Un doctor (y actual funcionario) implicado en la venta de bebés no ha declarado ante la Procuraduría de Sonora
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Un doctor (y actual funcionario) implicado en la venta de bebés no ha declarado ante la Procuraduría de Sonora

Según las declaraciones de dos inculpados, el doctor Edgar Vázquez Tello era el profesionista que les proveía de certificados de nacimiento, cada uno por 15 mil pesos.
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Por Víctor Hugo Arteaga
2 de septiembre, 2015
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Foto: Archivo Cuartoscuro.

Foto: Archivo Cuartoscuro.

La Procuraduría General de Justicia de Sonora no llamó a declarar al doctor que presuntamente cobraba 15 mil pesos por expedir cada uno de los certificados de nacimiento de los bebés vendidos por funcionarios del DIF estatal.

En sus declaraciones, los dos principales funcionarios inculpados por este caso –Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López– señalan que el doctor Edgar Vázquez Tello era el profesionista que les proveía de certificados de nacimiento.

Aunque la Procuraduría no llamó a declarar a Vázquez Tello en mayo, junio y julio, su fotografía fue utilizada por elementos de la Policía Estatal Investigadora para ser identificado por una testigo de los hechos.

Actualmente Vázquez Tello es regidor y presidente de la Comisión de Salud en el Cabildo de Guaymas.

Los 9 o 13 robos

Aunque uno de los inculpados confesó la venta de al menos 13 bebés en Sonora, el procurador del Estado, Carlos Navarro Suguich, sólo ha podido acreditar nueve casos.

“Hasta ahorita nosotros tenemos documentados nueve casos. No descarto que pueda haber más. Es por eso que hemos estado insistentemente invitando a la ciudadanía a que se acerque a nosotros para que nos ayude en esta investigación”, dijo el procurador. “Las investigaciones seguirán hasta sus últimas consecuencias para dar con los menores que fueron vendidos”.

El procurador de la Defensa del Menor, Francisco Javier Gómez Izaguirre, informó que en los últimos seis años al menos un centenar de niños recién nacidos y menores de edad fueron remitidos al Hospital Infantil del Estado de Sonora “por situación de vulnerabilidad o riesgos”.

En sus declaraciones del 11 de mayo, Alfredo Arzate Carbajal confesó que recibía informes del Hospital Infantil del Estado de Sonora que especificaban que los menores “no estarían bien” si regresaban con sus madres toxicómanas.

Arzate confesó que elaboró al menos 13 oficios que firmó en ausencia del procurador de la Defensa del Menor, Francisco Javier Izaguirre, para sustraer menores del Hospital Infantil y entregarlos a parejas en busca de adoptar niños.

Arzate aseguró que nunca fijó una cantidad de dinero por este delito. Lo hacía, dijo, por el bienestar y futuro de los menores en manos de familias aptas para su desarrollo.

Sin embargo, la declaración del otro inculpado, José Manuel Hernández, difiere con la de Arzate.

Según José Manuel Hernández, exjurídico de la Unión Ganadera, Arzate y él acordaron desde el principio que el costo para “entregar” a un menor sería de 110 mil pesos, incluyendo los 15 mil pesos requeridos para adquirir un certificado de nacimiento.

Hernández comenzó a cobrar dinero por la entrega de menores en complicidad con el doctor Edgar Vázquez Tello, quien proporcionaba los certificados de nacimiento en Guaymas.

Una vez que se tenían todos los documentos y cobrados por lo menos 110 mil pesos, Hernández enviaba a los padres al Hospital Infantil del Estado de Sonora para la entrega de los bebés.

El 9 de mayo pasado, José Manuel Hernández López declaró ante el Ministerio Público que vendió a seis niños y no a 13, como confesó Arzate Carbajal.

La pareja de Hernández López, ubicada por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos como Emma Consuelo Falcón Etchechurry, se quedó con uno de los bebés.

Arzate y Hernández se conocieron en 2010 en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pero fue hasta septiembre de 2013 que comenzaron sus ilícitos, luego de que una amiga de Emma Consuelo Falcón mostró interés por adoptar un bebé.

Con la finalidad de “apoyar” a Falcón, Hernández sugirió a Arzate conseguir una partida de nacimiento para agilizar la entrega del menor y también poder registrarlo como hijo legítimo.

Arzate accedió con el argumento de que no sería complicado, ya que el puesto que tenía en la Procuraduría de la Defensa del Menor le facilitaba acceso a los menores recién nacidos en calidad de abandono o hijos de madres drogadictas.

Inculpados y amparados

La semana pasada, el procurador de Sonora anunció 16 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en este caso; sin embargo, nunca ha declarado que los tres principales inculpados se encuentran en libertad.

Al menos uno de ellos, Arzate, promovió un amparo el 15 de mayo en los juzgados federales y le fue concedido contra cualquier acción legal.

Acciones pospuestas por las elecciones

Fuentes del gobierno de Sonora revelaron que a pesar de conocer el caso desde marzo, el gobernador del estado Guillermo Padrés, su esposa Iveth Dagnino, el equipo de comunicación y asesores prefirieron no hacerlo público por la cercanía de las elecciones a gobernador, las cuales se llevaron a cabo en junio.

Prueba de ello, añadió la fuente que solicitó el anonimato, es que Dagnino cerró su cuenta de Twitter a mediados de año, cuando comenzaron los cuestionamientos por el caso a través de esta red social.

Padrés habría sugerido avanzar con las investigaciones, pero sin hacerlas públicas.

Cuando Arzate confesó el 11 de mayo, las elecciones para gobernador en Sonora estaban a sólo tres semanas.

El 26 de marzo, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos envió un oficio de colaboración en el que informó al procurador de Sonora la situación.

Casi seis meses después, los inculpados y confesos se encuentran libres. El 9 y 11 de mayo las autoridades les tomaron sus declaraciones ministeriales y determinaron dejarlos libres con las reservas de ley.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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