La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó que sin permiso del Congreso, 70 por ciento de los remanentes del Banco de México (Banxico) se destinen al pago de deuda y el resto al programa de estabilización gubernamental.
Con 30 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, esa instancia de la Cámara de Diputados aprobó el documento que adiciona el Artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con lo que se prevé mantener las finanzas públicas sanas.
Dicho remanente resulta de los ingresos derivados de la revaluación de la reserva internacional y de las diferencias entre los intereses que el Banco de México cobra y paga a los intermediarios financieros.
En la propuesta se explica que de esa manera el remanente de operación del banco central se incrementa normalmente en momentos de depreciación de la moneda nacional, lo que genera un ingreso por revaluación de activos netos de sus gastos de operación.
El dictamen que contiene el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de las leyes General de Contabilidad Gubernamental y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fue aprobado por 34 votos a favor, contra dos abstenciones de diputados de Morena y una del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.
Esto se deriva principalmente del establecimiento de criterios generales en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera aplicable a todos los niveles.
A través de ese nuevo marco normativo, subraya el texto, se han establecido las bases que permiten que la información en materias presupuestaria y financiera pueda ser consolidada y comparada entre las distintas entidades de gobierno que tienen bajo su responsabilidad la administración de los recursos públicos.
Sin embargo se considera necesario reforzar la vinculación entre los entes públicos estatales y municipales con el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac).
Éste es un órgano nacional de coordinación encargado de armonizar la contabilidad gubernamental, a efecto de agilizar el flujo de la información y análisis de las medidas que deben adoptar esos entes para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, señaló que los dos dictámenes forman parte del paquete económico de 2016 que envió el Ejecutivo federal y que se turnaron a la Mesa Directiva “para su inclusión en el orden del día de la sesión que se efectuará el próximo lunes”.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mencionó que de conformidad con la Junta Directiva de la comisión, todas las reservas que se plantearon en su momento serán discutidas en el pleno de la Cámara de Diputados.
Hizo notar que las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se refieren al cumplimiento, ante los entes públicos estatales y municipales, de las normas en materia de contabilidad gubernamental y generación de información financiera.
Como requerimiento de información contable para la Federación agrega el estado de actividades y los flujos de efectivo, además de fortalecer el proceso de amortización contable.
Asimismo se dota de más elementos al Conac para agilizar el seguimiento sobre los avances de armonización contable en los tres órdenes de gobierno.
Respecto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dijo que se pretende atribuir en forma exclusiva a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la regulación y organización del sistema de evaluación del desempeño.
Además se concentran las atribuciones en materias de regulación y operación del sistema de evaluación y desempeño en esa institución federal, con el objeto de fortalecer el presupuesto basado en resultados.
“La SHCP verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de programas de presupuesto en las dependencias y entidades, con base en el sistema en el cual es obligatorio para los ejecutores de gasto”, aseveró Hinojosa Ochoa.
El presidente de la comisión explicó que en la propuesta se plantea que “estará a cargo de la propia SHCP la programación, presupuestación, evaluación y control del presupuesto del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades”.
En tanto que la Secretaría de la Función Pública (SFP), en términos de las disposiciones jurídicas que rigen sus funciones de auditoría y control, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de las que de ella emanen respecto al gasto de las dependencias y entidades, añadió Hinojosa Ochoa.
