Estos son los puntos polémicos de la Ley General de Aguas
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Cuartoscuro

Estos son los puntos polémicos de la Ley General de Aguas

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua, de acuerdo con organizaciones.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
5 de marzo, 2015
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Foto: BBC.

Foto: BBC.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene puntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua y cuyos preceptos derivarían en un aumento en las tarifas a consumidores, lo que afectaría sobre todo a los sectores más vulnerables, explican especialistas.

Luego de declararse en sesión permanente, horas después de haber recibido la propuesta, los integrantes de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos iniciaron una discusión para que el dictamen fuera votado hasta el 10 de marzo y evitar la premura en el análisis.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría y en respuesta, los 10 diputados del PRD y Morena abandonaron la discusión, pero finalmente el dictamen fue aprobado en lo general con 31 votos.

Para especialistas como Claudia Campero, consultora de Blue Planet Project, se trata de una legislación que contraviene el derecho al agua y significa “un paso adicional” para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994.

El diputado de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta iniciativa significa “la privatización del sector” porque si bien “la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”.

Uno de los fervientes defensores de la iniciativa fue el diputado priísta Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, quien insistió en que la iniciativa contempla medidas de prevención de contaminación y prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades o clausurar obras de infraestructura temporal o definitivamente, revocar concesiones hasta multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.

En medio de la rapidez con la que los legisladores aprobaron el dictamen en un solo día, y prevén presentarlo al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, la sociedad civil reclama participación. A través de una carta firmada por más de 40 organizaciones civiles, solicitan a los diputados la organización de audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas e implicados, pues “sólo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos”.

Las controversias

De acuerdo con Claudia Campero, uno de los aspectos más preocupantes se refiere al lineamiento de las “causas de utilidad pública”, lo que deja a las comunidades con “menos posibilidades de defensa”.

Entre las causas de utilidad pública establecidas en el artículo 8 están:

  • El trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros
  • El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos.
  • La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, así como la adquisición y aprovechamiento de instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que tales obras requieren.

Esto generaría más problemas en materia territorial, como ya ha sucedido en casos que incluyen grandes represas que se utilizan para la generación de energía y la provisión de agua y que han buscado “desalojar a comunidades”. Sin embargo, hasta el momento los comuneros han defendido su territorio con los preceptos legales disponibles.

Pero con esta nueva ley “se otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua, una facilidad para pasar encima de los derechos territoriales de la comunidad”, insiste Campero.

En esto coinciden más de 40 organizaciones civiles como entro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, entre otras, al señalar que la legislación “podría afectar de manera directa a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables”.

Las organizaciones civiles exigen respeto y garantía al derecho a la consulta previa, libre e informada conforme mandata el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque “hacer lo contrario es incurrir en responsabilidad internacional”.

Además, según los expertos, el “trasvase” genera desequilibrios ambientales y resulta ineficiente para los ciudadanos y favorecedor para los particulares, pero la ley lo define así:

  • En artículo 116. Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
  • El trasvase puede ser: Directo. El que realizan los asignatarios o concesionarios con autorización de la Comisión. Indirecto. El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada.

En el artículo 24 se establece que los estados, el Distrito Federal y los municipios cuentan con atribuciones como:

– Estimular y fortalecer las capacidades administrativa, técnica y de gestión, así como la autosuficiencia financiera, de los prestadores de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

 Certificar, incentivar y promover la profesionalización, especialización, tecnificación, calidad, autosuficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

De acuerdo con el diputado Arturo Cruz Ramírez, del PRD, dijo esta disposición no generará las condiciones para un efectivo acceso al agua y saneamiento, sino que “de implementarse propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, sin considerar al ciudadano”.

Claudia Campero, advierte la “autosuficiencia” significa que con las tarifas se pueda recuperar la inversión. Pero “invertir en agua es bastante caro y la experiencia nacional e internacional dice que requiere de una inversión pública para poder garantizar el financiamiento”. Por ende, al buscar la autosuficiencia financiera, las tarifas aumentarían.

La ley también pretende incentivar que los particulares inviertan en los sistemas de aguas en el país a través de estas disposiciones:

  • Artículo 129. Para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal
  • La Comisión podrá celebrar contratos de obra pública y servicios. Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
  • La ley también determina un Mínimo vital, es decir, el volumen de agua para consumo personal y doméstico que se otorga con la periodicidad que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas, fijado 50 litros diarios por persona.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció jurisprudencia al respecto, al considerar que se requiere de entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar el derecho al agua. Esto luego de que resolvió un amparo presentado por un habitante de Xochitepec, Morelos en noviembre pasado.

