Una señal de GPS llevó la búsqueda de un desaparecido a un cuartel militar
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Una señal de GPS llevó la búsqueda de un desaparecido a un cuartel militar

Tras la desaparición del ingeniero Francisco Herrera Rivera, un último rastreo por GPS reveló que su teléfono estuvo en el 15 Batallón de Infantería. La familia denuncia que la propia Sedena y el Ejército en la zona ocultan información así como los videos del C4 que captan el momento de su captura.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
25 de noviembre, 2015
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Por GPS, rastrean a desaparecido hasta cuartel militar en Tamaulipas. FOTO: DARIO URIBE/CUARTOSCURO.COM

Por GPS, rastrean a desaparecido
hasta cuartel militar en Tamaulipas. FOTO: DARIO URIBE/CUARTOSCURO.COM

El 7 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera Rivera salía de un cajero automático en Tampico, Tamaulipas, cuando fue interceptado por una patrulla militar que, sin más, le requirió su credencial de elector, alegando una revisión de rutina. Los militares, narró el ingeniero a sus hermanos algunos días después, le tomaron una foto a su credencial y luego lo dejaron partir. “No lo vio como algo grave, incluso, bromeó al respecto”.

Pero diecisiete días después, el 24 de febrero, a las 7:15 horas, Francisco fue raptado al de salir de su casa.

Una cámara del C4 de Tampico registró el secuestro. “Cuando se lo llevan, la cámara los sigue, lo que demuestra que alguien estaba controlándola, viendo lo que sucedía”, narra Víctor Herrera, su hermano, “pero no dieron aviso a nadie”.

Aunque el ingeniero vivía solo, su familia pudo identificar su ausencia el mismo 24 de febrero, debido a que antes de llegar al trabajo, Francisco solía estacionar su camioneta en casa de su mamá, ubicada a poca distancia de su centro laboral. Al no hacerlo, y luego de que pasaron varias horas sin que lograran contactarlo, se convencieron de que algo le había sucedido.

Decidieron entonces rastrear su teléfono a través de un servicio personal de GPS, el cual ubicó el aparato dentro de un cuartel militar, el del 15 Batallón de Infantería, en la misma ciudad de Tampico.

Según este reporte, ese era el punto en el que se encontraba el teléfono la última vez que fue activado, siendo las 9:38 horas del 24 de febrero, es decir, dos horas y 23 minutos después de que el secuestro de Francisco fuera captado por las cámaras de seguridad pública.

Desde entonces, han pasado nueve meses, y nada ha vuelto a saberse de él.

El Ejército

“Mi hermano Paco acababa de cumplir 39 años cuando se lo llevaron –narra Víctor–, vivía separado de su esposa desde hacía unos meses, y estaba pagando su casa, por lo que vivía con un promedio de 6 mil pesos al mes, no era una persona adinerada. Aún así, nos pareció extraño que nadie llamara para pedir rescate, porque creíamos que se trataba de un secuestro para sacar dinero, pero más extraña fue la forma en que han actuado las autoridades encargadas de buscarlo.”

Luego de que el GPS ubicara el teléfono de Francisco dentro del 15 Batallón de Infantería, sus hermanos acudieron a este cuartel militar, para pedir informes sobre su situación, y “ahí nos recibe un tal general Adame, quien descarta que ahí tengan a mi hermano, y nos pasa a buscarlo, supuestamente”, pero para ese momento ya habían pasado más de siete horas desde que el aparato había sido encendido y ubicado por el GPS dentro de esas instalaciones, así que “ya no encontramos nada”.

Después de una semana, en la que vieron a los funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas cruzarse de brazos ante su denuncia, los familiares del ingeniero Francisco Herrera fueron notificados informalmente de que en el C4 habían encontrado videos que registraban el momento en que fue detenido.

“En esa semana hablamos con toda la gente que pudimos, conocidos, amigos, allegados, y fue así que supimos que ahí estaban los videos. Le pedimos al agente del MP del estado que los solicitara, pero no lo hizo, así que fuimos nosotros directamente al C4, y ahí una encargada llamó a un muchacho, un analista, quien nos dijo que efectivamente habían encontrado videos del secuestro, pero que un día después de los hechos había estado ahí el Ejército revisándolos, que lo habían tenido ahí hasta las 12 de la noche revisando… ‘no se preocupen, ya va muy avanzada la investigación’, nos dijo el analista”.

