[contextly_sidebar id=”f2VnfLIms20CNYniz0j4apPHRUbvBoUT”]Tlapa.- La Montaña solo figura por sus agresiones, represiones y muertos. Eso dice, llorando de rabia, el mejor amigo de Antonio Vivar Díaz, antropólogo asesinado el domingo 7 de junio por policías federales en la colonia Tepeyac.
Quizá por eso, el asesinato dejó en pasmo la cabecera municipal, como si le hubiera caído un gran balde de agua fría, después del miedo que se extendió por sus callejuelas el domingo pasado durante la jornada electoral.
Este lunes, los comercios abrieron y los niños fueron a las escuelas, como cualquier día. La gente en la calle ni siquiera menciona los resultados electorales, los cuales favorecen al PRI en la elección de presidente municipal.
De lo que se habla es del asesinato del activista social que fue alumno de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y que tenía un amplio reconocimiento entre la comunidad por su deseo de ayudar “a los más pobres”, es decir, a prácticamente todos los habitantes de la región, que concentra varios de los municipios con mayor índice de marginalidad del país.
Tlapa es la entrada al resto de los municipios de la montaña y ha sido cuna de importantes movimientos sociales del magisterio desde las luchas que encabezó el profesor Othón Salazar en la década de los años 50. Por eso aquí fue ganando fuerza el boicot electoral impulsado por el Movimiento Popular Guerrense (MPG), integrado mayoritariamente por los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).
Antonio Vivar, de 28 años y padre de un niño de 11 meses, era un activista líder entre los jóvenes, que había participado ampliamente en las manifestaciones del movimiento “más de 132” en 2012 y en diversas acciones para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sus hermanos han decidido que lo recuerden así. “Para eso se preparó, estudió, supo de sus derechos y murió por sus derechos (… ) Él tenía su puño cerrado y yo creo que antes de morir lo apretó por última vez”, dice su hermano Constancio, en el velorio al que asistieron decenas de personas y que se realizó en su casa, una construcción humilde en la colonia San Antonio.
“Piensa el gobierno que tenemos armas. No tenemos armas. Estamos en la región montaña y no hay ni hospitales. Sólo la vil pobreza”, dice Alma, la mayor de los ocho hermanos.
Antonio Vivar Díaz recibió dos balazos por la espalda (uno en el hombro y el otro a la altura del pecho) el domingo, cuando la Policía Federal entró a la colonia Tepeyac para recuperar a una treintena de agentes que habían sido retenidos por los pobladores, luego de que la policía desalojara y detuviera, sin orden de aprehensión, a nueve personas. Los balazos salieron de la capilla de la colonia, donde la gente había concentrado a los oficiales. El joven murió en el camino al hospital.
Sin embargo, veinte horas después, ninguna autoridad estatal ni federal se había comunicado con los familiares para iniciar las investigaciones y determinar la responsabilidad penal del oficial que disparó el arma. Los familiares del joven rechazaron la realización de una necropsia, debido a que eso hubiera implicado el traslado del cuerpo a Chilpancingo. “Nada nos lo va a regresar”.
Abel Barrera dice que la prioridad en estos momentos es el luto de la familia y que después se buscarán los recursos legales para demandar la investigación.
Este martes 9 de junio habrá una marcha de silencio en el funeral y se prevé la llegada de los normalistas de Ayotzinapa.
Los familiares piden no olvidar el asesinato de Antonio ni a los estudiantes desaparecidos. “Porque si se olvidan los 43 normalistas y se olvida la muerte de Antonio se va a olvidar la montaña”.
Porque, como dicen, solo así figura: por represiones, agresiones y muertos.
