Sedesol quiere medir pobreza por acceso a programas sociales más que por ingresos
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Sedesol quiere medir pobreza por acceso a programas sociales más que por ingresos

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, planteó la necesidad de revisar la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por el Inegi y que es la principal fuente de información de la medición de la pobreza en el país, para contar con un instrumento que también capte la afiliación a los programas sociales.
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Por Margarita Vega
6 de mayo, 2015
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Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. // Foto: Cuartoscuro.

Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. // Foto: Cuartoscuro.

Desde 2008, el gobierno mexicano mide la pobreza considerando el ingreso de las familias, su posibilidad de comprar una canasta básica, el acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud a la alimentación y a la viviendo. Sin embargo, esto podría cambiar: la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, propuso agregar a la metodología la cobertura de los programas sociales.

“Si bien el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ha representado un paso importante para superar la visión de la pobreza como una situación que deriva únicamente del ingreso, pienso que debemos trabajar para afinar los instrumentos para levantar información que se ajuste a nuestra concepción multidimensional de la pobreza.

“Si podemos avanzar en la captación de una información relacionada con el ingreso, en la construcción de carencias, en el análisis de cobertura de programas sociales en el diseño muestral de las encuestas que utilizamos para definir y medir los rezagos sociales, estaremos dando un paso muy importante”, dijo Robles en un discurso que días después la propia Sedesol rechazó proporcionar a los medios.

De aprobarse esta propuesta, los resultados de la población en pobreza en México cambiarían abruptamente, pues es precisamente la precaria situación del ingreso –que se mantiene estancado desde hace al menos 20 años– lo que ubica a más de la mitad de la población del país como pobre.

De acuerdo con los especialistas en desarrollo social Mario Luis Fuentes y Rogelio Gómez Hermosillo, hay varios riesgos de modificar la información en la que se basa la metodología de medición de la pobreza, el primero de ellos que los resultados dejen de ser comparables con los que se presentaron anteriormente y así perder la posibilidad de saber si la pobreza, como se mide hoy, se ha incrementado o se ha reducido, y el segundo, que se haga una medición “a modo”.

“Por un lado está el medir el impacto de la política social y en ese sentido hay que ser muy cauto porque se puede buscar una medición a modo, aunque comparto que hay que fortalecer la ENIGH porque las carencias y vulnerabilidades que hoy medimos son más complejas de lo que hoy sabemos”, dijo Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

Para Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y extitular de Oportunidades, los objetivos expuestos por la Secretaria no tienen que ver con la finalidad de la medición de la pobreza en el país.

No le corresponde a la medición de la pobreza reflejar el trabajo de los tres órdenes de gobierno, eso se tiene que dar con los resultados, con que la gente tenga mejor ingreso y menos carencias sociales que es lo que mide la metodología, así que el primer punto que debe aclarar es qué es lo que quiere”, dijo en entrevista.

Para el especialista, el punto no debe ser cómo se mide o no la pobreza, sino los resultados que hoy no tienen los programas de gobierno para mejorar los ingresos de las familias, así como sus niveles de salud o educación.

Recordó que el objetivo de la actual metodología de medición de la pobreza es que sea transparente, para que a través de la ENIGH y con el procedimiento del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social -responsable de medir la pobreza- cualquier ciudadano pueda llegar a los mismos resultados.

En tanto, Fuentes se pronunció por modificar las fuentes de la metodología de medición de la pobreza, pero para incorporar el impacto que la inseguridad pública y la falta de acceso a la justicia tienen entre los más pobres del país.

“Estoy convencida de que necesitamos revisar el ciclo completo de la política pública para contar con información que nos permita construir mejores indicadores, A partir de ese ejercicio tendremos mejores herramientas en coordinación, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales para abatir la pobreza.

“Pero lo más importante, se podrá acreditar con plenitud el trabajo que realizan los tres órdenes de gobierno, los estatales, los municipales y el federal, y se les podrá reconocer con participación en el presupuesto el esfuerzo que hayan realizado, porque ese es el interés que tenemos: promover los incentivos correctos y no otros incentivos perversos de mantenerse en la pobreza para tener más recursos”, agregó Robles en su mensaje.

Actualmente la partida presupuestal más grande para las familias pobres, los recursos destinados al programa Prospera, antes Oportunidades, es canalizada directamente por la Federación a los beneficiados, sin que los gobiernos estatales o municipales tengan acceso a ellos.

Aunque la pobreza en el país se mide desde 2002, fue en 2008 cuando se adoptó la actual metodología de medición multidimensional, la cual se basa en el ingreso que tienen las familias y sus posibilidades de comprar una canasta básica, pero también en su acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud, a la alimentación y a la vivienda.

Para hacerlo se modificó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para añadir el módulo que mencionó la Secretaria, el de Condiciones Socioeconómicas, y también se amplió la muestra de hogares consultados, al pasar de 20 mil a 62 mil para poder reflejar las condiciones económicas y sociales de las personas a nivel estatal y municipal. Todos estas modificaciones, que forman parte de la Ley General de Desarrollo Social, fueron elaboradas por especialistas de instituciones como Colmex, PNUD, CIDE, entre otras.

