Reapertura de embajada: ¿Se les acaban los privilegios a los cubanos que llegan a EU?
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Reapertura de embajada: ¿Se les acaban los privilegios a los cubanos que llegan a EU?

¿Y ahora qué? Es decír, ¿qué va a pasar con el embargo? ¿Se llenará La Habana de restaurantes de comida rápida? ¿Perderán los cubanos alguna de las concesiones que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido como las preferencias migratorias?
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La bandera de Cuba ya ondea en Washington y la de Estados Unidos en el Malecón de la Habana.

¿Y ahora qué? Es decír, ¿qué va a pasar con el embargo? ¿Se llenará La Habana de restaurantes de comida rápida? ¿Perderán los cubanos alguna de las concesiones que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido como las preferencias migratorias?

“Cada cubano se ha levantado todos los días pensando hoy es el día que me voy a ganar la lotería porque Estados Unidos ya tiene buenas relaciones con Cuba”, le dijo a BBC Mundo la congresista cubanoestadounidense Ileana Ros-Lehtinen.

“‘Mi vida va a cambiar’, y todos los días, aunque se levante con mucha esperanza, se acostará por la noche decepcionado porque su vida diaria no habrá cambiado para nada“, señaló la legisladora republicana.

Esa es, por supuesto, la opinión de una conocida crítica con la nueva política hacia la isla impulsada por el gobierno de Barack Obama.

Pero BBC Mundo consultó también a varios expertos para analizar si coinciden con Ros-Lehtinen o es de esperar algún cambio y cómo y en qué áreas se pueden dar.

Privilegios migratorios

Con el espíritu de facilitar a quienes quisieran huir del régimen comunista, en el contexto de la Guerra Fría Estados Unidos aprobó en 1966 la “Ley de Ajuste”, que permite a los cubanos solicitar la residencia permanente al cabo de un año y un día de estar en territorio estadounidense.

Washington asegura que no tiene planes para alterar esa política migratoria pero a la larga no se puede descartar que sea una de las consecuencias de este acercamiento.

“Creo que en algún momento va a pasar”, apunta el analista Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano, que considera que “no tiene sentido mantener esa ley cuando hay una actitud totalmente distinta”.

Pero no parece algo que EE.UU. esté dispuesto a cambiarlo a corto plazo.

 

El gobierno estadounidense insiste en que mantiene su apoyo a los disidentes en la isla.

 

Ni lo está el congreso, en un año electoral.

Tampoco considera que sea el momento Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas y catedrático del Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, en inglés).

“No creo que se vaya a revisar en este próximo año y medio. No creo que haya suficientes votos para conseguirlo”, señaló.

Para Duani, quizás “cuando se hable de una reforma migratoria integral, sí podría incluirse un debate”. Pero agrega que sería algo que le tocaría al nuevo Congreso tras las elecciones de 2016.

Barack Obama, Raul Castro

Fondos para la disidencia

Washington ha llevado a cabo durante estos años una serie de programas de ayuda humanitaria a los presos políticos y sus familiares, de promoción de la democracia y para facilitar el flujo de información a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha sido acusada de injerencia.

Estre esos programas está el polémico ZunZuneo, una red social con la que EE.UU. dice solo trataba de mejorar las comunicaciones en Cuba y que la Habana tildó de “plan subversivo”.

El académico y analista político Andy Gómez señala que “los programas de USAID fueron congelados ya hace más de un año porque eran un problema que le estaba causando el gobierno cubano”.

En realidad, el Congreso no dio fondos adicionales en los pasados presupuestos pero los proyectos que tenían asignación de fondos de años anteriores continúan funcionando.

Pero Gómez no cree que el gobierno estadounidense vuelva a desarrollar estos programas para evitar crear un problema en esta nueva relación entre ambos países.

No obstante, el Departamento de Estado pidió al Congreso ya para el año fiscal 2016 US$20 millones en concepto de ayuda exterior para Cuba, y en eso incluye fondos para los programas de USAID.

Tomás Bilbao, director ejecutivo del Cuba Study Group, señala que la asignación de fondos para estos programas depende del congreso pero espera que ahora puedan emplearse en otros “más productivos” encaminados más hacia el intercambio entre profesionales y estudiantes, por ejemplo.

Bilbao recordó que aunque se redujeran esos fondos, desde el pasado diciembre, el gobierno estadounidense permite enviar dinero a organizaciones civiles y religiosas por lo que “ahora hay muchísimas más oportunidades de apoyar a la sociedad civil en Cuba y de hacerlo con fondos privados”.

 

Michael Schifter considera que hay que “redefinir” esos programas “porque si la política ha cambiado 180 grados, los programas tienen que alinearse con los objetivos”.

“Eso no quiere decir que no haya algunos que busquen abrir la sociedad cubana”.

El desembarco de inversión de EE.UU.

Todavía el embargo continúa vigente. Acabar con él depende del congreso y no es un tema que esté en su agenda, aunque el propio presidente Obama pidió que lo deroguen.

Incluso si llegase a levantarse el embargo, aún dependería de si las reformas dentro de Cuba permiten la inversión en diferentes áreas, señaló Bilbao: “El gobierno cubano no dará una carta blanca a las empresas americanas a que inviertan donde quieran”.

La inversión extranjera no es algo nuevo en la isla, donde desde los años 90 hay presencia de países como España, China y Brasil, recuerda Duany.

Y si bien “una llegada masiva de capital extranjero podría desplazar a las pequeñas empresas incipientes en el sector no estatal de la economía cubana”, señaló que algo así no va a pasar de un día para otro y el embargo sigue siendo un obstáculo.

Del otro lado, los pequeñas negocios de los llamados cuentapropistsa también pueden resultar beneficiados.

Se amplió la lista de productos básicos y materias primas que pueden importarse de Estados Unidos, lo que servirá para ayudar a fortalecer sus pequeños negocios y a que estén preparados para un mercado más competitivo.

¿Se notan los cambios?

“Es difícil predecir el efecto inmediato, de momento yo no esperaría ningún cambio en las condiciones de vida del ciudadano cubano promedio”, apunta Duany.

“Sí, a largo plazo podrían mejorar las condiciones de vida, desde el punto de vista económico, en vista de lo que ya ha ocurrido sobre todo desde el lado de EE.UU. en el relajamiento de las restricciones de comercio”.

Pero para algunos congresistas cubanoestadounidenses que rechazan el acercamiento, la detención de casi un centenar de opositores cubanos, pocos días antes de la visita de Kerry, es el mejor ejemplo de que nada ha cambiado.

“Podrán estar alzando la bandera de Estados Unidos, que significa libertad y democracia, pero realmente lo que están haciendo es alzando la bandera blanca de la rendición de todos los principios de los Estados Unidos”, dijo el congresista Mario Díaz-Balart.

Después de medio siglo, la normalización de la relación no es fácil. La lista de “temas sensibles y complicados” es larga, apunta Michael Schifter.

“50 años de hostilidad obviamente vienen con un costo muy grande acumulado”, pero asegura que “hay una voluntad clarísima para segur adelante”.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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