Esos videos, destaca la familia del ingeniero, fueron revisados y seleccionados por el Ejército del C4 sin que contara con ninguna atribución para ello.

“La Sedena cuenta con material que no ha entregado, en sus reportes hablan de que en el secuestro participaron tres vehículos, sin embargo, en los videos que han entregado sólo se ven dos autos”.

Esto, destaca Víctor, es prueba de que existen tomas del C4 a las que el Ejército tuvo acceso, pero no la familia y el MP.

Ingeniero Francisco Herrera Rivera, raptado y desaparecido desde el 24 de febrero de 2015, en Tampico, Tamaulipas.Foto: Especial

Ingeniero Francisco Herrera Rivera, raptado y desaparecido desde el 24 de febrero de 2015, en Tampico, Tamaulipas.Foto: Especial

“Cuando se llevaron a mi hermano –destaca Víctor–, los vehículos hacen un alto en una gasolinera, eso se ve en el video de C4. En esa gasolinera hay ocho cámaras de vigilancia, y cuando fuimos ahí para que nos facilitaran los videos, nos dijeron que antes ya los había pedido el Ejército y que ellos los tenían.”

La Secretaría de la Defensa Nacional retuvo este segundo paquete de videos durante dos meses, obstruyendo la investigación del Ministerio Público del fuero local, que no pudo conocer su contenido sino hasta mayo, debido a que fueron enviados a la sede central de la Sedena, en la Ciudad de México, hasta donde tuvo que viajar un agente del MP de Tamaulipas, para poder recuperarlos… dos meses después del secuestro.

Luego, las irregularidades en el actuar del Ejército continuaron.

“A finales de julio de 2015, o sea cuatro meses después de que se llevaron a mi hermano, hubo un enfrentamiento entre militares y criminales en el ejido Ruiz Cortines, municipio de González. Los criminales iban a bordo de la camioneta que se robaron cuando secuestraron a mi hermano. La camioneta quedó toda balaceada, y los tripulantes huyeron, dejando armas, equipo táctico y uniformes del Cártel del Golfo. La camioneta fue asegurada por el Ejército y puesta a disposición de la PGR, en donde para entonces ya habíamos también interpuesto una denuncia, y aún cuando la camioneta tenía reporte de robo, y de que estaba vinculada a la averiguación previa por la desaparición de mi hermano, ni el Ejército ni la PGR hicieron nada cuando la encontraron. Peor aún: tampoco dijeron nada.”

La familia del ingeniero Francisco Herrera supo que la camioneta había sido localizada hasta septiembre, es decir, dos meses después del hallazgo (y siete después del secuestro), gracias a que sus placas fueron captadas por una cámara de seguridad pública cuando el vehículo era transportada a instalaciones judiciales, a bordo de una grúa. Al tener reporte de robo, la cámara detectó en automático la placa y emitió una alerta.

“Si esa cámara del C4 no hubiera detectado la placa, la camioneta de mi hermano seguiría en un corralón de la PGR, perdida… De los tres vehículos que participaron en el secuestro, dos de ellos fueron luego recuperados, abandonados, pero cuando fueron recuperados y sometidos a análisis, estaban totalmente limpio: no había ni una huella, ni un cabello, nada. Parecía que la habían limpiado antes de entregarlos…”, se lamenta Víctor.

Para obtener la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a esta denuncia, Animal Político solicitó formalmente una entrevista con un representante de la institución, sin obtener respuesta favorable.

El C4

Cuando la familia del ingeniero Francisco Herrera exigió al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Tampico (C4) que explicara en qué circunstancias había entregado los videos del secuestro a integrantes del Ejército, el titular de este organismo, Juan Luis Domínguez Vargas, optó por negar los hechos, y “cuando el agente del Ministerio Público intentó tomar declaración al analista que asistió a los soldados en la revisión del material, nos encontramos con que este muchacho se presentó acompañado por el equipo jurídico de su institución. Y el analista, ya en su declaración, se echó para atrás, negó que ahí hubieran estado militares, negó que les hubiera entregado videos, negó que hubiera hablado con nosotros… era indignante escucharlo, porque propiamente nos estaba acusando a nosotros de mentir.”

De hecho, a través del oficio C-4/330/2015, fechado el 19 de marzo de 2015, el titular del C4 de Tamaulipas notifica oficialmente a la Procuraduría del estado que “ninguna persona de Sedena se ha presentado en nuestras instalaciones solicitando información por la desaparición del C. Francisco Herrera Rivera”.

