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CAPUFE amaña licitación, la empresa ganadora incumple y sale 'libre' de sanciones

Caminos y Puentes Federales hizo las bases de la licitación a modo para la empresa Redisegno, la cual debía ofrecer servicios de seguridad cibernética, pero no instaló los sistemas.
Especial
Por Nayeli Roldán
19 de enero, 2016
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CAPUFE diseñó las bases del concurso a partir de la cotización que le entregó la propia empresa. // Foto: Especial.

CAPUFE diseñó las bases del concurso a partir de la cotización que le entregó la propia empresa. // Foto: Especial.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) realizó una licitación a modo para beneficiar a la empresa Redisegno S. A. de C. V. con un contrato por 75 millones de pesos para proveer seguridad contra hackeos cibernéticos. 

El amaño fue posible porque CAPUFE diseñó las bases del concurso a partir de la cotización que le entregó la propia empresa ganadora, en la que incluían características que sólo ellos podían cumplir.

Pero la empresa ni siquiera instaló el equipo comprado y no tuvo ninguna sanción por ello. Por el contrario, CAPUFE le dio tres meses más de lo estipulado en el contrato para que cumpliera y apenas decidió rescindirlo el 18 de enero pasado, tres meses después del vencimiento del plazo legal.

Derivado del incumplimiento y para evitar algún posible hackeo cibernético, CAPUFE tuvo que gastar 4 millones 847 mil pesos para renovar las licencias de su equipo de seguridad obsoleto con la empresa Reiscom, S. A. de C.V., el 18 de noviembre de 2015.

Todo esta operación puede confirmarse con copias de los correos que intercambiaron funcionarios y la empresa Redisegno entregados a la plataforma Mexicoleaks y la investigación realizada por los medios que la integran.

Así fue la licitación amañada

El 4 de junio de 2014, CAPUFE lanzó la convocatoria No. LA-009J0U001-N51-2015, para comprar “servicios de seguridad informática y optimización de los enlaces de comunicaciones para la red Fondo Nacional de Infraestructura”, es decir, una protección para la información cibernética sobre casetas, peajes y las oficinas centrales; porque si su red estuviera vulnerable, la información podría ser hackeada.

Sin embargo, la convocatoria incluyó aspectos técnicos que sólo ofertaba la empresa Barracuda Networks, cuya distribuidora en México es la empresa Redisengo, propiedad de Edgar Chake Corella.

Esta empresa había logrado que se incluyeran tales características desde un año antes, cuando funcionarios de CAPUFE y Redisegno intercambiaron correos para definir qué debía incluir la licitación. Animal Político tiene copia de estos correos.

Al concurso entraron 9 empresas y tres de ellas, al conocer la convocatoria, denunciaron esta irregularidad e incluso presentaron una queja, según consta en el expediente de la licitación que se publicó en la página de Compranet.

Incluso Cisco Systems de México -uno de los concursantes- pidió a CAPUFE que probara que existían “al menos tres fabricantes diferentes e independientes que cumplen con las características y funcionalidades solicitadas”, como lo establece la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según consta en la junta de aclaraciones del 23 de junio de 2015.

Esto porque CAPUFE solicitó “como especificaciones mínimas de desempeño para los sistemas de seguridad tipo A, un claro descriptivo de los equipos de marca Barracuda modelo F900”, que sólo distribuye Redisegno. Incluso, se adjuntó la imagen de la página de internet de la empresa norteamericana con cuatro componentes distintos que se pusieron como requisitos en la licitación.

En la siguiente ronda de preguntas, del 24 de junio de 2015, Sm4rt Security Services pidió que “se acepten otras especificaciones o características similares a lo establecido ya que se observa que sólo un fabricante cumple con lo solicitado, afectando así la libre participación”.

CAPUFE respondió que no aceptaba cambios, toda vez que las características de la convocatoria “son los requerimientos mínimos establecidos de acuerdo a las necesidades específicas del organismo”.

La empresa Indra Sistemas México también pidió “indicar si es correcto interpretar que se aceptará cualquier solución distinta a la de Barracuda que cumpla con los requerimientos solicitados”.

De acuerdo con el análisis realizado por un experto en sistemas consultados por Méxicoleaks, en la convocatoria de CAPUFE se hacen solicitudes muy específicas, por ejemplo, Firewalls de nueva generación que incluya funciones de IPS/IDS, esto el término por el que se conoce a los técnicos expertos en manejar los equipos y quienes deben tener una certificación.

