El frágil milagro de Juárez
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El frágil milagro de Juárez

La historia del milagro de Juárez se ha contado muchas veces: cómo descendieron sus infames índices de homicidios, cómo fueron purificados sus cuerpos policiacos y cómo las autoridades terminaron cantando victoria. Pero, ¿durará esta historia? La atracción que sigue generando el multimillonario negocio de las drogas en Juárez y las persistentes disparidades sociales que vive su gente son razones suficientes para nublar el optimismo.
26 de mayo, 2015
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La camioneta en la que viajaba Julián Leyzaola, exjefe de Seguridad de Ciudad Juárez. // Foto: Cuartoscuro.

La camioneta en la que viajaba Julián Leyzaola, exjefe de Seguridad de Ciudad Juárez. // Foto: Cuartoscuro.

Una investigación de la Fundación MEPI. 

La siguiente investigación tomo seis meses y fue realizada por Carlos Huerta, Hericka Martínez y Beatriz Corral de Ciudad Juárez, Chihuahua.   

La editora y coordinadora del equipo fue Ana Arana de Fundación MEPI.  Editora en español fue María Dolores Albiac.  Editor en inglés fue Neil.

Agradecimientos a Javier Garza. La parte interactiva de la historia fue hecha por Carlos Alanís y Miguel Salazar de Codeandomexico.org.

Gracias al periódico Norte por acceso a su archivo fotográfico.

Un jeep rojo esquivaba el pesado tráfico matutino a toda prisa por la Avenida Tecnológico, la más importante vía en la zona Dorada de Ciudad Juárez, donde está situado el consulado de Estados Unidos, centros comerciales y las residencias más exclusivas de la ciudad.

Un Chevrolet Cavalier sedán perseguía al Jeep, con dos tiradores portando poderosas armas automáticas. Tras medio kilómetro, el jeep se estrelló contra una valla metálica, cerca de un tribunal federal de Ciudad Juárez. En los asientos de adelante quedaron muertos Gilberto López Mendoza y Omar Antonio Ochoa, de 39 y 37 años, respectivamente, ambos traficantes de drogas de medio nivel. La striper venezolana de 23 años, Gabriela Figueroa, yacía muerta en el piso del coche, donde aparentemente trató de esconderse. Los asesinos eran expertos tiradores. Sólo 11 balas fueron necesarias para matar a las tres víctimas desde un coche en marcha.

Era la mañana del 23 de octubre de 2014, y Juárez estaba horrorizada.

Justo dos semanas después, no lejos de la escena del crimen, el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, dio el visto bueno a un encuentro de oficiales y líderes cívicos de 15 ciudades mexicanas. Estos funcionarios, como otros anteriormente, visitaban esta ciudad fronteriza para aprender cómo, un lugar que en algún momento fue la capital mundial del crimen, donde la violencia asociada a la droga mató a 11 mil personas en sólo cuatro años, encontró la paz.

El Gobernador Duarte dijo estar orgulloso de que otras ciudades quisieran replicar la experiencia de Juárez, cuyo enfoque fue limpiar la corrupción en la policía. Duarte insistió en que todas las corporaciones policiacas de su ciudad estaban limpias.

“Afrontamos el desafío”, dijo al público. “Debe haber unos pocos que piensan que pueden salirse con la suya, pero con trabajo de inteligencia, los detendremos”.

¿El milagro de Juárez?

El milagro de Ciudad Juárez ha sido celebrado continuamente. Entre 2008 y 2012, una batalla entre los cárteles de Juárez y Sinaloa tiñó de sangre las calles de la ciudad.

El reclutamiento de miembros de las fuerzas policiales como combatientes en la batalla criminal agravó la situación. En el 2010, la tasa de homicidios alcanzó los 300 por mes. En ese momento, una rara coalición se creó para salvar a la ciudad: líderes de organizaciones civiles y empresarios, un alto jefe policiaco que se contrató en la ciudad de Tijuana, 5000 millones de pesos que el Gobierno Federal invirtió, y testigos protegidos que trabajaban para la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), sofocaron la violencia criminal en Juárez y limpiaron la policía municipal y la policía ministerial del estado.

