Así cuentan los padres de los normalistas de Ayotzinapa su encuentro con EPN
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Así cuentan los padres de los normalistas de Ayotzinapa su encuentro con EPN

La reunión de este 24 de septiembre fue a puerta cerrada, pero testimonios de los padres, puede definirse como “infructuosa”; salieron sin algún acuerdo firmado, sin la promesa de cumplir sus exigencias y sin recibir siquiera la empatía del presidente.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
25 de septiembre, 2015
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Foto de reunión de Peña Nieto con familiares de Ayotzinapa en 2014. La reunión de este jueves 24 de septiembre fue privada. // Foto: Cuartoscuro.

Foto de reunión de Peña Nieto con familiares de Ayotzinapa en 2014. La reunión de este jueves 24 de septiembre fue privada. // Foto: Cuartoscuro.

Pasaron 11 meses para que el presidente Enrique Peña Nieto recibiera nuevamente a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero en esta ocasión las condiciones fueron distintas. A punto de cumplirse un año sin saber dónde están sus hijos, las familias llegaron a la reunión con dos objetivos claros: preguntarle frente a frente por qué su gobierno sostuvo “la mentira histórica” durante siete meses y exigirle el cumplimiento de ocho demandas concretas.

Sin embargo, los padres calificaron de “infructuosa” la reunión que fue a puerta cerrada y que duró tres horas –la mitad de la primera–. Salieron sin algún acuerdo firmado, sin la promesa de cumplir sus exigencias, sin recibir siquiera la empatía del presidente y su gabinete, quienes fueron “fríos” e “insensibles” en todo momento, de acuerdo con los familiares de los estudiantes desaparecidos. En resumen: “no tuvo caso verlo”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.

Animal Político presenta una reconstrucción de la reunión realizada este jueves 24 de septiembre, basada en los testimonios de los padres y las organizaciones que los acompañaron.

Las familias de los estudiantes desaparecidos llegaron en tres autobuses poco después del medio día al Museo Tecnológico de CFE en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Dejaron sus celulares en los vehículos y pasaron dos arcos detectores de metales.

Empleados de presidencia cotejaron una lista de nombres para permitirles entrar al salón y ocupar los asientos ordenados en un rectángulo gigante. Estuvieron listos a la 1 de la tarde, hora fijada para el encuentro, y media hora después llegó el presidente y detrás de él una docena de funcionarios federales.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el primero en hablar para dar la bienvenida a los familiares de las víctimas, sus representantes jurídicos y organizaciones que los asisten; al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Pérez y a Ángela Buitrago, Francisco Cox y Carlos Beristain, integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).

Alfredo Galindes, padre de Giovani Galindes, y María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo, comenzaron el encuentro pidiendo la presentación con vida de sus hijos, pero fueron breves porque enseguida Angela Buitrago entregó el informe del GIEI difundido el pasado 6 de septiembre, y que contradijo la versión que los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.

El siguiente en hablar fue Felipe de la Cruz, vocero de los padres. Leyó un documento con las ocho exigencias esenciales para continuar con la investigación que lleve al paradero de los estudiantes. El punto más importante fue la creación de una unidad especializada de investigación concentrada en dos aspectos: que indague el paradero de los 43 normalistas y que investigue “el montaje con el que les pretendió engañar”.

Peña escuchaba, lo mismo que el resto de funcionarios, pero ninguno decía nada.

Siguieron Bernardo, doña Joaquina, Nardo. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, en su turno dejó claro que ellos estaban ahí “con dignidad, sin súplicas” y entregó al presidente un paquete con hojas que contenían la firma de 300 mil personas que están en contra de la actuación de su gobierno. Peña Nieto las recibió sin hacer gesto alguno.

Clemente Rodríguez, padre de Christian, fue de los más duros: “Se te cayó tu verdad histórica y ahora los expertos demostraron que no los quemaron. ¿Qué tienes que responder”. Pero el presidente no dijo nada. “Era frío y se veía más enojado ahora porque los padres siempre le hemos exigido, nunca le vamos a pedir”.

