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BBC Mundo
Alemania no encuentra a 130,000 refugiados a los que abrió sus fronteras
Esas personas pudieron desplazarse a otros países, regresar a sus lugares de origen o "pasado a la clandestinidad"
BBC Mundo
Por BBC Mundo
27 de febrero, 2016
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// Foto: BBC Mundo

// Foto: BBC Mundo

¿Dónde están 130,000 refugiados que llegaron a Alemania? El país europeo no los encuentra. La historia podría servir para una serie de misterio de Netflix. O para que se encendiera la alarma ante la creciente ola de xenofobia.

Pero, ¿cuál es realmente el motivo?

Las autoridades alemanas reconocieron efectivamente este viernes que no sabe dónde están más de 130,000 personas que llegaron al país en busca de asilo. Nunca aparecieron en los centros de acogida a los que fueron destinados. La cifra supone un 13% del 1,1 millón de refugiados que arribó al país en 2015.

El Ministerio del Interior admitió la “desaparición” ante una pregunta parlamentaria del partido opositor La Izquierda.

Y citó las posibles causas: que estas personas se hayan desplazado a otros países, que hayan regresado a sus lugares de origen o que hayan “pasado a la clandestinidad”.

Entre los que no aparecen en los centros también están aquellos que pasan a vivir con familiares o amigos ya establecidos previamente. Y hay que sumar también los casos de personas doblemente registradas.

Por lo tanto, el misterio puede explicarse más por la burocracia y el complejo sistema de registro que tiene Alemania y que fue sustituido por otro más preciso a mitad de mes.

Nuevo sistema

A partir de ahora y al llegar al país, los refugiados recibirán un documento de identidad de tal manera que queden registrados en una base de datos nacional común, lo que evitará la contabilidad múltiple y reducirá el número de “desaparecidos”.

El director de la Oficina Federal para la Migración, Frank-Jürgen Weise, aseguró este jueves que las autoridades desconocen el nombre o identidad de 200.000 a 400.000 personas. “Eso lo resolveremos con el documento de identidad de llegada”, dijo Weise.

Del poco más de un millón de refugiados que llegaron a Alemania en 2015, unos 476.000 pidieron asilo. Pero , ¿qué pasá con el resto?

Según estimaciones, un 20% de los llegados a Alemania continúa el camino a otros países europeos, donde solicita asilo, por lo que nunca aparecen en el centro de acogida que se les indicó.

Cuando un refugiado llega a Alemania se le registra en un sistema, que los va repartiendo entre los diferentes estados que conforman el país. El nombre, junto a las huellas dactilares, sólo se pide en el momento de la solicitud oficial de asilo.

Por lo tanto, si no pide asilo ni aparece en el centro de acogida asignado, se desconoce su paradero.

A partir de ahora, esos datos de identidad aparecerán en el documento que se les dará nada más que pisen suelo alemán. Quien carezca de él, no se podrá beneficiar de los servicios sociales del gobierno.

Otro problema añadido es la falta de documentos personales. Según la policía alemana, el 77% de los migrantes que llegaron a la frontera el pasado enero carecía de documentos de identidad.

3,6 millones de refugiados

El gobierno alemán estima que podrían llegar 500.000 migrantes al año entre 2016 y 2020, lo que unido al 1,1 millón de 2015 daría un total de 3,6 millones hasta 2020.

Desde comienzo de 2016, más de 100.000 migrantes entraron al país. Las autoridades aseguran, sin embargo, que el número de entradas se ha reducido drásticamente por el mayor control en los países balcánicos, por los que llegan los refugiados escapando sobre todo de Siria hasta el norte y oeste de Europa.

Hasta 10.000 personas al día llegaron a Alemania durante el verano (boreal), el peor momento de la crisis.

En los últimos meses Alemania es uno de los países que más se ha visto afectado por la crisis migratoria desatada sobre todo por el conflicto en Siria. Después de los sirios, los afganos conforman el segundo mayor grupo de personas que pide asilo en Alemania.

