111 detenidos por el ataque a los normalistas, ¿quiénes son?
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111 detenidos por el ataque a los normalistas, ¿quiénes son?

En la lista no figuran ni autoridades federales o estatales, ni objetivos criminales prioritarios. Hay 33 supuestos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, de los que ni siquiera se conoce públicamente su identidad.
Por Arturo Angel
21 de septiembre, 2015
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¿Quiénes son los 111 detenidos del caso Ayotzinapa? Foto: Especial

¿Quiénes son los 111 detenidos del caso Ayotzinapa? Foto: Especial

La investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha llevado a prisión, según el balance oficial, a 111 exfuncionarios y delincuentes. Sin embargo, entre ellos no hay hasta ahora ningún servidor público, policía estatal o federal, ni algún criminal considerado como prioritario por el gabinete de seguridad.

Animal Político hizo una revisión de todas las detenciones que se han hecho públicas por parte de la Fiscalía de Guerrero y de la Procuraduría General de la República (PGR), ambas encargadas en distintos momento de la investigación, así como de los informes del Consejo de la Judicatura Federal, responsable de los procesos.

El resultado: solamente se ha hecho pública la identidad de 78 de las 111 personas que han sido detenidas y consignadas como resultado de las investigaciones por la desaparición de los normalistas, desde octubre del año pasado hasta la fecha.

A pesar de haber sido detenidos como parte de la investigación del caso de los estudiantes víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, no todos están acusados directamente de haber participado en el plagio.

Los 33 nombres que no se conocen, de acuerdo con el cruce del balance oficial, serían principalmente personas ligadas con el grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se responsabiliza de haber perpetrado, en colusión con autoridades municipales, el secuestro y presunto homicidio de los normalistas.

En general, los detenidos pertenecen a tres grupos: policías municipales de Iguala, policías municipales de Cocula –un municipio colindante– y personas vinculadas con el mencionado grupo delictivo. A ellos se suman el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa; así como la joven que presuntamente los encubrió cuando se escondieron en la Ciudad de México.

No hay policías federales ni militares detenidos, ni tampoco agentes estatales. Del más de medio centenar de supuestos delincuentes detenidos, ningún nombre aparece entre la lista de los más de 90 objetivos criminales ya neutralizados por el gobierno federal.

El matrimonio Abarca y su cómplice. //Foto: Agencia de Investigación Criminal

El matrimonio Abarca y su cómplice. //Foto: Agencia de Investigación Criminal

Los Abarca

La pareja gobernaba en Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron señalados casi desde las primeras semanas del caso como los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Según la llamada “verdad histórica” de la PGR, dada a conocer por el exprocurador Jesús Murillo Karam, el móvil de la agresión a los normalistas fue que se temía que interrumpieran el informe que daba Pineda en su calidad de presidenta del DIF. La PGR dijo tener registros de comunicaciones por radio en donde Abarca instruyó a los mandos policiales de Iguala proceder.

No obstante, los hallazgos recientes han demostrado que la llegada de los normalistas fue posterior al referido evento, lo que ha debilitado el móvil inicial del caso

El ex presidente municipal y su esposa fueron capturados, tras una intensa búsqueda y trabajo de inteligencia, en un domicilio de la colonia Tenorios, delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. De acuerdo con versiones previas a su detención, habían estado ocultándose en Morelos, Tlaxcala y Querétaro.

Junto con los Abarca fue detenida Noemí Berumen, una joven hija de un empresario dedicado al alquiler de grúas, y quien mantuvo escondida a la ex pareja presidencial en el domicilio de Iztapalapa propiedad de su familia.

Los policías de Iguala

Actualmente se encuentran encarcelados 43 elementos de la Policía Municipal de Iguala, responsables de haber perpetrado la primera agresión en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque el principal mando de esa corporación sigue prófugo.

De los agentes que ya están presos el de mayor jerarquía es Francisco Salgado Valladares, ex subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, capturado el pasado 9 de mayo en el estado de Morelos.

De acuerdo con la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Salgado Valladares era el encargado de recibir directamente del grupo criminal Guerreros Unidos más de 600 mil pesos al mes para ser repartidos entre los agentes corruptos que daban protección a las actividades delictivas en la zona.