Siguieron ocho padres más, como Mario González, padre de César Manuel, quien le dijo “mentiroso, recuerda que nos firmaste 10 puntos y no nos cumpliste”. Además, pidió que se castigara al exprocurador Jesús Murillo Karam; a Enrique Galindo, jefe de la Policía Federal y a Tomás Zerón, a quienes acusaron de haber inventado la “verdad histórica”.

La actual titular de la PGR, Arely Gómez, fue la segunda funcionaria en tomar el micrófono y lo hizo para insistir en que la investigación continuaba abierta y se tomaría en cuenta las conclusiones del GIEI.

El presidente Peña Nieto tardó unos 20 minutos en leer su discurso. Según el testimonio de varios padres, dijo que la “verdad histórica” que dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam era una “hipótesis”, lo mismo que el informe del GIEI y, por eso, el expediente seguía abierto.

El punto más álgido del encuentro ocurrió cuando informó la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro de la PGR. Fue ahí cuando los padres lo interrumpieron.

“Le pedimos que diera respuesta puntual a la unidad especial de investigación, pero él dijo que eso lo abordáramos con la PGR que ya tenía instrucciones y ahí el prefería no dar respuesta. Ahí se volvió ríspida la reunión y por eso nos paramos”, narró Vidulfo Rosales, abogado de los padres.

Felipe de la Cruz pidió entonces que el presidente firmara sus promesas porque “de palabra no nos sirve. Papelito habla”. Quien respondió a esto fue Osorio Chong y explicó que se estaba redactando una minuta sobre el encuentro. Sin embargo, ante la tensión, la reunión terminó a las 16:30 horas sin ningún documento firmado, ni el acuerdo de un próximo diálogo.

Torero vuelve a Cocula y otros acuerdos sin firmar

Tras la reunión, el vocero del gobierno de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, dio una conferencia de prensa en la que enumeró los “compromisos” establecidos por el presidente Peña Nieto ante los padres de los normalistas, entre los que está invitar al doctor José Torero a participar en un tercer peritaje “sobre los hechos ocurridos en el basurero de Cocula”.

Torero, especialista en seguridad y fuego, es el perito convocado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y cuyos análisis permitieron concluir que es científicamente imposible que en dicho basurero incineraran a los 43 normalistas desaparecidos, tal como sostiene la “verdad histórica” de la PGR.

De aceptar esta invitación, el doctor Torero se integraría a “un equipo de peritos del más alto nivel”, que contaría con el reconocimiento oficial de la Procuraduría General de la República, el cual se encargará de verificar si el tiradero de Cocula fue el lugar donde ultimaron a los estudiantes raptados, o si esta hipótesis es errónea.

Este fue, de hecho, el único compromiso nuevo formulado por Peña Nieto en esta segunda reunión con familiares de los normalistas, ya que los otros cinco ofrecimientos ya habían sido establecidos por el titular del Ejecutivo.

Entre esos compromisos ya conocidos están:

  • Ampliar por otros seis meses la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México, para que puedan continuar con su investigación sobre los hechos de Iguala;
  • garantizar “a todos los afectados” acceso a mecanismos de atención a víctimas;
  • “integrar” las observaciones del GIEI a las investigaciones que realiza la PGR;
  • crear una fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, al interior de la misma Procuraduría.

Asimismo, otros compromisos anunciados por Peña son obligaciones que por ley debe cumplir su gobierno, tales como “investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación (previa)”, así como “continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó, de manera individual, con cada uno de los desaparecidos”.

De no llevarse a cabo dichos aspectos como parte de las investigaciones de la PGR, el gobierno mexicano estaría incurriendo en una ilegalidad.

Esta fue, de hecho, la principal crítica al encuentro con Peña Nieto, formulada de manera posterior por los padres de los normalistas: que presentó “de manera unilateral” seis compromisos “que no son sustanciales y que ya estaban acordados”.

En contraste, subrayó Vidulfo Rosales, abogado de las familias, “de los ocho puntos que los padres de familia presentaron, (Peña Nieto) no se comprometió al cumplimiento de ninguno”.

