Nueva evidencia en el caso Narvarte: cuatro videos muestran a otros tres presuntos implicados
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Nueva evidencia en el caso Narvarte: cuatro videos muestran a otros tres presuntos implicados

Un hombre entregó a la Policía una memoria con cuatro videos en donde se aprecia a tres personas más que podrían estar involucradas en el caso.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
18 de septiembre, 2015
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Personal del PGJDF, con resguardo de policías de la SSP-DF, retomaron los peritajes en el interior de departamento donde el 31 de julio asesinaron a cinco personas. //Foto: Cuartoscuro

Personal del PGJDF, con resguardo de policías de la SSP-DF, retomaron los peritajes en el interior de departamento donde el 31 de julio asesinaron a cinco personas. //Foto: Cuartoscuro

Cuatro videos –que un “informante desconocido” entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)– revelaron que otras tres personas están presuntamente involucradas en el multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio pasado.

Karla Michel Salas, una abogada de las víctimas, dijo a Animal Político que son cuatro videos en los que aparecen tres hombres platicando con dos de los sujetos que salieron del departamento de Narvarte. Este encuentro ocurrió minutos antes de la siete de la noche del mismo día del crimen.

Las tomas no corresponden a las cámaras de la policía capitalina, sino a cámaras de seguridad privada instaladas en la zona de Taxqueña, al sur de la Ciudad de México. El material fue entregado en una memoria USB que le dio un civil a un policía de investigación.

“No quiero problemas, pero esto les interesa”, dijo un hombre no identificado a un agente, según la versión de las autoridades acerca de cómo se obtuvo el material que ya fue integrado a la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07.

Este ocurre una semana después de que los abogados de las víctimas confirmaran que las autoridades capitalinas buscan a más personas implicadas en el caso, luego de hacer una revisión a los 12 tomos (con más de 4 mil 400 páginas) de la averiguación previa a cargo de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios.

Sin embargo, el procurador del DF, Rodolfo Ríos, ha confirmado públicamente que sólo fueron tres los involucrados.

El encuentro con los tres sospechosos

En las tomas se ven a tres sujetos que bajan de una camioneta Suburban de color azul placas MGR 7855, quienes intercambian un sobre y un paquete con dos hombres que horas antes habían salido del departamento de Narvarte a bordo de un vehículo Mustang que pertenecía a una de las víctimas.

Hasta ahora, pese a contar con las matrículas, las autoridades capitalinas no han conseguido localizar esa camioneta.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, los hombres que viajaban en el Mustang son el expolicía capitalino Abraham Tranquilino y su amigo Omar Martínez, quienes ya se encuentran detenidos y procesados. Los que iban en la suburban Azul, y aún son buscados por las autoridades, no están identificados, de acuerdo con el expediente del caso.

Los abogados coadyuvantes señalaron que esta información abre nuevas interrogantes. Primero, ¿cómo se está integrando la averiguación previa del caso? Y segundo, sobre el nivel de organización que pudo existir detrás del crimen ocurrido el pasado 31 de julio.

Tres hipótesis, cero conclusiones

Aunque las autoridades han considerado un tema de drogas como una de las líneas de investigación del caso y organizaciones han acusado un crimen contra la libertad de expresión, el expediente no tiene evidencia probatoria suficiente para consolidar alguna de ellas, según lo revelado por el análisis de los abogados de la coadyuvancia.

La teoría de las drogas parte principalmente de la declaración de uno de los detenidos, el expolicía Abraham Tranquilino, quien dijo que pretendían robarle a una de las víctimas –Mile Virginia– un paquete de cocaína que había recogido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Pero los abogados no encontraron otro elemento en el expediente que consolide esta línea de investigación, ya que las declaraciones de los otros dos detenidos no coinciden con este señalamiento, y tampoco se encontró en el departamento u otro sitio el paquete de droga. Asimismo, la joven no tenía antecendentes por tráfico de drogas.

En las diligencias realizadas, los abogados tampoco encontraron una solicitud de apoyo a la Policía federal o al AICM para la identificación supuesto paquete de droga. No se han construido las “redes de vínculos” en torno a Mile Virginia.

El señalamiento del expolicía capitalino, acerca de que uno de sus cómplices supuestamente pertenecía a Los Zetas, no está sustentado en ninguna evidencia.

En la línea del robo, una de las primeras que se manejó y que es uno de los tres delitos que se imputa a los acusados, la acusación incluida en el expediente de la PGJDF esté sustentada en la sustracción de una maleta del departamento y de una alcancía con 6 mil 600 pesos

Pero no se ha podido identificar otros objetos robados, y menos que eso fuera un móvil del multihomicidio.

La línea respecto a que pudo ser un homicidio vinculado a un tema de libertad de expresión, luego de que dos de las víctimas –el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera– tuvieron que autoexiliarse de Veracruz, tampoco se ha consolidado ni descartado pese a la toma de declaraciones que se llevó cabo.

“Las autoridades de la Procuraduría fueron a tomar una serie de declaraciones allá, pero no ha existido un trabajo posterior o de campo. La petición de los abogados no es que se compruebe esta línea como motivo del crimen pero sí que se haga la investigación seria que permita descartar este por cualquier otro móvil”, dijo Michel Salas.

Peritajes pendientes

Los abogados coadyuvantes del caso Narvarte solicitaron la semana pasada a la Procuraduría capitalina que se amplíen los peritajes practicados hasta ahora, además de que se descubra ante los representantes de las víctimas nueva evidencia que no ha sido incluida en el expediente.