Lo anterior, sin embargo, quedó desmentido por la misma Sedena, que en el reporte “URGENTE. No. PTN.INFN.333”, del 26 de febrero de 2015 –elaborado por J.A. Adame Cabrera, comandante del 15 Batallón de Infantería de Tampico–, reconoce que “esta comandancia de unidad se coordinó con la C. Lic. Alejandra Garza Caballero, encargada del Centro de Monitoreo y Videovigilancia del C4-Tampico, Tamaulipas, con el fin de verificar la veracidad y obtener mayores datos sobre los hechos expuestos por familiares de la presunta víctima”.

En dicho reporte, el comandante del 15 Batallón asegura que personal militar “realizó una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, lo que les permitió ubicar imágenes en las que se ve a dos vehículos siguiendo la camioneta del ingeniero.

Así, destaca Víctor, este reporte de la Sedena demuestra que los funcionarios del C4, desde el analista hasta su titular, pasando por su dirección jurídica, incurrieron en falsedad de declaraciones al rendir su testimonio ante el MP, “y ¿cuál era su objetivo al mentir? –se pregunta Víctor, y luego se responde–: Su objetivo fue ocultar las acciones del Ejército…”.

A pesar de que estas evidencias de falso testimonio han sido integradas a la averiguación previa iniciada a nivel estatal por la desaparición del ingeniero Francisco, ningún funcionario del C4 ha sido llamado a rendir cuentas.

La PGR

Según la descripción de los videos del C4 hecha por la misma Sedena, las personas interceptaron el vehículo de Francisco subieron a él, y luego todos se fueron en convoy, que pudo ser seguido por distintas calles de Tampico, hasta perderse.

A partir de esas imágenes, el comandante del 15 Batallón concluyó en su reporte que “por las acciones realizadas por las personas que viajaban en ellos (los autos que interceptaron a Francisco) es factible que el citado individuo forme parte de algún grupo de la organización delictiva Cártel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de integrantes de la misma organización”.

–¿Existe alguna denuncia, investigación o evidencia de que el ingeniero Francisco Herrera estaba involucrado en actividades criminales?

–Nadie, ni nosotros como familia, ni el Ministerio Público, ni el Ejército, tiene ningún indicio de que él hubiese participado en algún hecho delictivo. Ese reporte fue elaborado un día después de que secuestraron a mi hermano, es decir, no está sustentado en una investigación real. Es, más bien, como un intento de desviar la atención.

–¿Y tienen alguna hipótesis sobre lo que le sucedió a su hermano?

–No sabemos quiénes o por qué se lo llevaran, pero todas las evidencias indican de una u otra forma al Ejército. Es muy raro que ninguna autoridad quiere hacer nada: en marzo, un mes después de que se llevaron a Paco, acudimos a la PGR, en la Ciudad de México, y supuestamente iniciaron una averiguación previa, pero en septiembre, cuando volvimos a revisar el expediente, nos dimos cuenta de que no habían hecho nada, absolutamente nada.

Dos semanas después del secuestro, cuatro sujetos fueron detenidos por el Ejército, por portación de armas de fuego, y resultó que iban a bordo de uno de los autos usados en el rapto, los cuatro sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal (que pertenece a la PGR), y cuatro días después fueron puestos en libertad. Jamás les preguntaron por mi hermano, qué le habían hecho, por qué tenían uno de los autos que participaron en el secuestro, nada. Sólo los dejaron ir.

“Todo es muy raro”

La identidad y las fichas delictivas de estos cuatro sujetos temporalmente detenidos no ha podido ser conocida por la familia de Francisco, hasta la fecha, “y, por lo tanto, no hemos podido contrastar esos rostros con las personas que se ve en los videos, y ese es el problema –destaca el hermano del ingeniero–: que 95% de los avances en la investigación han sido aportados por nosotros, como familia, son datos recabados por nosotros, derivados de nuestras observaciones, nosotros somos los que hemos hecho el trabajo de campo, porque ni la Procurduría estatal, ni la PGR, han hecho nada, el expediente tiene unas 3 mil hojas, pero ningún resultado…”.

Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas, a nivel nacional, con 5 mil 519 víctimas, acumuladas del año 2000 a la fecha, según las estadísticas oficiales en la materia, de ellas, 410 fueron raptadas en la ciudad de Tampico.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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