23 migrantes mexicanos, cuatro años desaparecidos y las familias que los siguen buscando
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23 migrantes mexicanos, cuatro años desaparecidos y las familias que los siguen buscando

Hace 4 años, 23 hombres salieron de Guanajuato rumbo a Estados Unidos. Desde entonces sus familias no saben de ellos. Se cree que el autobús en el que viajaban fue secuestrado en Tamaulipas, en la misma región donde 72 migrantes fueron masacrados un año antes. Esta es una historia de espera, pero también de omisión e impunidad de un gobierno que desdeña a sus migrantes.
Por José Ignacio De Alba
25 de marzo, 2015
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María Lidia Morales García esperó tres días la llamada de su esposo, después de su partida, como él había quedado de hacerlo. Antonio Coronilla Luna salió de su casa en la ranchería de Toreador de en Medio, en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, el lunes 21 de marzo del 2011 con destino a Estados Unidos. No llamó y María Lidia no volvió a saber de él.

Después de varios días se reunió con los familiares de otros vecinos que habían partido con él. Fueron a la casa de Juan Castillo, el coyote que había reunido a la gente de las rancherías para mandarlas con unos polleros que los llevarían finalmente a Estados Unidos.

Castillo fue durante años un coyote conocido en las rancherías cercanas como alguien confiable. Para Juan, que es analfabeta, San Luis de la Paz le ofrecía dedicarse a la cosecha del brócoli o jugársela en Estados Unidos, donde vivió de 1981 al 2000. Desde entonces fue tantas veces que se hizo un mapa en la cabeza de los recovecos para cruzar. Se dedicó a pasar migrantes hasta que sus últimos “pollos”, los que partieron en marzo de 2011, desaparecieron. A sus 54 años el hombre pensaba que conocía todos los peligros y les dijo a los familiares que “debían estar escondidos esperando pasar”.

Antonio y otros 22 que partieron ese día con él no han vuelto a sus casas. Todos pertenecen al mismo municipio en el noreste de Guanajuato, la región más pobre del estado, la parte que vive principalmente de las remesas enviadas por sus conciudadanos desde Estados Unidos. A San Luis de la Paz lo comunica la carretera 57 como una arteria que le da pulso desde Estados Unidos, la fuerza de trabajo del municipio regresa desde el norte en “troca” y con placas de Texas en días festivos.

En San Luis de la Paz todos los caminos llevan al norte. La decena de centrales de camiones con salidas diarias a ciudades fronterizas y a Estados Unidos tienen sucursales en la calle Sierra Gorda, la principal de la ciudad. Elektra y Western Union llegan a tener filas con centenares de personas los fines de semana esperando recibir en pesos lo que allá se ganaron en dólares. Desde Georgia, Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, los principales estados donde los migrantes ludovicenses residen y mantienen a sus parientes.

San Luis de la Paz. // Foto: José Ignacio de Alba.

San Luis de la Paz. // Foto: José Ignacio de Alba.

La migración es tan cotidiana que dos hermanos separados (uno vive aquí y otro en Estados Unidos) crearon www.sanluisdelapaz.com, una página dedicada a cubrir eventos en el municipio, con traducción al inglés para que los paisanos, en un click y en un momento de añoranza, puedan ver a sus parientes y amigos en una cobertura en vivo mientras charros y escaramuzas desfilan en peregrinación guadalupana por banquetas atiborradas de espectadores. Algunos sitios de la cabecera municipal se hicieron famosos con la película Los Tres García interpretada por Pedro Infante en los años cuarenta.

***

María de Jesús, la esposa de José Guadalupe Almaguer, el coyote de Los Dolores, que guió al grupo en su ruta a Estados Unidos, creyó lo del secuestro cuando le pusieron a su esposo al teléfono: “Avisa y junta el dinero para que nos suelten”, le dijo y le dieron 24 horas para reunir 350 mil pesos, según le contó a las otras mujeres.

