"Ataques a la paz" y "ultrajes a la autoridad" ¿delitos reales o excusa para reprimir? La Corte lo resolverá
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"Ataques a la paz" y "ultrajes a la autoridad" ¿delitos reales o excusa para reprimir? La Corte lo resolverá

Los proyectos de resolución de la Corte proponen respaldar la "constitucionalidad" de ambos delitos, ante impugnaciones de manifestantes sentenciados.
Por Paris Martínez
20 de enero, 2016
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Dos detenidos durante manifestaciones buscan que se deroguen los delitos que se les imputan. // Foto: Archivo Cuartoscuro

Dos detenidos durante manifestaciones buscan que se deroguen los delitos que se les imputan. // Foto: Archivo Cuartoscuro

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo públicos los proyectos de resolución en torno a un tema polémico en la Ciudad de México: la constitucionalidad de dos artículos del Código Penal del DF, en los que se establecen los delitos de “ultrajes a la autoridad” y de “ataques a la paz pública”.

Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ambos delitos han sido empleados por las autoridades de la capital para la “criminalización” de manifestantes, además de que vulneran “el principio de legalidad” y representan una “restricción indebida a los derechos a la manifestación, libertad de expresión y de reunión”.

Por esa razón, en diciembre pasado la CDHDF solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal derogar ambos delitos (eliminándolos del Código Penal capitalino).

Sin embargo, el debate que se prepara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte de la tesis opuesta: según los proyectos de resolución de los amparos directos 4384/2013 y 4436/2015, los delitos de ataques a la paz pública y de ultrajes a la autoridad son totalmente constitucionales.

A continuación, te presentamos un resumen de los argumentos que serán analizados por el máximo tribunal de justicia del país, en torno a estos dos preceptos penales, que rigen actualmente en la capital del país.

Los ataques a la paz…

El promovente del amparo directo 4384/2013 es Bryan Reyes, una de las personas detenidas durante las protestas del 1 de diciembre de 2012, convocadas por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

Cinco meses después de su arresto, en abril de 2013, Bryan Reyes fue hallado culpable de los delitos de “daño a la propiedad” y “ataques a la paz pública”, éste último contemplado en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que se le impuso una sentencia de dos años, seis meses y 15 días de prisión, así como al pago de una multa por reparación del daño.

Sin embargo, Bryan Reyes –quien enfrentó el juicio en libertad– apeló esta sentencia, argumentando que la expresión “perturbación a la paz pública” es ambigua, imprecisa y otorga al juzgador un “amplio margen de interpretación y arbitrariedad (…) lo que viola los derechos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal”.

Asimismo, Bryan alegó que este artículo del Código Penal capitalino “contiene una restricción a la garantía de libre expresión de las ideas y de reunión”, y por esta vía, una restricción al derecho a la manifestación.

Cabe destacar que, por separado, la Comisión de Derechos Humanos del DF defiende este mismo argumento en contra del artículo 362 del Código Penal capitalino, ya que, asegura, dicha norma “vulnera el principio de legalidad” y representa una “restricción indebida a los derechos a la manifestación, libertad de expresión y reunión”.

Por ello, en diciembre pasado la CDHDF solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se derogue el tipo penal de “ataques a la paz pública”.

En contraste con esta postura, el magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –encargado de elaborar el proyecto de resolución de la Suprema Corte sobre el tema de los ataques a la paz pública– concluyó que el artículo 362 es suficientemente claro y, por lo tanto, no puede calificarse de inconstitucional.

El magistrado subraya en su proyecto que cuando los legisladores redactan leyes, no puede esperarse de ellos absoluta claridad o que elaboren un catálogo exhaustivo de conductas, “porque es imposible agotar todas las variantes del actuar humano”.

Es por esta razón, explica el proyecto de sentencia, que los tipos penales como el de “ataques a la paz pública” se redactan usado “expresiones lingüísticas abstractas”, que permitan, aún a través de distintos métodos de interpretación, definir con claridad una conducta sancionable.

