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GIEI denuncia obstáculos y filtraciones en investigación del caso Ayotzinapa; PGR niega obstruir información

Los integrantes del GIEI expresaron su preocupación por "ataques y difamaciones" en su contra en medios de comunicación, así como la filtración de declaraciones de presuntos responsables con la intención de apuntar el caso hacia la versión del incendio en el basurero de Cocula.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
21 de febrero, 2016
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GIEI denuncia obstáculos y filtraciones a medios para defender versión oficial en caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

GIEI denuncia obstáculos y filtraciones a medios para defender versión oficial en caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció que la Procuraduría General de la República les ha negado el acceso a nuevas evidencias relacionadas con esta investigación, y que no han sido incluidas en la averiguación previa original.

Entre estas evidencias se encuentran declaraciones de presuntos implicados que han sido detenidos en los últimos meses, como la de Gilberto López Astudillo (detenido en septiembre de 2015) así como peritajes, que la PGR ha integrado a nuevas carpetas de investigación no contempladas en el acuerdo de colaboración signado entre la CIDH y el gobierno mexicano, y por esta razón, quedan fuera del escrutinio del grupo de expertos independientes.

Por ello, el GIEI instó a las autoridades mexicanas a desistirse de esta estrategia de “fragmentación” de las investigaciones, y concentrar toda la información relacionada con la desaparición de los normalistas en una sola averiguación previa.

Aunque el Grupo de Expertos reconoció que, desde diciembre de 2015, un nuevo equipo de investigadores designados por la PGR está encargado de este caso, también destacó que las irregularidades cometidas por el anterior equipo siguen afectando el curso de las indagatorias.

Un ejemplo de ello, señaló el GIEI, es el amparo promovido por 22 policías de Iguala (a los que se acusó de las vejaciones y asesinato del normalista Julio César Mondragón), y a quienes un juez federal otorgó “recientemente” la “aceptación parcial del recurso de amparo“, dada la “falta de motivación de los autos de consignación” elaborados en su contra.

Por esta razón, el Grupo de Expertos demandó a la PGR que continúe la búsqueda de evidencias en contra de los todos los procesados, para consolidar las acusaciones formuladas ante los juzgados.

Un segundo ejemplo de este proceder irregular por parte de la PGR sigue siendo el caso del “quinto autobús”. Como se recordará, en septiembre de 2015 el GIEI reveló que la Procuraduría General de la República había ocultado evidencias de que habían sido cinco autobuses los atacados por la policía –y no cuatro, como afirmaba la versión oficial–, la noche en que fueron raptados y desaparecidos los 43 normalistas.

Al respecto, el GIEI denunció que, aun cuando desde noviembre de 2014 solicitó a la PGR asistencia técnica para continuar investigando todo lo relacionado con ese quinto autobús, dicha asistencia les fue otorgada apenas en febrero de 2016.

Según las investigaciones del GIEI, este quinto autobús podría ser la prueba de que estos vehículos son usados por el crimen organizado para traficar droga desde Iguala hasta Estados Unidos.

La falta de colaboración y el ocultamiento de evidencias, sin embargo, no sólo es atribuible a la PGR, destacó el Grupo de Expertos, sino también a la Secretaría de la Defensa Nacional, que sin justificación legal alguna continúa reteniendo videos y fotografías tomadas por sus elementos durante los ataques de la policía contra los normalistas.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero sigue reteniendo el video captado desde el Palacio de Justicia de Iguala, que registró el momento en que policías atacaron a un grupo de normalistas.

Explicaron que es difícil suponer el propósito de esta fragmentación interna, pero que es “un claro obstáculo para la investigación del caso”.

La (falsa) quinta versión…

Luego de que peritajes tanto del GIEI como del Equipo Argentino de Antropología Forense descartaran la posibilidad de que en el basurero de Cocula fueran incinerados los 43 normalistas raptados por fuerzas de seguridad pública, ha surgido un nuevo intento de las autoridades de crear  una versión intermedia.

Esta “quinta versión” establece que, efectivamente, no fueron 43 los normalistas incinerados en Cocula, sino un número menor, 17 estudiantes.

Sin embargo, el GIEI advirtió que esta versión carece totalmente de sustento, y ha sido construida a partir de supuestas declaraciones ministeriales, que han sido manipuladas o que son abiertamente falsas, pero que han sido filtradas a medios y periodistas con disposición a difundir estas versiones falsas o no verificadas.

