Mujeres encarceladas en Oaxaca denuncian múltiples fallas en su proceso judicial
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Mujeres encarceladas en Oaxaca denuncian múltiples fallas en su proceso judicial

Detenciones arbitrarias, falta de información sobre su proceso, poco contacto con los defensores o imposibilidad de hablar con un juez son sólo algunas de las irregularidades.
Especial
Por Tania Montalvo
17 de noviembre, 2015
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Mujeres encarceladas en Oaxaca denuncian múltiples fallas en su proceso judicial.

Mujeres encarceladas en Oaxaca denuncian múltiples fallas en su proceso judicial.

Mujeres que permanecen en prisión en el estado de Oaxaca denuncian fallas en el proceso judicial que enfrentan tras haber sido detenidas por delitos vinculados al tráfico de drogas, principalmente el transporte de mariguana.

Lo común es que esas mujeres hayan sido detenidas de manera arbitraria, obligadas a firmar una declaración pese a no saber leer y nunca tener contacto con su abogado defensor, reveló una investigación realizada por la organización feminista Equis, Justicia para las Mujeres.

El 91% de las mujeres que participan en la investigación no portaban armas al momento de su detención, un porcentaje similar no tiene antecedentes penales y son mujeres indígenas; mientras que el 60% no completaron la secundaria y se encuentran en situación de necesidad económica.

De diez entrevistas realizadas, el 100% dijo que no haber recibido suficiente información sobre su proceso judicial cuando cumplió dos años en prisión preventiva.

Es el caso de Teresa —nombre falso para proteger su identidad—, una madre soltera sin escolaridad. Militares entraron a su casa sin orden de cateo o aprehensión y dijeron que una persona la había acusado de vender mariguana.

Teresa declaró que la pusieron contra la pared y mientras no veía qué pasaba removieron todas las cosas de su casa. Luego la subieron a una camioneta, la trasladaron al Ministerio Público y le dijeron que habían encontrado la droga.

Ella se declaró inocente, pero ya cumplió dos años en prisión y todavía no tiene sentencia.

Sólo habló una vez con su abogado de oficio y la obligaron a firmar una declaración. Ella no sabe leer. Al juez sólo lo ha visto una vez en una videoconferencia y no existe ni una sola prueba del caso.

Equis. Justicia para las Mujeres denuncia que además de las irregularidades en los procesos judiciales, no se toman en cuenta las circunstancias de las mujeres, su necesidad económica o el desconocimiento de que están cometiendo un delito.

Ellas “ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva” en el negocio del tráfico de drogas; pues se desempeñan como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo o para transportar paquetes.

Otro caso que estudió la organización es el de Carmen, quien necesitaba dinero para las pruebas médicas de su hijo y para comprar alimentos para el resto de su familia. Pidió un préstamo, pero cuando lo hizo un hombre le ofreció trabajo y le pidió llevar un paquete a la capital.

Fue detenida en un retén con el paquete que contenía mariguana, la mantuvieron incomunicada y la obligaron a firmar una declaración en la que no sólo reconoce como suyo el paquete; también agrega que tenía un celular en el que se hallaron imágenes con droga y fajos de billetes. Está sentenciada a 10 años de prisión.

Cuando fue detenida no vio a ningún abogado ni fue asesorada legalmente. Días después se le asignó un abogado de oficio pero éste nunca se presentó a las audiencias ni a los careos con los agentes que la detuvieron.

“Ellas (las mujeres) son la mano de obra reemplazable de las redes criminales transnacionales. Mientras que el número de reclusas ha aumentado considerablemente estos últimos años, los estudios reflejan que un importante número de mujeres reclusas por delitos contra la salud no plantean un riesgo para la sociedad y que, como ocurre con el resto de personas privadas de libertad, su encarcelamiento dificulta la posterior reinserción social afectando fuertemente la vida de las mujeres y de sus dependientes”, advierte Equis. Justicia para las mujeres en su investigación.

La organización alerta que esta política de encarcelar a mujeres que cometen delitos como posesión y transporte de drogas sin estudiar sus casos implica altos costos sociales para el país.

“El encarcelamiento por este tipo de delitos, no violentos, tiene más repercusiones a nivel socioeconómico para las mujeres que para la verdadera lucha contra el narcotráfico. El encarcelamiento de estas mujeres no afecta las dinámicas e intensidad del tráfico de drogas en el país”.

Según datos recabados por la organización, estas detenciones han aumentado 170% en la última década, lo que provoca que ocho de cada diez mujeres en prisión lo estén por algún delito vinculado a las drogas.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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