Las ocho exigencias de las familias de los normalistas:

  • Que el gobierno federal reconozca la legitimidad del movimiento de familias;
  • que acate las observaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes;
  • que se dé atención digna e inmediata a los sobrevivientes de los ataques de Iguala, así como a las familias de todos los afectados;
  • que cese la campaña de criminalización de los normalistas de Ayotzinapa;
  • que  haya una actitud respetuosa hacia las familias al darse a conocer actualizaciones del caso;
  • que se aplique de forma inmediata tencología de punta para la búsqueda de los estudiantes, así como que se cree una unidad especial dentro de la PGR;
  • que se encargue de investigar no sólo el paradero de los alumnos y la identidad de sus atacantes, sino también que vaya en contra de los funcionarios que a lo largo de este año han entorpecido y boicoteado la investigación.

Las familias de los normalistas desaparecidos aclararon que no se oponen a la creación de una fiscalía que investigue todos los casos de desaparición forzada en el país, pero advirtieron que ése es un proceso que las autoridades deben realizar en coordinación con todas las familias de víctimas de México, no sólo con las víctimas de Ayotzinapa, y siempre “al tenor de la Ley General contra la Desaparición Forzada”, ordenamiento legal que ni siquiera se ha terminado de discutir en el Poder Legislativo.

Por ello, aseguraron que, independientemente de ese proceso para la creación de una fiscalía, el caso de los 43 normalistas demanda de forma inmediata una “investigación específica”, que esté a cargo de una unidad especial que se concentre únicamente en los hechos de Iguala.

El presidente de la República, sin embargo, no se comprometió a cumplir ninguna de estas exigencias y, tal como reconoció su vocero, “no se estableció ningún plazo perentorio” para que Peña Nieto responda, al menos, si acepta o rechaza las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos.

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COVID: 4 motivos por los que Argentina llegó al millón de contagios pese a cuarentena más larga del mundo

El país sudamericano es el quinto con más casos en el mundo y encabeza el ranking de muertos diarios de COVID-19 por millón de habitantes. Esto, a pesar de que lleva 7 meses de cuarentena. Te explicamos los motivos.
22 de octubre, 2020
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El lunes 19 de octubre los argentinos vivieron dos hitos, que parecen contradictorios: llegaron al millón de infectados de covid-19 el mismo día en que se cumplían siete meses desde que se impuso una cuarentena, que se ha convertido en la más larga del mundo.

El país sudamericano es actualmente el quinto con más contagios en todo el planeta, después de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia, naciones con poblaciones mucho mayores.

Esto a pesar de que Argentina fue uno de los primeros en la región en imponer restricciones masivas como la prohibición para circular (con excepción del personal esencial), el cierre de empresas y comercios, y el freno de todos los vuelos comerciales y de las rutas de autobús de mediana y larga distancia.

Estas medidas se aplicaron por decreto el 20 de marzo en todo el país, pero eventualmente se relajaron en el interior.

Allí se aplicó el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, menos estricto que el Aislamiento Social impuesto en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde vive el 40% de los argentinos.

Aunque también en el AMBA se fueron flexibilizando las medidas, y desde julio dejaron de aplicarse multas a las personas que violan la prohibición de circular, la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández aún sigue vigente y ya se extendió una docena de veces.

El transporte público sigue siendo para uso exclusivo del personal esencial, las escuelas y universidades siguen cerradas en gran parte del país y Argentina es la única nación del mundo que aún no tiene vuelos de cabotajes, que supuestamente se reiniciarían este jueves.

Una pasajera es interrogada por policías en un autobús de Buenos Aires

Getty Images
Las autoridades han vigilado el uso del transporte público por personas que lo justifiquen.

A pesar de todo esto, el país lidera hace unas semanas el ranking mundial de muertos diarios de covid-19 por millón de habitantes.

Desde que por primera vez se reportaron más de 100 muertes diarias, el pasado 20 de julio, la curva de contagios y decesos se aceleró y en los últimos tres meses la cantidad de fallecidos pasó de unos 2400 a casi 27.000.