Aquí el dictamen íntegro:

Dictamen Ley de Aguas

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Cómo la inflación del 70% en Argentina está generando un boom del consumo y un aumento de trabajadores pobres

Hoy conviven "dos Argentinas": la de los restaurantes repletos y la fiesta del consumo y la del 30% de ocupados pobres.
8 de septiembre, 2022
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El supermercado de mi barrio solía abrir a las 8 de la mañana todos los días, pero hace semanas empecé a notar que abría cada día más tarde.

Frustrada por este retraso, un día le reclamé a la cajera por la impuntualidad.

“Es que antes de abrir tenemos que actualizar los precios de los productos que aumentaron, y cada día son más largas las listas de lo que tenemos que remarcar”, me explicó, disculpándose.

Encontrarte con precios más caros cada vez que sales a hacer las compras es una de las consecuencias de vivir en un país con más del 70% de inflación por año, una de las más altas del mundo.

Este problema no es nada nuevo para los argentinos.

Mientras que en otras partes del mundo se horrorizan porque el costo de vida alcanzó el 10%, como consecuencia de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, en este país sueñan con tener esas cifras.

Aquí desde hace una década que la inflación anual no baja del 25%, y en los últimos años ese número se duplicó.

Sin embargo, nada se compara con lo que se está viviendo este año, en el que los problemas internos, ahondados por los problemas externos, han llevado a una aceleración de la inflación que no se veía desde la crisis de 2001-2002, que dejó a más de la mitad de la población en la pobreza.

Desde marzo que el país viene registrando alzas mensuales de precios por encima del 5%.

En julio llegó al 7,4%, la cifra más alta de las últimas dos décadas, y la mayoría de las consultoras estiman que en agosto rondó el 6,5%.

Este es el motivo por el cual en las últimas semanas las maquinitas para remarcar precios no dan abasto.

Dos empleados de supermercado en Argentina

Getty Images
Los supermercados remarcan los precios cada vez más seguido.

Pero lo peor es que pocos prevén que la situación desacelere. Por el contrario: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indicó que se espera un 90% de inflación para fin de año.

Y varios consultores privados creen que la cifra podría llegar a los tres dígitos.

Sin “anclas”

Incluso quienes tenemos mucha experiencia conviviendo con la inflación perdemos la brújula con este nivel de alzas.

Y es que una de las consecuencias más perjudiciales de tener una inflación tan alta es que ya no se tienen lo que los economistas llaman “anclas”, es decir, referencias de precios.

Los comerciantes van aumentando sus valores de acuerdo con el costo que ellos estiman tendrán que pagar a fin de mes para reponer ese producto. Algunos aumentan de acuerdo con la inflación del mes previo. Otros asumen que el alza será mayor.

Y no faltan los que aprovechan la confusión generalizada para lucrarse, ampliando sus márgenes de ganancias.

Una persona comprando en un supermercado en Argentina

Getty Images
Los precios en el supermercado aumentan cada semana.

Por otra parte, hay sectores que sufrieron fuertemente durante la pandemia, como el turismo, la gastronomía y los negocios de ropa, que aprovechan la reactivación y la necesidad de muchos de volver a la normalidad para imponer fuertes aumentos que les permiten recobrar un poco de lo perdido.

Lo que esto ha generado es una distorsión de precios que hace que los consumidores ya no sepamos lo que deberían valer las cosas.

“El otro día compré un par de zapatillas infantiles online y pagué $13.000 (unos US$90 al dólar “oficial” o US$45 al paralelo), lo que me pareció caro”, me comentó en el fin de semana Yanina, una amiga que es docente y que no sabía si había hecho una buena o una mala compra.

“Después fui al supermercado y gasté casi lo mismo solamente en la compra semanal”, me dijo.

Una persona colocando carteles de precios fuera de un restaurante

Getty Images
Por la inflación tan alta en Argentina ya no hay referencia de precios y estos varían de lugar en lugar.

La confusión es aún mayor si toca pagar por un servicio, desde contratar a un plomero o electricista para arreglar un desperfecto en la casa a ir a pintarse las uñas o llevar al auto al taller.

Uno no tiene la más mínima idea de lo que le puedan llegar a cobrar. ¿Me costará 3.000 pesos? ¿$5.000? ¿O $10.000?

Es imposible saber qué es caro y qué es un precio razonable, porque no hay contra qué comparar.