Dos días después se comunicaron de nuevo con ella, según cuentan las esposas y madres.

-¿Cuánto es lo que ha juntado?

-Tengo 800 pesos.

-i Váyase mucho a la chingada!

“Le colgaron. Jamás le volvieron a hablar”, dice María Lidia Morales. Su casa, que había servido como punto de reunión para algunos de los que partieron el 21 de marzo ahora servía como punto de encuentro de los familiares de los desaparecidos, ahí se desahogaron y mutuamente se dieron consuelo.

“Yo miraba a la esposa del coyote bien desesperada y lloraba y lloraba. Le decía ´No llore señora, todos estamos pasando por lo mismo´. Yo la veía bien preocupada y ella me dijo: ´es que yo tengo algo que decirles, yo tengo bien harto miedo por mis hijos, por mi familia, la gente que me habló me amenazó´. ¿Quién le hablo?, le pregunté. ´Me hablaron (…) me pidieron 350 mil pesos por la gente´”.

La esposa de Guadalupe Almaguer se “enfermó de los nervios”. Tiempo después, se metió a trabajar haciendo el aseo en el Hospital Materno Infantil de la región para mantenerse a ella y a su hija. Rosa Morales, la madre de Almaguer, cuenta que la muchacha quiere ir a la universidad “pero todo eso cuesta”.

José Guadalupe Almaguer es el único de los 23 que partieron el 21 de marzo que ha sido localizado, al menos en la versión oficial. Según la versión dada por la Procuraduría General de la República (PGR), Almaguer fue hallado en una de las 47 fosas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011.

Rosa Morales no confía que el cuerpo que enterró hace dos años sea el de su hijo. Nunca lo vio y la PGR resguardó el ataúd con la caja cerrada hasta que ésta terminó bajo la tierra. “Alguna ropa que haya traído, no nos dieron nada”, dice. En la ranchería La Escondida, sigue esperando a que su hijo llegue.

***

Después de la partida y la ausencia de noticia de los 23 hombres sus familiares fueron a levantar una denuncia al ministerio público de San Luis de la Paz. “Nos dijeron que nos esperáramos en nuestras casas, que ellos iban a hacer su trabajo”, cuenta una de ellas.

El 1 y el 21 de abril de 2011 fueron localizados 193 cuerpos de personas en 47 fosas clandestinas en San Fernando. Era la segunda masacre en la zona después de que en agosto de 2010 los Zetas habían asesinado a 72 migrantes centroamericanos en el mismo municipio.

Según la reconstrucción hecha por el gobierno federal, a partir de la narración de testigos,  esta segunda masacre inició en marzo del 2011, cuando un camión de pasajeros de la compañía Omnibús de México fue secuestrado por un grupo armado. Versiones de la prensa indican que habrían sido varios autobuses secuestrados en un lapso de dos semanas,  pero la información disponible no es clara.

Cuando esta noticia llegó a San Luis de la Paz, el primo de Antonio Coronilla y algunos de los familiares de los desaparecidos fueron en busca de sus parientes a San Fernando.

Las pruebas de ADN que les hicieron no siguieron los procedimientos adecuados, se cometieron errores como tomar pruebas a las esposas. A la fecha no saben de los suyos.

“Es relevante mencionar que la Procuraduría General de la República ha tomado muestras genéticas a los familiares del grupo de 22 migrantes de San Luis de la Paz, Guanajuato, con el objetivo de que dicha información fuera comparada con la ubicada en las fosas de San Fernando, pero a la fecha no se han obtenido resultados coincidentes. En este rubro, es vital recalcar que en algunos casos sólo se tomó muestra a un solo familiar, y en otros sólo a la esposa o cónyuge (esto supone que aunque los restos se encuentren en dichas fosas la información genética nunca coincidirá)”, dice la Fundación para la Justicia, representante legal de las familias, en su informe “Las personas migrantes como grupo vulnerable de ejecuciones extrajudiciales” publicado en abril de 2013.

