Fiscalía para la libertad de expresión descarta caso de Moisés Sánchez; dice que no es periodista
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Cortesía Familia de Moisés Sánchez

Fiscalía para la libertad de expresión descarta caso de Moisés Sánchez; dice que no es periodista

En respuesta a un recurso de amparo interpuesto por la organización Artículo 19, la Procuraduría General de la República argumenta, en base a una serie de testimonios recabados en el municipio de Medellín, que la principal actividad de Moisés era el de conductor de taxis, por lo que no tiene objeto la atracción del caso. Por su parte, Artículo 19 critica que la PGR usó "testimonios sesgados" para llegar a esta conclusión.
Cortesía Familia de Moisés Sánchez
Por Manuel Ureste
11 de septiembre, 2015
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El periodista veracruzano Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas, el pasado 2 de enero. // Foto: Cortesía Familia de Moisés Sánchez.

Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas y posteriormente asesinado, el pasado 2 de enero. // Foto: Cortesía Familia de Moisés Sánchez.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atraerá la investigación del caso de Moisés Sánchez, director del semanario La Unión asesinado el pasado 2 de enero en el municipio veracruzano de Medellín, porque concluye que su principal actividad era la de taxista y no el periodismo.

En respuesta a un recurso de amparo interpuesto el 1 de abril por la organización Artículo 19, la Procuraduría General de la República (PGR) –de la que depende la FEADLE- expone que no hay elementos suficientes para sostener que la privación ilegal de la libertad y el posterior asesinato de Moisés se deba a su condición de periodista; trabajo que la Fiscalía indica que hacía “de manera esporádica”.

Ante esta consideración, la dependencia insiste en que el caso no es objeto de atracción el pasado 28 de febrero ya se pronunció de manera idéntica-, por lo que apunta que éste debe ser investigado por las autoridades de Veracruz. Esto, a pesar de que Artículo 19 documentó que según el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés aplicaba en al menos seis de los 10 supuestos (que puedes leer aquí) bajo los cuales la FEADLE puede atraer delitos contra la libertad de expresión.

Para llegar a la conclusión de que Moisés Sánchez no era periodista -en concordancia con lo que también apuntó desde un principio el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien nada más conocer la noticia del secuestro de Moisés se apresuró a decir que éste era un “conductor de taxi y activista social”-, la PGR utiliza principalmente dos elementos que esgrime a lo largo de 33 páginas en el oficio DGCAP/OAXICP/0127/2015, fechado el 21 de agosto de este año, y del que Animal Político tiene una copia.

1.- Testimonios

La Fiscalía hizo una serie de entrevistas a vecinos de la localidad veracruzana de Medellín de Bravo, así como exfuncionarios y exempleados del Ayuntamiento y también a familiares de Moisés Sánchez, quienes algunos aseguran que desconocen el semanario La Unión y la actividad periodística de Moisés, aunque otros, por el contrario, refieren que sí conocían su trabajo periodístico y su activismo en el municipio.

Entre los testimonios que emplea la Fiscalía para descartar que Moisés Sánchez era periodista también está la declaración ministerial de Clemente Noé Rodríguez, uno de sus presuntos agresores hoy preso, quien se refiere a Moisés en su confesión como “un taxista de la localidad”.

Asimismo, la Fiscalía concluye que Moisés ejercía el periodismo “de manera esporádica” a partir del testimonio del hijo del comunicador, Jorge Sánchez, quien al ser preguntado sobre la periodicidad en que su padre publicaba La Unión, éste refiere que la última vez fue ocho meses antes de su homicidio.

Además, la PGR también incluye las repuestas de directivos de los diarios Notiver, Órale, La imagen del Golfo y Diario del Puerto, quienes niegan que Moisés Sánchez formara parte de su plantilla editorial o que les prestara sus servicios como reportero, tal y como se había apuntado en un principio.

2.- Definición de labor periodística  

Por otra parte, para concluir que Moisés Sánchez no era periodista la PGR usa una definición de la labor periodística emanada del acuerdo A/145/10, por el que se creó la FEADLE en el año 2010. Según este acuerdo, la labor periodística se entiende “como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión”.

No obstante, tal y como señala Artículo 19, la Fiscalía omite usar para este caso una definición de la labor periodística posterior que es mucho más amplia.

Se trata de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio de 2012, la cual entiende por periodistas “las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioléctrico, digital o imagen”.

PGR sesga los testimonios para desacreditar labor periodística de Moisés: Artículo 19

Para Paulina Gutiérrez, abogada de Artículo 19, los argumentos esgrimidos por la PGR para descartar el trabajo periodístico de Moisés Sánchez son insuficientes, y critica que la Fiscalía usa “testimonios sesgados” para facilitar la conclusión de que el director de La Unión era taxista y así no atraer el caso.

“Están utilizando los testimonios de manera sesgada para desacreditar la actividad periodística de Moisés. Porque en la investigación también hay muchos otros testimonios que confirman que sí conocían la distribución y promoción que daba Moisés Sánchez a La Unión”, subraya la licenciada en entrevista con Animal Político, quien adelanta que Artículo 19 ya estudia interponer un nuevo amparo contra la resolución de la dependencia federal.

Por su parte, Jorge Sánchez, hijo del comunicador, denuncia que las preguntas realizadas por la dependencia a varios ciudadanos de Medellín “no buscaban investigar, sino desacreditar la labor de mi papá”.

“Medellín es un pueblo, y la PGR cuestiona a personas que no saben lo que es el periodismo o que tienen un concepto limitado. Por ejemplo, en las preguntas les plantean si consideran que mi padre trabajaba para un periódico, y algunos primero dicen que no, pero luego admiten que él siempre andaba con la cámara de fotos, haciendo entrevistas, y cubriendo eventos. Y eso muestra que muchas personas ligan el concepto de periodismo con empresas grandes, con los periodistas que ven por la televisión”.

En cuanto a la definición que emplea la PGR sobre la labor periodística –la cual queda restringida a que la persona trabaje para un medio de comunicación-, Jorge Sánchez hace hincapié en que la labor de su padre iba más allá de publicar el semanario La Unión con más o menos regularidad.

No es necesario trabajar en un medio de comunicación para hacer periodismo. Hay periodistas ciudadanos, blogueros, y personas que hacen periodismo comunitario, como mi padre. Pero todo ellos se quedan desamparados bajo esa definición de la PGR. No entienden que alguien que no esté en nómina, que no trabaje para un medio reconocido, pueda llamarse periodista”, expone Sánchez, quien recuerda que hay testimonios de periodistas veracruzanos que confirman que, además de publicar La Unión, Moisés también les enviaba información de lo que sucedía en Medellín a través de notas y fotografías.

Uno de esos testimonios es el de Ángel Ramos, reportero que conoció a Moisés desde el año 2012.

Moi llevaba muchos años informando lo que pasa en Medellín sobre asesinatos, secuestros, extorsiones y corrupción, y comenzó también a pasar información a los periodistas del Puerto de Veracruz para que diéramos a conocer todas esas situaciones”, dijo Ramos para un perfil que Animal Político publicó el pasado 26 de enero tras la desaparición forzada del comunicador, en el que definió la labor de Moisés Sánchez como “fundamental”, porque “daba voz a la comunidad”. 

Lee aquí el perfil.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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