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6 cosas que están en juego en las elecciones en Venezuela
La mayoría de los venezolanos, según encuestas, están insatisfechos y quieren un cambio. O, al menos, castigar al gobierno de Nicolás Maduro.
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Por BBC Mundo
6 de diciembre, 2015
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Lilian Tintori, la esposa del político opositor preso Leopoldo López, deposita su voto en las elecciones legislativas. Caracas, domingo 6 de diciembre de 2015. Mientras levanta su papeleta grita "por la linertad de los presos políticos". Las encuestas de intención de voto muestran que la oposición aventaja por 30 puntos al oficialismo. (AP foto/Fernando Llano)

Lilian Tintori, la esposa del político opositor preso Leopoldo López, deposita su voto en las elecciones legislativas. Caracas, domingo 6 de diciembre de 2015. . (AP foto/Fernando Llano)

En Venezuela hace años que las elecciones se plantean como un punto de quiebre, pero en las parlamentarias de este domingo hay un dato concreto e inédito que las convierte en un evento especial, y potencialmente histórico: la oposición llega como favorita.

La escasez de bienes básicos, la inflación más alta del mundo y la caída del gasto social han afectado profundamente el día a día de los venezolanos, que pasan muchos de sus días haciendo filas entre un supermercado y otro para poder comprar lo básico.

A eso se suman una inseguridad rampante, las denuncias de corrupción y la sensación de que el país con las reservas petroleras más grandes no avanza.

La mayoría de los venezolanos, según encuestas, están insatisfechos y quieren un cambio. O, al menos, castigar al gobierno de Nicolás Maduro.

El mandatario fue el encargado de remplazar al político más carismático y popular que ha conocido Venezuela en décadas, el fallecido Hugo Chávez.

Y lo hizo poco antes de que el precio del petróleo, la fuente de ingresos más importante del país, comenzara a caer de forma dramática hasta en un 60%.

A pesar de la delicada situación económica, el presidente ha optado por no alterar el modelo heredado de control de precios y de control de cambios. Maduro culpa de los problemas a una “guerra económica” de la oposición para sabotear su gestión.

Ahora los venezolanos tendrán la posibilidad de pronunciarse sobre Maduro.

La gran mayoría de la oposición vuelve a presentarse aglutinada en torno a la llamada Mesa de la Unidad (MUD). Si las encuestas están en lo correcto, puede ser mayoría en el Parlamento e impulsar cambios significativos para el Estado.

Esto es lo que está en juego este domingo en Venezuela.

1. El modelo económico

Las elecciones no solo serán un plebiscito para Maduro, sino para el modelo económico que él y su antecesor plantearon para el país petrolero.

Hablamos, en efecto, de lo que han llamado el socialismo del siglo XXI, donde el Estado es el actor principal de la economía y un proveedor de numerosos subsidios.

Dos elementos fundamentales son los precios de bienes básicos regulados por decreto y el hecho de que el Estado monopoliza el cambio de divisas.

Los ajustes que, según economistas, el gobierno debió haber adoptado hace años, probablemente vendrán después de las elecciones: reducción del gasto público, aumento del precio de la gasolina y devaluación, entre otras.

Pero la manera como se hagan esos ajustes y el impacto que tengan sobre el socialismo del siglo XXI dependerán de quién –y por cuánto– gane las elecciones.

2. La libertad de los políticos presos

Una de las facetas del gobierno de Maduro que más lo diferencian con su antecesor es la severidad con que se trata a la oposición.

Aunque durante Chávez hubo varios casos de políticos presos, bajo Maduro no solo aumentaron, sino que adquirieron una dimensión internacional.

Desde el presidente de Estados Unidos hasta la Internacional Socialista han pedido la liberación de las personas –alrededor de 80– que están en la cárcel por sus actividades contra el gobierno.

La oposición ha dicho que, en caso de ganar, su prioridad será aprobar una ley de amnistía que permita liberar a líderes opositores como Leopoldo López o Antonio Ledezma, que fueron arrestados acusados de promover la violencia y el derrocamiento de Maduro.

3. El chavismo como lo conocemos

El chavismo solo ha perdido una de las 19 elecciones que se han llevado a cabo en los últimos 17 años: si pierde, se enfrentará a un escenario desconocido.

Elementos de disidencia han emergido durante el último año, a pesar de ser descalificados por el gobierno: exministros, activistas y medios de comunicación que se denominaban chavistas han salido a criticar a Maduro.

Si el chavismo pierde, expertos han dicho que es probable que estos elementos crezcan dentro de la base chavista y surjan nuevos liderazgos que, en un punto, puedan enfrentar a Maduro en unas presidenciales (las próximas son en 2019).

Si gana, Maduro lo tomará como un respaldo a la revolución, que, como él mismo ha manifestado, se profundizaría.

4. El liderazgo de Maduro

Hay sectores el chavismo que han dicho que si el oficialismo pierde, Maduro debe renunciar.

Son chavistas que consideran que Maduro traicionó el legado de Chávez, porque, según ellos, oprimió a la disidencia, promovió la corrupción oficial y permitió que la crisis económica –que ellos ven como una guerra económica– se profundizara.