Las mujeres, por miedo a que les entregaran cuerpos que no eran de sus familiares, decidieron avisarse y recibir los cuerpos juntas. A Verónica Coronilla le quisieron devolver el cuerpo de su esposo Héctor Castillo dándole como única identificación ropa; a Engracia Araiza, madre del desaparecido Miguel Ángel Ramírez Araiza (de 18 años), le trataron de hacer lo mismo. Ambas se rehusaron a recibir solamente la ropa como elemento de prueba para que les devolvieran los cadáveres. Hoy, cuatro años después, no han vuelto a recibir noticias de sus familiares.

***

El 21 de abril del 2011, María Ángela Juárez, un mes después de que su esposo partió a Estados Unidos, veía la televisión con su hijo mayor cuando un noticiero de Tv Azteca pasó imágenes de algunas personas rescatadas de una casa de seguridad en Tamaulipas. La atención de Ángela se centró en un hombre  treintañero de bigote y cejas pobladas. Creyó ver a su esposo, Valentín Alamilla, pero no dijo nada, no tenía la certeza y no quería darle falsas esperanzas a su primogénito, hasta que su hijo de diez años gritó “¡mi papi!”.

Ángela asegura que ese hombre vestía la misma playera y gorra con la que había partido su esposo. Al principio, pensó que la ausencia de Valentín y las ganas de verlo entrar por la puerta de su casa y abrazarlo la habían hecho figurar a su esposo en un desconocido. Pero el extraño episodio fue compartido después con otras madres y esposas de los desaparecidos, y Julia Ramírez, madre de Alejandro Castillo Ramírez, también asegura haber visto en el mismo programa de televisión a su hijo de 18 años.

Los testimonios de Julia y Ángela llegaron a la PGR. Según la Fundación para la Justicia la empresa (Tv Azteca) no ha sido obligada por las autoridades a prestar el video. A cambio, la Procuraduría les entregó algunas imágenes supuestamente tomadas del video, con el rostro pixeleado de los hombres que salieron en la televisión. También les quiso convencer de que el corazón les hacía imaginar cosas, como a sus familiares. En esas fotos no pudieron ser identificados sus ausentes.

“Cuando vamos a México a nosotros nada más nos hablan de que encontraron tantos cuerpos, pero es que nosotros no nada más queremos que busquen en los muertos, también queremos que hagan una búsqueda de personas pero en vida, o sea vivos”, dice Ángela Juárez. Los familiares le han pedido a la PGR que la búsqueda de los seres queridos se extienda a hospitales y cárceles.

La Procuraduría Social de Atención de Víctimas (ahora Comisión Nacional de Víctimas) envió a un grupo de psicólogos para apoyar a las familias “pero resultó peor”, dice Ángela Juárez. “En vez de darnos ánimos nos ponía peor. (La psicóloga) nos decía: ´mejor váyanse haciendo a la idea de que ellos ya no van a regresar, que están muertos´, y pues sentíamos más feo”.

Otros familiares, además de Ángela, terminaron rechazando la ayuda psicológica.

***

“Yo siempre sueño que él regresa, de hecho el otro día yo lo soñaba que llegaba y me decía: ´es que estos hombres me tenían trabajando´. Ya últimamente lo sueño como si ya él tuviera tiempo de estar aquí en la casa, soñé que había llegado y que mi chiquito me decía: ´¿éste es mi papi?´ Sí, mijo. Y que corría a abrazarlo”, cuenta Ángela.

A partir de sus ausencias las mujeres tuvieron que duplicar esfuerzos para sacar a sus familias adelante.

Ángela Juárez tiene 35 años y trabaja de siete de la mañana a siete de la noche, sale de su casa a las seis para tomar el camión para llegar a la maquiladora donde confecciona cuellos de sudaderas. Gana 680 pesos a la semana y trabaja de tres a cuatro días por cada siete.