México cantó victoria.

Pero el hechizo del multimillonario comercio de la droga en Juárez ha regresado y presenta una nueva realidad que podría truncar el optimismo que expresó el Gobernador Duarte y otros que han declarado que la paz llegó a esta ciudad.

En el último año, el cártel de Juárez parece haber derrotado Al grupo de Sinaloa, y se está reestructurando con nuevos líderes criminales que buscan restablecer las conexiones corruptas de las que gozaban con la policía local y la estatal, confirmó un oficial de inteligencia.

La manzana de la discordia son las rutas de tráfico de drogas multimillonarias situadas a lo largo de la franja agrícola del Valle de Juárez, un área paralela al Río Bravo.

Después de los ataques contra EU el 11 de septiembre de 2001,  el tráfico de drogas por la frontera Juárez-El Paso se acabó. El cártel de Juárez creó improvisadas rutas de tráfico en las afueras de la ciudad, y el Valle de Juárez cobró importancia. Durante la pugna por la ciudad, varias luchas paralelas tuvieron lugar en esta franja territorial. Eventualmente en 2010, el cártel de Sinaloa tomó el control de estas multimillonarias rutas, presuntamente con el apoyo de fuerzas militares. Ese es el territorio que el cártel de Juárez ha reconquistado, según informes de inteligencia.

Los asesinatos de octubre pasado en la Zona Dorada fueron el principio de una oleada de violencia relacionada con esas valiosas rutas de la droga. Desde entonces, Juárez ha visto una serie de homicidios y tiroteos que muestran cómo La Línea -el ala armada del cártel de Juárez- ha regresado probablemente a las calles de la ciudad.

Ochoa, una de víctimas del Jeep rojo, dirigía una cadena de clubes nocturnos de striptease, incluido el Museo Bar -donde trabajaba la stripper venezolana. Sus negocios gozaban de fuerte protección policial, aseguran fuentes de inteligencia. Aparentemente, estaba vinculado al cártel de Sinaloa, y su asesinato fue ordenado por Jesús Salas Aguayo – alias “el Chuyín”-, el nuevo líder de La Línea, para enviar un mensaje a la policía que trabaja con el cártel de Sinaloa, que más les vale regresar a sus orígenes.

Salas Aguayo fue detenido a finales de abril 2015, pero eso no significa que la reconquista del territorio por parte del cártel de Juárez se haya acabado.

Cuatro de sus seguidores se apuntan para tomar el liderazgo.

Caso de estudio

Para México, Juárez puede ser un caso de estudio, no una victoria completa. La aparente reaparición de La Línea puede significar que el milagro de Juárez es un mero paréntesis y los recientes asesinatos un regreso al negocio de siempre, aunque el jefe del cártel, Vicente Carrillo Fuentes-alias “el Viceroy”-, fue arrestado por la Policía Federal el pasado octubre. Según diversas fuentes, Carrillo, a pesar de seguir siendo el líder nominal del cártel, se encontraba alejado de la operación cotidiana del grupo criminal.

Observadores del caso de Juárez por largo tiempo dicen que parte del problema es que la ciudad concentró su objetivo en terminar con la violencia y no en acabar con las organizaciones del tráfico de drogas.

“La intención del actual gobierno es que protegerán la seguridad pública y controlarán el crimen, pero no pondrán fin al tráfico de drogas”, dice Tony Payan, director del Centro mexicano en el Instituto James A. Baker III de políticas públicas en la Universidad de Rice.