La locura de los dólares

Ante la falta de anclas, los argentinos están más pendientes que nunca del precio del dólar, la moneda que históricamente ha sido referente y reserva de valor en este país.

Pero lejos de ser una brújula, la moneda estadounidense se ha convertido en una parte fundamental de la crisis actual.

Primero, porque en Argentina no hay una sola cotización del dólar. Hoy tenemos al menos seis (esas son las más usadas) y la variación entre la menor y la mayor cotización es tan amplia que a veces supera el 100%.

¿Por qué tenemos seis precios del dólar?

Porque los constantes ciclos inflacionarios han hecho que el peso argentino pierda gran parte de su valor, llevando a la adopción del billete estadounidense como moneda de reserva y la que se usa para realizar grandes transacciones, en especial la compra de propiedades.

Pero como Argentina no produce los dólares necesarios para abastecer la fuerte demanda de su población y de su economía -dependiente de insumos importados para su producción-, los gobiernos imponen controles de capital -“cepos” les dicen aquí- y fijan el precio del dólar.

Un abanico de dólares

Getty Images

Esto crea un dólar “oficial” -el de la cotización más baja- y todo un abanico de otros dólares -el “ahorro”, el “tarjeta”, el “bolsa”-, y el más conocido y seguido por todos: el “blue”, nombre que recibe aquí el dólar paralelo, comúnmente conocido en otras partes como “dólar negro”.

Este dólar “blue”, que sube y baja según el ánimo del mercado, también es muy sensible a las crisis políticas: se disparó casi 10% en un solo día a comienzos de julio tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán.

Y este es el segundo factor que está provocando la escalada inflacionaria.

Porque al ser la principal referencia de precios de muchos -en especial los empresarios- cuando el “blue” sube, suben casi todos los precios.

Y cuando la cotización de este dólar se dispara -como en los últimos meses en los que duplicó el valor del dólar “oficial”- se genera una brecha que distorsiona la economía, poniendo más presión para que el peso se devalúe.

Todas estas complejidades de la economía argentina hacen que los locales tengan que convertirse en cuasi expertos económicos para hacer rendir su salario de la mejor manera.

Una de las maniobras financieras que más se popularizaron es el llamado “puré”.

Consiste en comprar US$200 a la cotización “oficial” -el máximo mensual permitido por el gobierno, que además le aplica impuestos del 65%- y venderlo en “cuevas” (financieras ilegales, que aquí son muy comunes) a precio “blue”, generando una jugosa diferencia que multiplica los ingresos.

Dólares y pesos argentinos

Getty Images
En Argentina el dólar cotiza casi al doble en el mercado paralelo que en el oficial.

Las dos Argentinas

Aunque la inflación afecta la vida de todos los argentinos, el impacto es muy dispar según en qué grupo se esté.

Quienes tienen salarios que aumentan a la par de la inflación viven una realidad, y la vasta mayoría, que pierde poder adquisitivo mes a mes, vive otra.

Los primeros son los grandes responsables del boom del consumo que vive Argentina, un fenómeno que sorprende a muchos locales, que se preguntan cómo es posible que los restaurantes estén que explotan y los shoppings estén colmados en medio de la crisis.

O que el grupo británico Coldplay haya logrado vender diez conciertos en el enorme estadio de River Plate, un récord absoluto para este país.

La explicación no es solo que sigue habiendo más de un 20% de la sociedad con ingresos altos o medio altos. También es que muchos de ellos, e incluso personas con ingresos más modestos, están optando por consumir en vez de ahorrar.

“La gente que tiene pesos intenta sacárselos de encima porque queman”, me explicó el economista Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina, en referencia a la alta inflación que se come el valor de la moneda local.

Con acceso limitado a su instrumento favorito de ahorro, el dólar -por el tope de los US$200 “oficiales” y el precio récord del “blue”-, muchos optan en vez por comprar bienes durables para mantener el valor de su dinero, o lo gastan en actividades que les dan placer, como salir a comer, ver un espectáculo o viajar.

Un restaurante en Puerto Madero, Buenos Aires

Getty Images
Muchos restaurantes en Buenos Aires tienen lista de espera.

Esto ha permitido a Argentina mantener un buen nivel de actividad económica, con un crecimiento de más del 6% en el primer semestre y un desempleo bajo, del 7%.

Pero en la cara opuesta de esta Argentina opulenta hay millones de personas que no llegan a fin de mes y cada vez tienen que ajustar más el cinturón, incluso cortando productos básicos.

Pobres con trabajo

Los principales perjudicados por la inflación son las personas más pobres, que hoy representan casi el 40% de la población.

