15 estados sufren de ‘muy alta impunidad’, según estudio
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Foto: Cuartoscuro/Archivo

15 estados sufren de ‘muy alta impunidad’, según estudio

Los datos de seguridad pública e impartición de Justicia muestran que en el país no hay diferencias sustanciales entre las entidades federativas: la impunidad es generalizada en el país.
Foto: Cuartoscuro/Archivo
Por Tania L. Montalvo
3 de febrero, 2016
Comparte
Foto: Cuartoscuro/Archivo

Foto: Cuartoscuro/Archivo

La impunidad es generalizada en el país. Los datos de seguridad pública e impartición de justicia muestran que la cotidianeidad de no perseguir y castigar un delito es alta o muy alta en 25 estados.

En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos, según el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Ese promedio ya se ubica en el grado de alta impunidad y apenas diez estados tienen una mejor calificación, aunque todos con niveles reprobatorios.

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP tomó en cuenta 17 indicadores de seguridad pública, gobierno e impartición de justicia para construir el Índice con datos de 2013 de los Censos Nacionales de Gobierno. Su conclusión es que el origen de la impunidad está en los estados, en donde prevalecen condiciones que provocan que sea una situación generalizada en el país.

Sólo Campeche y Nayarit tienen niveles bajos de impunidad; y San Luis Potosí, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas un grado medio.

El resto de las entidades están en el rubro de alta o muy alta impunidad. Y aunque Colima, Zacatecas y Guanajuato mejoran en calificación al promedio nacional lo hacen por menos de tres puntos.

Los autores del Índice incluyen a Michoacán como un caso “atípico”, pues tras revisar los datos disponibles concluyeron que no reflejan la situación real de la entidad; por lo que la calificación obtenida sobre el nivel de impunidad se consideró de baja confianza.

Gráfico: @obobadilla

Gráfico: @obobadilla

Mientras más amplio es el grado de impunidad, más estados se unen al grupo. Pero además, la diferencia en puntos entre entidades es mínima y la distancia entre los valores de las entidades con peores calificaciones es de menos de 10 puntos.

“Un hallazgo adicional radica en que no se encontró alguna correlación significativa entre el IGI-MEX e indicadores de pobreza, producto interno bruto y desigualdad, lo cual hasta cierto punto es esperado dada la impunidad generalizada que prevalece en el país, es decir, independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”, cita el reporte de la UDLAP.

Entre algunos de los indicadores que se tomaron en cuenta para construir el índice están delitos registrados por cada 100 mil habitantes, sentencias, número de policías, ministerios públicos o magistrados y jueces registrados.

Pero también se tomó en cuenta la cifra negra de delitos, es decir, aquellos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa.

Si se toman en cuenta los delitos consumados más la cifra negra, aquellos no denunciados por los ciudadanos, el estudio de la UDLAP concluye una “impunidad simple y llana”, es decir, que los delitos sin castigo en México serían el 99% de los casos.

Aún cuando sólo se tomaran en cuenta los datos disponibles por delitos denunciados, la cadena de impunidad —que da seguimiento desde que se inicia una averiguación previa hasta la sentencia— muestran ineficacia e ineficiencia institucional, pues los casos se van quedando rezagados y sólo una parte mínima concluye el proceso de procuración e impartición de justicia.

Gráfico: @obobadilla

Gráfico: @obobadilla

Para el Índice Global de Impunidad México 2016, los investigadores no pudieron incluir la variable de derechos humanos.

El equipo consideró “que las estadísticas sobre violaciones graves a los derechos humanos, provenientes de las comisiones estatales de derechos humanos, no son confiables”.

Este índice complementa la investigación que la UDLAP presentó en abril pasado en la que comparó los grados de variación de impunidad entre países.

Analizó el caso de 59 países del mundo y concluyó que Filipinas alcanza los niveles de impunidad más altos con 80 puntos de 100 como nivel de impunidad máxima.

A nivel global, México se ubicó en segundo lugar con 75.7 puntos.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
Comparte

Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=8fj-C_xCda8&t=3s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.