Lo anterior en apego al artículo 20 de la Constitución Política, apartado C, que faculta a las víctimas y sus abogados coadyuvantes para que pidan y se les desahoguen las diligencias que soliciten o que el Ministerio Público fundamente sus razones para no hacerlo.

En el tema de los peritajes, explicó Michel Salas, la preocupación de las víctimas y abogados es en torno a los cuestionamientos sobre el modus operandi del homicidio; es decir, cómo fueron asesinadas las víctimas, algo que no queda claro en las más de 4 mil 400 páginas que tiene el expediente.

Por ello se han pedido ampliación de dos peritajes, el de mecánica de hechos y el de mecánica de lesiones. 

“En resumidas cuentas no sabemos ni quien disparó, ni cómo se hicieron los tiros. Las autoridades creen, por ejemplo, que no se usó silenciador en el arma utilizada sino una almohada, pero solo hay una almohada y los disparos fueron cinco. De ese nivel son las lagunas en la investigación”, dijo la abogada.

Además, los abogados coadyuvantes han requerido a las autoridades que se entreguen y revelen las grabaciones completas del 31 de julio provenientes de las cámaras de seguridad pública colocadas en la calle Luz Saviñón donde está ubicado el departamento. Hasta ahora solo se ha mostrado un lapso de tiempo posterior a las 13:30 horas.

De acuerdo con los abogados, esto es importante para esclarecer si todas las personas que a lo largo de esa mañana ingresaron al edificio eran vecinos o si pudo haber otra persona ajena al sitio.

Se espera que este jueves los abogados tengan un nueva reunión con autoridades de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, con el objetivo de conocer la respuesta a algunas de estas peticiones.

**Nota publicada el 17 de septiembre.

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Agresión de policías a músico reenciende protestas en Francia por polémica ley de seguridad

El ataque a un productor de música negro, que fue golpeado por policías de París, ha elevado la indignación en Francia en momentos en que el gobierno promueve una polémica ley de seguridad.
28 de noviembre, 2020
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Los policías involucrados “han manchado el uniforme de la república”, sentenció este viernes el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Y es que la golpiza que recibió el productor de música Michel Zecler el pasado 21 de noviembre ha indignado al país luego de que se diera a conocer un video del incidente que tuvo con policías en París.

Un caso que ha reavivado las protestas que se registran en el país por una ley de seguridad que propone el gobierno y que los manifestantes advierten hará invisibles casos de abuso de las fuerzas del orden.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas primero por el sitio de noticias Loopsider, muestran a tres agentes pateando y golpeando con porras a Zecler, cuando este entraba a su propio estudio musical.

El productor de Black Gold Studios presuntamente se había cruzado con una patrulla y, al no llevar puesta una mascarilla, trató de entrar rápido a su oficina para evitar ser multado.

Tres agentes lo siguieron e ingresaron al estudio para sacarlo a la calle. Para conseguirlo, hicieron uso de la fuerza, hecho que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es “inaceptable” y “vergonzoso.

Tras pedirles ayuda, artistas que estaban en el estudio consiguieron liberarlo de los agentes y cerrar la puerta, pero los policías reingresaron y lanzaron una granada lacrimógena en el interior.

Zecler asegura que, además de ser golpeado, fue objeto de insultos racistas por ser negro durante los cinco minutos de golpiza que le dejó hematomas en todo el cuerpo, además de necesitar puntos en la cabeza.

Inicialmente había sido acusado de violencia y resistencia al arresto, pero los fiscales desestimaron los cargos y en su lugar abrieron una investigación contra los agentes.

“Me atacaron personas que deberían haberme protegido. No hice nada para merecer esto. Solo quiero que estas tres personas sean castigadas según la ley”, dijo Zecler a la prensa afuera de la jefatura de policía el jueves, a la que llegó con su abogado para presentar una denuncia.

Los tres policías que aparecen en el video han sido suspendidos y están bajo investigación. Fueron interrogados el viernes.

Pero este caso y otros de uso excesivo de la fuerza solo ha reavivado las protestas en el país contra el gobierno de Macron.

Una protesta en París

EPA
Miles de manifestantes tomaron las calles, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se manifestaban en París este sábado.

Los enfrentamientos comenzaron después de que algunos en la multitud arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes. Autos fueron incendiados y se levantaron barricadas.

Una protesta en París

Reuters
Hubo algunos disturbios en París durante una marcha multitudinaria.

Macron exigió el viernes una respuesta rápida de sus subalternos para reconstruir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Dijo que Francia nunca debería “resignarse a la violencia” o “dejar que prospere el odio o el racismo”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo estar “profundamente conmocionada” por este “acto intolerable”.

El ojo sobre la policía

El gobierno francés ha emprendido un controvertido proyecto de ley de seguridad, que según los opositores podría socavar la capacidad de los medios para examinar el comportamiento de la policía.

El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de policías o soldados en las redes sociales que puedan afectar a los uniformados en su seguridad física y psicológica.

Los críticos de la legislación dicen que sin tales imágenes, ninguno de los incidentes como el de Zecler, o el desalojo de un campamento de migrantes la semana pasada en París, habría salido a la luz.

El gobierno argumenta que el nuevo proyecto de ley no compromete los derechos de los medios de comunicación ni de los ciudadanos comunes a denunciar los abusos policiales.

Una protesta en París

Reuters
Tras las protestas, el artículo 24 del proyecto de ley ha sido enmendado.

Ante las críticas, el gobierno agregó una enmienda, especificando que el artículo 24 “sólo tendrá como objetivo controlar la difusión de imágenes claramente dirigidas a dañar la integridad física o psicológica de un oficial de policía o soldado”.

Las personas declaradas culpables podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45.000 euros (US$53.800).


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