Según la Ley General de Desarrollo Social, cualquier metodología de medición de la pobreza que se haya aprobado debe aplicarse en el país al menos por 10 años, por lo que los cambios impulsados por Robles podrían entrar en vigor hasta 2018, cuando se haga la medición que haga el balance del sexenio de Enrique Peña Nieto.

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Qué es Roe vs. Wade y por qué está en el centro de la batalla política por el aborto en EU

La filtración de un borrador de la Corte Suprema de EU indica que el alto tribunal se acerca a la anulación del fallo que garantiza el derecho constitucional al aborto en ese país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
4 de mayo, 2022
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Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de Estados Unidos y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres.

Un borrador de la Corte Suprema de ese país que se filtró el lunes indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense es favorable a revocar Roe vs. Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional.

El documento fue difundido por el medio Politico y el martes la Corte Suprema confirmó su autenticidad, aunque aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja la postura final de ninguno de los magistrados.

Según analistas, es la primera vez en la historia de la nación que este tipo de documento se filtra a la prensa antes de ser final y firme.

Su publicación ha consternado a quienes apoyan el derecho al aborto, mientras que los detractores celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea el próximo julio.

Representantes de los dos partidos políticos principales de Estados Unidos reaccionaron en uno u otro sentido. También lo hizo el presidente Joe Biden, quien dijo que “recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir”.

El juez presidente de la Corte, John Roberts, calificó la filtración como una “atroz ruptura de la confianza” y ordenó que se abra una investigación.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Getty Images

Pero… ¿Qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación?

¿Por qué el caso se llama Roe vs. Wade y cuándo se decidió?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes de Texas sobre el aborto.

El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.

Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe vs. Wade.

McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de EU, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.

Imagen de una protesta frente a la corte suprema de estados unidos

Getty Images

Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.

Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos.

Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.

¿Cómo cambió aquel caso los derechos de las mujeres?

La determinación legal creó el sistema de “trimestre” que:

  • Otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo.
  • Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo.
  • Declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero.
  • Roe vs. Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal solo si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud.

¿Por qué se desafía el caso en la actualidad?

La Corte Suprema está considerando un nuevo caso legal que desafía la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi.

Fachada del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Getty Images
De acuerdo con varios analistas, es la primera vez en la historia de EE.UU. que se filtra el borrador de una decisión de la Corte Suprema.

Si la Corte falla a favor de Misisipi, terminará efectivamente con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Hay nueve jueces en el alto tribunal, seis de los cuales fueron designados por presidentes republicanos y cuyas decisiones suelen ser conservadoras.

El borrador que se filtró contiene la opinión del juez Samuel Alito, que afirma que Roe vs. Wade fue un “error flagrante”.

“Roe (vs. Wade) fue un error flagrante desde el inicio”, se lee en el documento. “Consideramos que debe ser anulado”, agrega.

“Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, añade.

¿Qué pasará si se anula Roe vs. Wade?

El aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema.

Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados del país se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años.

Protestan a favor de prohibir el aborto frente a la Corte Suprema de EE.UU.

Getty Images
Frente a la Corte Suprema también se congregaron personas que apoyan la prohibición al aborto.

Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata si la Corte Suprema decide anular el precedente.

Estos son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Otros estados continuarían brindando acceso, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país.

¿Qué grupos se verán más afectados?

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizarse un aborto.

En concreto a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto, según datos oficiales.

Una joven llora frente a la Corte Suprema en medio de una protesta luego de la filtración del borrador

Getty Images
Datos indican que las mujeres jóvenes son quienes se realizan abortos de forma más frecuente, así que cualquier restricción afectaría a este grupo directamente.

Cerca del 57% de los abortos reportados en 2019 se realizaron en mujeres de entre 20 y 29 años.

¿Qué implica para otros derechos civiles?

Algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade, que no ha sido oficialmente presentado, podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario.

Un abogado radicado en Denver, David Lane, le dijo al medio USA Today que la eliminación de la disposición crearía una “vía subterránea” en la que los ciudadanos tendrían que moverse de estado a estado para alcanzar los derechos que tenían a nivel nacional.

“Hay innumerables eventos trascendentales que podrían derivarse de esto”, dijo el experto en derechos civiles.

La decisión que consagra el derecho nacional al matrimonio igualitario no es tan antigua ni está tan establecida como Roe vs. Wade. Este fallo data de 2016.

Cartel de personas LGBTT en apoyo al aborto

Getty Images

En el borrador que se filtró, el juez Samuel Alito hizo una distinción entre los derechos enunciados en la Constitución, como el derecho que otorga la Segunda Enmienda a portar armas, y el tipo de “derechos no enumerados” que el tribunal en Roe vs. Wade dijo que garantizaban el acceso al aborto.

Aunque Alito no lo mencionó, esto también protege el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos, opinó el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher.

Para el periodista, la Corte entiende que los primeros son mucho más seguros que los segundos, que deben estar fuertemente arraigados en la historia y “tradición” de Estados Unidos.

“Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticoncepción citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la Constitución que prohíba vetar esas prácticas”, detalló Zurcher.


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