3 razones por las que la Corte analizará un amparo contra la explotación del Nevado de Toluca
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
El Nevado de Toluca. Foto: Paola Alín M.

3 razones por las que la Corte analizará un amparo contra la explotación del Nevado de Toluca

El máximo tribunal del país revisará el amparo promovido por una ciudadana en contra del decreto por el que el presidente Enrique Peña Nieto busca convertir el lugar en una zona para la ganadería, la tala y la agricultura.
El Nevado de Toluca. Foto: Paola Alín M.
Por Paris Martínez
11 de febrero, 2015
Comparte
Foto: Paola Alín Martínez

Foto: Paola Alín Martínez

El pasado 22 de octubre de 2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que atraería el amparo, promovido por una ciudadana, en contra del decreto presidencial que autorizó la explotación de los recursos naturales del Nevado de Toluca, al considerar que los cambios legales aplicados en esta reserva ecológica (con los cuales se legalizó la explotación de sus recursos naturales) “pueden repercutir a la sociedad en general, pues comprende una zona forestal que pertenece a la Nación, y su buen manejo y preservación deben prevalecer respecto de los intereses de particulares”.

Al anunciar esta decisión, la Corte explicó que “es de sumo interés analizar el decreto (emitido por el presidente Enrique Peña Nieto el 1 de octubre de 2013) por el que se reformó, derogó y adicionaron diversas disposiciones respecto al Parque Nacional Nevado de Toluca, en el que se le convierte en área de protección de flora y fauna y sólo se mantiene el cráter como zona de conservación”, debido a que, al abordarse el caso concreto de esta reserva ecológica, “previsiblemente (la Corte) fijará un criterio de interés e importancia para casos futuros respecto de zonas ecológicas protegidas”.

Como se recordará, el Nevado de Toluca es un macizo montañoso cubierto por bosques y pastizales, ubicado en el Estado de México, al que el general Lázaro Cárdenas confirió en 1936 el estatus de “Parque Nacional” –que prohibía cualquier tipo de explotación de sus recursos–, debido a su belleza natural y su valor estratégico, ya que sus manantiales abastecen de agua a todo el centro del país. Sin embargo, el 1 de octubre de 2013, este rango de protección fue modificado por el presidente Peña Nieto, para legalizar la tala comercial, la ganadería, la agricultura y otras actividades productivas en esta zona forestal.

Contra esta medida del presidente Peña Nieto, al menos seis solicitudes de amparo fueron interpuestas ante el Poder Judicial, la mayoría de ejidatarios del Nevado de Toluca que consideraron violados su derecho a decidir sobre sus tierras, sin embargo, de todos ellos sólo uno prosperó hasta llegar al máximo tribunal de justicia del país. Ese amparo fue el interpuesto por la ciudadana Emilia Aguilar Zinser, a quien Animal Político buscó para conocer los argumentos que, finalmente, la Corte consideró, en principio, atendibles.

“Entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX –explica Luz Emilia, analista política e integrante del consejo consultivo del Bosque de Chapultepec–, en México se estableció un paradigma de conservación que creó los parques nacionales mexicanos y el sistema de reservas forestales y de veda, sistema que se dio luego de largas discusiones públicas encabezadas por el conservacionista Miguel Ángel de Quevedo, para garantizar a las generaciones presentes y futuras el disfrute de los recursos naturales renovables de los que dependen la vida y el desarrollo del país, paradigma que, vale resaltar, obtuvo en su momento un amplio consenso social”.

Este modelo de parque nacionales, detalla, “se basa en la irrenunciable protección de las cuencas hidrológicas, sobre todo en sus partes altas, para garantizar el más esencial equilibrio ambiental, y es un modelo que coloca la conservación como eje del desarrollo. Por ello, la recategorización del Nevado de Toluca, decretada por el presidente Enrique Peña Nieto, significa un giro de 180 grados a ese paradigma de conservación, ya que legaliza y aun promueve la extracción de flora y fauna con fines comerciales, es decir la tala y venta de árboles; también legaliza la explotación de minas, la construcción de infraestructura pública y privada, y coloca los terrenos ubicados dentro del área en las devastadoras tensiones del mercado inmobiliario, además de la previsible fragmentación y destrucción de los ecosistemas. Por ello, los ejidatarios asentados en la poligonal del Nevado, lejos de mostrarse favorecidos por la recategorización se han opuesto”.

