En Tamaulipas, Guerrero y Jalisco se descubrieron 60% de las armas decomisadas: SEIDO
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En Tamaulipas, Guerrero y Jalisco se descubrieron 60% de las armas decomisadas: SEIDO

Informe arroja que 7 de cada 10 de esas armas proviene de los Estados Unidos. También se han encontrado granadas, municiones de mortero y hasta minas antipersonales. En el último año se obtuvieron sentencias contra 31 miembros de diez cárteles, ninguno de ellos de Guerreros Unidos.
Por Arturo Angel
15 de octubre, 2015
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zetas drogas

Las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas, Guerrero y Jalisco son las más armadas del país, por lo menos en el último año. Datos actualizados de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) confirman que más del 60 por ciento del armamento decomisado a los cárteles de septiembre de 2014 a julio de 2015, fue encontrado en esas entidades.

De las armas decomisadas, tres de cada cuatro fueron largas y en su mayoría se trata de rifles de alto poder que son de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Más del 70 por ciento proviene de Estados Unidos y entre lo encontrado también hay granadas de fragmentación, municiones de lanzacohetes e incluso minas antipersonales.

Estos datos se encuentran en el informe de labores que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó al Congreso con motivo del tercer año de gobierno de la actual administración federal, y que puede consultarse en línea.

El documento, en el apartado de combate al crimen organizado, destaca además que en el último año se han obtenido sentencias condenatorias en contra de 31 integrantes de 10 cárteles que operan en México, desde presuntos lugartenientes hasta operadores financieros.

Las sentencias alcanzaron a integrantes de organizaciones criminales como Los Rojos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Zetas, el Cártel del Pacífico, Caballeros Templarios, entre otros.

En el registro no aparece ningún sentenciado de Guerreros Unidos, uno de los dos principales grupos delictivos –junto con Los Rojos– que opera en Guerrero y al que, entre otras cosas, se le responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Estados armados

En el segundo año de este sexenio, Sinaloa, Michoacán y Sonora fueron las entidades federativas en donde se concentraba el mayor número de decomisos de armas al crimen organizado. El caso de Michoacán era especial pues hubo un incremento notable de las fuerzas federales y agentes ministeriales tras el surgimiento de las autodefensas.

El tercer informe de labores de la PGR arroja un panorama distinto. De las 413 armas de fuego que la SEIDO confirma como provenientes del crimen organizado, 142 fueron encontradas en Tamaulipas, lo que equivale casi a la tercera parte de todo el armamento descubierto de septiembre de 2014 a junio de este año.

En Tamaulipas opera fundamentalmente células del cártel del Golfo y los Zetas que tienen pleno control de las rutas de tráfico de armas, droga y personas.

Guerrero es la segunda entidad que acumula la segunda mayor cantidad de armas decomisadas a la delincuencia organizada en el último año con 57 en total. En dicha entidad hay presencia de varios grupos delictivos, aunque los más fuertes según la propia PGR son Los Rojos y Guerreros Unidos.

El registro federal arroja casi la misma cantidad de armas aseguradas a Jalisco, entidad en donde operan principalmente el Cartel del Pacífico (compuesto por el Cártel de Sinaloa y aliados) y el Cártel de Jalisco Nueva generación (CJNG).

Fue en Jalisco, concretamente en los límites de los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, donde en mayo de este año sicarios del Cártel de Jalisco consiguieron derribar con armas de alto poder un helicóptero militar, hecho que derivó en la muerte de una decena de militares y elementos de la Policía Federal.

En total, las 255 armas aseguradas en Tamaulipas, Guerrero y Jalisco representan poco más del 61 por ciento de todas las que se aseguraron en el último año.

Las otras once entidades en donde la SEIDO reportó decomisos de armamento del crimen organizado son Sinaloa, Sonora, Distrito federal, Nuevo León, Michoacán, estado de México, Morelos, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Yucatán.

Cabe señalar que en comparación con el segundo año de gobierno, el número de armas decomisadas al crimen organizado como resultado de las indagatorias de la SEIDO, representó una reducción de poco más del ocho por ciento.

Alto poder

De las 413 armas de fuego del crimen organizado aseguradas casi el 75 por ciento fueron “largas”, es decir fusiles automáticos y semiautomáticos, escopetas, ametralladoras y rifles francotirador. El resto se trató de armas cortas que comprenden pistolas y revólveres principalmente.