Otro de las especificaciones es que el equipo debería estar certificado por Microsoft para la protección de MS Azure, es decir, una nube de aplicaciones o programas de Microsoft, por lo que ya no es necesario instalar el software directamente en los equipos, pero esto solamente lo tiene Barracuda. 

Cuando se preguntó al subdirector de Tecnologías de la Información de CAPUFE, Heriberto Álvarez, si se trató de una licitación a modo para beneficiar a una empresa, aseguró que “esa prerrogativa no es una mala práctica. Nosotros tenemos una arquitectura tecnológica que está diseñada en ciertos componentes” y se debe buscar quien ofrezca tecnología compatible.

“La red de Barracuda de proveedores en el país es amplia y las características técnicas del producto es lo que necesitábamos” y la convocatoria fue avalada por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de CAPUFE. “El proceso estaba debidamente soportado y también la participación de las empresas que existen en el mercado con sus diversas propuestas”, insiste.

Finalmente, el 8 de julio de 2015, CAPUFE publicó el fallo a favor de Redisegno porque cumplió “con todos los requerimientos técnicos y es solvente económicamente de acuerdo a lo especificado en la convocatoria”, por lo que ganó el contrato por 75 millones de pesos que serían pagados entre 2015 (10 millones de pesos) y hasta 2018,  con 21 millones de pesos cada año.

En el contrato 4500023504 FNI firmado entre el director de Finanzas de CAPUFE, Adolfo Isaac Riveroll, y el representante de Redisegno, Edgar Chake Corella, se estableció que los equipos serían instalados después de 95 días de la fecha del fallo.

Pero esto nunca sucedió.

La empresa incumple el acuerdo

El plazo de cumplimiento venció el 11 de octubre de 2015, pero la empresa solicitó una ampliación de tiempo, argumentando que debían contarse días hábiles y no naturales. Sin embargo, una vez concluido el segundo plazo, CAPUFE seguía con el contrato sin cumplirse.

Hasta este lunes 18 de enero, en la página de Compranet, el contrato se mantenía vigente y la empresa Redisegno no estaba incluida en la lista de penalizaciones por incumplimiento en la página de la Secretaría de la Función Pública.

Los medios que conforman Méxicoleaks solicitaron una entrevista con CAPUFE desde el 12 de enero pasado y aunque se entregó un cuestionario con las preguntas, el área de comunicación social respondió que daría un posicionamiento una vez publicada la nota.

Este lunes 18 de enero, en otro intento por conseguir la versión oficial, Méxicoleaks consiguió entrevistar al subdirector de Tecnologías, Heriberto Álvarez, quien informó que el 14 de enero pasado se resolvió rescindir el contrato con Redisegno.

Según Álvarez, el proceso de rescisión inició en octubre pasado, pero tardó tres meses debido a la “investigación interna”, aun cuando la empresa no instaló ningún equipo, y hasta el momento no se ha realizado ninguna penalización.

“No podríamos penalizar porque no hay un pago con la empresa. Sí podemos hablar de daños y perjuicios lo que se valorará para hacer efectiva la fianza”, aseguró el funcionario público.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, este oficio es sólo la primera parte de la rescisión, por lo que aún no está concretado. En el artículo 54 se establece que una vez que el proveedor sea informado de la revocación, tiene cinco días hábiles para exponer las pruebas para continuar con el contrato, e incluso, podría conseguir otro periodo de tiempo para cumplir, si es que CAPUFE lo aceptara.

 

Denuncian complicidad de notario

Esta licitación amañada fue posible gracias a que en 2013, el notario público Número 3 de Tlanepantla, Estado de México, Enrique Agustín Martínez Salgado, pidió al empresario Edgar Corella realizar la cotización para ofrecer el servicio de protección cibernética a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

En entrevista, Corella asegura que Martínez Salgado presumía tener relaciones políticas en el Estado de México y también en CAPUFE, por lo que podría “bajar los recursos” para ese contrato. Tenía la “misión de colocar proyectos ante diferentes instituciones públicas a nivel federal, estatal municipal”, dice en entrevista.

Acordaron que, de ganar, Redisegno le daría 30% de lo vendido. “El sería el encargado ante este grupo político de gestionar los proyectos y que de aquellos proyectos que salieran exitosos, él como un vendedor, teníamos que pagar una comisión de 30%, basado en la gestión de ir y presentarnos ante las instituciones”, afirma Corella.

Como consta en correos electrónicos, la comunicación entre ambos ocurrió desde julio de 2013, para informar los costos por el servicio de “seguridad perimetral y protección de datos”, que ascendía hasta 54 millones de pesos por un contrato de cinco años.