Si el chavismo pierde, hay analistas que consideran que entre sus filas culparán de la derrota a Maduro, que llega a las elecciones con entre 25% y 35% de aprobación, según encuestas.

5. El futuro de la oposición

La oposición ya sabe qué pasa cuando pierde unas elecciones que le planteó a su electorado como un punto de quiebre: la desesperanza y la desconfianza en el voto se toman la psiquis de sus bases.

“A partir del 6 de diciembre viene el cambio para Venezuela”, les han dicho a sus partidarios.

Si pierden, puede haber un sector de la oposición que descarte la vía electoral como la manera de generar cambios.

La oposición ha estado dividida en el último año, y una derrota, puede profundizar la ruptura.

Pero incluso si ganan una mayoría simple del Parlamento, la oposición tendrá que negociar con el gobierno y habrá un sector que estará en descuerdo, porque desconfía de lo que llaman “el régimen”.

6. La gobernabilidad

Precisamente por las divisiones que pueden producirse en ambos bloques y por la necesidad de que tengan que negociar, si gana la oposición es probable que Venezuela entre en periodo de incomunicación entre Ejecutivo y Parlamento.

El gobierno y la oposición no hablan desde el intento de diálogo durante la ola de violencia que dejaron las protestas contra Maduro en 2014.

Antes de lo que en realidad fue un acercamiento fallido, no hablaban hace más de una década.

Por eso una negociación en caso de que la oposición gane la mayoría se ve poco probable. Y sin embargo puede ser necesario.

Un parlamento opositor se tendrá que enfrentar a un Tribunal Supremo de Justicia que no ha fallado una sola vez en contra del gobierno en 9 años y que, para muchos, favorece al Ejecutivo.

El TSJ tiene el poder de poner freno a las iniciativas de ley de la oposición.

En ese caso, las soluciones a los no pocos problemas que tiene Venezuela se pueden quedar en el limbo del choque de trenes institucional.

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Foto: CIATEJ
Austeridad impuesta a Centros de Investigación limita hasta cargar el celular y provocará despidos
Ante los recortes de entre 30 y 50 % ordenados en varias partidas, la red de institutos se enfrenta a no poder pagar la luz, y deberá anular contratos con personal temporal que participa en proyectos de investigación.
Foto: CIATEJ
27 de mayo, 2019
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A partir de este lunes, en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), está prohibido cargar celulares, hacer café en cafeteras eléctricas o prender el aire acondicionado si hace calor.

Las medidas de austeridad ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado a esta institución a calcular que podría no alcanzarle el dinero para pagar la luz, así que la semana pasada envió un oficio a su comunidad, para anunciar las nuevas prohibiciones y recomendaciones.

“Se solicita trabajar en áreas con luz natural disminuyendo al mínimo el uso de la red eléctrica institucional”, es otra de las sugerencias. “Para trabajar en horarios cuando la temperatura sube, se recomienda trabajar en lugares con sombra y ventilación. Para este fin se ofrecen las salas de juntas”.

Investigaciones, clases o cualquier trabajo deberá terminarse a las 5 de la tarde, pues a partir de ese momento ya no se permitirá la presencia de nadie y serán apagados todas las computadoras y equipos, agrega el documento.

El CIATEJ no es el único que tuvo que tomar estas medidas. En el Instituto de Ecología (Inecol), en Xalapa, Veracruz, la comunidad científica recibió este viernes un oficio muy similar, anunciando que las actividades diarias deberán terminar a las 6 de la tarde, y otras restricciones como que el agua potable ya no estará refrigerada, o que el aire acondicionado sólo estará encendido en laboratorios donde el control de temperatura sea esencial.

Estos son solo dos ejemplos de lo que está ocurriendo en los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI), adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y que conforman la segunda comunidad científica más grande del país, después de la de la UNAM, con alrededor de 10 mil integrantes.

El memorándum de austeridad firmado por López Obrador el 3 de mayo pasado ordena recortar a toda la administración pública entre 30 y 50 % las partidas presupuestarias para materiales de oficina, estudios e investigaciones, alimentos, asistencia a congresos y viáticos de todo tipo.

Por ello, el pasado miércoles más de tres mil científicos, estudiantes, técnicos y personal administrativo de los CPIs firmaron una carta que llevaron a Presidencia y al Senado de la República, para pedir que se reconsidere la aplicación de dicho memorándum a estos centros de investigación.

Advierten que la reducción de trabajadores eventuales y la disminución de presupuestos podrían poner en peligro proyectos de investigación, y la formación de nuevos investigadores.

Un grupo de estos científicos explicó a Animal Político que el problema, de inicio, es que ellos estén considerados como funcionarios públicos, pagados por el Conacyt, aunque hagan labores de investigación y no de administración pública. Esa es la razón por la que a ellos les impacta este memorándum que está pensado, según lo expresado por Presidencia, para evitar que “el gobierno realice gastos excesivos u onerosos en su operación”.

Recortes de personal sin contrato fijo

El viernes, trabajadores por honorarios del Instituto Mora, que forma parte de la red de CPIs, denunciaron un recorte del 40 % en el presupuesto que había para contratarlos. Aunque en un principio se habló de despedir a este porcentaje, un trabajador aclaró que en algunos casos se negoció reducirles 40% el sueldo a cambio de mantener el puesto.