Los policías de Iguala han sido detenidos en distintos momentos. Primero fueron 22 agentes asegurados por la Fiscalía de Guerrero en octubre del año pasado. Unas semanas después fueron capturados diez más y el 29 de diciembre pasado un nuevo grupo de otros diez policías que había logrado eludir la orden de aprehensión girada en su contra.

La averiguación de la PGR ha planteado que fueron los agentes municipales de Iguala los que agredieron con armas de fuego a los estudiantes, matando por lo menos a tres de ellos e hiriendo de gravedad a otro grupo. Luego se encargaron de la retención ilegal de 43 normalistas que entregaron a agentes de Cocula, el municipio aledaño.

El ataque fue instruido por Felipe Flores Velázquez, director de la Policía de Iguala, y quien supuestamente acató las órdenes de José Luis Abarca. La PGR considera su captura como clave para el desenlace de las investigaciones pero hasta ahora no ha materializado.

Los agentes de Cocula

La Policía Municipal de Cocula es la segunda fuerza de seguridad involucrada en el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa. Hay en total 15 elementos de esa corporación detenidos y ya procesados.

El 14 de octubre del año pasado, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón, dijo que el resultado de las indagatorias confirmaba que los policías de Iguala entregaron a agentes municipales de Cocula al grupo de normalistas ilegalmente retenidos.

“Los policías detenidos confesaron que alteraron las bitácoras de traslado y número de patrullas para ocultar la operación que se había llevado a cabo. Fueron ellos los que entregaron a los normalistas a elementos del crimen organizado”, señaló Zerón.

Los 14 agentes capturados originalmente fueron policías municipales preventivos pero, el 21 de noviembre del año pasado fue detenido César Nava González, subdirector operativo de esa corporación. De acuerdo con la PGR, Nava era quien recibía los sobornos del grupo Guerreros Unidos para permitir su operación en el área.

La Procuraduría también detuvo en su momento al presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, para indagar sus vínculos con el crimen organizado, pero tras declarar fue liberado bajo reservas de ley.

Los “Guerreros” y los que faltan

De acuerdo con el balance oficial, hay más de medio centenar de presuntos integrantes y personas ligadas al grupo delictivo Guerreros Unidos detenidos hasta ahora, como resultado de las investigaciones por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pero la revisión hecha por Animal Político arroja que sólo se ha hecho pública la detención de 17 de ellos.

Ninguno de los capturados aparece en la lista de los más de 90 objetivos prioritarios del crimen organizado que ya fueron capturados.

El detenido de mayor jerarquía es Sidronio Casarrubias Salgado, capturado por agentes federales en Morelos, y que antes perteneció a la estructura delictiva del cártel de los Beltrán Leyva, al igual que varios de sus cómplices.

De acuerdo con lo revelado por la PGR, Sidronio Casarrubias no participó activamente en la agresión en contra de los normalistas pero si fue quien dio autorización a su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, para que procediera con el ataque bajo el argumento de que pensó que se trataba de integrantes del grupo delictivo de Los Rojos.

Otra captura destacada es la de Rubén Nuez Salgado, operador financiero de Guerreros Unidos. La PGR señala que él era el responsable directo del pago de los sobornos a los cuerpos de seguridad coludidos con el grupo criminal, entre ellos los 600 mil pesos que mensualmente se le daba a los mandos de la Policía de Iguala.

Los dos principales lugartenientes de Casarrubias ya fueron capturados también. Uno de ellos es Normal Isai Alarcón Mejía y el otro es Gildardo López Astudillo, alias el Gil. Fue este último el que habría estado a cargo de toda la operación para presuntamente asesinar y desaparecer a los normalistas, que según la PGR, fueron quemados en un basurero de Cocula.

Entre el grupo de sicarios de Guerreros Unidos capturados destaca el caso de Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo, quien declaró –según lo revelado en diciembre por el entonces procurador Jesús Murillo Karam– la forma en que supuestamente fueron quemados los estudiantes de Ayotzinapa y sus restos colocados en bolsas que luego se arrojaron al río.

Respecto a la identidad de otros integrantes de este grupo criminal cuyas capturas no se han dado a conocer, en el Consejo de la Judicatura Federal confirmaron que las consignaciones se han hecho a juzgados federales de Tamaulipas sin embargo, por determinación del juez se resolvió no dar a conocer detalles de las mismas.

¿Quiénes son los 111 detenidos del caso Ayotzinapa? Foto: Especial

¿Quiénes son los 111 detenidos del caso Ayotzinapa? Foto: Especial

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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