Las razones que llevaron al 'Chapo' Guzmán a librar la extradición
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Las razones que llevaron al 'Chapo' Guzmán a librar la extradición

La defensa legal del capo se enfocó en evitar la extradición; aunque Estados Unidos no realizó una petición formal y las autoridades mexicanas enviaron muchos mensajes de que no había intención de extraditarlo
Por Tania L. Montalvo
13 de julio, 2015
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Ficha sinalética de Joaquín Guzmán Loera, "el Chapo". Foto: Cuartoscuro.

Ficha sinalética de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”. Foto: Cuartoscuro.

La primera acción del equipo legal de Joaquín el Chapo Guzmán Loera tras su detención en febrero de 2014 fue la imposición de recursos para evitar la extradición. Y aunque éstos no tuvieron éxito en ese momento, marcó el inicio de una defensa que se concentró en evitar que el capo del Cártel de Sinaloa fuera enviado a Estados Unidos, en donde se le persigue en siete cortes federales por distintos delitos.

“Desde la detención, la estrategia legal de El Chapo Guzmán se enfocó en prevenir la extradición, quería evitarla a todo costo”, dijo Alejandro Hope, editor de seguridad de El Daily Post.

Pero además del mismo Guzmán Loera, las autoridades mexicanas también se negaron –desde el primer momento– a una extradición. Según Hope, por una cuestión política, pero también por una táctica vinculada a la estrategia de seguridad.

“Desde una óptica política, el actual gobierno ha estado muy enfocado en proyectar la imagen de eficacia, de hacer las cosas bien en México. Enviar al Chapo a Estados Unidos podría ser visto como un tipo de rendición, de que no somos capaces de lidiar con él y entonces se lo enviamos a los estadounidenses. Pero una segunda hipótesis es que existía la preocupación de que una vez en Estados Unidos, el Chapo se iba a convertir en un informante para autoridades estadounidenses, DEA o cualquier otra. Y mucha de esa información no iba a fluir hacia México, que no iban a compartir esa información. Eso ya ha pasado en otros casos como el de Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo y extraditado en 2007. Se convirtió en informante y casi todo lo que dijo se quedó como información exclusiva para los círculos estadounidenses”.

Joaquín Guzmán se fugó este sábado 11 de julio del penal del Altiplano en el Estado de México, casi un año y medio después de su detención en Mazatlán, Sinaloa.

Esta es la segunda fuga del líder del Cártel de Sinaloa de un penal de máxima seguridad mexicano. En 2001 —con Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), como presidente del país— escapó del penal de Puente Grande en Jalisco.

Su reaprehensión en febrero de 2014 fue catalogada por el gobierno federal y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como uno de los mayores triunfos en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto.

De hecho, a esa diputa partidista —se fugó con el PAN, lo reaprehendimos con el PRI, dice Hope— también responde la negativa del gobierno mexicano a extraditar al Chapo a Estados Unidos, en donde tiene procesos abiertos en cortes de siete estados: Arizona, California, Texas, Illinois, Florida, Nueva York y New Hampshire.

La secretaria de Justicia estadounidense, Loretta E. Lynch, dijo este domingo sobre el escape que el gobierno de Estados Unidos está listo para trabajar con México para lograr la recaptura del capo y recordó que “además de sus crímenes en México, enfrenta múltiples cargos de tráfico de drogas y crimen organizado en Estados Unidos”.

Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) dijo este domingo al Washington Post que “la fuga del Chapo es extremadamente decepcionante para los Estados Unidos” pues en “48 horas el Chapo estará reasumiendo el control del Cártel de Sinaloa, lo que significa más violencia para México y más drogas en Estados Unidos”.

Amparos contra la extradición

Casi un año después de la detención de Joaquín Guzmán, en enero de 2015, la defensa del capo volvió a interponer dos amparos en contra de la extradición. A finales de ese mes un juez federal le otorgó una suspensión provisional para no ser extraditado tras el argumento de su defensa de que ese proceso sería una violación a sus derechos humanos.

Y aunque el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, informó que el gobierno mexicano tenía conocimiento de que a principios de este 2015 el gobierno de Estados Unidos solicitaría formalmente la extradición, esa petición nunca llegó.

Sin embargo, aún antes de que prensa estadounidense manejara la versión de que el gobierno de Barack Obama pediría la extradición del capo, autoridades mexicanas se encargaron de informar a los medios de comunicación de que no había ni la más mínima intención de mandar al Chapo a Estados Unidos.

