Fiscalía para la libertad de expresión descarta caso de Moisés Sánchez; dice que no es periodista
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Cortesía Familia de Moisés Sánchez

Fiscalía para la libertad de expresión descarta caso de Moisés Sánchez; dice que no es periodista

En respuesta a un recurso de amparo interpuesto por la organización Artículo 19, la Procuraduría General de la República argumenta, en base a una serie de testimonios recabados en el municipio de Medellín, que la principal actividad de Moisés era el de conductor de taxis, por lo que no tiene objeto la atracción del caso. Por su parte, Artículo 19 critica que la PGR usó "testimonios sesgados" para llegar a esta conclusión.
Cortesía Familia de Moisés Sánchez
Por Manuel Ureste
11 de septiembre, 2015
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El periodista veracruzano Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas, el pasado 2 de enero. // Foto: Cortesía Familia de Moisés Sánchez.

Moisés Sánchez fue sustraído de su domicilio por un grupo de personas armadas y posteriormente asesinado, el pasado 2 de enero. // Foto: Cortesía Familia de Moisés Sánchez.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atraerá la investigación del caso de Moisés Sánchez, director del semanario La Unión asesinado el pasado 2 de enero en el municipio veracruzano de Medellín, porque concluye que su principal actividad era la de taxista y no el periodismo.

En respuesta a un recurso de amparo interpuesto el 1 de abril por la organización Artículo 19, la Procuraduría General de la República (PGR) –de la que depende la FEADLE- expone que no hay elementos suficientes para sostener que la privación ilegal de la libertad y el posterior asesinato de Moisés se deba a su condición de periodista; trabajo que la Fiscalía indica que hacía “de manera esporádica”.

Ante esta consideración, la dependencia insiste en que el caso no es objeto de atracción el pasado 28 de febrero ya se pronunció de manera idéntica-, por lo que apunta que éste debe ser investigado por las autoridades de Veracruz. Esto, a pesar de que Artículo 19 documentó que según el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés aplicaba en al menos seis de los 10 supuestos (que puedes leer aquí) bajo los cuales la FEADLE puede atraer delitos contra la libertad de expresión.

Para llegar a la conclusión de que Moisés Sánchez no era periodista -en concordancia con lo que también apuntó desde un principio el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien nada más conocer la noticia del secuestro de Moisés se apresuró a decir que éste era un “conductor de taxi y activista social”-, la PGR utiliza principalmente dos elementos que esgrime a lo largo de 33 páginas en el oficio DGCAP/OAXICP/0127/2015, fechado el 21 de agosto de este año, y del que Animal Político tiene una copia.

1.- Testimonios

La Fiscalía hizo una serie de entrevistas a vecinos de la localidad veracruzana de Medellín de Bravo, así como exfuncionarios y exempleados del Ayuntamiento y también a familiares de Moisés Sánchez, quienes algunos aseguran que desconocen el semanario La Unión y la actividad periodística de Moisés, aunque otros, por el contrario, refieren que sí conocían su trabajo periodístico y su activismo en el municipio.

Entre los testimonios que emplea la Fiscalía para descartar que Moisés Sánchez era periodista también está la declaración ministerial de Clemente Noé Rodríguez, uno de sus presuntos agresores hoy preso, quien se refiere a Moisés en su confesión como “un taxista de la localidad”.

Asimismo, la Fiscalía concluye que Moisés ejercía el periodismo “de manera esporádica” a partir del testimonio del hijo del comunicador, Jorge Sánchez, quien al ser preguntado sobre la periodicidad en que su padre publicaba La Unión, éste refiere que la última vez fue ocho meses antes de su homicidio.

Además, la PGR también incluye las repuestas de directivos de los diarios Notiver, Órale, La imagen del Golfo y Diario del Puerto, quienes niegan que Moisés Sánchez formara parte de su plantilla editorial o que les prestara sus servicios como reportero, tal y como se había apuntado en un principio.

2.- Definición de labor periodística  

Por otra parte, para concluir que Moisés Sánchez no era periodista la PGR usa una definición de la labor periodística emanada del acuerdo A/145/10, por el que se creó la FEADLE en el año 2010. Según este acuerdo, la labor periodística se entiende “como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión”.

