[contextly_sidebar id=”4XDkWs5uAzDlgdpALAKaGHAZdsTmqb2s”]Que la Secretaría de Hacienda transparente cómo construye el Presupuesto de Egresos de cada año y que el Congreso tenga una discusión efectiva sobre éste y no sólo apruebe la propuesta que recibe, son algunas de las ideas que el Colectivo por un Presupuesto Sostenible presentó este miércoles 26 de agosto para lograr un gasto eficiente.
Tomando en cuenta que la Cámara de Diputados sólo discute y hace cambios a entre el 6 y 10% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Colectivo —integrado por nueve organizaciones civiles— considera que es indispensable que el Congreso ejerza a cabalidad sus facultades en materia de revisión y de aprobación del paquete económico, evaluando la viabilidad de los programas que reciben recursos.
El Colectivo hizo un llamado para que en el presupuesto público 2016, que partirá de una Base Cero, ocurra una reestructuración en la forma actual de gastar y de percibir los ingresos federales.
Para ello, identificaron las principales prácticas que año con año llevan a un gasto ineficiente y problemático y que urge erradicar.
- Pocos resultados y más gasto
Los programas con magros resultados siguen recibiendo recursos. Pero no sólo eso, cada año les asignan todavía más. Un ejemplo de ello son los programas sociales, cuyos ingresos de 2011 a 2014 han aumentado 34% sin que las metas para los que fueron diseñado se hayan alcanzado. La Propuesta del Colectivo es que cada peso se asigne con base en resultados y con una evaluación robusta y un análisis costo-beneficio.
- Que lo aprobado en el presupuesto no sea sólo un papel
Cada año, el Ejecutivo federal transfiere recursos del presupuesto de un programa a otro según lo que considere conveniente y sin vínculo con lo que aprobó el Congreso. Los diputados deberían revisar las justificaciones de esos cambios, aprobarlos cuando crean que son adecuados y exigir que exista una planeación para evitar la transferencia de dinero de un programa a otro.
- Regulación laxa y asignación discrecional. Una partida opaca
El Ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, se asigna sin saber cuáles son sus funciones o cómo se maneja, simplemente no está regulado en la ley. En el PEF 2015, los diputados aumentaron los recursos del Ramo en 36% sin justificación de por medio.
El Colectivo considera necesario que este Ramo esté regulado, pero además, que la asignación de recursos también responda a un análisis costo-beneficio y a evaluaciones precisas.
- Un presupuesto hecho con poca transparencia
Denuncia el Colectivo que “el gobierno realiza la planeación de los ingresos, gasto y deuda con base a estimaciones que no resultan cercanas a la realidad”, cuando la Secretaría de Hacienda debería estar obligada a transparentar la metodología para la construcción de los Criterios de Política Económica y los cálculos que realiza sobre cuánto se gastará y qué ingresos tendrá. Mientras que el Congreso debería analizar a profundidad la propuesta del Ejecutivo y tener sus propias estimaciones para compararlas con las de Hacienda.
- Poca claridad en las prioridades del gasto
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el gobierno federal no aclara cuáles son sus prioridades de gasto y por lo tanto, cuánto le asigna a cada una de éstas y qué metas tiene. El Colectivo indica que sin prioridades, es imposible tener claro en qué se debe gastar.
- Sin planeación estratégica en la inversión pública
Vinculado al problema anterior, el gobierno federal no tiene claro en dónde están y cuáles son las necesidades de infraestructura del país. Las decisiones sobre cuánto invertir en infraestructura y en qué proyectos se hace de manera discrecional, sin mostrar una evaluación que justifique la inversión. El Colectivo considera necesario que cada proyecto de infraestructura sea explicado, publique quiénes son los beneficiados y exista una evaluación sobre las mejores que implica su construcción.
La propuesta completa del Colectivo puedes consultarla aquí:
Las organizaciones que conforman el Colectivo son el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Comunidad Mexicana de Gestión para Resultados, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC AC), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Institute for Transportation and Development Policy – Capítulo México (ITDP) y México Evalúa.