Así, determinó el magistrado Alfredo Gutiérrez, aunque la expresión “actos que perturben la paz pública” puede abarcar un abanico amplio de posibles conductas punibles, esto no implica que carezca de la claridad jurídica que demanda el artículo 14 de la Constitución, sino que, por el contrario, “desde un estándar mínimo, (esta expresión) es suficientemente clara”.

Según el magistrado, la “paz pública” se puede definir como “la legítima expectativa de orden, tranquilidad y seguridad de cada miembro de una comunidad, que representa un fin inherente al Estado y premisa para el goce efectivo de otros derechos”.

Eso no quiere decir que no exista el conflicto en la sociedad, sino que éste no puede “tramitarse” por la vía de la violencia.

Por ello, continúa la definición, los actos que “perturban” la paz pública son aquellos que “no sólo se manifiestan en cuanto a los daños materiales o directos que llegaren a ocasionar, sino que, por su magnitud, trascienden a terceros, generando en éstos un estado de zozobra que indefectiblemente altera la tranquilidad y expectativa de seguridad de todo individuo”.

Así, el proyecto de resolución del magistrado Gutiérrez Ortiz Mena plantea que la Suprema Corte debe refrendar la constitucionalidad del artículo 362 del Código Penal del DF.

Los ultrajes…

Por otra parte, el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el encargado de analizar y elaborar un proyecto de resolución para el amparo 4436/2015, promovido por la joven Gabriela Hernández Arreola en contra del artículo 287 del Código Penal del DF, en el que se establece el delito de “ultrajes a la autoridad”.

Gabriela Hernández fue detenida el 10 de junio de 2013, en el marco del operativo policiaco por la conmemoración de la matanza de 1971, y sentenciada por el delito de “ultrajes”, consideró que el artículo 287 del Código Penal capitalino es “inconstitucional”, ya que “limita y restringe los derechos humanos de libertad de expresión, reunión, asociación, disenso y, sobre todo, la protesta social”.

Según la argumentación de la sentenciada, este delito encasilla de forma indiscriminada “diversas conductas”, pero “sin precisar de manera clara” qué son los “ultrajes”, lo que genera una aplicación arbitraria de la ley.

El delito de “ultrajes”, abundó Gabriela en su amparo, “atenta contra la naturaleza humana, al sancionar el simple hecho de proferir palabras normalmente vistas”, esto, a pesar de que los “maltratos verbales” no están tipificados como delitos, sino como faltas administrativas.

Luego de realizar un “estudio de fondo”, el magistrado Jorge Mario Prado concluyó que el alegato de Gabriela sobre la “inconsitucionalidad” del artículo 287 del Código Penal del DF resulta infundada, “debido a que el precepto sí establece con claridad la conducta por la cual se le sancionará”.

Para el magistrado, “la simple interpretación gramatical” del concepto “ultraje” permite endender “la conducta que se debe observar”, que es, basándose en la definición de la Real Academia de la Lengua Española, incurrir en “injurias o desprecio”.

Las “injurias”, explica el magistrado, son la imputación “de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación”, mientras que el “desprecio” es un “desaire”.

Así, concluye, “se entiende que ultraje serán las ofensas y agresiones físicas o verbales que se infieran a una autoridad que se encuentra en ejercicio de sus funciones”.

Pardo Rebolledo, además, reconoce que el  artículo 287 del Código Penal capitalino representa una limitación legítima a la libre expresión, pues busca impedir que este derecho sea empleado para alterar el orden público.

Epílogo: definiciones pendientes

Cabe destacar que aunque ambos proyectos de resolución de la Suprema Corte ya están redactados, aún falta que sean votados por los magistrados de la Primera Sala, por lo que no se trata de criterios ya oficializados.

Según la lista de temas por resolverse publicada por la Corte, ambos proyectos serán analizados en la sesión de este 20 de enero, aunque eso dependerá de que los asuntos que los preceden en la lista sean desahogados. Así, la fecha concreta en que ambos temas sean votados aún puede modificarse.

A continuación se pueden consultar los amparos presentados por los acusados:

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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