La vida de Nadia, Yesenia, Alejandra, Mile y Rubén antes de llegar a la Narvarte
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Manu Ureste

La vida de Nadia, Yesenia, Alejandra, Mile y Rubén antes de llegar a la Narvarte

Ninguna de ellas era originaria de la capital del país pero coincidieron en un departamento de la Narvarte. Hoy son las víctimas del primer caso cuádruple de feminicidio desde que ese delito se tipificó en la Ciudad de México hace cuatro años.
Manu Ureste
Por Arturo Ángel, Nayeli Roldán y Manu Ureste
12 de agosto, 2015
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Manifestantes marcharon en el DF en repudio del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Manifestantes marcharon en el DF en repudio del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

El 31 de julio pasado cinco personas fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte. Una de las víctimas fue el fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo nombre fue revelado primero por las autoridades y acaparó la atención de los medios. Pero con él, también perdieron la vida cuatro mujeres: Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile.

La muerte de las mujeres es el primer cuádruple feminicidio cometido en el Distrito Federal desde que se tipificó este delito en la ciudad, en febrero de 2011, y estas son sus historias:

Alejandra, “la guerrera”

Alejandra Olivia Negrete Avilés tenía 40 años, era madre, abuela y una “guerrera. “Su vida valía tanto como la de otros”, dice su hermana Diana. Ella fue una de las cinco víctimas en el multihomicidio en la colonia Narvarte donde también fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa; sin embargo, la Procuraduría capitalina se refería a ella como “la doméstica”, discurso que se replicó en los medios de comunicación.

Diana pide que “aunque sea la nombren”, porque la mencionan al “último, como si no valiera” y no es así. Alejandra era valiosa para su madre y sus cinco hermanos. Era un pilar indispensable para sus hijas de 24, 22 y 13 años y una buena compañía para las amigas que la visitaban en su casa.

Una de sus metas era pagar la fiesta de 15 años de su hija menor. Decía que tenía dos años para ahorrar y por eso, hace dos meses, comenzó a trabajar en una negocio de comida cerca de su casa, en Naucalpan, Estado de México.

Ese fue su primer empleo. Antes sólo era ama de casa porque su exmarido le entregaba un monto quincenal que le alcanzaba para mantenerse. Su familia no se enteró cómo es que consiguió su segundo empleo, sólo saben que el viernes 31 de julio era la segunda vez que iba al departamento de la colonia Narvarte a hacer limpieza.

Salió por la mañana y había quedado de ver a dos amigos en su casa por la tarde. Al ver que no llegaba, fueron a buscarla al edificio donde alguna vez recordaron haberla dejado. Se enteraron de lo sucedido, pero sólo dijeron a la familia que Alejandra había sido detenida en la delegación. Para entonces era de madrugada y Diana, que vive en Zumpango, Estado de México, tuvo que esperar a que amaneciera para transportarse hasta el sur de la ciudad.

Al llegar a la delegación Benito Juárez el sábado 1 de agosto, la familia se enteró de los asesinatos y dos de los hermanos reconocieron el cuerpo. Cuando el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, informó la identidad de las víctimas, se refirió a Alejandra como “la trabajadora doméstica”.

La autoridad comenzó con “la discriminación”, acusa Diana. El suceso ha trascendido entre la opinión pública, sobre todo, porque entre los fallecidos está el fotoperiodista Rubén Espinosa, exiliado de Veracruz, pero “aunque uno lavara baños, vale tanto como los demás”, dice la hermana de Alejandra.

Diana quiere que recuerden a su hermana como una “guerrera”, porque eso era, “daba la vida por su familia”. Luchaba por darle a su hija menor todo lo que necesitara porque “era su adoración” y quería trabajar para comprar la cuna de su segundo nieto que nacerá en cuatro meses.

Era alegre. Le gustaba la música de Juan Gabriel, Jenny Rivera y Joan Sebastian. Los fines de semana convivía con sus amistades y visitaba a su hermana en Huixquilucan. Nunca le hizo mal a nadie”, afirma Diana.

En los últimos 15 días, el trato hacia la familia Negrete ha sido el mismo que en el inicio. La Procuraduría capitalina no le informa nada sobre la investigación, no han pedido ninguna declaración. “Nos enteramos por la televisión o el periódico”, dice Diana. Tampoco tienen apoyo legal y mucho menos económico.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dará atención psicológica a la hija menor y según se enteró la familia en las noticias, la presidenta municipal de Naucalpan, Claudia Oyoque, prometió darle una beca de estudios.

Yesenia, la chica viajera

Israel recuerda con un tono de nostalgia matizado por la distancia a su prima Yesenia, con quien compartió algunos años de infancia en Michoacán antes de que ella y sus padres decidieran buscar suerte en el norte del país.

