Los 5 puntos por los que a la CIDH le preocupa el Plan Frontera Sur y las acciones contra migrantes en México
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Manu Ureste

Los 5 puntos por los que a la CIDH le preocupa el Plan Frontera Sur y las acciones contra migrantes en México

A pesar de las bondades que presume el gobierno mexicano sobre el Programa Frontera Sur, organismos internacionales mantienen su preocupación por las agresiones y violaciones de derechos humanos de las que son objeto los migrantes a su paso por México.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
11 de junio, 2015
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Migrante camina por las vías del tren, en el estado de Veracruz. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Migrante camina por las vías del tren, en el estado de Veracruz. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Durante la cumbre de estados latinoamericanos y de la Unión Europea que se celebra este jueves 11 de junio en Bruselas, el presidente Enrique Peña Nieto presumió a nivel internacional el Programa Frontera Sur como una iniciativa que tiene una “perspectiva regional corresponsable y humana” con el flujo migratorio, especialmente centroamericano, que entra de manera irregular a México para llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de las palabras del presidente, quien también destacó que a través de esta iniciativa ya se han entregado 110 mil tarjetas de Visitante Regional a ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, organizaciones civiles y organismos autónomos internacionales siguen mostrando su preocupación por el aumento de las medidas de control migratorio en México, y por los abusos de los que son objeto migrantes y activistas por parte de autoridades y criminales.

Uno de los organismos autónomos que ha mostrado públicamente su preocupación es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió un comunicado en el que alerta que los migrantes, lejos de estar más protegidos tal y como aseguran las autoridades, siguen siendo objeto de agresiones y violaciones a derechos humanos a su paso por México.

En concreto, la CIDH expresó su preocupación al Ejecutivo mexicano por los siguientes puntos.

1.- Aumentan 98% detenciones en 2015

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone que a partir de la entrada en vigor del Programa Frontera Sur, en julio de 2014, las autoridades han endurecido las acciones contra las personas migrantes y sus defensores. En este sentido, recuerda que México creó una división de la Gendarmería en Tapachula con 5 mil elementos con entrenamiento militar, además de colocar nuevos puestos de control fronterizo y aumentar las “redadas” para detener migrantes.

“Esto habría resultado en un aumento del número de detenciones y deportaciones de personas migrantes desde 2014”, resalta la CIDH.

“Según datos recabados por el INM (Instituto Nacional de Migración), en 2013 fueron detenidas 86 mil 929 personas migrantes, y en 2014 fueron 127 mil 149, lo cual representa un aumento del 46%. Entre enero y febrero de 2014, el INM detuvo a 14 mil 612 personas migrantes y, para el mismo periodo del 2015, detuvo a 28 mil 862 migrantes, lo cual representa un aumento del 98%”, agrega la Comisión.

2.- Persisten agresiones contra migrantes y también contra activistas

A pesar de la declaración de intenciones del gobierno mexicano para proteger la vida de los migrantes y respetar sus derechos humanos, la CIDH señala que tiene conocimiento de “presuntas agresiones y actos intimidatorios contra migrantes y sus defensores”.

En este sentido, el organismo expresa su preocupación “por las agresiones que habrían sufrido personas que trabajan en la organización ‘La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes”, que actualmente son beneficiarias de la Medida Cautelar 272/11, otorgada por la CIDH el 19 de abril de 2013.

3.- Falta de condiciones de seguridad para defensores de migrantes

La Comisión Interamericana considera que, a pesar del Plan Frontera Sur, aún no se dan las condiciones de seguridad para los defensores de migrantes en el país. Motivo por el que recordó al Estado mexicano que “es su obligación adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los migrantes en tránsito por México, así como de los defensores de derechos humanos, en forma inmediata y urgente”.

4.- No se aplican estándares internacionales en operativos migratorios

En materia del uso de la fuerza en los operativos de control migratorio, la CIDH exige al gobierno mexicano “que aplique los estándares internacionales” para que se garanticen los derechos de las personas al momento de ser puestos a disposición de la autoridad. Asimismo, urge al Ejecutivo a que “investigue de oficio” las agresiones y abusos contra migrantes y activistas, que “sanciones a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos”, y que “repare a las víctimas de estas violaciones”.

5.- Detención de niños migrantes

Por último, la CIDH recuerda al estado mexicano que, de acuerdo con la Convención del Niño, existe una prohibición de detener a niños migrantes, y le reitera la recomendación “sobre la necesidad de implementar medidas alternativas a la detención migratoria”.

Plan Frontera Sur: Una cacería de migrantes

El pasado 28 de abril, Animal Político y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicaron la investigación periodística Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes, la cual documenta que, a pesar de que sobre el papel esta iniciativa gubernamental promete “proteger” a los migrantes, en el terreno ha desatado una “cacería” para deportar indocumentados.

Aquí puedes checar la investigación completa. 

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El caso de Antonia Barra, la joven de 21 años que se suicidó tras ser violada y que estremece a Chile

A mediados de septiembre, Antonia Barra, de 21 años, fue violada. Tres semanas después, se suicidó. El fallo, que descartó la prisión preventiva del acusado, ha desatado indignación en Chile.
23 de julio, 2020
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Antonia Barra

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Antonia Barra fue violada en la mañana del 18 de septiembre de 2019. Un mes después, se suicidó.

