Juicios orales: a un año de fecha límite implementación no alcanza el 60%
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Juicios orales: a un año de fecha límite implementación no alcanza el 60%

Cuatro de cada 10 mexicanos sigue bajo jurisdicción del viejo sistema. Solo seis estados aplican totalmente los juicios orales. Faltan además leyes y recursos.
Por Arturo Angel
12 de mayo, 2015
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Una sala de juicios orales en el DF. Foto: Cuartoscuro

Una sala de juicios orales en el DF. Foto: Cuartoscuro

En 2008 se aprobó en México la reforma penal para transformar el viejo sistema de justicia escrito por uno basado en juicios orales, y se dio un plazo hasta 2016 para materializarlo. Transcurridos siete de los ocho años, solo seis estados operan al 100% el nuevo sistema, 4 de cada 10 mexicanos no está cubierto por el mismo, faltan leyes nacionales para que funcione bien, además de capacitación y millones de pesos.

En una escala del 1 al 10 el avance en la implementación de la reforma a nivel nacional es de 5.9, o lo que es lo mismo, inferior al 60 por ciento, de acuerdo con un indicador oficial elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación del Sistema de Justicia penal (SETEC), a partir de la proporción de mexicanos que viven en sitios donde los juicios orales ya están en marcha.

Lo más significativo, es que la mayor parte de los logros con los que ahora se cuenta han sido producto del esfuerzo realizado en los últimos dos años. Antes del 2013 menos de la tercera parte de los estados habían comenzado a trabajar en el nuevo sistema y no estaba lista ninguna de las leyes nacionales que se requerían.

De todos los estados del país Sonora es el más atrasado según el balance revelado por la titular de la SETEC, María de los Ángeles Fromow, pero también hay otros en donde hace falta desde ajustes legales hasta infraestructura.

“Si esto (el periodo par a implementar la reforma) fuera un maratón ya estamos en los últimos tres o cuatro kilómetros” dijo el activista Alejandro Martí, quien advirtió que la reforma penal es imprescindible para transformar la realidad de “un sistema penal que está completamente desprestigiado”.

juiciosorales

Faltan 26 estados; Sonora foco rojo

Solamente seis estados operan al 100 por ciento el nuevo sistema: Morelos, Chihuahua, Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Durango. En 24 entidades del país opera pero parcialmente, es decir por regiones o por delitos, y en otros dos –Sonora y baja California Sur – no funciona en lo absoluto.

En términos demográficos, dijo Fromow, el 58.2 por ciento de la población está cubierta por el nuevo sistema penal.   Esto significa que por lo menos 4 de cada 10 mexicanos vive en un sitio en donde los juicios orales aun no existen.

“Estamos a poco más de 400 días del plazo para implementar la reforma y son días claves para sumar para coadyuvar y empujar al resto de los estados que aún están con la implementación gradual” dijo la funcionaria.

Según la valoración de la SETEC, de entre todas las entidades pendientes el caso más grave es el de Sonora, donde la administración del gobernador Guillermo Padrés Elías no ha fijado ni siquiera una fecha para arrancar la implementación del nuevo sistema.

Alejandro Martí acusó que el problema en Sonora es de no querer hacer las cosas: “Hay una gran indolencia. Los sonorenses han desplegado en el periódico sus quejas porque aquí no hablamos de falta de dinero sino de falta de voluntad política”.

Fromow dijo que incluso ya están estudiando un “plan B” para implementar el nuevo sistema en Sonora con los recursos federales en caso de que la entidad no logre materializar un plan factible en el tiempo que queda.

Otro reto es el tiempo que está llevando completar la implementación del sistema. Hay estados como Oaxaca que iniciaron el proceso incluso antes de que se aprobara la reforma de 2008 pero hasta el día de hoy no han terminado. Más de la mitad de los estados del país comenzó con la implementación apenas del 2013 a la fecha.

Par atender esto la secretaría Técnica está elaborando un esquema que de acuerdo con Fromow permitirá agilizar el arranque del sistema con la infraestructura prioritaria y el marco legal básico para que trabaje.

Marco legal incompleto

El funcionamiento equilibrado del nuevo sistema penal acusatorio aún requiere de seis leyes deben aplicarse en todo el país: la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley de Amparo, una nueva Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Colegiación para Abogados y la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Transcurridos siete de los ocho años de que se aprobó la reforma penal, ninguna de esas leyes ha sido aprobada por el Congreso de la Unión y en consecuencia, ningún estado ha podido adaptarla a su sistema de justicia.

Alejandro Martí, quien desde hace siete años ha impulsado foros para agilizar la implementación de la reforma, sostuvo que todas las leyes están en las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados y se espera que en el próximo periodo de sesiones, penúltimo antes de que venza el plazo para aplicar la reforma, finalmente se aprueben y se publiquen.

Lo que si se aprobó en 2014 es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ordena la forma en cómo se investigan los delitos y se realizan los procesos penales orales. En diciembre del 2014 venció el plazo para que todos los estados hicieran las modificaciones legales necesarias en sus códigos locales para adaptarlo en nacional.

Sin embargo hay entidades que ya están en falta con esa obligación constitucional como Sonora, Aguascalientes o Tabasco que aún tienen pendientes varias modificaciones.

Un análisis de la SETEC referente a la armonización de por lo menos once leyes básicas, intermedias y complementarias que los estados deben hacer para adaptarse al nuevo Código Nacional aprobado y a los juicios orales, muestra que el avance es de entre el 80 y el 90 por ciento en este rubro.

Falta más dinero pero niegan recorte

El presupuesto con el que se contará en el 2016 para la implementación de la reforma no está definido aún, reconoció Ángeles Fromow. Actualmente se está trabajando con los cinco mil millones de pesos aprobados para este 2015 provenientes de distintos subsidios, y será en agosto cuando se analice junto con Hacienda la cantidad que se requerirá.

En septiembre del año pasado la Secretaría Técnica había estimado que entre 2015 y 2016 se necesitaría un presupuesto total estimado de 30 mil millones de pesos para finiquitar la implementación de la reforma penal.

Pero este año, luego del deterioro económico provocado por la caída de los precios del petróleo, el gobierno señaló que todas las estimaciones de presupuesto partirían para 2016 de una base cero y se analizaría de forma cuidadosa cada inversión.

Aun con lo anterior Fromow dijo que los recortes presupuestales no alcanzarán al tema de la implementación de la reforma penal: “Lo que sí quiero dejar claro es que no habrá ningún recorte, el gobierno tiene el compromiso de que en el tema de la implementación de la reforma no habrá limitantes”.

La necesidad de recursos del nuevo sistema no terminará con su implementación, dijo la funcionaria, pues luego se requerirá trabar en su consolidación y en la corrección de aquello que no funciona, para lo cual se está haciendo un “plan estratégico de infraestructura y capacitación” cuya aplicación se extenderá hasta 2020.

Presentarán evaluación

El 20 y 21 de mayo se realizará el Sétimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia “Reforma al Sistema de Justicia Penal a un año de vigencia” en el que participarán más de cien organizaciones agrupadas en la Red Nacional a favor de Juicios Orales para evaluar los avances y pendientes en la implementación de la Reforma.

El presidente de la Red, Ernesto Canales, dijo que se hará una revisión cuidadosa de lo que hace falta y destacó que la sociedad civil ha jugado un papel clave en el impulso que se ha dado al nuevo sistema de justicia desde que se comenzó a hablar de una reforma.

En el foro participarán entre otros el Presidente Enrique Peña Nieto, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar Morales, la Procuradora General de la República Arely Gómez, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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