No obstante, tal y como señala Artículo 19, la Fiscalía omite usar para este caso una definición de la labor periodística posterior que es mucho más amplia.

Se trata de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio de 2012, la cual entiende por periodistas “las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioléctrico, digital o imagen”.

PGR sesga los testimonios para desacreditar labor periodística de Moisés: Artículo 19

Para Paulina Gutiérrez, abogada de Artículo 19, los argumentos esgrimidos por la PGR para descartar el trabajo periodístico de Moisés Sánchez son insuficientes, y critica que la Fiscalía usa “testimonios sesgados” para facilitar la conclusión de que el director de La Unión era taxista y así no atraer el caso.

“Están utilizando los testimonios de manera sesgada para desacreditar la actividad periodística de Moisés. Porque en la investigación también hay muchos otros testimonios que confirman que sí conocían la distribución y promoción que daba Moisés Sánchez a La Unión”, subraya la licenciada en entrevista con Animal Político, quien adelanta que Artículo 19 ya estudia interponer un nuevo amparo contra la resolución de la dependencia federal.

Por su parte, Jorge Sánchez, hijo del comunicador, denuncia que las preguntas realizadas por la dependencia a varios ciudadanos de Medellín “no buscaban investigar, sino desacreditar la labor de mi papá”.

“Medellín es un pueblo, y la PGR cuestiona a personas que no saben lo que es el periodismo o que tienen un concepto limitado. Por ejemplo, en las preguntas les plantean si consideran que mi padre trabajaba para un periódico, y algunos primero dicen que no, pero luego admiten que él siempre andaba con la cámara de fotos, haciendo entrevistas, y cubriendo eventos. Y eso muestra que muchas personas ligan el concepto de periodismo con empresas grandes, con los periodistas que ven por la televisión”.

En cuanto a la definición que emplea la PGR sobre la labor periodística –la cual queda restringida a que la persona trabaje para un medio de comunicación-, Jorge Sánchez hace hincapié en que la labor de su padre iba más allá de publicar el semanario La Unión con más o menos regularidad.

No es necesario trabajar en un medio de comunicación para hacer periodismo. Hay periodistas ciudadanos, blogueros, y personas que hacen periodismo comunitario, como mi padre. Pero todo ellos se quedan desamparados bajo esa definición de la PGR. No entienden que alguien que no esté en nómina, que no trabaje para un medio reconocido, pueda llamarse periodista”, expone Sánchez, quien recuerda que hay testimonios de periodistas veracruzanos que confirman que, además de publicar La Unión, Moisés también les enviaba información de lo que sucedía en Medellín a través de notas y fotografías.

Uno de esos testimonios es el de Ángel Ramos, reportero que conoció a Moisés desde el año 2012.

Moi llevaba muchos años informando lo que pasa en Medellín sobre asesinatos, secuestros, extorsiones y corrupción, y comenzó también a pasar información a los periodistas del Puerto de Veracruz para que diéramos a conocer todas esas situaciones”, dijo Ramos para un perfil que Animal Político publicó el pasado 26 de enero tras la desaparición forzada del comunicador, en el que definió la labor de Moisés Sánchez como “fundamental”, porque “daba voz a la comunidad”. 

Lee aquí el perfil.

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Rusia y Ucrania: las razones de Estados Unidos y la OTAN para no enviar tropas a Kiev

En el pasado, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN intervinieron en conflictos en países que no pertenecían a la alianza como Bosnia o Afganistán.
26 de febrero, 2022
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha gastado un enorme capital diplomático en contrarrestar el ataque ruso a Ucrania.

Su gobierno transmitió implacablemente advertencias sobre una posible invasión inminente por parte de Moscú, que finalmente se materializó, y declaró que estaba en juego nada menos que el orden internacional.

Pero Biden también ha dejado en claro que los estadounidenses no están dispuestos a combatir, aunque los rusos claramente lo están.

Además, descartó enviar fuerzas a Ucrania para rescatar a ciudadanos estadounidenses, si llegara el caso. De hecho, sacó del país tropas que estaban sirviendo como asesores y monitores militares.

¿Por qué ha trazado el mandatario esta línea roja en la crisis de política exterior más importante de lo que lleva de presidencia?