Antonia Barra no llegó a conocer al colectivo feminista Las Tesis, pero este miércoles su grito iba dedicado a ella.

Ni la pandemia global ni la distancia social pudieron impedir que miles de mujeres salieran a las calles de varias ciudades de Chile a corear el famoso himno feminista “¡El violador eres tú!”, dar cacerolazos, hacer barricadas y manifestarse con la misma consigna: justicia para Antonia.

El caso de Antonia lleva tiempo haciendo ruido en los medios chilenos, pero este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez, que acreditó la violación, ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no su prisión preventiva.

La joven fue violada a mediados de septiembre pasado. Casi un mes después, se suicidó. Tenía 21 años.

El rechazo a la prisión preventiva de Pradenas, de 28 años, se argumentó en que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado, investigado por cinco casos de abuso sexual y violación a otras jóvenes.

“La chispa que enciende la movilización ciudadana, porque se entiende que esto es una instancia en medio de un proceso judicial, no su sentencia definitiva, es el argumento del juez, que resulta indignante y que no se hace cargo de la gravedad del caso“, le cuenta a BBC Mundo desde Santiago de Chile la periodista Paula Molina.

Además, el juez del caso, Federico Gutiérrez, definió que dos de las cinco acusaciones -ocurridas entre 2010 (a una joven de 16) y 2014 (a otra de 19 años)- están prescritas. En Chile, este tipo de delitos prescriben transcurridos cinco años.

“Eso es algo que indigna porque sabemos que a las víctimas les toma muchos años denunciar. Al mandar a prescripción lo que denuncian hace que todo el proceso sea inútil. Además, resulta difícil de entender cuando parece existir un continuo de delitos similares, como se denuncia en este caso”, explica Molina.

Durante la audiencia judicial, que fue transmitida en vivo, se emitió un video de Antonia y Martín, que después se publicó en la televisión nacional, en el que se ve cómo él tira de ella mientras caminan.

“Al ver el video donde aparece el acusado junto a la víctima, que va a ser violada y que se va a quitar la vida, el juez dice: ‘Yo solo veo a una pareja caminando’. Es una señal muy potente de cómo la justicia chilena no ve o elige no ver lo que ocurre en estos delitos“, explica Molina.

El Poder Judicial transmitió la audiencia en directo.

Poder Judicial
El Poder Judicial transmitió la audiencia en vivo. A la izda., el juez Federico Gutiérrez.

Pradenas contó en un video de YouTube publicado el 17 de julio que en las imágenes que distribuyeron “se puede ver cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales”.

Meses antes había confirmado que tuvieron relaciones sexuales, pero dijo que fueron consensuadas.

El padre de Antonia, Alejandro Barra, no pierde la esperanza.

“Seguimos adelante. Lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo”, añadió Barra.

El juicio comenzó el martes 21 de julio. El juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el caso de Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra despertó en una cabaña (un alojamiento turístico) en Pucón, en el sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue.

Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad.

Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp y que fueron publicados por la Fiscalía dan cuenta de su relato.

Antonia Barra

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Antonia guardó silencio durante casi un mes por miedo a la reacción de sus padres, según su propio relato.

En ellos cuenta que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres.

Antonia guardó silencio hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario, y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además, grabó la llamada y la reenvió.

Un día después, ella le mandó un mensaje de despedida. Después se quitó la vida.

“Hastío”

El caso de Antonia Barra ocurre en medio del estallido social que se inició el 18 de octubre del año pasado y que ha tenido una repercusión especial. “Hay un hastío con lo que se percibe como abusos en general en la sociedad chilena”, dice Molina.

“En esa reacción inmediata, intensa, a lo que se planteó en la audiencia del juicio hubo esa sensación en mucha gente. De alguna manera, es como la misma pulsión del 18 de octubre y de las últimas manifestaciones que hemos vivido. Hay muchas personas que no están dispuestas a callar cuando consideran que algo es injusto“.

La periodista chilena considera que el caso de Antonia Barra pone de relieve que “existe la percepción de que el acoso sexual a las mujeres es una cuestión muy generalizada en Chile”.

Mujeres en Santiago de Chile coreografiando "Un violador en tu camino". Diciembre de 2019.

JAVIER TORRES/Getty Images
Mujeres en Santiago de Chile coreografiando “Un violador en tu camino”.

“Precisamente un día antes de la audiencia judicial se publicó una radiografía del acoso en Chile donde se decía que más del 90 por ciento de las mujeres vive situación de acoso de distinto tipo en el país. Eso crea una identificación de parte de muchas mujeres con las víctimas”, añade Molina, que se refiere a una encuesta nacional en la que participaron más de 1.200 mujeres.

Pero el contexto de la fuerza actual del movimiento feminista en Chile también influye.

“Precisamente, la última gran manifestación antes de la pandemia fue la del 8 de marzo, y no solo hubo activistas o militantes, sino mujeres que, pensando distinto en muchos temas, coinciden en que es momento de que las mujeres reivindiquen la total igualdad de derechos. Eso también ha movilizado una toma de conciencia en muchas mujeres“, opina la colaboradora de BBC Mundo.

“También en otros países hay una sensación generalizada de que en los procesos judiciales todo el peso de la prueba recae sobre las mujeres, y de que el mismo proceso judicial revictimiza a las mujeres y las cuestiona de una manera que no se condice con la agresión que denuncian”.


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