El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, denunció la destrucción de evidencia, como los videos de una cámara de vigilancia en Iguala, y la no preservación de otros elementos como la ropa encontrada en dos de los autobuses.
El Estado mexicano, además, se ha negado a que los expertos entrevisten a los militares del 27 Batallón, que tuvieron contacto con los estudiantes la noche en que desaparecieron. El argumento dice que permitir este encuentro “pondría en riesgo la legalidad de la investigación, aunque nosotros tenemos otra opinión, porque no ha puesto en riesgo la investigación las otras entrevistas con normalistas”, dijo Francisco Cox, uno de los expertos.
Desde marzo pasado, cuando el grupo inició los trabajos de investigación, solicitó entrevistar a los 26 militares del batallón, pero cinco meses después de varias condicionantes, el Estado respondió que el GIEI debería enviar por escrito el cuestionario para la diligencia y que ésta solo podrían estar presentes la autoridad ministerial y quienes desahoguen las preguntas.
La intervención del GIEI en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes el pasado 26 y 27 de septiembre obedece a un convenio de colaboración entre el Estado Mexicano y la CIDH; sin embargo, la negativa para entrevistar a militares es una muestra de la “diferencia de opinión con el gobierno y las atribuciones que tenemos en el marco legal. Tienen una interpretación distinta del convenio”, dijo Cox.
Durante la investigación, los expertos descubrieron la existencia de una cámara de vigilancia cerca del Palacio de Justicia de Iguala que habría grabado la escena de la intervención policial durante la desaparición de los normalistas; sin embargo, “parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma, se habría perdido (evidencia) para la investigación de los hechos”.
Otra de las evidencias son 19 objetos, sobre todo ropa, encontrada en un autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. Álvarez, resguardados por la PGR y la procuraduría de Guerrero, pero sin cuidado para su preservación como prueba de los hechos.
A 11 meses de la desaparición de los estudiantes, estos objetos “estaban guardados en malas condiciones, revuelto, con humedad, contaminada”, dijo Carlos Beristain. Esta nueva evidencia deberá ser sometida a pruebas genéticas para determinar si pertenecían a los normalistas y, posteriormente, se mostraría a los familiares para que pudieran identificarla.
El GIEI dará a conocer su informe final el próximo 6 de septiembre, una vez que haya concluido su trabajo de seis meses como fue mandatado. Sin embargo, los expertos solicitaron una ampliación de su mandato que deberá ser aprobado por la CIDH y el Estado Mexicano.
Sobre el caso de Julio César Mondragón, desollado la noche del 27 de septiembre, la familia aceptó que se realice una segunda autopsia, luego de las imprecisiones en la necropsia, señaladas en los análisis de peritos independientes.
En el estudio realizado por el médico forense de la Universidad del País Vasco, Francisco Etxeberría, “muestra que en la autopsia de Julio César Mondragón no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen el informe original y en las fotografías proporcionadas”.
Entre las cuestiones que una nueva posible autopsia debería analizar están “la causa y la valoración de las fracturas craneales, otras facturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos”.
