El GDF privatiza también operación de radares de velocidad
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El GDF privatiza también operación de radares de velocidad

La operación de los radares está a cargo de una empresa privada que se queda con el 44% de cada multa pagada. El argumento: operar los radares hasta 2017 costaría mil millones, y subrogarlos 359. Hasta ahora este contrato no se ha transparentado.
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Por Arturo Ángel
28 de enero, 2016
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La empresa encargada de los radares se queda con el 44% del pago de cada multa. // Foto: Archivo Cuartoscuro.

La empresa encargada de los radares se queda con el 44% del pago de cada multa. // Foto: Archivo Cuartoscuro.

La operación de las cámaras de fotomultas no es lo único que privatizó el Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los radares de velocidad también.

Esto, luego de que el GDF entregó por primera vez a una empresa privada, Inteltráfico SA de CV,  la operación de 40 radares de velocidad en la ciudad que detectan y fotografían a los automóviles que superan los límites establecidos. A cambio, la compañía se quedará con el 44% de cada multa que paguen los conductores. La policía y la empresa, pretenden como mínimo la emisión de 8 mil 700 infracciones al día.

Este es un esquema prácticamente idéntico al que se aplicó  para subrogar la operación de los sistemas de fotomultas a otra empresa, Autotraffic SA de CV, y que generó polémica por la entrega de un porcentaje de la infracción a la compañía así como por contemplar una cuota de infracciones.

A diferencia de las fotomultas, los radares son exclusivamente para captar autos a exceso de velocidad. Desde hace 10 años la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) ha operado estos sistemas por su cuenta pero en 2015 decidió por primera vez subrogar su operación a una empresa privada.

De acuerdo con la SSPDF, esto permitiría ahorrar dinero. Según los documentos de justificación del contrato que pudo revisar Animal Político, la operación de 40 radares de velocidad con los costos de mantenimiento y la entrega de las infracciones ascendería a más de mil millones de pesos. En vez de eso, se decidió dar un contrato por 359 millones a una empresa privada.

En la misma justificación, la SSPDF proyectó que Inteltráfico deberá aplicar con sus 40 radares, por lo menos, ocho mil 700 infracciones diarias, 267 mil al mes, en total más de tres millones 204 mil al año. Dichas cantidades cuadriplican las multas que se aplicaban por exceso de velocidad hasta 2012.

Hasta el día de hoy el contrato completo que se concedió a Inteltráfico no se ha transparentado, como ocurrió con el del Autotraffic. Incluso, los vínculos al proceso de licitación en la página web de la SSPDF se encuentran rotos, pues no remiten a los documentos.

La página web de Inteltráfico SA de CV también se encontraba (hasta la publicación de esta nota) fuera de servicio. Según declaraciones de su director, Alejandro Araujo, la compañía tiene contratos en San Luis Potosí, Atizapán, y Chihuahua.

Hubo irregularidades

En junio de 2015, la SSPDF entregó un primer contrato, el número SSP/BE/S/261/2015, a Inteltráfico SA de CV para operar los radares de velocidad. No obstante, dicho contrato solo duró dos meses luego de que la Contraloría decidió anularlo tras confirmar irregularidades en la licitación.

Los documentos del caso que fueron revisados por Animal Político arrojan que la inconformidad fue presentada por  la empresa Union Swiss, la cual participó junto con Inteltráfico y otras en el procedimiento de licitación LPN-30001066-007-15 para la subrogación de los radares. Hubo también otras quejas pero estas no procedieron, según el expediente revisado.

Lo que Union Swiss argumentó es que el sobre cerrado con su propuesta técnica y económica no fue aceptado por la SSPDF. La dependencia argumentó que no se hizo porque una identificación venía afuera lo que violaba el procedimiento sin embargo, la Contraloría General del Distrito Federal le dio la razón a la empresa y ordenó que se anulara todo el procedimiento.

Tras recibir la notificación de la cancelación del contrato, en septiembre de 2015, Inteltráfico solicitó el pago del 46% de las infracciones pagadas que ya había aplicado hasta ese momento, es decir, las correspondientes al periodo de julio a septiembre de 2015.

A finales de ese mismo mes se realizó una nueva licitación para la operación de radares al que solo acudieron dos empresas, Inteltráfico y TMM Logistics. La SSPDF determinó el 2 de octubre, dar de nuevo el contrato a Inteltráfico, y se estableció que el monto que le corresponde a la empresa por multa pagada es de 44.8 por ciento.

Cabe señalar que en la página web de la SSP, en el apartado de difusión, se incluyen links a la licitación que se realizó para subrogar los radares, sin embargo, ninguno funciona.

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados correspondiente al 20 de enero pasado, se incluyó un punto de acuerdo solicitado por los legisladores para que el Gobierno del Distrito Federal  transparente a la brevedad, el contrato que se concedió a Inteltráfico, sobre todo después de las irregularidades en la licitación.

Lo que la SSPDF si confirmó, a través de la solicitud de transparencia 0109000395115 respondida el pasado 7 de enero, es que existen dos contratos vigentes: el de Autotraffic para las fotomultas, y el Inteltráfico para los cinemómetros (radares).

Multas salen sí o sí

La cuota de  infracciones mensuales que cada radar de velocidad subrogado levantará está garantizada.