El analista Eduardo Guerrero dice que el factor del éxito en la pelea contra las organizaciones criminales es dinámico. “Podemos desmantelarlas por un tiempo, pero si no ponemos atención, las cosas pueden cambiar y entonces podríamos hablar de un fracaso. Se pueden volver a corromper los cuerpos policiacos, por ejemplo”, explica Guerrero.

De hecho, las incautaciones de droga y armas han caído en los últimos dos años en Juárez, tras la salida de los jefes policiales que depuraron los cuerpos policiales después de 2010.

El cártel de Juárez tiene raíces profundas en la ciudad, y era previsible que los jefes de la organización intentaran volver a tomar el poder de cualquier forma. Mientras tanto, el arresto del muy conocido líder de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán el año pasado, dejó sin dirección a sus hombres en el Valle de Juárez, aseguran fuentes de inteligencia de la zona.

Otros líderes del cártel de Sinaloa, como Ismael Zambada García, alias  “El Mayo Zambada”, han enviado nuevos efectivos conocidos como los “Emes”, por la letra M de Mayo, para combatir a la Línea.

Pero si el cártel de Juárez ha reconquistado ciertos territorios es gracias a lugartenientes claves dentro del territorio de Juárez que trabajaban para Sinaloa pero han cambiado su lealtad y se han unido a La Línea, aseguran fuentes de inteligencia.

De forma similar, aunque se rompió la alianza entre La Línea y la banda  de pandilleros mexicoamericanos conocida como Barrio Azteca, hay informes de que La Línea está colaborando con algunos miembros de otras pandillas de EU.

Los Aztecas aún controlan algunas partes de la  ciudad y el crimen callejero en varios barrios de clase trabajadora donde reclutan a jóvenes en peligro.

Otras dos pandillas que en un momento fueron colaboradoras de Sinaloa, Los AA’s y los Mexicles, siguen teniendo alguna influencia en barrios locales pero no trabajan para los cárteles.

Han pasado tres años desde que la violencia disminuyó y el índice de homicidios bajó de 300 a 30 por mes. De hecho, en marzo y abril de 2015, el número de homicidios en la ciudad se ubicó en el punto más bajo desde 2005. Pero analistas dicen que la situación puede cambiar porque el sistema judicial no fue lo suficientemente severo con algunos de los criminales.

Entre 2010 y 2012, autoridades de EU armaron expedientes sólidos para enviar a líderes de La Línea y de Barrio Azteca a la cárcel de por vida. En México, los asesinos de 11 jóvenes y cuatro adultos en el barrio de Salvacar también recibieron largas condenas. Pero muchos otros miembros de las pandillas recibieron penas cortas. Algunos están ya libres, o lo estarán  pronto. Uno de ellos es Saulo Reyes Gamboa, quien según la DEA, hasta el 2007 fue el hombre que manejaba el dinero para el cártel de Juárez.

Jefe de la policía municipal entre 2004 y 2007,  Reyes Gamboa terminó en la cárcel en el 2008, cuando intentó sobornar a un funcionario estadounidense de aduanas para que le ayudara en el contrabando de camiones llenos de marihuana a través de los puentes internacionales de El Paso.

Recientemente Gamboa salió de una prisión de mínima seguridad, tras siete años de cárcel.

Cooptación total

Sobornar a la policía no es suficiente para que un grupo criminal prospere. Pero cuando el grupo criminal contrata a un alto jefe de la propia policía que los investiga aumentan las posibilidades de encontrar oro. Entre 2007 y 2011 en Ciudad Juárez, la policía ministerial –el brazo de investigación de la Procuraduría del Estado– realmente funcionaba bajo las órdenes de José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, un excomandante de la policía que se volvió jefe de operaciones del cártel de Juárez.

Desde sus inicios en los años 90, el cártel de Juárez utilizó el soborno a jefes policiales para operar libremente. Pero cuando El Diego escaló a la cumbre del crimen, creó una alianza indisoluble y crucial entre el cártel y las unidades de policía.

