Regina Martínez, a tres años: una placa, un prófugo, un caso inconcluso
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Regina Martínez, a tres años: una placa, un prófugo, un caso inconcluso

Un grupo de ex colaboradores y activistas recordó a la periodista a más de mil días de su asesinato. Del lado de las autoridades, silencio en torno al caso.
Por Arturo Angel
1 de mayo, 2015
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Un día después de haber sido pegada con cinta adhesiva en un escalón de la plaza del centro de Xalapa, la placa con la leyenda “Plaza Regina Martínez” es invisible. No la ve el policía que da la vialidad en la zona, ni los devotos que acuden a la catedral, ni los turistas que se toman una fotografía, ni los manifestantes de otra protesta distinta.

Las flores amarillas que fueron colocadas junto al rectángulo de latón de 30 por 20 centímetros, ya no existen.

Regina Martínez, la periodista asesinada el 28 de abril de 2012 en Veracruz, también es invisible en el discurso gubernamental. En el día en que se cumplieron tres años de su asesinato, no hubo anuncios de algún nuevo avance del caso, no hubo conferencias para dar un balance, ni siquiera algún recordatorio o promesa de alguien del gobierno de Javier Duarte.

En Veracruz hay más de 250 medios de comunicación impresos. La colocación de la placa de Regina, homenaje de exclusiva iniciativa de algunos de sus ex colegas, fue cubierta por menos de una veintena de fotógrafos y reporteros, casi la misma cantidad que los periodistas asesinados en este estado en los últimos años.

Los activistas sociales… los familiares de otros muertos, son los que nutrieron el evento no oficial al que no acudió a tomar nota ninguna autoridad.

-Ah, Regina ¿es la que mataron no? La del periódico… ¿o ese es Manuel o Moisés? Ya ni sé – pregunta Claudia al comprar el periódico en el puesto de la esquina del restaurante donde trabaja, a una cuadra donde un día antes se colocó la placa.

-No Clau, Regina es la de la revista esta de Proceso. El que tu dices tiene menos que se lo echaron– responde el voceador.

En la portada del periódico local que Claudia se lleva en sus manos, se lee hasta abajo y a la izquierda el título de la nota “¡Justicia para Regina!”. Arriba, aparece una nota más grande con la fotografía de Javier Duarte titulada “Avanza nuevo modelo de justicia”. La de ocho fueron las calles de esta ciudad inundadas por la tromba de la semana.

En otras primeras planas, Regina también fue invisible.

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Más dudas que certezas

Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz fue asesinada en su domicilio el 28 de abril del 2012. La mataron a golpes en el baño de su casa.

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz descartó casi desde el inicio que el homicidio estuviera ligado con los artículos críticos de la reportera o su labor como periodista. En cambio, siguió una línea de investigación sustentada en un robo y asunto pasional e identificó a dos presuntos responsables, uno de los cuales no ha sido detenido.

La explicación oficial del caso y su progreso está lejos de convencer a familiares, colaboradores y amigos de Regina. En el evento de la colocación de la placa por los tres años del homicidio de la periodista, la corresponsal del periódico La Jornada, Norma Trujillo, declaró que la averiguación previa, cuyo expediente ya revisaron, estuvo centrado siempre en el móvil personal, no en el profesional.

El problema es que esa teoría, aun siendo la oficial, tiene preguntas sin responder. Por ejemplo, según lo revelado por los familiares y activistas, ni la huella dactilar ni el ADN encontrado en la escena del crimen coincide con el de alguno de los dos acusados. La Fiscalía, sustentó la acusación solo en la confesión de uno de ellos.

En agosto del 2013 el único detenido del caso, Jorge Antonio Hernández Silva, fue liberado por orden de una sala del Tribunal de Justicia que consideró que la sentencia que se le había impuesto estaba sustentado en un proceso mal integrado. Las autoridades tardaron un año en corregir el caso y recapturar a Hernández.

El otro involucrado en el homicidio y señalado como principal responsable, Adrián Hernández Domínguez, es buscado desde hace más de dos años sin ningún resultado.

Organizaciones como Artículo 19 o el Comité para la Protección de los Periodistas, insistieron en su momento para que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos para la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso y realizara una indagatoria independiente, luego de las fallas que a su juicio habían cometido las autoridades locales.

Como consecuencia la fiscalía federal inició una averiguación previa por su cuenta. El tema es que hasta ahora tampoco han llegado a una conclusión, pese a que el homicidio fue cometido hace tres años.

Según declaraciones de la fiscal especial de la PGR, Angélica Borbolla, citadas por el semanario Proceso, aún está pendiente un peritaje realizado sobre las publicaciones hechas por Regina, y no estaba descartada la hipótesis de que el homicidio tuviera que ver con su labor periodística.

La verdad es que en Veracruz la apuesta es al olvido, aquí no hay justicia, menos si eres periodista. Así… es imposible no tener medio”, dijo un reportero de Xalapa a Animal Político que pidió no publicar su nombre.

