Las denuncias por trata de personas se disparan 600% en México en 6 años
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Las denuncias por trata de personas se disparan 600% en México en 6 años

Cuatro estados del centro del país junto con Chiapas concentran la mitad de los casos denunciados.
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Por Arturo Ángel
2 de julio, 2015
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Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

La explotación de personas con fines sexuales o laborales en el país se disparó en el último sexenio. Datos oficiales de la Procuraduría General de la Republica revelan que del 2008 al 2014 el número de averiguaciones por trata creció encima del 600%. Casi medio millar de víctimas, principalmente mujeres mayores y menores de edad han sido rescatadas de condiciones de maltrato por agentes federales.

El fenómeno de la trata está extendido en todo el país. Aunque estados como Jalisco, Baja California Sur y San Luis Potosí no han reportado a nivel local situaciones de trata, según lo revelado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los datos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) evidencian que al menos a nivel federal, hay casos registrados prácticamente en todas las entidades del país.

De los cinco estados con más denuncias por trata cuatro están en la zona centro: el Distrito Federal, estado de México, Tlaxcala y Puebla. A ellos se les suma Chiapas, en donde la vulnerabilidad de los migrantes para conseguir recursos los hace blancos de los tratantes.

En el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México, Naciones Unidas advirtió que en las condiciones actuales  prácticamente cualquier persona en nuestro país puede ser víctima de este delito sin distinción de edad, sexo, origen étnico, ni situación socioeconómica.

En términos jurídicos la trata de personas es un delito grave en México. De acuerdo con la Ley General en la materia, las sentencias para quien sea hallado culpable pueden alcanzar hasta los 30 o 40 años de prisión sin derecho a obtener ningún beneficio de pre liberación.

Pero en cuanto al desarrollo de los casos denunciados  la Procuraduría reportó menos de 125 personas detenidas y consignadas, es decir, apenas una por cada siete averiguaciones en promedio.

El problema más allá de la legislación está en las investigaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer en un informe que apenas el 7.2 por ciento de las averiguaciones federales y locales que se inician por trata de personas terminan en una sentencia condenatoria.

La vocera de incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional, Chasel Colorado, subrayó que la dimensión de la trata es todavía peor que la que reflejan las cifras, por los casos que no se denuncian sobre todo cuando los afectados son migrantes, y dijo que las investigaciones de este delito en México adolecen de falta de metodologías conjuntas, protección a testigos, atención a víctimas, entre otros.

Rosi Orozco, ex diputada federal y activista presidenta de la asociación civil Comisión Unidos contra la Trata, dijo que a nivel federal los resultados de FEVIMTRA son pobres para lo que cuesta esa fiscalía –más de 250 millones solo en esta administración – pero reveló también que hasta ahora solo ocho estados han transparentado sus resultados en materia de prevención y persecución del delito de trata.

Explotación en ascenso

Fevimtra dio a conocer una estadística actualizada que contabiliza, de enero del 2008 a mayo de este año, un total de 707 averiguaciones por  trata de personas  iniciadas ante el Ministerio Público Federal. Se trata en promedio de un caso cada cuatro días.

El crecimiento en el número de denuncias ha sido prácticamente sostenido año con año. Mientras que en el 2008 la Fiscalía registró 25 casos para el 2010 sumaron 97 averiguaciones, es decir prácticamente el triple. En 2014 el número de casos ascendió hasta los 178 lo que significa un crecimiento del 602 por ciento en la incidencia de este delito.

Por lo que respecta a 2015, los datos señalan que sólo de enero a mayo se abrieron 56 averiguaciones previas por trata, cifra que ya supera al total de indagatorias del 2008 y el 2009. El lado positivo es que de continuar esa tendencia, este año podría cerrar con menos casos, algo que no ocurre en casi un lustro.

Cabe señalar que de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas por trata se entiende cualquier forma de explotación de una persona. Son responsables de estos delitos tanto los que retienen a la víctima como los que posibilitan que esto ocurra.

Los estados de la zona centro del país junto con Chiapas son los que concentran la mayor incidencia en cuanto a las denuncias por trata de personas. En conjunto suman 359 averiguaciones iniciadas, es decir, casi la mitas de todas las que existen a nivel nacional de acuerdo con la Fiscalía.

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Las investigaciones tanto a nivel federal como estatal han identificado que en Tlaxcala operan redes consolidadas de tratantes que se dedican a cooptar a mujeres principalmente para traerlas a la capital del país donde son recluidas en centros de explotación sexual. De ahí que se tenga una alta incidencia en la zona.

Varias de estas  redes  tienen conexión con células en el extranjero. Del 2008 a la fecha, la FEVMTRA ha documentado 48 investigaciones relacionadas con células de trata que operan en el extranjero.

En marzo del2014 la Procuraduría logró dar un golpe a una banda de este tipo con la detención de tres integrantes de una familia en Tenancingo, Tlaxcala, los cuales enganchaban a mujeres mayores o menores de 18 años de edad con engaños.

