[contextly_sidebar id=”CBxRzm2fzofhNgCeGD5HEQv98UW8FEd3″]Siete policías estatales fueron acusados formalmente de torturar a tres mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares mexicanos hace un año en Tlatlaya, Estado de México.
Cuatro de los policías ya fueron detenidos e ingresados a un penal, informó el miércoles 1 de julio la Procuraduría de Justicia del Estado de México en un comunicado, y está a la espera de que un juez le otorgue la orden de arresto contra los otros tres.
El 30 de junio de 2014 el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento con militares en una bodega de Tlatlaya, aunque a raíz de una investigación de la Associated Press comenzaron a evidenciarse contradicciones en la versión oficial.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que entre 12 y 15 de los 22 fallecidos habrían sido asesinados extrajudicialmente por los militares, y que al menos dos de las sobrevivientes habían sufrido torturas y agresiones sexuales por funcionarios estatales.
Hasta ahora sólo siete soldados habían sido arrestados y procesados por el caso, pero sólo tres de ellos están acusados de homicidio. Sin embargo, no hay plazo para que se dicte sentencia.
La Procuraduría del Estado de México señaló que mantiene abierta una investigación para determinar otras irregularidades y posibles delitos.
Sobre la acusación de tortura, el departamento refirió que de sus investigaciones “se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las 3 víctimas (…) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya”.
Añadió que 40 servidores públicos — incluidos policías, fiscales y peritos — han comparecido, pero no aclaró si además de los siete agentes podría haber otros funcionarios acusados.
Las investigaciones de la comisión de derechos humanos también señalaron que se alteró el lugar de los hechos para simular que las personas habían muerto en un enfrentamiento, pero la Procuraduría del Estado de México aseguró que hasta ahora no ha encontrado elementos para determinar una “actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los hechos”.
La declaración inicial del ejército de que se trató de un enfrentamiento comenzó a ser puesta en duda por el resultado: 22 presuntos delincuentes muertos y sólo uno de los soldados heridos.
En días posteriores, periodistas de la AP visitaron la bodega y encontraron elementos que sugerían disparos a corta distancia como una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona en las paredes.
Luego, dos de las tres sobrevivientes declararon también a la AP que varios de los presuntos delincuentes se habían rendido y que posteriormente fueron asesinados por soldados. Una de ellas, que permaneció en prisión cinco meses acusada falsamente de posesión ilegal de armas, describió además que la golpearon para presionarla y que firmara una declaración con la versión oficial, algo que terminó haciendo.
Ambas mujeres aceptaron hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El caso Tlatlaya fue incluso mencionado en el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre derechos humanos como un ejemplo de problemas al respeto a las garantías individuales.
Organizaciones de derechos humanos han pedido que se llegue hasta el final y se responda, por ejemplo, qué tan arriba en la cadena de mando del ejército llegó el encubrimiento del caso.
