6 prácticas que llevan a que el gobierno federal gaste mal
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6 prácticas que llevan a que el gobierno federal gaste mal

Asignar recursos pese a que no hay resultados o transferir dinero de un programa a otro llevan cada año a un gasto ineficiente. Por la discusión del Presupuesto 2016, organizaciones civiles proponen soluciones para un gasto sostenible.
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Por Tania L. Montalvo
27 de agosto, 2015
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Que la Secretaría de Hacienda transparente cómo construye el Presupuesto de Egresos de cada año y que el Congreso tenga una discusión efectiva sobre éste y no sólo apruebe la propuesta que recibe, son algunas de las ideas que el Colectivo por un Presupuesto Sostenible presentó este miércoles 26 de agosto para lograr un gasto eficiente.

Tomando en cuenta que la Cámara de Diputados sólo discute y hace cambios a entre el 6 y 10% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Colectivo —integrado por nueve organizaciones civiles— considera que es indispensable que el Congreso ejerza a cabalidad sus facultades en materia de revisión y de aprobación del paquete económico, evaluando la viabilidad de los programas que reciben recursos.

El Colectivo hizo un llamado para que en el presupuesto público 2016, que partirá de una Base Cero, ocurra una reestructuración en la forma actual de gastar y de percibir los ingresos federales.

Para ello, identificaron las principales prácticas que año con año llevan a un gasto ineficiente y problemático y que urge erradicar.

  1. Pocos resultados y más gasto

Los programas con magros resultados siguen recibiendo recursos. Pero no sólo eso, cada año les asignan todavía más. Un ejemplo de ello son los programas sociales, cuyos ingresos de 2011 a 2014 han aumentado 34% sin que las metas para los que fueron diseñado se hayan alcanzado. La Propuesta del Colectivo es que cada peso se asigne con base en resultados y con una evaluación robusta y un análisis costo-beneficio.

  1. Que lo aprobado en el presupuesto no sea sólo un papel

Cada año, el Ejecutivo federal transfiere recursos del presupuesto de un programa a otro según lo que considere conveniente y sin vínculo con lo que aprobó el Congreso. Los diputados deberían revisar las justificaciones de esos cambios, aprobarlos cuando crean que son adecuados y exigir que exista una planeación para evitar la transferencia de dinero de un programa a otro.

  1. Regulación laxa y asignación discrecional. Una partida opaca

El Ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, se asigna sin saber cuáles son sus funciones o cómo se maneja, simplemente no está regulado en la ley. En el PEF 2015, los diputados aumentaron los recursos del Ramo en 36% sin justificación de por medio.

El Colectivo considera necesario que este Ramo esté regulado, pero además, que la asignación de recursos también responda a un análisis costo-beneficio y a evaluaciones precisas.

  1. Un presupuesto hecho con poca transparencia

Denuncia el Colectivo que “el gobierno realiza la planeación de los ingresos, gasto y deuda con base a estimaciones que no resultan cercanas a la realidad”, cuando la Secretaría de Hacienda debería estar obligada a transparentar la metodología para la construcción de los Criterios de Política Económica y los cálculos que realiza sobre cuánto se gastará y qué ingresos tendrá. Mientras que el Congreso debería analizar a profundidad la propuesta del Ejecutivo y tener sus propias estimaciones para compararlas con las de Hacienda.

  1. Poca claridad en las prioridades del gasto

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el gobierno federal no aclara cuáles son sus prioridades de gasto y por lo tanto, cuánto le asigna a cada una de éstas y qué metas tiene. El Colectivo indica que sin prioridades, es imposible tener claro en qué se debe gastar.

  1. Sin planeación estratégica en la inversión pública

Vinculado al problema anterior, el gobierno federal no tiene claro en dónde están y cuáles son las necesidades de infraestructura del país. Las decisiones sobre cuánto invertir en infraestructura y en qué proyectos se hace de manera discrecional, sin mostrar una evaluación que justifique la inversión. El Colectivo considera necesario que cada proyecto de infraestructura sea explicado, publique quiénes son los beneficiados y exista una evaluación sobre las mejores que implica su construcción.

La propuesta completa del Colectivo puedes consultarla aquí:

Las organizaciones que conforman el Colectivo son el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Comunidad Mexicana de Gestión para Resultados, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC AC), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Institute for Transportation and Development Policy – Capítulo México (ITDP) y México Evalúa.

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5 países de América Latina más peligrosos para defender los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 147 activistas en 2021 y de otros 89 en los primeros 4 meses de 2022.
9 de junio, 2022
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Dedicarse a defender los Derechos Humanos es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para denunciar la violación de alguna garantía fundamental o para reclamar su cumplimiento.