No están en juego sus intereses de seguridad nacional

En primer lugar,hay que recordar que Ucrania no está en el vecindario de EE.UU. ni se encuentra en su frontera. Tampoco alberga una base militar estadounidense. No tiene reservas estratégicas de petróleo y no es un socio comercial importante.

Pero esa falta de interés nacional no ha impedido en el pasado que gobiernos estadounidenses hayan gastado sangre y recursos de su país para defender a otros.

En 1995, Bill Clinton intervino militarmente en la guerra que siguió al colapso de Yugoslavia. Y en 2011, Barack Obama hizo lo mismo en la guerra civil de Libia, alegando tanto motivos humanitarios como de derechos humanos.

Tropa de Estados Unidos en Bosnia en 1995.

Getty Images
Estados Unidos envío tropas que formaron parte del contingente de la OTAN en 1995.

En 1990, George HW Bush justificó su coalición internacional para expulsar a Irak de Kuwait defendiendo el Estado de derecho frente a la ley de la selva.

Los principales funcionarios de seguridad nacional de Biden han usado un lenguaje similar al describir la amenaza de Rusia a los principios internacionales de paz y seguridad.

Pero, hasta ahora, han hablado de una guerra económica a través de sanciones paralizantes como respuesta, no de operaciones militares.

Biden no es partidario del intervencionismo militar

Esta postura tiene algo que ver con los instintos no intervencionistas del presidente Biden.

Por supuesto, estos se fueron desarrollando con el paso del tiempo. En el pasado, por ejemplo, el actual mandatario apoyó la acción militar estadounidense en la década de 1990 para hacer frente a los conflictos étnicos en los Balcanes.

También votó a favor de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Pero, desde entonces, se ha vuelto más cauteloso a la hora de usar el poder militar estadounidense.

Así, se opuso a la intervención de Obama en Libia, al igual que a su decisión de incrementar las tropas en Afganistán. De igual modo, sigue defendiendo enérgicamente su orden de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán el año pasado a pesar del caos que la acompañó y la catástrofe humanitaria que dejó a su paso.

Por su parte, el jefe diplomático de su gobierno, Antony Blinken —quien ha ayudado a concebir la política exterior de Biden— ha definido una seguridad nacional estadounidense más enfocada a combatir el cambio climático, luchar contra las enfermedades globales y competir con China que en términos de intervencionismo militar.

Los estadounidenses tampoco quieren una guerra

Una encuesta reciente de la agencia AP y el Centro NORC para la investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago concluyó que 72% de los consultados en EE.UU. dijo que su país debería desempeñar un papel menor en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o ninguno en absoluto.

Carteles con el precio de la gasolina en una estación de servicio en Estados Unidos.

Getty Images
Los estadounidenses están más preocupados por la economía que por la geopolítica.

Los ciudadanos centran sus intereses en cuestiones económicas, especialmente en el aumento de la inflación, algo que Biden debe tener en cuenta a medida que se avecinan las elecciones de mitad de período.

En Washington, la crisis en Ucrania está en el centro de las preocupaciones de legisladores tanto republicanos como demócratas, que exigen sanciones más duras contra Rusia.

Pero incluso voces de línea dura como el senador republicano Ted Cruz no quieren que Biden envíe tropas estadounidenses a Ucrania y “comience una guerra con Putin”.

El senador republicano Marco Rubio, otro halcón de la política exterior, ha dicho que la guerra entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo no sería buena para nadie.

El peligro de una confrontación de superpotencias

Buena parte de esta postura se explica en el hecho de que Putin cuenta con una gran reserva de ojivas nucleares.

Biden no quiere provocar una “guerra mundial” al arriesgarse a un enfrentamiento directo entre tropas estadounidenses y rusas en Ucrania y ha sido claro al respecto.

Balance fuerzas militares entre Rusia y Ucrania.

BBC
Desfile militar en Rusia.

Getty Images
Además de armas nucleares, Rusia cuenta con un potente arsenal convencional.

“No es como si estuviéramos lidiando con una organización terrorista”, dijo el mandatario estadounidense a la cadena NBC a principios de este mes. “Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy difícil y las cosas podrían descontrolarse rápidamente”, apuntó.

EE.UU. no está obligado a actuar

EE.UU. tampoco está obligado por ningún tratado internacional a asumir este riesgo.

