Sedena, PGR y el Edomex tienen pendientes por cumplir en caso Tlatlaya: CNDH

La CNDH presentó tres denuncias (ante la PGR, la Procuraduría de Justicia del Estado de México y la Procuraduría de Justicia Militar) y tres quejas para que se investigue la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados, las cuales se encuentran en curso, informó en un comunicado.

Sedena, PGR y el Edomex tienen pendientes por cumplir en caso Tlatlaya: CNDH
AP Archivo
Foto: Archivo AP.
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Mañana 30 de junio se cumple un año del presunto enfrentamiento entre militares y civiles que dejó 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, Estado de México. Esta tarde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que la recomendación 51/2014 dirigida a la Sedena, PGR y al gobierno del Estado de México por este caso “ha sido parcialmente cumplida” y pidió “mayor celeridad en su cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes de información”.

En septiembre de 2014, la revista Esquire México y la agencia The Associated Press revelaron que un testigo del enfrentamiento declaró que elementos del Ejército mexicano en realidad ejecutaron a 21 jóvenes en dicha bodega en Tlatlaya.

Un mes después, en octubre de 2014, la CNDH emitió la recomendación 51/2014. Su investigación sobre el caso reveló que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas por elementos de la Sedena, luego de un enfrentamiento donde habrían muerto las otras siete personas.

Este lunes 29 de junio, la vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, dijo que a pesar de que un oficial y seis soldados esperan juicio por este caso, “hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que amplíen sus investigaciones e incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014.”

La CNDH presentó tres denuncias (ante la PGR, la Procuraduría de Justicia del Estado de México y la Procuraduría de Justicia Militar) y tres quejas para que se investigue la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados, las cuales se encuentran en curso, informó en un comunicado.

Según la CNDH, pidió la inscripción de la totalidad de las víctimas directas e indirectas al Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que registró a 43 víctimas, 22 directas y 21 indirectas.

Los pendientes, según la CNDH

Sedena dice que ya se cumplió:

*Reparación del daño y atención a víctimas en coordinación con la CEAV. Ya se indemnizó a una de las familias.

El pasado miércoles 13 de mayo, el comisionado presidente de la CEAV, Jaime Rochín, dijo que las autoridades mexicanas darán una compensación de entre 70 y 80 millones de pesos a 13 familias víctimas del caso Tlatlaya.

*Las medidas de no repetición, consistentes en la impartición de cursos de capacitación y la observancia de manuales de actuación.

Falta por cumplir:

*La determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados.

PGR dice que ya cumplió:

*Los puntos relativos a la consignación de la averiguación previa que se inició por los hechos.

*El que se hiciera valer dentro de la causa penal las violaciones a derechos humanos de dos involucradas en los hechos, debido a que la PGR formuló conclusiones no acusatorias y el Juez de Distrito ordenó la libertad de las dos víctimas.

Falta por cumplir:

*Investigación de la posible responsabilidad de otras personas en los hechos.

El gobierno del Edomex dice que ya cumplió:

*Los puntos relacionados con las garantías de no repetición, consistentes en los cursos de  capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría.

*La colaboración con la CNDH para el registro de las víctimas ante la CEAV.

Falta por cumplir:

*Los puntos recomendatorios relacionados con la indemnización y atención médica y psicológica a las víctimas.

*La determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos.

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