Según los fiscales, los hombres de la familia involucrada  engañaban a las jóvenes, les prometían matrimonio y las mujeres se embarazaban. Después utilizaban a sus hijos como “medio de coacción” para forzarlas a prostituirse en la Ciudad de México y en los estados de Texas y Nueva York, en los Estados Unidos” concluyó la PGR

En el caso de Chiapas, FEVIMTRA tiene iniciadas 68 averiguaciones previas por trata de personas relacionadas principalmente con víctimas migrantes que por su situación de vulnerabilidad caen en las redes de explotación.

Uno de los casos más significativos fue el ocurrido en mayo del 2011 cuando las investigaciones de la Fiscalía desenmascararon a dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas,  quienes prostituían a jóvenes migrantes de origen centroamericano. Agentes federales los capturaron y trasladaron a FEVIMTRA donde confesaron su participación en esos hechos,

En el tema de las víctimas, las mujeres siguen siendo el principal blanco de las bandas de tratantes. De las casi 500 víctimas rescatadas registradas por la Fiscalía, solamente 61 fueron hombres, que equivalen al 12 por ciento.

En cambio, el porcentaje que si resulta significativo es el de los menores de edad que son blanco de las redes de tratantes. En promedio cuatro de cada diez víctimas rescatadas era una joven menor de 18 años de edad

De acuerdo con el diagnóstico de Naciones Unidas, la explotación sexual es la forma más común en que son “tratadas” las víctimas, y le siguen los casos de personas explotadas en trabajos forzados, la venta de niños y niñas, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Pobre eficacia y mucha opacidad

En respuesta a la solicitud de información  0001700062315 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas informó que cuenta con un registro de 124 personas que fueron detenidas y luego consignadas por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas.

Si se cruza este dato con el de averiguaciones previas iniciadas, la proporción es de apenas una persona detenida por cada siete investigaciones iniciadas. La Fiscalía se rehusó a dar a conocer cuántas de esas personas han sido sentenciadas pues dijo que eso es competencia del Poder Judicial.

Del total de personas detenidas el Ministerio Público de FEVIMTRA acusó  a 56 de ellos (la mayor proporción)  por beneficiarse de la explotación de las víctimas  a través de actividades sexuales remuneradas, delito que alcanza hasta los 30 años de prisión.

En mayo pasado la CNDH urgió a los gobiernos estatales y al federal para que agilicen los esfuerzos encaminados a combatir la trata. El organismo recordó que según su  “Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México” la impunidad sigue siendo el común denominador en el combate a este delito.

De acuerdo con la estadística de la Comisión, hay dos mil 105 averiguaciones previas abiertas por trata de personas en el país tanto a nivel federal como estatal, pero de todas ellas apenas 756 fueron consignadas ante un juez. Se trata de menos de la tercera parte de todas las investigaciones resueltas.

Peor aún es que solo hay un registro de 152 sentencias condenatorias (solo nueve del fuero federal y 143 del local) lo que apenas significa una eficacia del 7.2 por ciento en el combate al delito de trata de personas.

Chasel Colorado, vocera de Amnistía Internacional, dijo que es vital que se fortalezcan los procesos de investigación. Hay oportunidades de desarticular redes de trata que se pierden en México porque no hay diálogo entre autoridades de distintos niveles e incluso entre las mismas instancias federales.

“En distintos estados no hay una homologación de procedimientos en torno a cómo se sistematiza la información o  como desagrega. En los casos de migrantes por ejemplo, los datos que puede recoger el Instituto Nacional de Migración respecto a los que recoge FEVIMTRA no son iguales y así es imposible tener hasta un diagnóstico real” dijo en entrevista con Animal político.

Amnistía Internacional considera vital fortalecer programas de protección a testigos, la capacitación de funcionarios, y los programas de atención a víctimas. En el tema de migrantes, Colorado consideró inadmisible que cuando un  extranjero es rescatado de una red de trata se le re victimice llevándolo a una instalación migratoria en vez de canalizarlo a un refugio donde se le de atención especializada.

Por su parte Rosi Orozco señaló que a nivel federal y pese a los recursos que se le han destinado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, los resultados son mínimos, con menos d euan decena de sentencias.

A nivel estatal, el Distrito Federal acumula más sentencias por trata con 85, seguido de Chiapas con 55, puebla con 20 y estado de México con 13 aproximadamente.

En marzo, poco más de cien organizaciones civiles solicitaron a todos los estados del país un informe pormenorizado relacionado con la prevención y persecución de la trata de personas así como la protección de las víctimas.

“Solamente nos han respondido y entregado datos Guanajuato, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Baja california (…) el colmo son tres estados Campeche, Tabasco y Querétaro que ni nos han contestado ni han canalizado a alguien para atender estos cuestionamientos. Es increíble y una muestra de total falta de voluntad” añadió Orozco.

En su Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México Naciones Unidas consideró urgente para reducir la impunidad, armonizar las leyes locales con la Ley General para Prevenir la Trata y esta a su vez con las disposiciones internacionales en torno al Protocolo de Palermo.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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