Por qué desaparecen personas en uno de los lugares más vigilados de México
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Por qué desaparecen personas en uno de los lugares más vigilados de México

Habitantes de Chilapa, en Guerrero, denuncian casos de desaparición de personas, los cuales presuntamente ocurrieron entre el 9 y el 14 de mayo pasado.
Cuartoscuro
Por Alberto Nájar, de BBC Mundo
24 de mayo, 2015
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Chilapa es vigilada por cientos de soldados, policías federales y estatales. // Foto: Cuartoscuro.

Chilapa es vigilada por cientos de soldados, policías federales y estatales. // Foto: Cuartoscuro.

La ciudad es vigilada por cientos de soldados, policías federales, del estado y el municipio. Pero de sus calles desaparecieron decenas de personas.

De ninguna se sabe nada. Los que sí han aparecido, a pesar de la estricta vigilancia, son cuerpos desmembrados o decapitados.

Es Chilapa, un municipio al pie de la montaña de Guerrero, en el sur de México.

Organizaciones civiles dicen que desde julio de 2014 han sido asesinadas más de cien personas en la localidad.

A otras las secuestraron grupos armados. El caso más reciente ocurrió entre el 9 y el 14 de mayo cuando supuestos policías comunitarios tomaron el control de la cabecera municipal.

Al marcharse se llevaron a varias personas. El número no está claro.

Lea también: México: investigan nuevas desapariciones en Guerrero

Familiares de las víctimas dicen que son 30, pero Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal, asegura que las denuncias se refieren a 16 personas.

El Comisionado Nacional Antisecuestro, Renato Sales, dice que no se trata de plagios para obtener dinero.

“No tenemos hasta el momento la notificación de que hayan solicitado algún rescate”, indicó a medios locales.

Más violencia

Desde el año pasado Chilapa vive una intensa violencia que no se detuvo ni con la presencia de policías federales y el ejército, subraya Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

En Guerrero, el Gobierno Federal aplica una estrategia especial de seguridad, especialmente tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre.

Lea: Iguala, la tragedia del “cementerio” que alberga a cientos de desaparecidos

Pero la violencia en algunas regiones no cesa, como ocurre en Chilapa.

“Lo más preocupante es que estando la Gendarmería Nacional, las Fuerzas Especiales de la policía estatal y el Ejército, en el municipio seguía habiendo secuestros y muchos asesinados”, dice Olivares a BBC Mundo.

“Cuando sucede lo de Iguala, el gobierno debió poner más atención a la forma como se incrementa la guerra por el control de la plaza en el municipio”.

No ocurrió, insiste el activista. El 1 de mayo fue asesinado un candidato a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.

Una semana después aparecieron tres cuerpos en un auto incendiado, y después aparecieron 200 civiles armados en la cabecera de Chilapa.

Ellos se llevaron a los ahora desaparecidos.

Rojos vs Ardillos

El fondo del problema es que Chilapa se encuentra en medio de una cruenta disputa entre las bandas de Los Rojos y Los Ardillos.

Son dos grupos que pretenden controlar el narcotráfico en la zona, uno de los sitios con mayor producción de heroína del país.

El municipio está en medio de esa guerra, reconoce el alcalde Francisco Javier García.

“Chilapa es la puerta de la montaña, en la parte alta de esta zona se siembra marihuana y amapola”, señala.

“Y Chilapa es el paso obligado para sacar esos enervantes a otras zonas del país”.

El grupo de civiles armados que llegó el 9 de mayo a la cabecera municipal pretendía deshacerse de sus rivales, reconoce el alcalde.

“Vinieron a hacer limpieza de otro grupo delictivo y levantaron (secuestraron), presuntamente, a los halcones (espías) de Los Rojos”.

Lea también: seis meses de Ayotzinapa: la lucha contra el olvido de los estudiantes desaparecidos en México

Pero familiares de los desaparecidos no están de acuerdo con la versión.

Entre las víctimas se encuentran estudiantes, taxistas, albañiles, activistas de derechos humanos y vendedores de fruta y carne.

Sus familias dicen que no están vinculados a la delincuencia. El alcalde reconoce que fueron secuestrados “al azar”.

“Es complejo”

El activista Manuel Olivares insiste en que el gobierno federal debe establecer quiénes se llevaron a los desaparecidos.

También debe aclarar por qué no se ha frenado la violencia a pesar del despliegue de soldados y policías.

El comisionado Galindo dice que se investigarán todos los hechos, incluso los que ocurrieron el año pasado.

Por lo pronto al municipio llegaron más elementos de la Gendarmería Nacional y agentes del Ministerio Público, con la orden de buscar a los secuestrados.

“El conflicto es complejo, difícil el contexto de ahí, tiene que ver con supuestas policías comunitarias que se están investigando”, reconoce el jefe de la Policía Federal.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

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El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

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En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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