Así lo establece el contrato firmado con Inteltráfico para la operación de los radares de velocidad, el cual no se ha hecho público hasta ahora. No obstante,  Animal Político pudo conocer algunas de las condiciones generales del mismo, gracias al expediente que la Contraloría capitalina abrió por la queja que presentó una de las compañías que perdió en el proceso de licitación para dar este servicio.

Fue un contrato multianual firmado a mediados de 2015 para la “subrogación de servicios para imponer multas por medio de cinemómetros a vehículos que excedan los límites de velocidad”, con vigencia a diciembre de 2017. El monto: 359 millones de pesos,  casi el doble del contrato relacionado con las fotomultas.

La SSPDF justificó la necesidad de subrogar la operación de los radares de velocidad, debido a que comprarlos y costear su mantenimiento representa una erogación mayor. Según los cálculos de la dependencia, el costo de operar por su cuenta los 40 nuevos radares  con los gastos paralelos que implica, sería hasta de poco más de mil millones de pesos, el triple del contrato por subrogarlos.

En ese contexto, la SSPDF proyectó en la justificación del contrato que “el número de infracciones mensuales procedentes por equipo será de seis mil 674”. Dicha cantidad, señaló, se obtuvo a partir de una estimación de los resultados de 2013.

Incluso, la policía capitalina contempló que si en un punto donde hay un radar ya no se está llegando a la meta pactada, los equipos serán cambiados de ubicación, con el objetivo de no caigan las infracciones levantadas.

“En cuanto un radar cumpla su objetivo será removido de ese lugar y se instalará en una vialidad con un mayor número de accidentes viales, de esta manera se cumple con el objetivo del programa y a la vez se mantiene constante el número total de infracciones” explica la Secretaria de Seguridad.

Con 40 equipos en funcionamiento, la aplicación de seis mil 674 multas mensuales al día por cada radar significará un total de tres millones 203 mil 616 infracciones por exceso de velocidad en 2016 y la misma cantidad en 2017. Es un nivel de infracciones record como evidencia la propia tabla incluida en el documento oficial.

Ahorro de tiempo y recursos: SSPDF

El subsecretario de Control de Tránsito Fernando Badillo, consideró como positiva la decisión e subrogar la operación de los radares de velocidad, pues dijo que representa tanto un ahorro económico así como de recursos humanos para la policía.

Cabe recordar que antes de que se entregara el contrato a Inteltráfico, eran los agentes los que se encargaban al cien por ciento de operar los equipos en tierra, y trasladar aquellos radares que eran móviles.

“En la operación para nosotros es mejor ahorita cuando están subrogados porque no implica un costo inicial y nosotros nos encargamos solo de supervisar y de validar y eso en el tema de personal y de equipo nos implica un menor gasto dijo el funcionario”, dijo el subsecretario.

Hasta ahora la SSPDF no ha dado a conocer cuál es el saldo de las infracciones que se han aplicado a partir de la intervención de Inteltráfico y de Autotraffic.

No obstante Animal Político pudo conocer, a través de la solicitud de transparencia 0109000308515, que hasta el mes de octubre se recababan, solo por exceso de velocidad, más de 45 mil imágenes diarias con los radares.

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El récord de casi 19 mil menores no acompañados que llegaron en un mes a la frontera de EU

Los números de migrantes que desde México y Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos no deja de crecer.
8 de abril, 2021
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Centro que acoge a los menores

Getty Images
Los centros de acogida de menores no acompañados están desbordados.

Casi 19.000 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México.

La cifra anunciada por el gobierno de Estados Unidos este jueves es la más alta jamás registrada en un mes y supone un test para la nueva presidencia de Joe Biden.

Una mezcla de factores en Centroamérica y en Estados Unidos están detrás de este incremento.

El gobierno de Biden decidió dejar de expulsar a los niños que llegan solos, algo que la presidencia de Donald Trump, y entregarlos a familiares que ya viven en el país mientras los tribunales estudian sus casos.

La patrulla fronteriza (CBP) encontró a 18.663 menores (algunos niños de sólo 3 años de edad) en marzo, muy por encima de los 11.475 de mayo de 2019 y los 10.620 de junio de 2014, que eran las cifras más altas desde que se empezaron a contabilizar en 2009.

Esto está provocando el hacinamiento de los centros que el gobierno tiene para el cuidado de los menores.

Muchos analistas ven la devastación que dejaron los huracanes que golpearon Centroamérica en noviembre del año pasado y las históricas condiciones de pobreza y violencia, como las causas principales de que muchas personas traten de emigrar a Estados Unidos.

Cambios en la percepción de la política migratoria de Biden también parecen haber contribuido al auge.

La detención de migrantes indocumentandos en la frontera con México ascendió un 70% en marzo hasta 172.331, el número más alto en 15 años.

El CBP culpó del auge a la “violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Esto no es nuevo”, dijo Troy Miller, comisionado del CBP.

Casi 104.000 personas fueron expulsadas a México, la mayoría adultos sin familia, de acuerdo a la normativa de covid-19, pero los niños sí se han podido quedar de momento en territorio estadounidense.

Hay más de 20.000 niños bajo custodia del gobierno, que está buscando ampliar los recintos que los acogen.


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