Aunque Méxicoleaks solicitó una entrevista con Martínez Salgado, nunca respondió.

En tanto, Álvarez Ganem, negó tener una relación personal con el notario. “Estuvo en algunas reuniones de trabajo como parte del equipo de la empresa (Redisengo), como asesor, personalmente no somos amigos. No lo conocía previo este contrato (2015)”. Sin embargo, según consta en un mail, tuvo una reunión en las oficinas centrales de CAPUFE, en Cuernavaca, Morelos con el empresario Corella y el notario, el 2 de abril de 2014.

¿Por qué Redisegno incumplió?

La historia de la licitación amañada no termina ahí.

Según Edgar Chake Corella, el notario Enrique Martínez Salgado le robó la empresa. El 6 de agosto, casi un mes después de ganar la licitación, el empresario fue citado en la oficina del funcionario, en Tlanepantla, Estado de México para supuestamente firmarían las fianzas con la arrendadora, como lo solicitó CAPUFE, es decir, sustentar con un bien que la empresa podía cumplir con el contrato.

Sin embargo, al llegar fue llevado a una sala de juntas con hombre armados a su alrededor. Le obligaron a llamar a su madre, socia de Redisegno, para que firmara unos documentos. Al llegar ella, les acercaron un escrito que no les permitieron leer. “Si no firmaba no dejaría irme de la notaría” y firmó, según consta en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especial en Investigación para Secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuesta el 1 de septiembre de 2015.

Hasta entonces se enteró que el documento era una cesión de derechos (venta) por el total de las acciones de su empresa por un supuesto pago de 50 mil pesos, a Carlos Alberto Lugo y Cristel Amparo López Santos, dueños de la empresa Fact Leasing S. A. de C. V. Acta certificada por el notario Enrique Martínez Salgado.

Tanto Carlos Alberto Lugo como Amparo López, trabajan en la notaría 3, de Tlanepantla, y constituyeron Fact Leasing S. A. de C. V. el 16 de diciembre de 2013, según consta en el acta formalizada ante el notario Enrique Martínez Salgado.

Con este problema legal, Edgar Chake Corrella Flores envió oficios al director jurídico de CAPUFE, Jorge Martín Jimenez Zarate, para informarle que el representante legal de Redisegno era él, desde el 24 de agosto.

Sin embargo, aunque el equipo fue llevado a las oficinas centrales de CAPUFE, en Cuernavaca, Morelos, no pudo ser operado debido a la falta de licencias, es decir, el permiso para ejecutar el software que debe otorgar la empresa Barracuda.

Aunque Redisegno ganó la licitación, se trata de una empresa proveedora, pero la empresa mayorista que compra el equipo directamente a Barracuda es Redes de Nueva Generación, también propiedad de Edgar Chake Corella.

Según el documento firmado por Sophia Valentim, funcionaria de Barracuda Networks, Inc., ésta empresa entregó el equipo a la empresa mayorista Redes de Nueva Generación el 17 de julio de 2015. Por ello, el equipo no puede funcionar sin las licencias. Mientras que Ismael Toscano, representante de Barracuda en México, informó a CAPUFE que la empresa Redisegno.com SA de CV no cuenta con personal certificado, ni con licenciamiento para operar los equipos de la marca.

El pasado 3 de diciembre de 2015, Raúl Meléndez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de CAPUFE, recibió la denuncia de hechos interpuesta por Edgar Corella, narrando lo sucedido con la licitación y el pleito legal de la empresa que impidió ejecutar el contrato.

Gráfico: Animal Político

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Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Los gobiernos de Donald Trump y Jimmy Morales suscribieron la semana pasada un controvertido convenio que permite el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros países.
30 de julio, 2019
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El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca por el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Kevin McAleenan.

EPA
Trump supervisó la firma del acuerdo en la Oficina Oval.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala firmado la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres, empezando por definirlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.

Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y señaló que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.

El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.

En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.

Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.

Problemas de forma y fondo

“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.

Jimmy Morales.

Getty Images
A mediados de julio, el presidente Jimmy Morales tenía prevista una visita a la Casa Blanca en la que se esperaba que se firmara el acuerdo de tercer país seguro.

Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.

“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.

El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.

Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.


Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que dejará sin negocio a los traficantes de personas y proveerá seguridad para los legítimos solicitantes de asilo.


Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.

Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.

En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.

“Una cárcel gigantesca”

Aunque el texto suscrito por Estados Unidos y Guatemala no incluye expresamente la expresión “tercer país seguro”, Rodas afirma que “todo lo que se menciona en ese texto es para adoptar la condición de esa categoría”.