Estas unidades en unos casos operaban totalmente para el grupo criminal.  El Diego y sus hombres protegían multimillonarias redes locales e internacionales de transporte de droga en Juárez, uno de los más importantes puntos de transbordo en la frontera de EU y México.  Era un momento clave en el que la supremacía del cártel de Juárez desafiaba de cerca al de Sinaloa.

La tragedia de Salvárcar

El viernes 30 de enero de 2010, El Diego contestó su teléfono. Los Artistas Asesinos, o AA –una banda callejera con miembros en El Paso y en Juárez– estaban entre sus enemigos, y un informante le decía que celebraban una fiesta esa noche en el barrio obrero de Villas de Salvárcar, en el sureste de Ciudad Juárez.

El Diego debía mantener a los Artistas Asesinos y otros grupos aliados al cártel de Sinaloa fuera del juego. Los AA trabajaban con Sinaloa en la venta callejera de drogas. Barrio Azteca hacía lo mismo para el cártel de Juárez. En 2010, cuatro pandillas trabajaban para los dos cárteles, como sicarios o asesinos, para eliminar a los pequeños distribuidores de droga. “Ninguna de las balaceras y matanzas en ese periodo se produjeron entre los altos miembros del cártel. Los sicarios se concentraban en matar a los vendedores de droga al menudeo. Retomaban el territorio para su cártel”, puntualizó una fuente policial en Juárez.

Cuando El Diego daba órdenes a su grupo de asesinos, Luz María Dávila, una mujer pequeña de sonrisa cálida, estaba ocupada en su pequeña casa en la calle Villa del Portal, un angosto callejón. A pocos metros, sus hijos Marcos y José Luis estaban de fiesta en el cumpleaños de un amigo con otros jóvenes vecinos, jugadores de fútbol de la AA, una liga de fútbol americano.

El marido de Dávila navegaba en Internet en la computadora de su hijo, esperando su turno de noche en la maquila de una compañía norteamericana situada en Juárez, donde trabajaba como vigilante. Unos minutos antes de las 10 de la noche, un convoy de vehículos entró en el callejón, con una docena de hombres de La Línea y Barrio Azteca. Los sicarios, muchos de ellos nativos de Juárez y todos en sus veintes, se desplazaron rápido en una macabra danza de la muerte. Dos coches bloquearon las salidas de Villa del Portal mientras los demás se concentraban en la casa de ladrillos amarillo ceniza, donde retumbaba la música tecno y las jóvenes parejas bailaban y hablaban.

Algunos de los matones cubrieron sus caras con bandanas. Muchos iban descubiertos, sin miedo a ser descubiertos. El Diego estaba al mando por teléfono: matar a todo el mundo. Los asesinos caminaron juntos hacia la casa, blandiendo armas de gran calibre. En menos de 30 minutos, 15 yacían muertos y varios más heridos. Como los hijos de Luz María, la mayoría eran hijos de trabajadores de la maquila y estudiantes de la preparatoria y universitarios. Algunos eran los primeros de su familia en soñar con ir a la universidad.

Los disparos fueron fulminantes

Luz María le dijo a su marido que se quedara quieto, mientras ella corría fuera de la casa, giró con brusquedad y corrió los pocos metros desde su casa hasta el lugar de la fiesta. En el camino, se topó con uno de los pandilleros que se había quedado atrás y escuchó acelerar a los vehículos en su huida. Entró a la pequeña casa y encontró los cuerpos desplomados y juntos, cristales rotos y sangre por todas partes. “Encontré primero a Marcos, pero estaba muerto. Busqué a José Luis. Estaba tirado en el vestíbulo. Me dijo que estaba bien”, recordó recientemente, en su casa, donde ha seguido viviendo después de la tragedia. Con calma, contó su historia, que ha repetido a los reporteros y los investigadores del gobierno, durante los últimos cuatro años.