En una carta pública, detallaron que una tercera parte del personal del Instituto trabaja bajo esta modalidad de “proveedores de servicios profesionales”, que además de ser precaria por sí misma, ahora los pone en riesgo de quedarse sin sus trabajos y sin recibir ningún tipo de compensación.

“En la práctica diaria del Instituto, nosotros cumplimos un horario de 8 horas, tenemos jefes directos a quienes rendimos cuentas, cumplimos tareas distintas y/o mayores a las asignadas en los contratos, etcétera, lo que nos convierte en trabajadores de facto sin reconocimiento como tales y, por lo tanto, sin derecho a prestación alguna”, denunciaron.

Se quejaron de que, además, la mayoría solo trabaja exclusivamente para el Mora, pero si ellos decidieran terminar sus contratos, tendrían que pagar una penalización del 20 % del total de su valor, mientras que el Instituto solo está obligado a avisar con dos semanas de anticipación que terminará la relación laboral. Algo que ni siquiera se cumplió.

En otros CPIs ven venir despidos similares. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), de Puebla, que apenas el mes pasado fue noticia internacional porque participó en la creación de un telescopio virtual que permitió tomar la primera fotografía de un hoyo negro en el espacio. Ahí hay 300 trabajadores de base y 120 por honorarios, pero según dos de sus investigadores, el próximo mes ya no habrá dinero para pagarle a estos últimos.

En el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), que es el más grande, hay 530 trabajadores de base y 40 como “servicios profesionales” o como “proveedores”, el 7 %, que ahora está en peligro, a pesar de que forma parte de la plantilla habitual del Centro.

“Es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho, que se jubila alguien, no nos reponen la plaza, y hay que contratar por outsourcing. O el personal de limpieza, todo es por outsourcing. Y es una cuestión de que no haga antigüedad en la empresa, y otras prestaciones. Y ahora están recortando esa parte, entonces nos mete en problemas serios de gente que viene trabajando así en la institución por años”, señaló en entrevista Sabino Chávez, del INAOE.

Reducción de sueldos, viajes y desarrollo profesional

La reducción de bonos y compensaciones ordenada por el gobierno federal también impacta directamente en lo que en los hechos es el sueldo de los investigadores.

Según Juan Esteban Martínez, del Inecol, el ingreso real de los trabajadores va a bajar entre 20 o 30 % por la eliminación de estímulos a la investigación. Mencionó que hay quienes empezando su carrera, aunque ya tengan maestría y doctorado, perciben 15 mil pesos netos, y otros investigadores con más de 20 años están por arriba de los 30 mil.

Además, ya no podrán aspirar a subir de categoría como investigadores, de asociados a titulares, por lo que indica el punto 5 del memorándum: “No se autorizarán renivelaciones de plazas al alza con el objeto de incrementar las percepciones de los funcionarios contratados”.

Esto a pesar de que en los reglamentos de los CPIs está establecido que hay comisiones externas que todo el tiempo evalúan al personal y recomiendan promociones, y que como parte del perfil de investigador está hacer carrera subiendo de nivel.

Los científicos consultados también lamentaron que esto es un desincentivo para las nuevas generaciones, ya que se enfrentarán a una peor calidad de su educación, y a que la idea de ser investigadores se vuelva poco atractiva.

“Recortas en operación, en insumos para compra de materiales, para salidas de campo, para asistencia a congresos, y eso demerita la calidad de nuestros estudiantes, incluso en los tiempos en que ellos tendrían para terminar sus tesis”, comentó Carmen Maya, del CICESE. “Los más desanimados en nuestra institución son los estudiantes, por las dificultades que tienen y porque ven hacia adelante que no hay perspectiva”.

En cuanto a viáticos, la orden presidencial dada el 3 de mayo es tajante: reducción de 30 % en los que se usen en territorio nacional, y de 50 % en el extranjero. Además, el punto 9 ordena que toda comisión fuera del país se tendrá que solicitar por escrito y ser autorizada directamente por López Obrador.

Estos viajes no implicaban un gasto mucho mayor en el caso del Conacyt, según consta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Lo etiquetado para viáticos nacionales eran 21.5 millones de pesos, que ahora serán solo 15 millones. Pero para el extranjero eran únicamente 8.4 millones, que con la reducción a la mitad quedarán en 4.2 millones, una tercera parte de lo que se pueda gastar dentro del país.

Los académicos del CICESE no se explican qué va a pasar con ellos. Este centro, presumieron, nació hace 45 años en Ensenada, Baja California, cuando toda la investigación en México se concentraba en la Ciudad de México y el centro del país, y creció gracias a la vinculación con otros institutos de investigación de California, Estados Unidos.

El Centro tiene un apartado postal en San Diego. Medio en Broma, medio en serio, los investigadores dicen que ya no podrán ir a recoger ni la correspondencia, si para hacer eso va a hacer falta permiso presidencial y la mitad de dinero para cruzar la frontera, como hacían habitualmente.

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