

Getty Images
El ministro Jorge Pardo (derecha) tiene a su cargo el dictamen que habrá de considerar la Suprema Corte sobre el caso “ABC”.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

Una protesta por el caso de la guardería ABC

Getty Images
En total 25 niñas y 24 niños murieron, pero 104 más tuvieron algún tipo de herida, incluidas quemaduras.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Margarita Zavala y Felipe Calderón

Getty Images
Una de las copropietarias de la guardería “ABC” era pariente de Margarita Zavala, la entonces esposa del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


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