Desde chiquita andaba de aquí para allá… vivió en tres ciudades distintas. Era una chica viajera…”, señala el joven vía telefónica desde Uruapan.

Yesenia tenía 18 años cuando el 31 de julio fue asesinada en la colonia Narvarte. Su estancia en la capital del país era apenas el comienzo de un nuevo capítulo en su corta pero muy activa vida.

Originarios de Uruapan Michoacán, los padres de Yesenia se trasladaron a Morelia a principios de los noventa en donde la chica nació un 4 de septiembre, como indica su aun activo perfil de Facebook. Ahí vivió hasta los seis años cuando sus padres viajaron luego Mexicali Baja California, donde transcurrió el resto de su niñez y adolescencia.

¿Yesenia era sobrina política del ex gobernador de Michoacán Jesús Reyna, actualmente preso por presuntos vínculos con el narcotráfico? Israel confirma que es cierto, aunque el contacto entre ellos en realidad fue casi nulo.

En efecto, Indira Alfaro Hernández, madre de Yesenia, es prima hermana de Elizabeth Vidal Alfaro, esposa de Jesús Reyna García, quien gobernó de forma interina Michoacán en el 2013. En mayo del 2014, el político priísta fue detenido y consignado por la Procuraduría General de la República por vínculos con Los caballeros Templarios.

“Pero la verdad convivían poco o casi nada. Los papás de Yesenia se fueron y se la llevaron desde muy chicos a Mexicali y, como te digo, ellos viajaban. La verdad no era mucho su contacto en Michoacán”, dijo Israel.

Tras concluir sus estudios de preparatoria y tener la mayoría de edad, Yesenia decidió que quiera mudarse de nuevo, pero ahora sola a la Ciudad de México, donde pretendía cursar estudios de imagen y maquillaje en el Instituto de Diseño de Imagen Profesional ubicado en Polanco.

A través de redes sociales y amigos en común, Yesenia se enteró que rentaban un departamento en el número 1901 de Luis Saviñón de la colonia Narvarte. El pago era de casi 10 mil pesos pero con la ayuda de una o dos “roomies” (acompañantes) la carga sería mucho menor.

En el verano del 2014 “Yesi”, como le decía su madre y sus amigos más cercanos, abandonó la calurosa Mexicali para llegar a la Ciudad de México y establecerse en ese departamento del cuarto piso que sería el último hogar de su vida.

Israel dice que el paso del tiempo ha borrado casi todos los recuerdos de su prima pero la recuerda como “una chica sonriente”. Así, con una sonrisa, se le ve prácticamente en todas las fotografías… tanto las de su página de Facebook, como las que acompañaron su féretro el 4 de agosto, fecha de su entierro.

Nadia, entre la felicidad y el miedo

A Nadia Vera se le ha descrito como activista, productora, poeta, antropóloga social, promotora, bailarina, escritora y defensora de derechos humanos. “Todas son ciertas”, dice “Laura”, su amiga y maestra en la Universidad Veracruzana. El verdadero nombre de la profesora no se publica a petición de la entrevistada.

Pero el común denominador en Nadia, añade Laura, es que era una joven feliz aunque también con miedo.

Responsabilizamos a Javier Duarte (gobernador de Veracruz) sobre cualquier cosa que nos pudiera suceder, a los que estamos organizados. El estado es responsable de nuestra seguridad, que son los que están mandando a reprimirnos” dijo Nadia en una entrevista meses antes de ser asesinada.

Nadia Dominique Vera Pérez llegó al Distrito Federal por temor y a Veracruz por vocación. Nació y creció en Veracruz; sus años de infancia y adolescencia transcurrieron entre Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez.

De pensamiento liberal y sensible a las causas sociales, según la describe su maestra, Nadia tuvo una inclinación natural por la carrera de antropología social, la cual estudió en la Universidad Veracruzana. “No estudió a la Ciudad de México porque no quería despegarse tanto del sur, de su Chiapas”, dijo la profesora.

Sus estudios fueron impecables. Acabó la carrera sin contratiempos aunque dejó para después el título que, según sus amigos, ella consideraba como un papel que no respaldaba conocimiento alguno.

Pero además de su actividad en las aulas, Nadia también vio su vocación social en la calle, en ese activismo que con el tiempo le ganaría la animadversión del gobierno de Javier Duarte según sus allegados.

Públicamente se ha dicho que formaba parte del movimiento #Yosoy132 pero su maestra aclaró que no es del todo cierto. Nadia, en realidad, era parte de la Asamblea Estudiantil Veracruzana, una especie de red más que de colectivo de estudiantes y exestudiantes que se reúnen para promover la defensa de los derechos humanos, ambientales, de los animales, entre otros.

