Congreso de Veracruz aprueba reforma antiaborto de Duarte para proteger “derecho a la vida”
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Congreso de Veracruz aprueba reforma antiaborto de Duarte para proteger “derecho a la vida”

Esta reforma, propuesta por el gobernador Javier Duarte, busca resguardar "el más fundamental" de los "derechos del hombre", que es el "derecho a la vida", según afirma el documento, el cual, en menos de 72 horas, pasó al pleno legislativo, para su aprobación directa.
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Por Paris Martínez
22 de enero, 2016
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Con 38 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma. // Foto: @LegisVer.

Con 38 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma. // Foto: @LegisVer.

El Congreso de Veracruz aprobó este jueves 21 de enero una reforma al artículo 4 de la Constitución estatal, con lo cual quedó protegido el derecho a la vida del ser humano “desde el momento de la gestación hasta su muerte natural”, cancelando por esta vía la posibilidad de que en esta entidad se practique la interrupción legal del embarazo.

Esta reforma, propuesta por el gobernador Javier Duarte el pasado 18 de enero, busca resguardar “el más fundamental” de los “derechos del hombre”, que es el “derecho a la vida”, según afirma el documento presentado por el mandatario estatal, el cual no fue analizado en comisiones, sino que en menos de 72 horas pasó al pleno legislativo, para su aprobación directa.

Tal como reconoce la iniciativa del gobernador Duarte, esta reforma antiabortista —aprobada por 38 votos a favor y seis en contra— fue elaborada a petición de la organización civil “Sí a la Vida”, que en 2015 recabó 28 mil firmas ciudadanas en apoyo a esta enmienda legal.

Definiciones inventadas

La iniciativa de reforma promovida por Javier Duarte establece que el concepto de “protección a la vida desde su concepción” responde a la reforma hecha en 2011 al artículo 1 de la Constitución mexicana, con la cual, toda norma relacionada con derechos humanos deberá interpretarse bajo los criterios que garanticen a la persona la protección más amplia.

Siguiendo esta lógica, la iniciativa de Duarte concluye que la protección más amplia del derecho a la vida humana debe abarcar desde la “concepción” misma, es decir, afirma el gobernador, desde el momento en que un óvulo y un espermatozoide entran en contacto.

Para sustentar tal conclusión –que la vida humana empieza cuando se juntan óvulo y espermatozoide–, el gobernador Duarte retoma las palabras de la doctora María Cristina Márquez Orozco, bióloga egresada de la UNAM, para quien, “el embrión, constituido por la unión de un óvulo y un espermatozoide, es un ser único e irrepetible distinto a la madre, pues desde la unión de los gametos se recombinan los genes de los cromosomas al azar”.

A partir de las palabras de esta experta en biología, Duarte emitió su propia definición: “Podemos concluir –señala el gobernador– que el embrión humano es un ser vivo de la especie humana, a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide”.

Sin embargo, estas definiciones de “concepción” empleadas por Javier Duarte, en realidad, no son oficiales ni legales.

De hecho, tal como concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009 –al resolver la controversia constitucional 146/2007–, en el marco legal mexicano no existe una definición oficial de “embarazo” o de “concepción”.

Peor aún: al presentar su iniciativa de reforma antiaborto, Duarte aseguró que ésta se sustenta “en los estudios científicos realizados por los especialistas en la materia”. Sin embargo, tal como destacó la Corte, en México no existen estudios oficiales que permitan saber en qué momento inicia la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, o si la simple adhesión de estas dos células puede considerarse como prueba de surgimiento de la vida o de la esencia humanas.

Dos más dos, igual a veintidós

En la introducción de su iniciativa, el gobernador Duarte también equipara la interrupción del embarazo con la “pena de muerte”, y a partir de esta comparación concluye que una acción es tan ilegítima como la otra.

A esta conclusió llegó Duarte, tal como explica su iniciativa, tras estudiar la definición del “derecho a la vida” que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2002, cuando discutía, precisamente, la legalidad de la pena de muerte.

Según esa definición de la Corte, “nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia”.

Duarte, sin embargo, nunca explica cómo es que el derecho de audiencia en la pena de muerte se vincula con el derecho de una mujer a decidir si interrumpe su embarazo.

Aún así, la iniciativa de Duarte establece que, tal como el Estado tiene prohibido ejecutar a una persona sin antes concederle el derecho de audiencia… también tiene la obligación de proteger la vida desde el momento en que óvulo y espermatozoide se unen.

De esta forma, la reforma legal impulsada por el gobernador priista propiamente no protege el derecho a la vida de aquellas células conformadas por la unión de un óvulo y un espermatozoide humanos, sino que protege su derecho de audiencia…

A continuación, te presentamos la iniciativa de reforma antiaborto presentada por el gobernador Javier Duarte, y aprobada ayer por el Congreso de Veracruz:

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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