El mismo Murillo Karam dijo a la agencia AP: “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho“.

El funcionario priista fue más allá. Añadió que extraditar a un delincuente es “apropiado” cuando existen cuestiones de seguridad que así lo ameriten, como un peligro de fuga, lo cual, dijo, no era el caso para el Chapo.

En Estados Unidos, el líder de Sinaloa enfrenta desde hace más de veinte años procesos por posesión, producción y distribución de droga, lavado de dinero; y más recientemente, en abril de 2012, se le acusó de violar la Ley sobre Organizaciones Corruptas e influidas por la Extorsión (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés).

Estos son los procesos abiertos en Estados Unidos en contra de El Chapo:

-Distrito de Arizona. En 1993, Guzmán Loera fue acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.

-Distrito del Sur de California, en San Diego. Se presentó en 1995 con cuatro cargos por conspiración para la importación de hasta ocho toneladas de cocaína y posesión de esa droga para distribución.

-Distrito Oeste de Texas, en Del Río. Esta demanda es de 2001 por la importación y posesión de narcóticos.

-Distrito Norte de Illinois. División Este. En febrero de 2008 se abrió proceso en contra de Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y otros por actividades de tráfico de grandes cantidades de cocaína, “generalmente cargamentos de cientos de kilogramos en una sola vez, así como altas cantidades de heroína desde México y a través de la frontera con Estados Unidos”.

-Distrito Este de Nueva York. Se presentaron en julio de 2009 nueve cargos en contra de El Chapo por ser cabecilla de un grupo criminal que ha contrabandeado 130 mil kilos de cocaína a Estados Unidos.

-Distrito Sur de Florida, en Miami. En noviembre de 2010 en esta corte se demandó a Guzmán Loera por lavado de dinero, conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

-Distrito de New Hampshire. En esta región fue demandado en 2011 por conspiración para distribuir y poseer cocaína para su comercialización. El documento indica que el delito comenzó en 2009 y que la intención era distribuir 1,000 o más kilogramos de la droga.

-Distrito Oeste de Texas. Una demanda con catorce cargos fue presentada en abril de 2012 en contra de “la empresa del Cártel de Sinaloa” liderada por Guzmán Loera e Ismael Zambada. Según el texto legal, esos dos capos dirigen una empresa que busca “el enriquecimiento de sus miembros e integrantes asociados a través de actividades de conspiración para la importación y distribución de sustancias ilegales; lavado de dinero, tráfico de armas y la comisión de asesinato”, por lo que violan The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.

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El caso de Antonia Barra, la joven de 21 años que se suicidó tras ser violada y que estremece a Chile

A mediados de septiembre, Antonia Barra, de 21 años, fue violada. Tres semanas después, se suicidó. El fallo, que descartó la prisión preventiva del acusado, ha desatado indignación en Chile.
23 de julio, 2020
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Antonia Barra

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Antonia Barra fue violada en la mañana del 18 de septiembre de 2019. Un mes después, se suicidó.

Antonia Barra no llegó a conocer al colectivo feminista Las Tesis, pero este miércoles su grito iba dedicado a ella.

Ni la pandemia global ni la distancia social pudieron impedir que miles de mujeres salieran a las calles de varias ciudades de Chile a corear el famoso himno feminista “¡El violador eres tú!”, dar cacerolazos, hacer barricadas y manifestarse con la misma consigna: justicia para Antonia.

El caso de Antonia lleva tiempo haciendo ruido en los medios chilenos, pero este miércoles la indignación creció aún más tras saberse que el juez, que acreditó la violación, ordenó sin embargo el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no su prisión preventiva.

La joven fue violada a mediados de septiembre pasado. Casi un mes después, se suicidó. Tenía 21 años.

El rechazo a la prisión preventiva de Pradenas, de 28 años, se argumentó en que no había pruebas suficientes que evidenciaran el delito y en la buena conducta del acusado, investigado por cinco casos de abuso sexual y violación a otras jóvenes.

“La chispa que enciende la movilización ciudadana, porque se entiende que esto es una instancia en medio de un proceso judicial, no su sentencia definitiva, es el argumento del juez, que resulta indignante y que no se hace cargo de la gravedad del caso“, le cuenta a BBC Mundo desde Santiago de Chile la periodista Paula Molina.