¿Qué tipo de activista era Nadia? Tal vez el ejemplo que mejor lo describe lo dio a conocer su amiga Paulina Díaz en una entrevista para CNN. La joven dijo que Nadia se interesó originalmente por el movimiento zapatista en Chiapas, pero luego se desilusionó porque el subcomandante Marcos llevaba un exclusivo reloj Rolex y “manipulaba a los indígenas”

En 2012, Nadia Vera junto con otros activistas tuvieron un altercado con fuerzas de seguridad pública en Xalapa durante una manifestación. A partir de ahí, como publicó Animal Político, la joven reportó intimidaciones e incluso una intrusión en su casa. Por miedo a sufrir algo peor, se trasladó en 2014 a la Ciudad de México.

Pese a ese temor y el autoexilio, Nadia no dejó de trabajar. En los últimos meses colaboró en la Muestra Internacional de Cine y Video Independiente y coordinaba el Festival Internacional de Artes Escénicas Cuatro x Cuatro.

“También estaba promoviendo unos grupos de danza (…) así era ella, no estaba quieta (…) era trabajos eventuales pero se sentía libre”, dijo Laura, con voz entre cortada al mirar una foto de Nadia.

Mile, la modelo

La procuraduría capitalina la ha nombrado como “la colombiana”, pero su nombre es Mile Virginia Martín, tenía 29 años y vivía en Bogotá, Colombia, antes de llegar al Distrito Federal para buscar suerte como modelo.

Su familia tiene miedo y está desconcertada por lo sucedido. En las conversaciones telefónicas que habían tenido con ella, nunca les comentó que estuviera en peligro o que se sintiera en riesgo en México.

La última vez que Mile había visitado a su familia en Bogotá fue en 2013, pero preparaba su viaje de regreso para quedarse definitivamente en Colombia en los próximos meses.

La familia sólo ha dado una entrevista a Caracol Televisión, pero bajo anonimato. Hasta el momento han negado cualquier otro encuentro con medios de comunicación por temor a su integridad después de la manera en que la joven fue asesinada.

Tras la noticia del multihomicidio, dos hermanos de Mile acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá para pedir ayuda porque sospechaban que la víctima era su hermana.

El 6 de agosto de 2015 la Dirección de Investigación Criminal confirmó que las huellas dactilares remitidas para cotejo, por el Consulado de Colombia en Ciudad de México, correspondían a las de Mile Virginia Martin.

Su familia espera la repatriación de sus restos para sepultarla junto a su madre, quien falleció hace cuatro años.

Rubén, el fotoperiodista

La madrugada del 14 de septiembre de 2013 marcó la vida de Rubén Espinosa. Esa noche, maestros y estudiantes que mantenían un plantón en la plaza Lerdo de Xalapa, en Veracruz, fueron desalojados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana para que el gobernador de la entidad, Javier Duarte, pudiera dar el Grito de la Independencia con el centro histórico ‘limpio’ de manifestantes que protestaban por la reforma educativa de Peña Nieto.

“En ese desalojo del 14 de septiembre, Rubén tomó fotos que nadie tenía”, enfatiza en entrevista con Animal Político una editora de AVC, quien pide que se guarde su nombre en el anonimato por decisión de la empresa editorial de mantener un “perfil bajo” estos días.

“A pesar de que en el boletín del Gobierno se aseguraba que el desalojo se había producido por la presencia de otro grupo violento, nosotros publicamos las fotos que tomó Rubén de los policías agrediendo a los manifestantes incluso con toques eléctricos. Creo que eso fue lo que puso a Rubén en la mira; tener esas fotografías, y hacer la denuncia que tenía que hacer de los abusos que se produjeron por parte de las autoridades”, agrega la periodista, quien destaca a Rubén “como una pieza clave en la agencia” por su compromiso con su profesión y con la sociedad.

Tras aquel suceso, Rubén continuó defendiendo ese compromiso que mantuvo hasta el final. Interpuso una denuncia junto con otros compañeros por esos hechos del 14 de septiembre de 2013; hizo público que el gobierno de Javier Duarte lo buscó para ofrecerle dinero a cambio de que retirara la demanda; denunció hostigamiento de las autoridades que lo vetaban de los eventos oficiales; siguió tomando fotos que molestaban al gobierno –como una imagen de Javier Duarte que fue portada en la revista Proceso del pasado 16 de febrero de 2014, en la que se ve al mandatario con una gorra de policía y de perfil-; y participó en protestas para denunciar la situación del periodismo en Veracruz, entidad en la que van 18 periodistas asesinados desde el año 2000, 13 de ellos desde que el priista es gobernador.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

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Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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