Los datos de la SEIDO arrojan que el tipo de arma larga más común de las decomisadas fueron los fusiles calibre 7.62 x 39 que utilizan principalmente los AK-47 conocidos popularmente como “Cuerno de Chivo”. Casi la mitad de todas las armas largas encontradas por las autoridades fueron armas de este tipo.

El AK-47 es un fusil de fabricación rusa y automática, cuyo fácil manejo y confiabilidad casi en cualquier clima, la han hecho popular entre grupos subversivos y delictivos. En México su uso está prohibido legalmente y ni el Ejército Mexicano, que está facultado para emplear este tipo de calibre, lo utiliza.

En julio del 2012, ante los hechos de violencia que se registraban en la entidad, el gobierno de Sinaloa solicitó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional permiso para utilizar este modelo de rifles. La demanda implicaba modificaciones legales que no prosperaron.

El segundo tipo de arma larga más decomisada a los cárteles, que representa 18 por ciento de las piezas encontradas, es la de calibre .223. Aquí entran modelos como los rifles de fabricación estadunidense AR-15 que son utilizados en México por la Policía Federal y grupos tácticos de policías estatales, con configuración e disparo automático o semiautomático.

Los rifles que usan el calibre 556xOTAN son el tercer tipo más frecuente en los registros de decomisos con una proporción de 4.5 por ciento. Los criminales adquieren estas armas en el mercado negro, pero hay policías estatales y hasta municipales como la de Iguala, que tenían en su poder armas de este calibre como los modelos alemanes HK G36.

Los datos también revelan que, de septiembre de 2014 a junio de 2015 se decomisaron a los cárteles 66 artefactos y municiones explosivas. El 32 por ciento de ellos fueron granadas de fragmentación, el 29 por ciento municiones calibre 40 milímetros para lanzagranadas, y el 23 por ciento minas antipersonales de diversos tipos.

En los últimos años, señala la PGR en su informe, se ha diseñado un sistema de inteligencia enfocado específicamente en el tráfico de armas, y el cual se ha enriquecido con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos.

Con lo anterior, se ha logrado construir una base de datos de 9 mil 180 armas de fuego y 2 mil 108 granadas – ya contando los aseguramientos del último año – cuyo origen está siendo rastreado. Hasta ahora se ha establecido que por lo menos el 70 por ciento de todo el armamento fue adquirido en los Estados Unidos y traficado ilegalmente a México.

No se descarta que varias de las armas, como por ejemplo los fusiles alemanas HK G36, lleguen a las manos de los delincuentes después de pasar por las autoridades. Animal Político publicó que en promedio, las fuerzas policiales de nuestro país pierden seis armas oficiales al día.

¿Y Guerreros Unidos?

La PGR reportó a los legisladores que en el último año, obtuvo de parte de jueces federales sentencias en contra de 31 personas que son integrantes de diez de las principales organizaciones del crimen organizado. Se trata de personas que fueron acusados de diversos delitos además de delincuencia organizada, violaciones a la ley federal de armas, secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

El cártel que registró más sentencias fue el de los Beltrán Leyva con nueve de sus integrantes condenados en los tribunales. Le sigue en condenas el grupo criminal de Los Rojos, que surgió como producto de la desarticulación de los Beltrán Leyva, con cinco de sus miembros sentenciados.

Guerreros Unidos, cártel rival de Los Rojos que también opera en Guerrero y fue instaurado por ex integrantes de los Beltrán Leyva, y al que se señala de múltiples hechos delictivos como el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa, no figura con algún integrante sentenciado por lo menos en el último año.

El Cártel de Jalisco y el Cártel del Pacífico registraron cada uno a tres miembros sentenciados. Dos integrantes de los Arellano Félix y dos del Cártel de Juárez también recibieron condenas.

Una de las sentencias más altas según la descripción hecha por la SEIDO en el informe fue de 185 años de prisión dictado en contra de Mario León González, integrante del Cártel del Pacífico, y que fue encontrado culpable de los delitos de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y secuestro, asó como tentativa de homicidio y homicidio calificado.

Otros que recibieron una condena alta, de 171 años 10 meses de prisión, son Osmael Almaráz Gómez y José Antonio MartÍnez Martíenz, quienes pertenecían a Los Zetas y fueron capturados desde el año 2008. Los sicarios fueron sorprendidos por elementos del Ejército Mexicano cuando mantenían una decena de personas secuestradas a los que obligaban a confeccionar paquetes para ocultar mariguana.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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