[contextly_sidebar id=”nvmaNX0WBMW4AFM4vSxGney8nHHggf1H”]Las trabajadoras del hogar enfrentan acoso sexual, golpes, despido injustificado, acusaciones falsas de robo, humillaciones, accidentes de trabajo sin recibir atención y hasta prohibición de hablar en lengua indígena, pero sólo una de cada 10 lo denuncia ante alguna autoridad, pues desconoce sus derechos y las instancias encargadas de atenderlas.

En la investigación se da a conocer que pese a las precarias condiciones laborales derivado de que 96% de las contrataciones son “de palabra”, una cuarta parte de las trabajadoras del hogar y empleadores rechazarían firmar un contrato laboral en caso de ser obligatorio.

Las empleadoras menores de 35 años y de nivel socioeconómico medio alto son quienes están en desacuerdo en formalizar la relación laboral, mientras que 68% de empleadoras, sobre todo de nivel socioeconómico alto, apoyan la firma de un contrato.

Entre los resultados destaca que el trabajo doméstico es “heredado”, toda vez se dedican a ello las hermanas, madres, hijas u otros familiares de 43% de las trabajadoras del hogar.

En 81% de los casos, las mujeres dijeron emplearse en el trabajo doméstico por razones de necesidad económica y factores de pobreza, como escaso logro educativo y falta de oportunidades. Casi una cuarta parte es indígena, proporción que se eleva en las zonas norte y sur del país y 2 de cada 10 habla alguna lengua indígena.

La encuesta preguntó a las trabajadoras del hogar sobre los conflictos laborales que han enfrentado o han visto que otra compañera lo haya vivido. La mayor incidencia es del trato con desprecio por ser indígena (33%), le sigue la prohibición de hablar alguna lengua indígena (25%).

Despido injustificado y acusación falsa de robo, 17% respectivamente. Mientras que a 16% de las encuestadas les han revisado sus pertenencias, 14% ha recibido maltrato verbal a través de gritos, groserías y humillaciones. 12% ha sufrido de acoso sexual y 11% ha sido tratada con desprecio por ser trabajadora del hogar.

Pese a ello, solo una de cada 10 trabajadoras del hogar acude con alguna autoridad para “resolver el conflicto laboral” porque desconocen la existencia de instancias para atender estos casos. Incluso, 91% dijo que no había escuchado ni sabía sobre alguna legislación que contemple los derechos de las trabajadoras del hogar.

Debido a la falta de legislación, de incentivos fiscales y aseguramiento flexible, casi la totalidad de las empleadoras contratan el trabajo doméstico de palabra, lo que repercute en falta de un contrato laboral y, por tanto, de las prestaciones que goza cualquier otro trabajador.

Una de las mayores preocupaciones de las empleadas del hogar es la seguridad social y la carencia de ella la consideran como la principal desventaja, de ahí que 6 de cada 10 estarían dispuestas a afiliarse al IMSS aunque ganaran un poco menos y entre las empleadoras también se observa una alta disposición a afiliar a sus trabajadoras si parte de las cuotas las cubran ellas.

Ante la falta de seguridad social en el trabajo, una cuarta parte señala que sus empleadoras cubren los gastos por servicio de médico; no obstante, 36% reporta que su empleadora no se responsabiliza de este gasto.

Según las trabajadoras encuestadas sólo 25% de las empleadoras cubre el pago de las medicinas en su totalidad, 17% los cubre en parte. Además, cuando una trabajadora requiere faltar a su trabajo por enfermedad, sólo a 4 de cada 10 se le permite sin que haya un descuento en su sueldo y 8% asiste a trabajar aún estando enferma.

Además, 66% no goza de vacaciones con goce de sueldo y poco más de la mitad de las trabajadoras encuestadas recibe aguinaldo. Sólo 2 de cada 10 trabajadoras encuestadas dijo recibir un monto adicional a su salario por concepto de prima vacacional.

A 75% de las trabajadoras del hogar nunca le han aumentado el salario, que en promedio semanal es de mil 128 pesos para la modalidad de planta y de mil 75 pesos para quienes trabajan de entrada por salida en una sola casa.

Para cambiar esta situación solo se requiere voluntad política, pues basta con que México ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza los derechos sociales y laborales de las trabajadoras del hogar. Aunque el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió a hacerlo desde el 31 de marzo de 2014, no lo ha hecho hasta el momento.

En un esfuerzo desde la sociedad civil, activistas lanzaron la campaña “Hogar justo hogar”, con la cual se busca que los empleadores formalicen la relación con las trabajadoras a través de un contrato laboral.

Sin embargo, aún existe resistencia para reconocer que las trabajadoras del hogar tienen los mismos derechos como otros empleados, pues según la encuesta 4 de cada 10 empleadoras no apoyan la propuesta de firmar un contrato de ley, y aún existen testimonios como este: “Si le voy a dar seguro, tendría derecho a vacaciones… pero tendría que cumplir con todas las obligaciones que tenemos cuando trabajamos… Es algo que no les conviene porque pagarían impuestos, las primeras que no querrían serían ellas”.

Respecto al perfil de las trabajadoras del hogar, una tercera parte tiene 25 años o menos y sólo una de cada diez supera los 55 años. En promedio 5% de las trabajadoras que se ocupan en zonas urbanas son menores de edad y 36% inició a trabajar siendo menor de edad; en tanto, 25% de las trabajadoras domésticas ha pasado más de 10 años desempeñando este trabajo.

Sobre el grado de escolaridad, 30% concluyó la primaria y 13% no tiene estudios; sólo 8% continua estudiando, a pesar de ser un sector de personas jóvenes.