Su esposo, Valentin Alamilla Camacho, iba rumbo a Texas a trabajar como carpintero como lo había hecho antes de que naciera cada uno de sus tres hijos. Solventar el gasto de la familia y construir una casa digna era el usufructo de cada viaje. El cuarto hijo de Ángela tiene tres años, nació cuando Valentín llevaba tres meses desaparecido. La obra negra en una parte de la casa de Ángela delata la ausencia de un hombre que no ha vuelto.

Las casas en las rancherías cercanas a la cabecera municipal de San Luis de la Paz – Toreador de Arriba, Toreador de en Medio, Toreador de Abajo, Los Magueyes, Los Dolores, entre otras- tienen techo de lámina y piso de tierra. Las casas de ladrillo son el lujo de quienes tienen un pariente en Estados Unidos que les envía dinero.

En entrevista realizada a finales de 2014, el priista Saúl Lino Martínez admitió que no hay transparencia en las investigaciones. ¨Las autoridades responsables de llevar investigaciones en estos casos no dan suficiente información a los familiares de las víctimas”, dijo. “Esa es una de las asignaturas pendientes de este gobierno (los desaparecidos), más que el asunto de banquetas y calles”.

Hablaba en su carácter de regidor (en enero de 2015 fue nombrado presidente municipal interino de San Luis de la Paz). “Yo no meto las manos por ningún policía”, dijo, antes de aceptar que si tuviera que nombrar a un responsable de la ausencia de búsqueda de los desaparecidos diría que el Estado mexicano. “(Señalaría) al municipio, estado y federación”.

En los 90 minutos que duró la entrevista no pudo recordar cuántas personas están reportadas como desaparecidas en el municipio, pero aseguró que los familiares de los 23 habían recibido despensas y apoyos con medicamentos, entre otras cosas.

“Hechos concretos que ha habido en el tema de los desaparecidos, aparte del mejoramiento de sus condiciones de vida, el tema de despensas, de becas escolares, ayudas en alimentos, de la conformación de esta organización, de esta empresa social y de la gestión que hemos hecho, porque ellos me han acompañado a México, al congreso de la Unión, a la Procuraduría; aparte de eso no tenemos más¨, dijo.

En contraste, Ángela Juárez dice que solo les dieron una despensa. “Desde  el primer año no hemos recibido nada por parte del Ayuntamiento”.

Julia Ramírez tampoco ha tenido apoyo para conseguir los antidepresivos que necesita para poder dormir.

“Las pastillas me costaban 310 pesos y le dije (al expresidente municipal, Timoteo Ramírez): ´pues no tengo ni para las pastillas, si tuviera no le anduviera aquí pidiendo´… Y no me las dieron”.

***

Cuatro años después, las investigaciones por la desaparición de 23 ludovicences desaparecidos en su camino al norte están detenidas. El coyote Juan Castillo fue detenido el 28 de agosto de 2011 y estuvo en la cárcel de Fuentecillas casi un año.  Ahora se dedica a arreglar motocicletas y a la construcción. Dos de sus hijos viven en Estados Unidos.

Las familias de los desaparecidos siguen esperándolos.

¨Yo quisiera aunque sea encontrarlo muerto¨, dice María Lidia Morales. El 10 de mayo del 2012 partió con algunos de los familiares de los desaparecidos hacia el Distrito Federal para marchar con otras esposas, otras madres y otras mujeres.

“Cuando vi tantísima gente que decían ´me secuestraron a mi hijo´, ´me secuestraron a mi esposo, a mi niño chiquito´, me dije ¡Dios mío, yo no soy la única! … ahí agarré mucho valor. Yo no he perdido la fe”.

Antes de partir, Antonio Coronilla les dijo a ella y a sus 6 hijos: “No quiero que estén chillando, no quiero chillidos, no quiero nada. Quédense bien alegres como si no pasara nada”.

Ahora, María Lidia confiesa: “y pues nosotros sí nos quedamos a chille y chille”.

**Este texto es parte del proyecto En el Camino, realizado por Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations**

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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