Una situación distinta ocurriría si Ucrania fuera parte de la OTAN, pues en esa organización se asume que un ataque contra cualquiera de sus miembros es un ataque contra todos. Ese es el compromiso fundamental del Artículo 5, que obliga a todos los miembros a defenderse unos a otros.

Pero Ucrania no es miembro de la OTAN, un factor citado por Blinken para explicar por qué los estadounidenses no lucharán por los valores que defienden con tanta energía.

Aquí hay cierta ironía, dado que el conflicto surge de las demandas de Putin de garantías de que nunca se permitirá que Ucrania se una a la alianza militar y de la negativa de la OTAN a dárselas.

Tampoco la OTAN está obligada a hacerlo

Paradójicamente, el compromiso de defensa mutua establecido en el Tratado de la OTAN es el principal incentivo que tiene Ucrania para solicitar la admisión en esa alianza y, al mismo tiempo, uno de los motivos por los cuales algunos de sus estados miembros no quieren admitir a Kiev.

Gráfico

BBC

Desde inicios de la década de 1990, el tema de la ampliación de la OTAN para incluir a países que pertenecieron a la antigua órbita soviética fue motivo de debate entre expertos en política exterior, entre los cuales hay quienes creen que esto podría generar una reacción negativa por parte de Rusia, que podía sentirse amenazada por la inclusión en la alianza de países con los que comparte fronteras.

Pese a esas objeciones, la alianza se amplió y desde 1997 ha incluido entre sus miembros a 14 países que proceden del antiguo bloque comunista. Ha habido, sin embargo, dos notables excepciones: Georgia y Ucrania.

En 2008, la OTAN hizo una declaración en la que señaló que estos dos países podrían ser finalmente admitidos, pero esto no ha ocurrido.

De hecho, muchos analistas apuntan que no es casual que, justo meses después de esa cumbre de la OTAN, se produjo la guerra en Georgia mediante la cual separatistas prorrusos tomaron el control de los territorios de Abjasia y de Osetia del Sur.

Soldados de Ucrania en Donetsk.

Getty Images
En 2014, las fuerzas armadas de Ucrania perdieron el control de Donetsk y Luhansk ante grupos prorrusos.

Una situación similar se repitió en 2014, cuando pocos meses después de las revueltas populares que llevaron a la caída del gobierno del presidente prorruso de Ucrania Víktor Yanukóvich, se registraron las rebeliones en Donetsk y Luhansk, en las cuales grupos prorrusos asumieron el control de esos territorios de Ucrania.

Al igual que el gobierno de Biden, la OTAN ha criticado con dureza la invasión rusa a Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dijo que se trata de “un acto brutal de guerra”. Pero, de ahí a intervenir militarmente en defensa de Kiev, hay un abismo que la alianza no parece estar dispuesta a cruzar por el momento.

¿Puede cambiar esto?

El presidente Biden ha estado enviando tropas a Europa y redistribuyendo las que ya están allí, para reforzar a los aliados de la OTAN que limitan con Ucrania y Rusia.

Esto ha sido anunciado por su gobierno como un esfuerzo para tranquilizar a las exrepúblicas soviéticas, nerviosas por el objetivo más amplio de Putin de presionar a la OTAN para que haga retroceder las fuerzas de su flanco oriental.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Getty Images
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha criticado duramente la invasión rusa.

Este esfuerzo ha implicado también a la alianza, que durante los meses previos de tensión entre Rusia y Ucrania ha movilizado miles de efectivos y de recursos militares hacia el este de Europa, pero no con la finalidad de proteger a Ucrania sino para reforzar la protección de sus miembros en esa región como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.

Pero la invasión de Ucrania esta semana avivó las preocupaciones sobre la perspectiva de un conflicto más amplio, ya fuera por un derrame accidental de las hostilidades o por un ataque deliberado de Rusia más allá de Ucrania.

Esto último implicaría una gran escalada de la tensión, pues abriría la puerta a invocar el compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN. No obstante, cualquiera de esos dos escenarios podría atraer a las fuerzas estadounidenses a una batalla.

“Si [Putin] entra en los países de la OTAN, nos implicaremos“, advirtió Biden.

* Con información del análisis de Barbara Plett Usher, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado de EE.UU.


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