“Llevamos a José Luis a la clínica en nuestro auto. Y siguió diciéndome que estaba bien. Pero murió la tarde después de la operación”. Marcos estaba en el primer año de universidad, estudiando para ser funcionario de relaciones exteriores. José Luis quería dedicarse a los negocios internacionales. Desde sus muertes, Luz María y su marido han reconstruido su pequeña casa y añadido un segundo piso donde han reservado un cuarto para las posesiones de sus hijos. Luz María recibe a las visitas en un pequeño salón de estar con una gran televisión. Retratos de Marcos y José Luis presiden el cuarto. Las fotos son selfies que los jóvenes tomaron de sí mismos unos días antes de su muerte.

Hasta la masacre, Salvárcar era un lugar donde los residentes se sentían seguros porque todos se conocían. La casa en que tuvo lugar la masacre la prestaba un vecino a los jóvenes del barrio, para que pudieran reunirse. Los jóvenes estaban encantados con su “casa club”. Salvárcar, como los demás barrios obreros vecinos en Juárez carecen de parques para que jueguen los jóvenes y los niños. “Finalmente tuvimos un parque luego de que los mataron”, dice Luz María.

Al final, los jóvenes asesinados en Villa del Portal no eran los miembros de AA que El Diego buscaba. La AA en este caso representaba al equipo Americano de fútbol que organizó la fiesta.

El Diego se tomó mal las noticias. Mató al informante que le suministró la información, según  investigadores de Juárez que pidieron el anonimato. Más importante aún, las muertes horrorizaron a la ciudad de Juárez y despertaron la atención nacional e internacional sobre la ciudad.

Insensibilidad presidencial

Una semana y media después de la masacre, el Presidente Felipe Calderón viajó a Ciudad Juárez con una amplia comitiva gubernamental. Había enfadado a Juárez tras los asesinatos cuando dijo que las víctimas de la masacre eran pandilleros.

Esta vez llamó a una reunión pública con familiares de las víctimas, activistas y representantes de grupos ciudadanos para intentar minimizar el daño.

Luz María recibió una invitación para asistir pero la archivó en un manojo de papeles en su cocina, donde sólo unos días antes los féretros de  sus dos hijos habían estado. Decidió asistir al último minuto. Se sentó con los demás “invitados especiales” como ella, residentes de Salvárcar, los sobrevivientes de las víctimas, gente que no es invitada usualmente a encuentros con el Presidente. Se fue alterando más con cada presentación de los funcionarios locales y la reverencia con la que hablaban a Calderón. Cuando el micrófono pasó a los familiares, ella se levantó y, en un país donde una madre maquiladora no confronta al Presidente, se desahogó con un monólogo que se volvió parte de la historia.

“Disculpe señor presidente, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos, quiero que se haga justicia, quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuándo acusó a mis hijos de ser pandilleros, quiero que pida perdón. Le aseguro que si a usted le hubieran matado a un hijo ya hubiera agarrado a los asesinos. Aquí el gobernador y el alcalde siempre dicen lo mismo, prometen justicia pero no la tenemos. Yo quiero Justicia. Póngase en mi lugar, a ver que siento yo.  Yo quiero a mis hijos”.

Entonces, dando la espalda al Presidente, miró a la audiencia. “Ustedes, señores no dicen nada pero le aplauden al Presidente. Hagan algo”.

Dávila sigue impactada por su reacción de hace cinco años, pero su audacia avergonzó al gobierno federal que creó un proyecto social de 5000 millones de pesos llamado “Todos somos Juárez”, formalmente para apoyar proyectos sociales, y la creación de una mesa redonda de justicia y seguridad con representantes del sector empresarial, la sociedad civil, y del gobierno de Juárez que empezó a reunirse semanalmente y a trabajar con la policía para limpiar la ciudad.

La tecnología mejora la forma de matar

Pero la violencia siguió aumentando y El Diego parecía imparable. Los homicidios aumentaron a 300 al mes. La atención nacional e internacional sobre la agobiada ciudad aumentaba. Pero La Línea y sus compinches criminales, los pandilleros de Barrio Azteca, siguieron imperturbables.

