[contextly_sidebar id=”bBQ8Ofmb8lOGcAy600OILmTLqMArPA99″]La Secretaría de la Función Pública (SFP) puso en operación cuatro de las ocho medidas encomendadas por el presidente Enrique Peña Nieto para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés.
Éstas son las medidas:
*Aplicación de nuevas reglas para la declaración patrimonial del presidente de la República, secretarios de Estado, procuradora General de la República, el Consejero Jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados.
Todos los funcionarios estarán obligados a reportar el nombre del último vendedor de los inmuebles que declaren, lo que también aplicará en su caso al cónyuge o dependientes económicos de los funcionarios.
El formato estará disponible a partir del 1 de mayo para que los servidores públicos cumplan con su obligación a más tardar el 31 del mismo mes a través del sistema Declaranet.
*Un protocolo que los servidores públicos deberán seguir para las contrataciones públicas.
Se reglamenta qué deben hacer los funcionarios cuando establezcan contacto con particulares en el otorgamiento y prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluyendo las transacciones comerciales internacionales.
“En cumplimiento a las disposiciones de transparencia, la propuesta de protocolo se publicará en el portal de la SFP, durante veinte días hábiles, a partir de esta fecha”, señaló la dependencia en un comunicado.
*Creación del Registro de Servidores Públicos que intervienen en contrataciones que se difundirá a través de un portal electrónico.
La información registrada por las dependencias en esta herramienta corresponde al periodo del 1 al 15 de abril y se actualizará quincenalmente. A la fecha, están registrados 16 mil 109 servidores públicos adscritos a 261 instituciones.
*Se actualizó y se mejoró el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, referente a personas físicas y morales sancionadas por la Secretaría y por los Órganos Internos de Control de cada dependencia entre el 14 de octubre de 2004 y el 27 de abril de 2015. El total de proveedores sancionados asciende a mil 504.
En febrero pasado, casi tres meses después del primer señalamiento de conflicto de interés en el gobierno de Enrique Peña Nieto –por una propiedad que Angélica Rivera compró a la contratista gubernamental Grupo Higa–, el Presidente de México pidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigara a su esposa, a él y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también compró una casa a la misma empresa y a una tasa de interés preferencial.
Ese día, el mandatario federal nombró y tomó protesta a Virgilio Andrade como el nuevo titular de la SFP. Él será la persona que está a cargo de la investigación que solicitó para descartar el conflicto de interés.
Asimismo, presentó acciones ejecutivas para combatir la corrupción, pese a que defendió que “en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico”. De estas ocho acciones ejecutivas, hoy cuatro se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.
- A partir de mayo, cuando los servidores públicos entregan su declaración patrimonial, seráobligatorio que presenten una declaración de posibles conflictos de interés. De acuerdo con Peña Nieto, esto retoma las “mejores prácticas internacionales”.
- En laSFP se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés; además será responsable de determinar cuando estos ocurran y, en esos casos, aplicar las medidas correspondientes.
- Reglas paraampliar los códigos de éticaactuales.
- Protocolos de contacto entere particulares y los funcionariosresponsables de otorgar licitaciones, contratos, etcétera.
- Todas lasdependencias y entidades de la administración pública tendrán hasta abril para identificar a funcionariosque puedan tener conflictos de interés.
- Se acelerará la ventanilla única digital para trámitesmás solicitados para reducir espacios potenciales de corrupción.
- Lista pública de proveedores sancionadosserá más completa.
- Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción.