Ellos suelen tener empleos informales que no están protegidos por las “paritarias”, como se conoce a las negociaciones sectoriales que acuerdan aumentos por inflación.

La mayoría subsiste con ayuda del Estado, pero esta asistencia tampoco ha logrado mantener el ritmo del alza de precios.

Un recuperador urbano -o "cartonero"- en Buenos Aires.

Getty Images
Un recuperador urbano -o “cartonero”- en Buenos Aires.

Sin embargo, incluso los trabajadores con empleos registrados han perdido mucho poder adquisitivo por culpa de la inflación.

Porque en los últimos años, mientras el costo de vida se disparaba, el salario real iba en dirección opuesta.

La caída empezó durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y ya lleva cinco años consecutivos, haciendo que hoy la mayoría de los argentinos tengan ingresos más bajos que a finales de 2017.

Según la consultora LCG, la pérdida del poder adquisitivo en el último lustro fue del 23% en promedio.

Pero no solo la alta inflación explica la caída del salario. También cambió la forma en que se reparte la torta, es decir, la distribución de la riqueza.

En 2017, el sueldo de los trabajadores representó el 52% del ingreso nacional y las ganancias de los empresarios el 39%.

Pero a partir de entonces la relación de fuerzas empezó a invertirse, y para 2021, los trabajadores representaban solo el 43% de la riqueza, y el capital, el 47%, según un estudio de Cifra, el centro de estudios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Un hombre muestra sus bolsillos vacíos frente a una bandera de Argentina

Getty Images
Los trabajadores argentinos perdieron un cuarto de su poder adquisitivo en el último lustro.

El resultado es el fenómeno que más preocupa a muchos aquí: el de los trabajadores pobres.

Históricamente en Argentina se consideraba que la diferencia entre ser pobre y no serlo era conseguir un trabajo formal.

Pero hoy el salario mínimo no llega a cubrir la mitad de una canasta básica, como se conoce a los alimentos y bienes esenciales que requiere una familia tipo de cuatro integrantes.

Es decir, que incluso una pareja con empleo registrado no tiene garantizado los ingresos mínimos para no caer en la pobreza.

Esto ha llevado a que casi uno de cada cinco asalariados sea pobre, y que un tercio de todos los ocupados argentinos vivan en la pobreza, según investigaciones realizadas en 2021 por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.

Es algo que nunca antes había visto en este país, y un problema que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, pretende atenuar duplicando entre septiembre y noviembre la asignación que recibirán por cada hijo los 1,1 millones de trabajadores registrados de la escala salarial más baja.

Trabajadores en una fábrica en Buenos Aires

Getty Images
El gobierno reforzará las asignaciones familiares de más de un millón de trabajadores formales, para que no caigan bajo la línea de pobreza.

El futuro

Como argentina nacida hace casi medio siglo me ha tocado vivir muchas de las crisis económicas más dramáticas que atravesó este país, que hace apenas cien años era uno de los más prósperos del mundo.

Viví inflaciones incluso mucho peores que la actual (en 1989, cuando cursaba el secundario, el costo de vida alcanzó su récord máximo, por encima del 3000% anual).

Y en la primera década de este siglo, fui una de los cientos de miles de jóvenes que se mudaron al exterior en busca de mejores oportunidades, mientras mi país se sumía en la peor debacle de su historia.

Pero, aunque el presidente Alberto Fernández, quien formó parte del gobierno que sacó a Argentina de esa crisis, asegure que el país volverá a resurgir, como entonces, es difícil mantener el optimismo.

Es cierto que la situación internacional, en particular debido a la guerra ruso-ucraniana, ha hecho que los granos argentinos vuelvan a valer fortunas, lo que fue una de las claves que permitió la recuperación a partir de 2003.

Y también da esperanza que, incluso con una desaceleración económica prevista para el segundo semestre, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional coincidan en que el país cerrará 2022 con un crecimiento cercano al 4%, por encima del promedio regional.

Un niño detrás de una bandera de Argentina

Reuters
El 51,4% de los argentinos menores de 14 años son pobres, según las estadísticas oficiales.

Pero no puedo dejar de preguntarme cómo podrá resurgir un país en el que el 45% de su población depende de la ayuda del Estado, según los datos del Observatorio de la Deuda Social.

Y sobre todo: qué futuro le aguarda a Argentina cuando más de la mitad de sus niños son pobres, y medio millón abandonó la escuela tras el prolongado cierre de la educación presencial durante la pandemia, como advirtió a comienzos del año lectivo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).


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