Caravana de migrantes.

Getty Images
El tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica ha sido motivo de protesta por parte de Trump.

En ese sentido, el documento sí hace referencia directa al traslado desde Estados Unidos hasta Guatemala de “solicitantes de protección”, así como al compromiso de ese país de no expulsar ni devolver a esas personas.

Son dos elementos característicos de los acuerdos de “tercer país seguro”.

¿Pero, en términos prácticos, qué significaría para los migrantes hondureños y salvadoreños la aplicación de este convenio?

Se convierte a Guatemala en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, señala Hernández.

Estas personas deberían presentar en Guatemala sus peticiones de asilo y esperar en ese país hasta la resolución de sus casos.

La experta destaca que, aunque las autoridades guatemaltecas afirman que el acuerdo es solamente aplicable a ciudadanos de Honduras y El Salvador, el texto firmado no menciona estas limitaciones.

El acuerdo establece que la responsabilidad de gestionar en su territorio las solicitudes de protección recaerá sobre Estados Unidos solamente en tres supuestos, cuando se trate de:

  • menores de edad no acompañados;
  • personas que cuentan con una visa o documento de admisión equivalente emitido por Estados Unidos;
  • personas a quienes EE.UU. no les exija obtener una visa.

Así, quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser enviados a Guatemala, donde deberán esperar hasta la resolución de su caso. Un trámite que -según Hernández- puede tomar varios años.

Pero, ¿qué ocurrirá durante ese tiempo?

Hernández teme que los solicitantes de asilo queden en condiciones muy precarias.

Pobreza en Guatemala.

Getty Images
La incidencia de la pobreza en Guatemala arroja dudas sobre su capacidad para albergar a los migrantes de otros países.

“El problema es que el ministro Degenhart dijo que la presencia de solicitantes de asilo no va a representar gastos para Guatemala, porque ellos deben sostenerse por sí mismos. Es decir, los van a poner prácticamente en condición de calle, solicitando dinero para vivir porque si alguien tiene cómo sostenerse no creo que necesite migrar a otro país”, asegura.

En el fondo, tanto Hernández como Rodas apuntan que la raíz del problema reside en la misma situación de fragilidad de Guatemala.

“Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro. Tenemos lamentables indicadores de producción, de educación, de acceso a la salud pública, por lo que difícilmente vamos a poder dar estos servicios a personas de otros países”, apunta Rodas.

Guatemala no tiene condiciones. Guatemala es un Estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población”, señala Hernández, quien asegura que el 98% de las solicitudes de asilo son rechazadas por lo que también se pregunta qué van a hacer estas personas cuando eso ocurra.

Peligros al acecho

Rubén Figueroa, coordinador sur-suroeste del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que en Guatemala los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador estarán expuestos a riesgos que van más allá de las condiciones materiales en las que les toque esperar a la resolución de sus casos.

“Guatemala no es un país seguro. También tiene problemas de violencia. Es geográficamente muy cercano a sus países de origen y está dentro de las zonas de control de los pandilleros“, indica Figueroa, en relación con las maras, las bandas armadas cuyas amenazas y extorsiones obligan a muchos centroamericanos a abandonar sus países.

Un miembro de una pandilla de Guatemala.

Getty Images
Las peligrosas pandillas que operan en Honduras y El Salvador también tienen presencia en Guatemala.

Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó duramente el acuerdo firmado en la Casa Blanca.

“Es indignante cualquier intento de obligar a las familias y a individuos que huyen de sus patrias a buscar seguridad en Guatemala. El gobierno de Estados Unidos sabe bien que las condiciones allí son peligrosas”, señaló en un comunicado Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de la seccional estadounidense de AI.

“Con altos niveles de violencia e impunidad, instituciones débiles y un sistema de asilo que el propio gobierno de EE.UU. ha destacado como deficiente, no hay duda de que Guatemala no debería ser considerado como un lugar seguro o como un refugio”, añadió.

Esa, sin embargo, no es la perspectiva del gobierno de Trump, quien el día de la firma destacó que el acuerdo con Guatemala serviría para sacar del negocio a los “coyotes” que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, al mismo tiempo que ofrecería un mecanismo seguro para los legítimos solicitantes de asilo.

Rodas tiene una opinión distinta.

“Esto es una desmotivación para que no traten de emigrar porque aquí no estarían en territorio estadounidense sino en Guatemala y en condiciones iguales o peores a las que están hoy en su país. Esa es la realidad”, concluye.


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