Los otros 158 desaparecidos de Cocula, Guerrero
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Los otros 158 desaparecidos de Cocula, Guerrero

La mayoría de los 158 desaparecidos son hombres o niños, con excepción de 15 mujeres, y su rango de edad va de los 13 a los 60 años. El caso Ayotzinapa le dio valor a los familiares de personas desaparecidas en Guerrero para denunciar los otros casos.
Cuartoscuro
Por AP
16 de septiembre, 2015
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Integrantes de a UPOEG y familiares de los normalistas desaparecidos localizaron dos fosas cerca de la laguna de Tuxpan, En Guerrero. // Foto: Archivo Cuartoscuro.

Integrantes de a UPOEG y familiares de los normalistas desaparecidos localizaron dos fosas cerca de la laguna de Tuxpan, En Guerrero. // Foto: Archivo Cuartoscuro.

El convoy de hombres armados se dispersó por el municipio de Cocula, en Guerrero, al sur de México, antes del amanecer. Algunos llevaban los nombres e irrumpieron directo en sus casas. Otros sólo se llevaron a quienes se encontraron en su camino.

Diecisiete personas desaparecieron de Cocula el 1 de julio de 2013, más de un año antes de que sucediera lo mismo con 43 estudiantes en la vecina ciudad de Iguala y que dirigiera los reflectores del mundo hacia esta zona de Guerrero.

La desaparición de los estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 le dio el valor a cientos de otras familias, que también tenían familiares desaparecidos, para salir a la luz pública y, algunos por primera vez, a denunciar los crímenes.

Ellos comenzaron a llamarse “Los otros desaparecidos”.

Entre ellos se encuentra Rosa Segura Giral, quien esperó más de un año para reportar el secuestro de su hija de 19 años, Berenice Navarijo Segura. Ella desapareció ese día de julio en Cocula, unas horas antes de su fiesta de graduación del bachillerato.

“Yo había dicho que no, que no iba a denunciar”, recordó Segura Giral. “Porque yo decía, ‘yo denuncio y que tal si mi hija está cerca, la gente sabe que yo denuncié, le hacen daño’, o sea, pensaba en todo eso”.

No fue sino hasta que otras familias de desaparecidos comenzaron a reunirse en una iglesia de Iguala, en otoño pasado, cuando Segura Giral finalmente decidió presentar la denuncia ante las autoridades.

Más de 25 mil 500 personas han desaparecido en México entre 2007 y el 31 de julio de 2015, según cifras del propio gobierno. En los últimos meses, The Associated Press entrevistó a familiares de 158 de “los otros desaparecidos”, que reportaron sus casos en la iglesia, dieron muestras de ADN y subieron a las montañas de los alrededores con machetes y varillas en busca de fosas clandestinas.

La gran mayoría de los 158 desaparecidos son hombres o niños, con excepción de 15 mujeres, y su rango de edad va de los 13 a los 60 años. El grueso de ellos son menores de 30 años.

Las familias han encontrado 60 fosas y con la ayuda de las autoridades federales recuperaron los restos de 104 personas. Sólo seis de ellos han sido identificados y entregados a sus familiares.

Hay muchas razones para las desapariciones: el reclutamiento para llenar las filas de un cartel de las drogas con hombres jóvenes. Atacar a competidores. Obtener dinero de rescates o castigar a alguien por no haber pagado una extorsión. Como sea, las desapariciones siembran miedo.

Miedo y silencio que induce a los cárteles a operar sin obstáculos. Su infiltración en la policía era tan evidente que después de la desaparición de los 43 estudiantes, las autoridades federales arrestaron a 66 miembros de las fuerzas policiales de Iguala y Cocula. La investigación oficial señaló que la policía local detuvo ilegalmente a los jóvenes y los entregó al grupo del narcotráfico Guerreros Unidos que los mató.

Iguala, rodeada de montañas, es un lugar desde donde se trafica pasta de opio hacia los Estados Unidos y es un codiciado sitio para los cárteles de las drogas que operan en la región.