Datos positivos

No obstante, las autoridades resaltan que en un dato clave a Argentina le ha ido mejor que a muchos otros países, en especial en Europa y América Latina.

La tasa de mortalidad del coronavirus —es decir, la cantidad de muertos totales por millón de habitantes— es cercana a los 600, una cifra que coloca a Argentina en el puesto 15 a nivel mundial, por debajo de países como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, España, México, Reino Unido e Italia.

Además, el país ha logrado atravesar el aumento de casos sin provocar un colapso de su sistema sanitario, incluso en medio del invierno, algo que muchos expertos atribuyen a la cuarentena que logró “aplanar la curva” de contagios.

Este aplanamiento les dio tiempo a las autoridades sanitarias a prepararse y también permitió el desarrollo de técnicas efectivas para tratar a los pacientes, que ha reducido la tasa de letalidad.

Alberto Fernández

Reuters
El gobierno de Alberto Fernández ha resaltado que en Argentina se ha controlado la pandemia sin provocar un colapso del sistema sanitario.

La respuesta efectiva del sistema de salud logró que más del 80% de quienes se enfermaron de coronavirus ya se haya recuperado y que cerca del 2% de infectados haya fallecido.

Pero ¿cómo se explica que este país de cerca de 45 millones de habitantes haya llegado al millón de contagios y hoy esté en el top mundial de infectados y muertes diarias?

1. Pocos testeos

La mayoría de los expertos consultados por los medios locales coinciden en que la principal explicación es la falta de una mayor cantidad de testeos y una estrategia de búsqueda de contactos de personas infectadas.

Y es que si bien Argentina siguió al pie de la letra las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de imponer el uso de barbijos y la distancia social, no acató la tercera pata de la estrategia: testeos y rastreos masivos, sobre todo de infectados asintomáticos, que son quienes más diseminan el virus.

Fuentes del gobierno citadas off the record explican que los testeos más eficientes son costosos, una traba para un país que incluso antes de la pandemia ya atravesaba una grave crisis económica.

Un centro de prueba de coronavirus en Argentina

EPA
Las pruebas de detección de covid-19 no han estado disponibles de manera masiva en Argentina.

Si bien la cantidad de pruebas ha variado, han sido menos que en otros países de la región y los resultados comprueban que no fueron suficientes.

Según la OMS, si uno testea correctamente, lo esperable sería tener una cifra de casos de positivos cercana al 10% o menos. En Argentina la tasa de positividad supera el 50%, indicando que se está testeando de manera insuficiente.

“Nuestro mayor déficit es no haber testeado más. El plan Detectar se implementó un poco tarde, cuando debió haber empezado más precozmente”, reconoció al diario La Nación Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y uno de los asesores del gobierno.

“Habría que haber aislado a los contactos y testearlos para ir adelantándose al virus. No se trata de testear en forma indiscriminada con testeos masivos, sino en la búsqueda de pacientes asintomáticos en ciertos conglomerados”, agregó al mismo medio Pedro Cahn, especialista en VIH-sida y otro de los expertos que aconsejó a las autoridades.

2. Errores de estrategia

Si bien muchos expertos en salud respaldan la cuarentena impuesta por el gobierno, las propias autoridades han admitido que no calcularon bien la extensión que iba a tener la enfermedad.

“Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa”, reconoció en declaraciones a Radio Continental el ministro de Salud argentino Ginés González García.

El mismo funcionario había sido criticado a comienzos de año por haber minimizado la posibilidad de que el virus originado en China llegara a Argentina, donde era verano, afirmando que el calor destruía el covid-19.

Un paciente hospitalizado en Buenos Aires

Reuters
Las autoridades no esperaban que los contagios se extendieran tan ampliamente en Argentina.

Por otra parte, algunos especialistas señalan que uno de los errores más grandes que cometió el gobierno fue no haber evitado que se infectaran los barrios vulnerables, donde el hacinamiento hace casi imposible mantener el aislamiento social.

