[contextly_sidebar id=”VJyoLDZTX88ZWbvu3Hecg8wX0zUIXTm9″]El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformado por diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema migratorio en México, exigió al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) que sancione a la diputada federal priista Patricia Peña.
Esto, luego que la servidora pública hiciera el pasado 22 de marzo unas declaraciones en las que daba a conocer el cierre de un albergue en Coatzacoalcos porque “los migrantes son un peligro para la ciudadanía”, ya que a donde llegan “ejercen la prostitución”, no tienen dinero y por eso “andan allí asaltando a la gente”.
“Demandamos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sancione a la Diputada por las declaraciones discriminatorias emitidas en contra de la población migrante de manera genérica. Asimismo, exhortamos a la clase política a que se pronuncie en contra de estos discursos xenófobos (…), y que dejan en el “discurso” los supuestos avances en materia de protección de derechos humanos de la población migrante presentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (…)”, señala el Grupo de Trabajo en un comunicado que puedes leer íntegro aquí.
Asimismo, otras 26 organizaciones civiles defensoras de migrantes firmaron de manera conjunta un texto en el que piden una “disculpa pública” de la diputada por Coatzacoalcos, por considerar que sus declaraciones, además de “promover la xenofobia y la discriminación de las personas migrantes”, promueven también la “criminalización de los albergues y las casas del migrantes” y “desacredita la labor humanitaria” de los defensores.
Tal y como expuso ayer en entrevista con Animal Político Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabrinianas para migrantes y refugiados en su sección México, los activistas hacen hincapié en que la diputada priista, que según su perfil en la web de la Cámara de Diputados es licenciada en Ciencias de la Educación e integrante de la comisión de los asuntos Frontera Sur-Sureste, está violando la Constitución Mexicana, así como la Ley de Migración vigente, cuando dice que no forma parte de su responsabilidad velar por “las personas que vienen de otros lugares”.
Los activistas recuerdan que el artículo primero de la Constitución señala que “todas las personas gozarán de los derechos humanos” reconocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales de los que México forme parte, quedando “prohibida toda discriminación” motivada por origen étnico o nacional, el género, la condición social, o las preferencias sexuales.
“Con sus aseveraciones, la diputada contradice igualmente el artículo 159 de la Ley de Migración que protege a las personas y los lugares donde se ofrece ayuda humanitaria a las personas migrantes”, agrega el documento, que exige a colación el cumplimiento por parte de la Cámara de Diputados de tres puntos:
- Que la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur Sureste, promueva los derechos humanos de las personas migrantes y sus defensores, a través de servidores públicos capacitados para dichos cargos y con acciones que busquen la integración social y la no discriminación.
- Que los integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur y todos aquellos servidores públicos que se relacionen con el tema migratorio reciban capacitación de CONAPRED
- Que exija a la diputada Patricia Peña Recio presente una disculpa pública ante tan lamentables declaraciones.
“Se les respeta sus garantías, pero que circulen de aquí”
En unas declaraciones ante los medios de comunicación el pasado 22 de marzo, la diputada federal informó que en el municipio de Coatzacoalcos, en Veracruz, se cerró una casa de apoyo a migrantes centroamericanos.
“Lo primero que hicimos fue cerrar una casa en donde ellos recibían ayuda de otros lados”, señaló la diputada suplente de Joaquín Caballero Rosiñol, que además pidió el cierre de otros lugares como el centro de apoyo para migrantes porque, según ella, “son un peligro para la ciudadanía; (los migrantes) son personas que llegan sin dinero, y están allí saltando” y “haciendo cosas indebidas en la vía pública”.
Asimismo, la representante federal alegó que no es responsabilidad de México atender a las personas que proceden de otros países.
“No es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares, la responsabilidad la tenemos con los ciudadanos que nos dieron la confianza, esa es nuestra obligación”, dijo la diputada, que no obstante recalcó que sí se respetan las garantías de los migrantes, aunque no se les permita estar en los albergues.
“Se les está respetando sus garantías. No los estamos agrediendo, ni nada de eso -enfatizó-. Se les respeta que van de paso y que se les atiende de alguna manera, pero que circulen. Porque no se está permitiendo que se queden ahí ni un día”.
Escucha aquí el audio íntegro de las declaraciones de la diputada Patricia Peña, en un video publicado por el portal veracruzano Plumas Libres.
