[contextly_sidebar id=”IobMLLbb8vCvCKd1av0o7lY81livnEgB”]Mujeres que permanecen en prisión en el estado de Oaxaca denuncian fallas en el proceso judicial que enfrentan tras haber sido detenidas por delitos vinculados al tráfico de drogas, principalmente el transporte de mariguana.
Lo común es que esas mujeres hayan sido detenidas de manera arbitraria, obligadas a firmar una declaración pese a no saber leer y nunca tener contacto con su abogado defensor, reveló una investigación realizada por la organización feminista Equis, Justicia para las Mujeres.
El 91% de las mujeres que participan en la investigación no portaban armas al momento de su detención, un porcentaje similar no tiene antecedentes penales y son mujeres indígenas; mientras que el 60% no completaron la secundaria y se encuentran en situación de necesidad económica.
De diez entrevistas realizadas, el 100% dijo que no haber recibido suficiente información sobre su proceso judicial cuando cumplió dos años en prisión preventiva.
Es el caso de Teresa —nombre falso para proteger su identidad—, una madre soltera sin escolaridad. Militares entraron a su casa sin orden de cateo o aprehensión y dijeron que una persona la había acusado de vender mariguana.
Teresa declaró que la pusieron contra la pared y mientras no veía qué pasaba removieron todas las cosas de su casa. Luego la subieron a una camioneta, la trasladaron al Ministerio Público y le dijeron que habían encontrado la droga.
Ella se declaró inocente, pero ya cumplió dos años en prisión y todavía no tiene sentencia.
Sólo habló una vez con su abogado de oficio y la obligaron a firmar una declaración. Ella no sabe leer. Al juez sólo lo ha visto una vez en una videoconferencia y no existe ni una sola prueba del caso.
Equis. Justicia para las Mujeres denuncia que además de las irregularidades en los procesos judiciales, no se toman en cuenta las circunstancias de las mujeres, su necesidad económica o el desconocimiento de que están cometiendo un delito.
Ellas “ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva” en el negocio del tráfico de drogas; pues se desempeñan como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo o para transportar paquetes.
Otro caso que estudió la organización es el de Carmen, quien necesitaba dinero para las pruebas médicas de su hijo y para comprar alimentos para el resto de su familia. Pidió un préstamo, pero cuando lo hizo un hombre le ofreció trabajo y le pidió llevar un paquete a la capital.
Fue detenida en un retén con el paquete que contenía mariguana, la mantuvieron incomunicada y la obligaron a firmar una declaración en la que no sólo reconoce como suyo el paquete; también agrega que tenía un celular en el que se hallaron imágenes con droga y fajos de billetes. Está sentenciada a 10 años de prisión.
Cuando fue detenida no vio a ningún abogado ni fue asesorada legalmente. Días después se le asignó un abogado de oficio pero éste nunca se presentó a las audiencias ni a los careos con los agentes que la detuvieron.
“Ellas (las mujeres) son la mano de obra reemplazable de las redes criminales transnacionales. Mientras que el número de reclusas ha aumentado considerablemente estos últimos años, los estudios reflejan que un importante número de mujeres reclusas por delitos contra la salud no plantean un riesgo para la sociedad y que, como ocurre con el resto de personas privadas de libertad, su encarcelamiento dificulta la posterior reinserción social afectando fuertemente la vida de las mujeres y de sus dependientes”, advierte Equis. Justicia para las mujeres en su investigación.
La organización alerta que esta política de encarcelar a mujeres que cometen delitos como posesión y transporte de drogas sin estudiar sus casos implica altos costos sociales para el país.
“El encarcelamiento por este tipo de delitos, no violentos, tiene más repercusiones a nivel socioeconómico para las mujeres que para la verdadera lucha contra el narcotráfico. El encarcelamiento de estas mujeres no afecta las dinámicas e intensidad del tráfico de drogas en el país”.
Según datos recabados por la organización, estas detenciones han aumentado 170% en la última década, lo que provoca que ocho de cada diez mujeres en prisión lo estén por algún delito vinculado a las drogas.