También se ha criticado la decisión de prohibir por meses todas las actividades recreativas al aire libre, a pesar de que se ha demostrado que el riesgo de contagio en exteriores es menor.

Esto llevó además a que muchos argentinos dejaran de hacer ejercicio y aumentaran su consumo de alimentos, bebidas y drogas, debilitando su sistema inmunológico y disparando los niveles de ansiedad y depresión, en especial en niños y adolescentes.

“Estamos viendo una epidemia de enfermedad mental”, advirtió en agosto pasado el prestigioso neurocientífico argentino Facundo Manes.

Pero quizás el error que más le costó al país fue haberse concentrado en la región del AMBA, donde al principio se concentraba más del 90% de los casos, y haber descuidado la situación en el interior del país, hoy la zona más afectada.

3. El interior

A pesar de que los casos están bajando en la región metropolitana de Buenos Aires, la más poblada del país, están subiendo rápidamente en otros lados.

Desde septiembre que hay más infecciones en provincias del interiordel país que en el AMBA.

Una revisión de un peatón en Rosario, Argentina

Getty Images
El mayor aumento de casos confirmados de covid-19 se ha dado en las provincias argentinas recientemente.

Esto llevó al presidente Fernández a afirmar que ahora la principal preocupación ya no es el Gran Buenos Aires sino esas regiones.

El pasado 12 de octubre, al extender el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el AMBA hasta el 25 de octubre, el mandatario decretó que algunos departamentos en 18 provincias debían volver a cumplir una cuarentena estricta.

“El virus se fue a las provincias mientras pensábamos que lo teníamos controlado en el AMBA”, reconoció al diario La Nación Luis Cámera, secretario de la Sociedad Argentina de Medicina y asesor del gobierno.

El médico Daniel Gatica, quien fue atacado por familiares de un muerto de covid mientras trabajaba en los servicios de emergencia de un hospital en el norte del país, en Orán, Salta, le dijo a BBC Mundo que allí nunca se hizo cumplir el distanciamiento ordenado por las autoridades.

“Yo trabajo en la guardia los sábados a la noche y acá la vida siguió como siempre”, aseguró a finales de septiembre.

“Cuando (la gente) se tenía que cuidar, todo era joda y joda (diversión), y hoy lloran a sus muertos y reclaman atención”, criticó.

4. Hartazgo social

Lo cierto es que no solo en Salta se dejó de cumplir la cuarentena hace meses.

Ya sea por necesidad económica o por cansancio del encierro, los argentinos dejaron de acatar las órdenes de aislamiento y distanciamiento ordenadas por el gobierno.

Trabajadores de la salud protestan en Buenos Aires

Getty Images
Los trabajadores sanitarios han protestado por las condiciones en las que prestan sus servicios.

En tanto las autoridades dejaron de aplicar multas a los infractores.

Este movimiento de personas, en particular las reuniones de familia y sociales, realizadas muchas veces puertas adentro por la prohibición de usar espacios públicos, fueron un factor determinante para explicar el aumento exponencial de casos y muertes a partir de julio.

Las autoridades y sus críticos se acusan mutuamente por este relajamiento.

Los primeros apuntan especialmente contra los grupos “anticuarentena”, que incluso protagonizaron una serie de marchas —la última y una de las más masivas el pasado 12 de octubre— protestando por la falta de libertad y lo que algunos llaman una “infectadura”.

Una protesta contra el gobierno en Buenos Aires

Reuters
La oposición al gobierno ha realizado protestas sin distanciamiento social.

Para los detractores del gobierno estaba claro que una cuarentena de tantos meses era insostenible, motivo por el cual ningún otro país ordenó un cierre tan largo.

También culpan al gobierno de haber profundizado la crisis económica que generó la pandemia, llevando a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas a quebrar ante un cierre tan prolongado.

Hay una sola cosa en la que todos están de acuerdo: la crisis sanitaria recién se superará cuando haya una vacuna, algo que según las autoridades argentinas estará disponible “masivamente” en marzo.


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