Juicios orales: a un año de fecha límite implementación no alcanza el 60%
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Juicios orales: a un año de fecha límite implementación no alcanza el 60%

Cuatro de cada 10 mexicanos sigue bajo jurisdicción del viejo sistema. Solo seis estados aplican totalmente los juicios orales. Faltan además leyes y recursos.
Por Arturo Angel
12 de mayo, 2015
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Una sala de juicios orales en el DF. Foto: Cuartoscuro

Una sala de juicios orales en el DF. Foto: Cuartoscuro

En 2008 se aprobó en México la reforma penal para transformar el viejo sistema de justicia escrito por uno basado en juicios orales, y se dio un plazo hasta 2016 para materializarlo. Transcurridos siete de los ocho años, solo seis estados operan al 100% el nuevo sistema, 4 de cada 10 mexicanos no está cubierto por el mismo, faltan leyes nacionales para que funcione bien, además de capacitación y millones de pesos.

En una escala del 1 al 10 el avance en la implementación de la reforma a nivel nacional es de 5.9, o lo que es lo mismo, inferior al 60 por ciento, de acuerdo con un indicador oficial elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación del Sistema de Justicia penal (SETEC), a partir de la proporción de mexicanos que viven en sitios donde los juicios orales ya están en marcha.

Lo más significativo, es que la mayor parte de los logros con los que ahora se cuenta han sido producto del esfuerzo realizado en los últimos dos años. Antes del 2013 menos de la tercera parte de los estados habían comenzado a trabajar en el nuevo sistema y no estaba lista ninguna de las leyes nacionales que se requerían.

De todos los estados del país Sonora es el más atrasado según el balance revelado por la titular de la SETEC, María de los Ángeles Fromow, pero también hay otros en donde hace falta desde ajustes legales hasta infraestructura.

“Si esto (el periodo par a implementar la reforma) fuera un maratón ya estamos en los últimos tres o cuatro kilómetros” dijo el activista Alejandro Martí, quien advirtió que la reforma penal es imprescindible para transformar la realidad de “un sistema penal que está completamente desprestigiado”.

juiciosorales

Faltan 26 estados; Sonora foco rojo

Solamente seis estados operan al 100 por ciento el nuevo sistema: Morelos, Chihuahua, Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Durango. En 24 entidades del país opera pero parcialmente, es decir por regiones o por delitos, y en otros dos –Sonora y baja California Sur – no funciona en lo absoluto.

En términos demográficos, dijo Fromow, el 58.2 por ciento de la población está cubierta por el nuevo sistema penal.   Esto significa que por lo menos 4 de cada 10 mexicanos vive en un sitio en donde los juicios orales aun no existen.

“Estamos a poco más de 400 días del plazo para implementar la reforma y son días claves para sumar para coadyuvar y empujar al resto de los estados que aún están con la implementación gradual” dijo la funcionaria.

Según la valoración de la SETEC, de entre todas las entidades pendientes el caso más grave es el de Sonora, donde la administración del gobernador Guillermo Padrés Elías no ha fijado ni siquiera una fecha para arrancar la implementación del nuevo sistema.

Alejandro Martí acusó que el problema en Sonora es de no querer hacer las cosas: “Hay una gran indolencia. Los sonorenses han desplegado en el periódico sus quejas porque aquí no hablamos de falta de dinero sino de falta de voluntad política”.

Fromow dijo que incluso ya están estudiando un “plan B” para implementar el nuevo sistema en Sonora con los recursos federales en caso de que la entidad no logre materializar un plan factible en el tiempo que queda.

Otro reto es el tiempo que está llevando completar la implementación del sistema. Hay estados como Oaxaca que iniciaron el proceso incluso antes de que se aprobara la reforma de 2008 pero hasta el día de hoy no han terminado. Más de la mitad de los estados del país comenzó con la implementación apenas del 2013 a la fecha.

Par atender esto la secretaría Técnica está elaborando un esquema que de acuerdo con Fromow permitirá agilizar el arranque del sistema con la infraestructura prioritaria y el marco legal básico para que trabaje.