Y de Moisés nada

En el acto que se realizó para recordar el tercer aniversario del homicidio de Regina estuvo presente Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez, quien confirmó ante los medios locales que a más de 120 días del homicidio de su papá la investigación está en un “punto muerto”.

El joven dijo, como ya lo había hecho anteriormente, que la Fiscalía General del estado no ha hecho prácticamente nada para dar con varios de los responsables que siguen prófugos, y en especial para detener al el exalcalde de Medellín Omar Cruz Reyes, quien fue desaforado el pasado 26 de marzo y tiene una orden de aprehensión.

De acuerdo con las investigaciones, el exalcalde es el autor intelectual del homicidio de Moisés Sánchez y el móvil fueron artículos críticos que publicaba el reportero en el semanario La Unión.

La Fiscalía impulsó un procedimiento de desafuero ante el Congreso local para poder actuar en contra de Cruz Reyes sin embargo, ya se cumplió un mes de que le fue retirada la protección constitucional sin que haya podido ser localizado.

Fuentes con conocimiento del caso en Veracruz señalaron a Animal Político, que no existía un seguimiento del alcalde que permitiera tenerlo ubicado y detenerlo en el momento en que perdiera el fuero.

A diferencia del caso de Regina Martínez, el homicidio de Moisés Sánchez no ha sido atraído por la PGR, situación que también ha sido recriminada por varias organizaciones y activistas.

De acuerdo con el informe llamado Estado de Censura, presentado el pasado mes de marzo por Artículo 19, Veracruz es la tercera entidad del país con más agresiones en contra de la prensa con un total de 41 casos.

Moisés y Regina, son dos de once periodistas asesinados en Veracruz solo durante la administración del gobernador Javier Duarte, según un recuento de la misma organización no gubernamental.

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¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca pese al triunfo de Biden?

El anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.
8 de noviembre, 2020
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En 244 años de historia de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca después de haber perdido una elección.

La transferencia ordenada, legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense.

Por eso, el anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden, genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.

Y presenta para los analistas el reto de considerar escenarios antes impensables.

“Lejos de haber terminado”

Trump jugaba golf a las afueras de Washington cuando se confirmó el triunfo electoral de Biden este 7 de noviembre.

Poco después, la campaña del candidato derrotado emitió un comunicado asegurando que la “elección está lejos de haber terminado”.

Donald Trump jugando al golf.

Getty Images
Trump estaba jugando al golf cuando se conoció la victoria de Joe Biden.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, señala el comunicado, en donde además indica que Trump seguiría oponiéndose mediante demandas judiciales al resultado anunciado, alegando la existencia de supuestos fraudes.

La constitución estadounidense es clara, más allá de cualquier duda, en establecer que el actual período presidencial termina “al mediodía del día 20 de enero”.

Joe Biden ha conseguido ganar en una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el Colegio Electoral. Por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años.

Donald Trump tiene recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación.

Pero a no ser que ocurra de aquí a allá un giro dramático en las cortes y que pueda probar en los juzgados la existencia de las irregularidades en la elección que él reclama, todavía sin presentar evidencia, el 20 de enero es la fecha en que el actual presidente debe abandonar el poder.

Trump con su equipo en la oficina oval de la Casa Blanca.

Getty Images
¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca?

Posición anunciada

Trump fue claro a lo largo de la actual campaña en advertir que no aceptaría una derrota.

Dijo en repetidas ocasiones que estaba decidido a seguir al mando, sin importar lo que dijeran las autoridades electorales, indicando que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones.

Por lo que el país empezó a discutir qué pasaría en el caso de que Trump cumpliera su amenaza e intentara aferrarse al poder a la fuerza.

Una hipótesis incluso comentada por el propio Joe Biden cuando era candidato.

En una entrevista televisada el pasado 11 de junio, el humorista Trevor Noah le preguntó a Biden si había pensado en la posibilidad de que un Trump perdedor se negara a desocupar la residencia presidencial.

“Sí, lo he pensado”, respondió Biden, agregando que estaba convencido de que en una situación semejante, las fuerzas militares se encargarían de impedir que se quedase en el cargo y lo desalojarían sin más de la Casa Blanca.

También se ha dicho que podría ser el Servicio Secreto el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Ese cuerpo civil, encargado de la seguridad del mandatario, tiene por ley también la obligación de proteger a todos los ex presidentes, y seguirá escoltando al ya expresidente a partir del 20 de enero.

Donald Trump con un miembro del Servicio Secreto en la Casa Blanca

Getty Images
El Servicio Secreto es el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Desde que se hizo evidente la ventaja electoral de Biden y parecía inminente el anuncio de su victoria, el Servicio Secreto extremó las medidas de protección sobre el presidente-electo, empezando a darle efectivamente un nivel de seguridad “presidencial”, pese a que Trump insistía en que el demócrata había sido derrotado.

¿El escenario impensable?

Pero en ese punto habría que entrar a evaluar la lealtad a este presidente de las fuerzas de seguridad, tal como lo hacen los analistas que buscan entender la situación de cualquier país en un momento de inestabilidad institucional.

