[contextly_sidebar id=”0vhPiaIN6qaigK34391TjY6NG4D9ujQQ”]El vocero de la presidencia de la república, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que es lamentable “cualquier acto de colaboración que pueda existir entre ciudadanos y miembros del crimen organizado”, al cuestionarle su postura sobre la entrevista que publicó Rolling Stone el pasado sábado 9 de enero en las que los actores Sean Penn y Kate del Castillo se encuentran con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En un audio difundido por el periodista Carlos Loret de Mola en Radio Fórmula, el vocero de la presidencia sostiene que “desafortunadamente muchos veces hay muchos estereotipos de los narcotraficantes que incluso los presentan como si tuvieran un lado positivo, como si se tratase de héroes, dejando a un lado una realidad que es que… hay madres de familia que han perdido a sus hijos, que han perdido a sus esposos, que han sido asesinados, niñas menores de edad que han sido obligadas a ir con los narcotraficantes, mujeres asesinadas, niños asesinados, millones de jóvenes que luchan todos los días para superar sus adicciones a las drogas”.
Cuestionó el actuar de la actriz mexicana Kate del Castillo al encontrarse con el líder del Cártel de Sinaloa, y lamentó que “una ciudadana mexicana teniendo información valiosa para poder dar con un criminal como éste pues no haya acudido a las autoridades para proporcionarla de manera voluntaria”.
Recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) ha establecido que éste y otros hechos relacionados con la recaptura del ‘Chapo’ están siendo investigados.
“Recordaremos que se investigan las acciones para determinar si las acciones configuran conductas que son sancionadas por las leyes penales. Habrá que esperar que la Procuraduría General de la República haga este análisis para poderlo determinar” explicó.
Sánchez Hernández dijo desconocer si existía algún tipo de convenio mercantil entre los participantes de la entrevista, por lo que dijo que “Procuraduría General de la República habrá de determinarlo”.
Dijo que será la misma procuraduría la que se encargue de “determinar si estos actos están dentro de la libertad de expresión o si configuran de acuerdo con la ley mexicana alguna conducta penada por la ley”.