Marco legal incompleto

El funcionamiento equilibrado del nuevo sistema penal acusatorio aún requiere de seis leyes deben aplicarse en todo el país: la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley de Amparo, una nueva Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Colegiación para Abogados y la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Transcurridos siete de los ocho años de que se aprobó la reforma penal, ninguna de esas leyes ha sido aprobada por el Congreso de la Unión y en consecuencia, ningún estado ha podido adaptarla a su sistema de justicia.

Alejandro Martí, quien desde hace siete años ha impulsado foros para agilizar la implementación de la reforma, sostuvo que todas las leyes están en las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados y se espera que en el próximo periodo de sesiones, penúltimo antes de que venza el plazo para aplicar la reforma, finalmente se aprueben y se publiquen.

Lo que si se aprobó en 2014 es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ordena la forma en cómo se investigan los delitos y se realizan los procesos penales orales. En diciembre del 2014 venció el plazo para que todos los estados hicieran las modificaciones legales necesarias en sus códigos locales para adaptarlo en nacional.

Sin embargo hay entidades que ya están en falta con esa obligación constitucional como Sonora, Aguascalientes o Tabasco que aún tienen pendientes varias modificaciones.

Un análisis de la SETEC referente a la armonización de por lo menos once leyes básicas, intermedias y complementarias que los estados deben hacer para adaptarse al nuevo Código Nacional aprobado y a los juicios orales, muestra que el avance es de entre el 80 y el 90 por ciento en este rubro.

Falta más dinero pero niegan recorte

El presupuesto con el que se contará en el 2016 para la implementación de la reforma no está definido aún, reconoció Ángeles Fromow. Actualmente se está trabajando con los cinco mil millones de pesos aprobados para este 2015 provenientes de distintos subsidios, y será en agosto cuando se analice junto con Hacienda la cantidad que se requerirá.

En septiembre del año pasado la Secretaría Técnica había estimado que entre 2015 y 2016 se necesitaría un presupuesto total estimado de 30 mil millones de pesos para finiquitar la implementación de la reforma penal.

Pero este año, luego del deterioro económico provocado por la caída de los precios del petróleo, el gobierno señaló que todas las estimaciones de presupuesto partirían para 2016 de una base cero y se analizaría de forma cuidadosa cada inversión.

Aun con lo anterior Fromow dijo que los recortes presupuestales no alcanzarán al tema de la implementación de la reforma penal: “Lo que sí quiero dejar claro es que no habrá ningún recorte, el gobierno tiene el compromiso de que en el tema de la implementación de la reforma no habrá limitantes”.

La necesidad de recursos del nuevo sistema no terminará con su implementación, dijo la funcionaria, pues luego se requerirá trabar en su consolidación y en la corrección de aquello que no funciona, para lo cual se está haciendo un “plan estratégico de infraestructura y capacitación” cuya aplicación se extenderá hasta 2020.

Presentarán evaluación

El 20 y 21 de mayo se realizará el Sétimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia “Reforma al Sistema de Justicia Penal a un año de vigencia” en el que participarán más de cien organizaciones agrupadas en la Red Nacional a favor de Juicios Orales para evaluar los avances y pendientes en la implementación de la Reforma.

El presidente de la Red, Ernesto Canales, dijo que se hará una revisión cuidadosa de lo que hace falta y destacó que la sociedad civil ha jugado un papel clave en el impulso que se ha dado al nuevo sistema de justicia desde que se comenzó a hablar de una reforma.

En el foro participarán entre otros el Presidente Enrique Peña Nieto, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar Morales, la Procuradora General de la República Arely Gómez, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

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EPA

Qué dice el documento sobre la investigación del 11-S recién desclasificado por el FBI

El memorando enumera algunos contactos entre varios ciudadanos sauditas y los secuestradores de los aviones, pero no implica directamente al gobierno de Riad.
EPA
12 de septiembre, 2021
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En el vigésimo aniversario del atentado más mortífero en suelo estadounidense, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un documento que analiza las posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001.

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Ataque torres gemelas

Getty Images

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Joe Biden en el Pentágono

EPA
Las familias de algunas víctimas llevaban tiempo presionando al presidente Joe Biden para que desclasificara los documentos.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Getty Images
El líder de al Qaeda, Osama Bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.


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