Y entonces el cártel busco alta tecnología.

Dos ingenieros mexicanos fueron contratados para desarrollar un avanzado sistema de encriptación de una red de receptores- transmisores con antenas erguidas en el pico más alto de Juárez, La Bola. La red se montó y comenzó a funcionar en marzo de 2010.  La Línea y Barrio Azteca la utilizaron para su siguiente gran misión, un ataque contra una oficial estadounidense del Consulado de EU, Leslie Ann Enríquez, su esposo, Arthur Redelfs, y el marido de otra oficial consular, cuando salían de un cumpleaños infantil, el 13 de marzo de 2010.

El Diego y Arturo Gallegos Castrellón, alias “El Benny”, líder de Barrio Azteca,  estaban intensificando sus operaciones. Estaban yendo tras los Estados Unidos.

Hay varias teorías sobre las razones del ataque. Una es que Redelfs, un oficial del Centro de Detención Regional de El Paso, maltrató a los miembros del cártel de Juárez encarcelados allí. Otra es que Barrio Azteca creía que Leslie Ann Enríquez trabajaba para el cártel de Sinaloa. Tras su arresto en 2011, El Diego dijo que Barrio Azteca cometió un error.

El gobierno de EU respondió con rapidez, ordenando a las familias de los miembros del Consulado salir de Juárez hacia El Paso. También volteó su mirada sobre La Línea.

Violencia intensificada

A mediados de 2010, El Diego se volvió aún más loco y ordenó a su gente cargar un vehículo con 10 kilos de Tovex, un explosivo usado para la minería y la construcción. El 15 de julio, estacionaron el coche en la calle 16 de septiembre, en el centro de la ciudad, atrayendo a policías y ambulancias al dejar en el carro el cadáver de un hombre vestido de policía.

El doctor José Guillermo Ortiz, un médico del pueblo que trataba a pacientes de bajos recursos y que tenía su consultorio cerca, pasaba por el lugar con su hijo cuando vio a la víctima. Mandó a su hijo por su maletín médico y él siguió hacia el vehículo. La explosión fue repentina. El doctor Ortiz  recibió el impacto de la detonación en su cuerpo, y murió después en el hospital. Un policía federal también falleció y seis agentes federales y un camarógrafo de televisión fueron heridos. La bomba fue activada con un celular.

La bomba hizo más que asustar a una ciudad que estaba harta de la violencia. También envió un mensaje a EU: un grafiti en la pared de una escuela primaria advertía que habría más coches bomba las siguientes dos semanas, si funcionarios estadounidenses no investigaban supuestos lazos entre autoridades federales corruptas y el cártel de Sinaloa.

La bomba asustó a uno de los ingenieros que puso la red encriptada de receptores y comunicaciones para La Línea. Escuchó a Benny Gallegos, del Barrio Azteca, felicitar a sus tropas: “Buen trabajo, muchachos, bien hecho. Lo hicieron muy bien, y les dieron una lección a esos cerdos…”. Esta gente está loca, pensó el ingeniero, y decidió que tenía que alertar a las autoridades. El ingeniero, que nunca ha sido identificado, se volvió una pieza clave en la disolución de La Línea.

En las siguientes semanas, el ingeniero llamó a la puerta del Procurador General y de las Fuerzas Armadas en México. No tuvo suerte. Se mantuvo alejado de la policía de Juárez desde que supo a través de las conversaciones de radio que muchos de ellos estaban en la jugada. Entonces fue al Consulado de EU y mintió diciendo que tenía información de otro atentado contra EU: las puertas se abrieron y se volvió un testigo protegido de la DEA. Entre julio y diciembre de 2012 grabó miles de horas de comunicaciones de radio para las autoridades de Estados Unidos.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
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7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

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Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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