La llegada masiva de migrantes ha generado tensiones sociales en el país europeo y ha sido aprovechada por los partidos políticos y grupos de extrema derecha.

El jueves, el Parlamento alemán aprobó un paquete de medidas para endurecer la concesión de asilo.

Pero mientras se trata de poner freno al flujo de migrantes de Medio Oriente, Alemania busca por otro lado atraer mano de obra extranjera cualificada para poder mantener el ritmo de una economía que es la más potente de Europa.

“Nuestra calidad de vida futura depende de cuántas personas estén trabajando en Alemania y contribuyendo a nuestra prosperidad”, dijo este viernes la ministra de Trabajo, Andrea Nahles.

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Foto: Pixabay
Reducir 53% la corrupción que sufren los ciudadanos, meta del plan de AMLO
El PND señala que la corrupción afecta el presupuesto público, daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, e impacta en la economía.
Foto: Pixabay
2 de mayo, 2019
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“La corrupción junto con la impunidad es el principal problema del país”, sentencia el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, entregado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.

Bajo esa premisa, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública es uno de los tres ejes transversales establecidos para guiar todas las acciones que se tomen durante este sexenio.

En específico, el Plan tiene dos indicadores con los que quiere medir cuánto se avanzará en los siguientes seis años contra este problema: uno referente a la percepción de los ciudadanos sobre el funcionamiento del gobierno, y otro sobre qué tanto son víctimas.

En este sentido, la propuesta es que de 14 mil 635 personas (15 % de la población adulta) que dijeron haber sufrido un acto de corrupción haciendo un trámite durante 2017 (según mediciones del INEGI), en 2024, al terminar el mandato de López Obrador, solo declaren haber pasado corrupción 6 mil 878 ciudadanos. Es decir, una reducción del 53 %.

El otro indicador, sobre percepción, toma como base que en 2018 el 86.5 % de mexicanos dijo percibir que hay prácticas de corrupción en el Gobierno Federal. La meta, en ese caso, es que al cerrar el sexenio solo opine eso el 22 % de la población, es decir, casi 65 puntos porcentuales menos.

El PND recuerda que en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, México está en el lugar 138 de 180 países. También lamenta que según los cálculos del INEGI, seis de cada 10 empresas pagaron sobornos para agilizar trámites y gastaron en total 1.6 mil millones de pesos en ello, mientras que la población en general pagó 7.2 mil millones en actos de corrupción.

El PND reconoce que la corrupción tiene consecuencias en varios ámbitos, desde afectar el presupuesto público, dañar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, hasta impactar en la economía. “Por ejemplo, el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señala a la corrupción como el principal inhibidor de inversión en México”, señala.

La impunidad y los privilegios de los servidores públicos

De 2012 a 2016, expone el documento, aumentó en 50 % el número de denuncias contra servidores públicos, según la Secretaría de la Función Pública (SFP). En 2018, agrega, se abrieron 14 mil 752 expedientes de responsabilidad administrativa, pero solo 5 mil 136 derivaron en sanciones (34.8 %), y de esos, solo en tres de cada 10 casos fue suspendido el funcionario acusado.

“La prevalencia de actos de corrupción no se entiende sin el acompañamiento de altos niveles de impunidad. La impunidad no solo desincentiva el reporte de actos de corrupción, sino que profundiza la falta de credibilidad en el gobierno”, afirma.

Para acabar con esto, señala, es que se está legislando para tipificar la corrupción como delito grave y quitar el fuero a los altos funcionarios, y se propondrá al Congreso una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés. También se amplió a todos los servidores públicos la obligación de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses.

El PND deja claro que solo los secretarios de Estado podrán tener un vehículo oficial y chofer, y que solo se asignará escoltas quienes sí requieran medidas de seguridad por la naturaleza de su trabajo.

“Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a los viajes sin sentido”, puntualiza.

Las empresas y las contrataciones públicas

El PND asegura que la corrupción es una forma extrema de la privatización, porque implica transferir dinero y bienes públicos a particulares. Culpa de esto, además, como en varias ocasiones ha hecho el presidente López Obrador, al neoliberalismo.

Por ello anuncia, como una de las medidas del nuevo gobierno, la prohibición de las adjudicaciones directas en las compras de gobierno.

“Ya no se privilegiarán empresas, por lo que se favorecerá la libre competencia y concurrencia; además se garantizará que la infraestructura sea de calidad y se concluya sin mayores demoras, y se eliminará la sobrerregulación que abre espacios a la corrupción y desincentiva la innovación y la creación de nuevas empresas”, asegura.

Para el gasto del dinero público, el Plan Nacional de Desarrollo establece cinco nuevos criterios: el primero, identificar ineficiencias en la gestión pública y riesgos de corrupción para reducir la discrecionalidad con la que se pueden tomar decisiones y usar los recursos. En segundo lugar promete aprovechar las tecnologías disponibles para que haya mayor transparencia y rendición de cuentas.

Otro criterio que promete seguir es hacer evaluaciones y seguimientos constantes para simplificar normas, trámites y servicios. También seguir altos estándares en el análisis de costos para todo proceso de contratación, y garantizar que los contratos se hagan en los mejores términos para el Estado, sin colusión con el sector privado.

Por último, hace referencia a los programas de desarrollo social, y promete la integración de padrones claros que eviten la malversación de recursos o el condicionamiento político de las ayudas.

Las estrategias contra la corrupción

El gobierno resumió en ocho puntos las estrategias que planea seguir para cumplir con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción y la impunidad (objetivo 1.8 del PND):

1.- En primer lugar, destaca la ciudadanización del combate a la corrupción, y promete la utilización de mecanismos de contraloría, fiscalización y rendición de cuentas.

2.- En el segundo punto, se compromete a aplicar y evaluar la Política Nacional Anticorrupción, aprobada en diciembre de 2018 por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un organismo de participación ciudadana y de instancias del gobierno. El compromiso es, además, que la Administración Pública adopte todos los programas, acciones y acuerdos que determine el SNA.

3.- Promover que haya coordinación entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y entre los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, para aplicar instrumentos contra la corrupción y la impunidad.

4.- Promete usar la inteligencia para identificar riesgos de corrupción y prevenirlos mediante el aprovechamiento de la información de la Plataforma Digital Nacional, para lo cual promoverá una estandarización de los datos y que haya interoperabilidad en los sistemas.

5.- El quinto punto hace referencia a estándares internacionales, ya que se compromete a aplicar realmente las medidas anticorrupción que hay en acuerdos internacionales que ha firmado el Estado mexicano, e incluso promete que se buscará suscribir otros que todavía no se hayan firmado.

6.- En sexto lugar, el Plan asegura que se combatirá la impunidad de quienes cometen actos de corrupción en el gobierno, con acciones como identificar conflictos de interés, castigar faltas administrativas, o atender las denuncias ciudadanas.

7.- En este punto se refiere a la ética e integridad de los servidores públicos, y asegura que se promoverá la mejora continua en el desempeño de sus funciones, la evaluación de los programas y políticas públicas, la implementación de un sistema más transparente para adquisiciones, obras públicas y arrendamientos, y la simplificación administrativa.

8.- Por último, asegura que se fortalecerá la profesionalización de los servidores públicos y su sensibilización en derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación.

El PND retoma, además, en un decálogo de propuestas hechas por la gente en el foro nacional para la elaboración del Plan, la sugerencia de que se cree una plataforma para denuncias anónimas de los ciudadanos de casos de corrupción, en la que se pueda dar seguimiento y verificar qué pasó con una denuncia, sin poner en riesgo al denunciante.

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