La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que contabilizó el asesinato de 147 activistas en 2021, según la información que figura en el informe anual publicado la semana pasada.

Pero si 2021 no fue un buen año para los defensores de Derechos Humanos en la región, 2022 no luce mucho mejor.

La CIDH, en otro reporte preliminar, informó que solo en los primeros 4 meses del año en curso ha contabilizado la muerte de 89 activistas.

Los 5 países más peligrosos

Activistas en riesgo. . Ranking con los países más peligrosos para los activistas de Derechos Humanos Datos de enero a diciembre de 2021.

Con 145 defensores muertos, Colombia es el país más peligroso del continente para promover los derechos y las libertades fundamentales.

Las autoridades colombianas han reconocido la gravedad de la situación y este año le aseguraron a la Comisión que vienen tomado medidas para revertirla, entre ellas destacaron que actualmente tienen a 3.749 líderes sociales bajo resguardo.

“La situación es preocupante”, admitió también el comisionado Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

México, con 10 asesinados, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con los datos de la CIDH. Líderes de comunidades indígenas y ambientalistas fueron las principales víctimas.

Por su parte, Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatemala con 2 se encuentran en el tercer, cuarto y quinto lugar; respectivamente.

Quiénes son las víctimas

La mayoría de los activistas asesinados ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometidos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos puede verse comprometido. Esto incluye a sindicalistas y a los periodistas también.

Los datos que maneja la Comisión también revelan además que las amenazas no se limitan a los activistas únicamente, sino que en algunos casos se extienden hasta su círculo familiar.

El caso del brasileño José Gomes es prueba de ello. El pasado 9 de enero Gomes fue asesinado, a tiros, junto a su esposa y su hija en la región de São Félix do Xingu, estado de Pará. La víctima se dedicaba a liberar crías de tortugas en la Amazonía, en un intento por repoblar esta especie.

Hasta ahora las autoridades policiales no han aportado mucha información sobre el asunto y solamente han dicho que están investigando el crimen.

Aunque el grueso de los fallecidos contabilizados por la CIDH son hombres, casos como el de la activista mexicana Gladys Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue asesinada el 15 de julio de 2021, indican que las mujeres defensoras no están exentas de riesgos.

En la mira. [ 147 activistas de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 en América Latina ],[ 89 activistas han sido asesinados en los primeros cuatro meses del 2022 ], Source: Fuente: CIDH, Image: Fotos de activistas asesinados en un campo

Las cifras de la Comisión son corroboradas por las que manejan otras organizaciones como la irlandesa Front Line Defenders, la cual se especializa en monitorear las condiciones en las que los defensores ejercen su labor alrededor del mundo.

En su informe correspondiente a 2021 Front Line Defenders denunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos; es decir el 70%.

Las causas del problema

Las debilidades institucionales, especial la falta de independencia judicial, y la violencia criminal son, a juicio del comisionado Hernández, los motivos por los cuales América Latina se ha vuelto tan peligrosa para quienes deciden defender los derechos de otras personas, pero no son los únicos.

El comisionado Joel Hernández preside una audiencia pública de la CIDH en Quito (Ecuador)

CIDH
El diplomático mexicano Joel Hernández, es el relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

En distintas partes de la región se están dando situaciones de conflictividad que hacen que los defensores se activen”, le explicó Hernández a BBC Mundo por videoconferencia.

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en marcha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos”.

“Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales víctimas de atentados y ataques”, agregó el diplomático mexicano.

Un indígena Yanomami en el Amazonas brasileño ve como sus tierras son explotadas por mineros ilegales

Reuters
Los indígenas que se oponen a la minería en sus tierras y quienes los defienden tienen grandes probabilidades de ser asesinados o atacados, de acuerdo a los

Algunos pasos positivos

Pese a calificar de “difícil” la situación que enfrentan los defensores en la región, Hernández aseguró que en algunos países se están produciendo pasos en la dirección correcta.

Así mencionó el caso de Brasil, cuyas autoridades han puesto en marcha el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), en los estados de Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, el cual ampara actualmente a 600 activistas.

Honduras, entretanto, ha anunciado ha tomado medidas a favor de 116 defensores y 25 periodistas.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y de Periodistas de México es el de mayor envergadura en el continente y tiene bajo su resguardo a 1.011 activistas y 495 comunicadores.

Por último, Perú anunció a mediados del año pasado la creación de un programa similar.

El comisionado demandó de las autoridades de los países de la región que creen las condiciones para que los activistas puedan realizar su labor de manera segura, que se abstengan de atacarlos y que castiguen cualquier ataque contra ellos.

“La impunidad es muy peligrosa, porque cuando no se castigan los crímenes se invita a su repetición”, dijo Hernández, quien destacó la importancia de contar con un Poder Judicial independiente.


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