Además, el juez del caso, Federico Gutiérrez, definió que dos de las cinco acusaciones -ocurridas entre 2010 (a una joven de 16) y 2014 (a otra de 19 años)- están prescritas. En Chile, este tipo de delitos prescriben transcurridos cinco años.

“Eso es algo que indigna porque sabemos que a las víctimas les toma muchos años denunciar. Al mandar a prescripción lo que denuncian hace que todo el proceso sea inútil. Además, resulta difícil de entender cuando parece existir un continuo de delitos similares, como se denuncia en este caso”, explica Molina.

Durante la audiencia judicial, que fue transmitida en vivo, se emitió un video de Antonia y Martín, que después se publicó en la televisión nacional, en el que se ve cómo él tira de ella mientras caminan.

“Al ver el video donde aparece el acusado junto a la víctima, que va a ser violada y que se va a quitar la vida, el juez dice: ‘Yo solo veo a una pareja caminando’. Es una señal muy potente de cómo la justicia chilena no ve o elige no ver lo que ocurre en estos delitos“, explica Molina.

El Poder Judicial transmitió la audiencia en directo.

Poder Judicial
El Poder Judicial transmitió la audiencia en vivo. A la izda., el juez Federico Gutiérrez.

Pradenas contó en un video de YouTube publicado el 17 de julio que en las imágenes que distribuyeron “se puede ver cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales”.

Meses antes había confirmado que tuvieron relaciones sexuales, pero dijo que fueron consensuadas.

El padre de Antonia, Alejandro Barra, no pierde la esperanza.

“Seguimos adelante. Lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo”, añadió Barra.

El juicio comenzó el martes 21 de julio. El juzgado estableció 120 días para la investigación de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el caso de Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra despertó en una cabaña (un alojamiento turístico) en Pucón, en el sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue.

Había viajado a esa ciudad junto a su amiga Consuelo y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad.

Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp y que fueron publicados por la Fiscalía dan cuenta de su relato.

Antonia Barra

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Antonia guardó silencio durante casi un mes por miedo a la reacción de sus padres, según su propio relato.

En ellos cuenta que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres.

Antonia guardó silencio hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario, y relató la agresión sexual que había sufrido. Él la insultó y, además, grabó la llamada y la reenvió.

Un día después, ella le mandó un mensaje de despedida. Después se quitó la vida.

“Hastío”

El caso de Antonia Barra ocurre en medio del estallido social que se inició el 18 de octubre del año pasado y que ha tenido una repercusión especial. “Hay un hastío con lo que se percibe como abusos en general en la sociedad chilena”, dice Molina.

“En esa reacción inmediata, intensa, a lo que se planteó en la audiencia del juicio hubo esa sensación en mucha gente. De alguna manera, es como la misma pulsión del 18 de octubre y de las últimas manifestaciones que hemos vivido. Hay muchas personas que no están dispuestas a callar cuando consideran que algo es injusto“.

La periodista chilena considera que el caso de Antonia Barra pone de relieve que “existe la percepción de que el acoso sexual a las mujeres es una cuestión muy generalizada en Chile”.

Mujeres en Santiago de Chile coreografiando "Un violador en tu camino". Diciembre de 2019.

JAVIER TORRES/Getty Images
Mujeres en Santiago de Chile coreografiando “Un violador en tu camino”.

“Precisamente un día antes de la audiencia judicial se publicó una radiografía del acoso en Chile donde se decía que más del 90 por ciento de las mujeres vive situación de acoso de distinto tipo en el país. Eso crea una identificación de parte de muchas mujeres con las víctimas”, añade Molina, que se refiere a una encuesta nacional en la que participaron más de 1.200 mujeres.

Pero el contexto de la fuerza actual del movimiento feminista en Chile también influye.

“Precisamente, la última gran manifestación antes de la pandemia fue la del 8 de marzo, y no solo hubo activistas o militantes, sino mujeres que, pensando distinto en muchos temas, coinciden en que es momento de que las mujeres reivindiquen la total igualdad de derechos. Eso también ha movilizado una toma de conciencia en muchas mujeres“, opina la colaboradora de BBC Mundo.

“También en otros países hay una sensación generalizada de que en los procesos judiciales todo el peso de la prueba recae sobre las mujeres, y de que el mismo proceso judicial revictimiza a las mujeres y las cuestiona de una manera que no se condice con la agresión que denuncian”.


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