Policías, autoridades que más roban a migrantes; Militares y el INM, los que más extorsionan
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Policías, autoridades que más roban a migrantes; Militares y el INM, los que más extorsionan

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), integrada por 15 organizaciones civiles, presentó el informe 'Migrantes invisibles, violencia tangible', en el que denuncia una "cacería" por parte del estado mexicano contra las personas sin documentos que transitan por el país para llegar a Estados Unidos.
Por Manu Ureste
30 de julio, 2015
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Mural en el Centro Pro Derechos Humanos, en el DF, que representa al ferrocarril al que llaman 'La Bestia' y los migrantes que van para el Norte. //Foto: Manu Ureste

Mural en el Centro Pro Derechos Humanos, en el DF, que representa al ferrocarril al que llaman ‘La Bestia’ y los migrantes que van para el Norte. //Foto: Manu Ureste

En México, las agresiones contra los migrantes nunca vienen de un solo bando. Si bien el crimen organizado continúa siendo el grupo que más delitos comete en contra de ellos –especialmente en la ruta del Golfo, en los estados de Veracruz y Tamaulipas, donde grupos como Los Zetas siguen haciendo del secuestro y de la extorsión dos de sus principales fuentes de enriquecimiento-, la delincuencia común y las propias autoridades son las otras dos grandes amenazas de las que los migrantes buscan cuidarse.

Así lo refieren más de 31 mil personas indocumentadas que fueron atendidas en 2014 por las 15 organizaciones civiles que están repartidas por toda la República y que integran la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), la cual presentó ayer miércoles en el Centro Pro Derechos Humanos el informe Migrantes invisibles, violencia tangible.

El documento, en el que se exponen las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, especialmente a raíz de la implementación del Plan Frontera Sur en julio del año pasado, destaca que el 20% de los entrevistados refirieron haber sido agredidos por alguna autoridad.

Esto es, dos de cada 10 migrantes que fueron objeto de delito a su paso por México aseguran que fueron violentados por los uniformados que deben protegerlos. El resto, el 54.3%, dijo que fue el crimen organizado el que lo agredió, mientras que el 25.6% refirió que fueron delincuentes comunes.

En el apartado Más allá del discurso gubernamental: delitos cometidos en contra de las personas migrantes, el informe apunta que el principal delito cometido por las autoridades fue el robo, con un 45% de los casos. Le siguen la extorsión (41%), y en menor medida la privación ilegal de la libertad (4%), así como lesiones físicas (4%).

En cuanto a cuáles fueron los uniformados que cometieron más delitos, los datos registrados por la REDODEM indican que la Policía, en sus tres niveles -federal, estatal y local-, fue la dependencia que más agredió a migrantes (en 40% de los casos fue la Policía Federal, 25% la municipal, y 11% la estatal). La policía judicial también participó en delitos a migrantes, aunque en un porcentaje mucho menor (1%).

El delito más común perpetrado por policías fue el robo. Especialmente común fue para la Policía Federal y las policías locales, con el 49% de los casos reportados por los migrantes.

Mientras que en el caso de las extorsiones, los elementos de la Marina y el Ejército, así como del Instituto Nacional de Migración, son quienes más violentaron a migrantes: 100% de los reportes de agresiones de marinos fue por este ilícito; 60% en el caso del Ejército; y un 48% en el caso del INM.

“Estos datos nos permiten confirmar la participación que estas corporaciones policíacas han tenido dentro de los operativos de control migratorio implementados por el INM, pero sobre todo, la violencia e impunidad con la cual están actuando frente a los migrantes, contraviniendo la protección y defensa de los derechos humanos”, resalta el informe Migrantes invisibles, violencia tangible.

Tras la presentación de estas cifras, Rita Robles, del Servicio Jesuita México, advirtió en rueda de prensa que “existen serias limitantes” para que los migrantes en México accedan a la justicia y puedan denunciar estas agresiones. Esto, explicó la activista, debido a la dilación y a los largos procesos de investigación que se presentan en el país, y también al temor de los indocumentados a denunciar ante las autoridades a otras autoridades que abusaron de ellos.

Operativos para “cazar” migrantes aumentaron 133%

Por su parte, Arturo González, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en México, enfatizó durante la presentación del informe que el Plan Frontera Sur ha incrementado la “vulnerabilidad” de los migrantes, debido a la “abierta persecución y cacería” en contra de ellos.

En este sentido, González explicó que a partir de un monitoreo de más de 30 medios de comunicación, la REDODEM contabilizó entre enero y julio de 2015 hasta 938 operativos de control y verificación migratoria por parte del INM, lo que supone un aumento de 133% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Dice el gobierno que busca ordenar los flujos migratorios y garantizar los derechos de los migrantes. Pero la realidad para los que estamos en la frontera con los migrantes, es que estamos ante una cacería humana”, criticó por su parte la hermana Nelly Ríos, de la Casa del Migrante de Palenque, Chiapas.

“A un control total del paso de los migrantes, con persecuciones violentas, lo llaman Osorio Chong y Peña Nieto proteger a los migrantes. Pero se les está obligando a tomar nuevas rutas que ponen en riesgo su vida y su dignidad, se les pone en manos de la delincuencia, y se les deja en lugares estratégicos para que las autoridades no puedan ser sorprendidas cuando los extorsionan”, añadió la activista religiosa.

Lee aquí el informe completo Migrantes invisibles, violencia tangible:

informe-migrantes-2014

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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