Bisnieta de Miguel Ángel de Quevedo, promotor de este paradigma de conservación en México, Luz Emilia advirtió que “la existencia del Parque Nacional Nevado de Toluca no fue resultado de una ocurrencia romántica, sino que forma parte de un modelo de conservación que articuló un paradigma científico, tan vigente hoy como lo fue durante la primera mitad del siglo XX, con un conjunto de políticas públicas que no pueden considerarse obsoletas, a partir del incumplimiento de su deber de sucesivas administraciones gubernamentales. El decreto de Parque Nacional de 1936 y su modificación en 37 forman parte medular de un proyecto de nación que los hechos demuestran que ha dado viabilidad a México a lo largo de siete décadas de enormes presiones depredadoras: el aumento exponencial de asentamientos humanos, de infraestructura y de consumo creciente de todo tipo de recursos. Estudios científicos, como los realizados por los a académicos Daniel Piñero, Alicia Mastretta, Libertad Arredondo, entre otros, respaldan esta afirmación”.

Así, concluye, aunque aún no hay fecha definida para que la Segunda Sala de la Suprema Corte aborde este tema, “la atracción del amparo es un signo muy alentador, porque las consecuencias de la recategorización son graves y porque es urgente abrir en México una discusión, del más alto nivel, sobre el manejo que mejor convienen de nuestro patrimonio ambiental, en favor del esencial imperativo ético con las generaciones presentes y futuras. Fue por ello que decidí buscar los recursos de la ley para que se respetaran los derechos fundamentales que viola el decreto presidencial del 1 de octubre de 2013, y he contado en este proceso con el apoyo, profesional y comprometido con la defensa de derechos humanos, del abogado Fabián Aguinaco y su despacho”.

A continuación, te presentamos un resumen de los fundamentos legales que dan sustento al amparo promovido por Luz Emilia Aguilar Zinser en contra de la recategorización del Nevado de Toluca, y por los cuales la Suprema Corte aceptó analizar esta problemática:

1.- Afectaciones a la calidad de vida de futuras generaciones

El cambio de categoría del Nevado de Toluca, de Parque Nacional al de Área de Protección de Flora y Fauna, compromete seriamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, pues provocará la desertificación de las áreas boscosas, la pérdida del manto freático, así como la contaminación del aire, efectos y consecuencias que necesariamente se manifestarán en el cambio climático. Además, la medida promovida por el presidente Peña Nieto fomenta la alteración y daño grave al medio ambiente, la perturbación al derecho humano a la salud y, “lo que es más grave, pasa por alto la obligación que tiene el Estado de cuidar, proteger, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y prevenir la generación de los refugiados ambientales”.

2.- Violación de atribuciones del Ejecutivo

El decreto de 1 de octubre de 2013 viola los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, “porque desconoce y rompe con el régimen de distribución de competencias constitucionales, ya que ni el Constituyente Originario, como tampoco el Órgano Reformador de la Constitución, han facultado al Ejecutivo Federal para legislar en materia de protección ambiental y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

3.- Falsos fundamentos legales

Ninguno de los artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ni de la Ley General de Vida Silvestre o de la Ley Agraria, que se citan en el decreto, sirven para fundar los actos del Presidente de la República para cambiar la categoría de un área natural protegida: los artículos 5, 58 y 62 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los que se funda el decreto para realizar el cambio de categoría del área natural protegida, no incluyen el supuesto de “cambio de categoría”, sino que únicamente prevén la facultad para establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas y, en su caso, sólo permiten modificar su extensión o el uso de suelo permitidos.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
Comparte

Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=C0ydVmP8DCU

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.