La mañana del día de la graduación de Berenice, su familia escuchó el sonido de los disparos de 20, 30 hombres que avanzaban hacia la casa de los hermanos Luis Alberto Albarrán Miranda, de 23 años, y José Daniel, de 14. La policía de Cocula nunca salió de sus instalaciones, ubicadas a sólo escasos 100 metros de la casa, donde los desconocidos irrumpieron entre gritos de que eran policías federales en busca de armas.

Descalzos, los hermanos fueron sacados de ahí.

A menos de un kilómetro al este de la casa de los Albarrán Miranda, sobre una colina al otro lado de un puente, hombres armados llegaron disparando a la casa de su primo, Víctor Albarrán Varela, de 15 años. Algunos familiares se escondieron en el sótano, pero uno de sus hermanos mayores logró saltar una barda y cruzar el arroyo. Le dispararon en un tobillo, pero escapó.

Víctor tuvo la mala suerte de estar en el baño cuando su madre llevó a los otros a esconderse y se encontró de frente con los hombres armados que buscaban a otro de sus hermanos. Cuando no lo encontraron, dijeron que se lo llevarían a él como “una garantía”, contó su mamá Maura Varela Damacio.

Berenice Navarijo Seguro desapareció poco después. Ella esperó 20 minutos después de que dejaron de oírse los disparos y subió atrás de la motocicleta de su novio para ir a arreglarse el cabello y maquillarse.

Cuando su madre vio el convoy de camionetas pick-up pasar frente a su casa horas después, nunca imaginó que Berenice y su novio podrían estar en alguna de ellas.

“Nunca pensé que me podía pasar esto, nunca, nunca, nunca en mi vida pensaba en esto. Nunca pensé que la gente te quisiera hacer tanto daño, porque es daño el que te hacen”, dijo. “Mucho daño”.

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Nicaragua: por qué México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en el país centroamericano

Los gobiernos de México y Argentina publicaron un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por la situación en el país centroamericano.
22 de junio, 2021
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Los gobiernos tanto de México como de Argentina llamaron este lunes a consultas a sus embajadores en Nicaragaua por las “preocupantes acciones políticas-legales” realizadas por el gobierno de Daniel Ortega en los últimos días.

En un comunicado conjunto, ambos informaron que instruyeron al embajador de México, Gustavo Alonso Cabrera, y al de Argentina, Mateo Daniel Capitanich, trasladarse a sus respectivas capitales para consultarlos sobre esas medidas.

“Han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”, señalaron.

¿A qué se refieren exactamente?

El anuncio se produce en medio de la oleada de arrestos en Nicaragua a cinco meses de las elecciones presidenciales en el país, en las que Daniel Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo.

Entre los detenidos, se encuentran desde líderes opositores hasta activistas, exguerrilleros sandinistas y cinco posibles candidatos presidenciales.

El último de éstos fue detenido este mismo lunes, el periodista Miguel Mora.

Miguel Mora en 2019.

AFP
El periodista nicaragüense Miguel Mora.
línea

BBC

Posibles candidatos presidenciales detenidos

  • Miguel Mora, 57, empresario y periodista.
  • Félix Maradiaga, 44, politólogo.
  • Juan Sebastián Chamorro, 52, ex director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
  • Cristiana Chamorro Barrios, 67, hija de la expresidenta Violeta Chamorro y quien lidera las encuestas de popularidad en el camino hacia una candidatura presidencial.
  • Arturo Cruz, 67, exembajador.
línea

BBC

Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido la liberación inmediata de los líderes de la oposición, a quienes el gobierno de Ortega acusa de “golpistas” y de querer desestabilizar el país.

México y Argentina, por su parte, prometieron este lunes que “se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua”.

Y “seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”, sostuvieron.

No obstante, ambos se negaron a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la OEA para condenar la persecución de los opositores, con el argumento de la “no intervención en asuntos internos”.


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