close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

De cada 20 sentencias que dictan los jueces en México, sólo una es absolutoria, revela INEGI

En promedio un juez o un magistrado recibe diariamente un caso nuevo, además de los que ya tiene pendientes. Sólo en el tema de justicia penal, se abrieron 50 mil casos más de los que se cerraron en 2014.En el DF se inicia la mayor cantidad de casos civiles, mientras que Guerrero lidera en mercantiles y el Edomex en familiares.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel
24 de diciembre, 2015
Comparte
De las más de 60 mil sentencias emitidas en un año, solo en el 5% de los casos se declaró al detenido como inocente y quedó libre de todo cargo. // Foto: Cuartoscuro.

De las más de 60 mil sentencias emitidas en un año, solo en el 5% de los casos se declaró al detenido como inocente y quedó libre de todo cargo. // Foto: Cuartoscuro.

Las personas que enfrentan un proceso penal en México tienen escasas posibilidades de resultar absueltos. De las más de 60 mil sentencias emitidas en un año, en 5%  se declaró al detenido como inocente y quedó libre de todo cargo.

La radiografía actualizada del sistema judicial en México, revelada en el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que en proporción, apenas en uno de cada 20 casos la sentencia es favorable para los procesados.

En total, en 2014, los juzgados de todo el país abrieron cerca de 165 mil juicios en materia penal, que son los que tienen que ver con algún delito como robo, violaciones y homicidio, que involucraron a 169 mil personas detenidas. Es un promedio de más de 450 nuevos juicios que se inician todos los días.

Aunque en ese mismo año se lograron concluir 117 mil 901 juicios en materia penal en el país, la carga de trabajo no disminuyó, pues la cifra de procesos abiertos es superior en más de 50 mil nuevas causas.

Los casos que los jueces lograron resolver derivaron en 62 mil 169 sentencias, de las cuales solamente tres mil 664, que equivalen a 5%, fueron totalmente absolutorias, es decir, se comprobó plenamente que la persona era inocente de todos los cargos que le imputaba el Ministerio Público.

En cambio, en 36 mil 250 sentencias —casi 60%— los jueces decretaron que el procesado era culpable de todos los delitos de los que estaba acusado, mientras que en dos mil 514 casos la sentencia fue mixta, es decir, que al detenido se le encontró culpable de alguno de los delitos que pesaban sobre él.

Baja California es la entidad en donde los jueces emitieron más condenas penales, con un total de 18 mil 498; seguido de Sinaloa, con 4 mil 927; Puebla, con 4 mil 708; Chihuahua, con 4 mil 387, y Sonora con tres mil 849.

Cabe señalar que aunque el Estado de México es la segunda entidad —sólo detrás de Baja California— en donde se abrieron el mayor número de causas penales con más de once mil, el número de sentencias dictadas por los juzgados de ese estado no superó las tres mil 500.

Por lo que hace al Distrito Federal, el poder judicial capitalino no proporcionó al INEGI sus cifras relacionadas con el sistema penal, pese a que si lo hizo en otras materias como la civil y mercantil.

Un caso nuevo a diario

El censo del INEGI revela que sólo en 2014 se abrieron un millón 487 mil 888 causas y expedientes en los juzgados y tribunales de las ramas penal, familiar, civil y mercantil. Por otra parte, en el país hay en total cuatro mil 278 jueces y magistrados de acuerdo con el mismo registro.

Lo anterior significa que, en promedio, cada juzgador debe hacerse cargo de 347 casos nuevos en un año, o lo que es lo mismo, prácticamente un nuevo expediente a diario. Lo anterior sin tomar en cuenta los casos que ya tenga acumulados.

El estudio del INEGI revela que aunque los casos de tipo penal son los más sonados, en realidad se trata de la materia con menos procesos. Los de mayor dimensión, por lo menos en 2014, fueron los expedientes de asuntos familiares, con casi 700 mil casos; luego los civiles, con 530 mil 310, y los mercantiles, con 473 mil 671.

Solamente en el tema civil, el número de casos que se lograron cerrar el año pasado superó a los casos nuevos que se iniciaron. La diferencia más significativa fue en el tema familiar con 418 mil procesos que se concluyeron frente a casi 680 mil que se iniciaron.

El poder judicial del Distrito Federal es el de mayor envergadura respecto a casos abiertos en materia civil con más de 63 mil en 2014.

En cuanto a los asuntos de índole mercantil, los juzgados de Guerrero tienen el mayor número de expedientes iniciados a nivel nacional con 88 mil, mientras que el Estado de México ocupa el primer sitio en asuntos familiares, con 88 mil 972 iniciados el año pasado.

Mayoría de hombres, déficit en instalaciones

Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2015 arrojan que existen dos mil 594 jueces y magistrados hombres por mil 684 mujeres. Esto significa una mayoría de 60% para los impartidores de justicia del sexo masculino.

El censo también evidencia que la edad más común entre los jueces y magistrados de los estados es de 40 a 44 años de edad, con 875 integrantes en total, seguido de los 45 a 49 años de edad, con 836 jueces.

Los jueces menores de 39 años son la minoría pero existe el caso de 33 personas que ya encabezan un juzgado aunque sólo tienen entre 25 y 29 años. Además están los casos de dos mujeres, una en Chiapas y otra en Veracruz, que ya laboran como jueces pese a que solo tienen entre 18 y 24 años de edad.

Respecto al personal de apoyo para los jueces, los datos del INEGI arrojan que en los distintos juzgados y salas de los tribunales de justicia laboran 41 mil 310 personas entre secretarios, actuarios y personal administrativo en general.

Llama la atención que el registro del INEGI contabiliza a 152 médicos forenses, 176 peritos, doce químicos forenses y 49 trabajadores sociales, que dependen de los juzgados en el país. Esto se debe, según el propio estudio, a que en la mayoría de los estados los trabajos de medicina forense y servicios periciales dependen de las procuradurías y no de los tribunales.

Respecto a los recursos materiales, el censo revela que los distintos poderes judiciales tenían a su disposición en el país, hasta el cierre de 2014, poco más de 44 mil 681 computadoras, 20 mil 280 impresoras, 443 servidores y 101 tabletas electrónicas.

A lo anterior se suma una flota de 686 automóviles, 96 camionetas y 57 motocicletas, cifras que confirman que en realidad son minoría los juzgados que cuentan con estos transportes propios.

Otro dato que destaca es que la mayoría de los poderes judiciales de los estados carecen de edificios propios. Según el registro, en total hay mil 805 edificios que funcionan como sedes de los juzgados, salas superiores y oficinas de los tribunales estatales, pero de ellos solamente 566 son propios, mientras que 617 son rentados y 115 compartidos.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos

A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
Comparte

“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Una muñeca con un cartel que dice "Justicia ABC"

Getty Images
Los padres exigen que se castigue a los responsables y que haya aplicación de la ley “5 de junio”.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Ministros de la Suprema Corte

Getty Images
El ministro Jorge Pardo (derecha) tiene a su cargo el dictamen que habrá de considerar la Suprema Corte sobre el caso “ABC”.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

Una protesta por el caso de la guardería ABC

Getty Images
En total 25 niñas y 24 niños murieron, pero 104 más tuvieron algún tipo de herida, incluidas quemaduras.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Margarita Zavala y Felipe Calderón

Getty Images
Una de las copropietarias de la guardería “ABC” era pariente de Margarita Zavala, la entonces esposa del presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=rUrDvYJtKPU

https://www.youtube.com/watch?v=gFkihTytGRU

https://www.youtube.com/watch?v=hku5Xj6pr-M

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

¡Muchas gracias!


Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.