BBC Mundo le preguntó a expertos si era factible que Trump intentase utilizar a las fuerzas de seguridad del estado para quedarse ilegalmente en el poder.

“Que un presidente llegara a abusar de los poderes de la presidencia para quedarse en el cargo después de aparentemente perder la elección, sería duro y destruiría normas vitales. Pero no es inconcebible“, le dice a BBC Mundo el profesor Dakota Rudesill, experto en legislación y política de seguridad nacional, afiliado a la Universidad Ohio State en Estados Unidos.

Causaría un gran daño al país, a principios importantes de las relaciones entre civiles y militares, y a los prospectos globales para la democracia”, advierte.

Sin embargo, aclara que, en su opinión, el escenario en que Trump pudiera aferrarse a la presidencia apoyado en las fuerzas de seguridad es difícil de realizarse.

“El personal militar jura lealtad a la Constitución, no al político que actualmente ocupe la presidencia. Y el que es en este momento el militar de mayor rango en el país, el General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho repetidamente que los militares no tendrán rol alguno en esta elección”.

Gráfico de quién podría involucrarse si se impugnan los resultados

BBC

Rudesill no es el único que se hace estas preguntas. Keisha Blaine es catedrática de la Universidad de Pittsburgh y experta en el estudio de movimientos de protesta social.

“El solo hecho que tengamos que preguntarnos si las fuerzas armadas intervendrán en la elección revela mucho acerca del triste estado de las cosas en nuestro país“, le dice a BBC Mundo.

Agrega Blaine que “hace cuatro años la mayoría de los estadounidenses no se preguntaban esto. Pero después de haber visto a Trump desplegar agentes federales en Portland y Washington en los últimos meses, es una preocupación seria. No creo que esto sea un escenario probable, pero no podemos descartarlo como una posibilidad seria, teniendo en cuenta todo lo que pasó este año”.

Efectivamente, durante las protestas sociales que surgieron con el movimiento anti-racismo de mediados de año, Trump consideró movilizar a las fuerzas armadas para disolver las manifestaciones.

El pasado 5 de junio, el diario New York Times aseguraba que el general Milley “convenció a Trump de no invocar la Ley de Insurrección de 1807 para movilizar tropas regulares en todo el país para reprimir las protestas, una línea que varios oficiales del ejército estadounidense han dicho que no cruzarán, ni siquiera si el presidente se los ordena”.

Al final, ante la negativa del ejército regular a verse involucrado, Trump ordenó para contener las protestas el uso de efectivos de la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores de cada estado.

Trump con Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto

Getty Images
El 1 de junio, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, acompañó a Trump a tomarse una foto con una biblia a metros de la Casa Blanca y en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. A los días, Milley se arrepintió.

También estuvieron involucrados en la contención de las protestas en Washington, Portland y otras ciudades, miembros de las fuerzas de seguridad no militares que dependen del Ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security).

Por lo que algunos contemplan que en una crisis surgida a raíz de las elecciones, Trump potencialmente tendría acceso a ordenar el despliegue de cierto número de personal armado no militar.

Sin embargo, asumiendo que las fuerzas armadas no se pondrían a disposición de la supervivencia política del presidente, es difícil imaginar una maniobra exitosa de Trump para quedarse en el poder en esas condiciones.

¿Violencia en la espera?

Rudesill dice que le produce preocupación escenarios relacionados.

“He escrito acerca de la posibilidad de que el presidente Trump intente usar un decreto ejecutivo, o que el Departamento de Justicia controlado por sus aliados políticos intente emitir una ‘directriz’, indicando que la Rama Ejecutiva debe considerar a Trump como el ganador de una elección disputada”, el experto le dice a BBC Mundo, pero advierte que eso sería “totalmente inapropiado e impermisible”.

“Ordenar al ejército continuar rindiendo saludo al presidente mas allá del final de su período al mediodía del 20 de enero pondría a los militares en una situación imposible”, señala.

Un seguidor de Trump armado en Minesota este 7 de noviembre.

Getty Images
Los analistas dicen que una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado puede llevar a “la posibilidad de desorden civil serio”.

“La mitad del país y mucha gente alrededor del mundo pensaría que las fuerzas armadas apolíticas estadounidenses habían tomado una posición partidista. Los militares nunca, nunca deben recibir esa orden“, puntualiza Rudesill.

Y sin llegar al caso extremo de una situación en la que se ponga en juego la autonomía de las fuerzas armadas ante las disputas partidistas, otros advierten que una extensión de la actual coyuntura política puede generar violencia en otros campos.

Una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado ciertamente lleva a “la posibilidad de desorden civil serio”, le dice a BBC Mundo Keisha Blaine.

La retórica presidencial “ha incrementado la posibilidad de protestas e incluso de violencia”, argumenta.

La situación presenciada en distintas ciudades estadounidenses en los últimos meses, de manifestantes armados hasta los dientes expresando su apoyo por el presidente, así como la aparición en las calles de esas mismas urbes de grupos radicales de oposición, son un recordatorio del potencial de violencia que conlleva la actual tensión política en Estados Unidos.

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BBC

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