Por ello, los integrantes del GIEI subrayaron que “alertamos sobre la creación de esta quinta versión y reiteramos que la misma no se sustenta ni en declaraciones ni en otros elementos de convicción”.

Asimismo, lamentaron que “la filtración de declaraciones sigue siendo un factor que genera confusión, pues generalmente se trata de informaciones que no han sido contrastadas; muchas de estas filtraciones no responden a la verdad de lo que se dijo en las declaraciones, y hay incluso casos de procesados que se han reservado totalmente” su derecho a declarar, mientras en algunos medios les atribuyen testimonios, que en realidad son totalmente inventados.

En su intervención, Carlos Martín Beristain dijo que el grupo de expertos es una especie de vacuna que busca estimular las defensas del Estado mexicano contra la impunidad, pero que hay quienes consideran más al GIEI “como un cuerpo extraño, algo que hay que vigilar y encapsular... queremos seguir siendo una vacuna que estimule las defensas del Estado mexicano y no un cuerpo extraño del que hay que defenderse”, expuso en la conferencia de prensa.

La investigación “no está fragmentada”, responde PGR

En respuesta al pronunciamiento del GIEI la Procuraduría dijo que la investigación no está fragmentada, pues expuso que por una parte, la Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia.

En cuanto al amparo promovido por los 22 policías señalados por el GIEI, la dependencia dijo haber interpuesto un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente, y que además, los elementos de seguridad también están sujetos a procesos federales por delincuencia organizada y secuestro, por lo que no podrían quedar libres con el recurso que solicitaron.

En un comunicado, la Procuraduría respondió, tras el reclamo del excesivo trámite solicitado a los familiares del normalista Julio César Mondragón para la toma de ADN, que esta petición “tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos”.

También dijo que el posible tráfico de droga entre Iguala y Chicago es una de varias líneas de investigación, y desaprobó cualquier filtración de información del caso, por lo que dijo haber instruído al Ministerio Público de la Federación investigar estos hechos.

Sobre la serie de peticiones que ha hecho el grupo de expertos a la dependencia, “se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención”, detalló el comunicado.

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Qué es el tankering, práctica que utilizan algunas aerolíneas para ahorrar dinero

Algunas aerolíneas que prometen reducir sus emisiones contaminantes utilizan esta cuestionada práctica, que contamina tanto como "una ciudad de 100 mil habitantes.
13 de noviembre, 2019
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El valor del combustible es uno de los principales costos operativos que tienen las aerolíneas.

También es uno de los gastos que más varía, no solo porque el precio del petróleo fluctúa, sino también porque es diferente en cada país (e incluso hay variaciones dentro de los países).

Por ello, no sorprende que muchas aerolíneas busquen formas de reducir ese gasto.

Pero una de las prácticas comúnmente utilizadas para este fin está siendo denunciado por su dañino efecto medioambiental.

Se trata del “tankering”, la práctica de acarrear combustible extra en los aviones para no tener que cargar en destinos donde las tarifas son más altas.

Esto representa un ahorro para la aerolínea, pero tiene un costo para el planeta: hace que el avión sea más pesado y, por ende, que consuma más combustible, liberando más dióxido de carbono.

Según el corresponsal de Medio Ambiente de la BBC Justin Rowlatt, el tankering se utiliza ampliamente en la industria aeronáutica.

Y, solamente en Europa, las emisiones contaminantes que genera la práctica equivalen a las de una ciudad con una población de 100.000 habitantes.

Un tanque carga combustible en un avión

BBC
Cargar combustible es más caro en algunos aeropuertos que en otros.

En un informe publicado en junio pasado, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) estimó que las aerolíneas europeas ahorraron unos US$293 millones al año gracias al tankering.

El costo ambiental, según el organismo, fue de 901.000 toneladas métricas de dióxido de carbono.

La investigación de la BBC

Una investigación realizada por el programa televisivo Panorama, de la BBC, reveló que algunas aerolíneas que se han comprometido a mejorar sus prácticas medioambientales también utilizan el tankering.

International Airlines Group (IAG), la compañía propietaria de British Airways (BA), ha dicho que busca ser la líder mundial en sostenibilidad.

IAG recientemente mostró sus credenciales ambientales comprometiéndose a lograr cero emisiones netas para 2050.

BA incluso se jacta de utilizar un papel más ligero para hacer su revista de a bordo, para reducir el peso de sus aviones.

Sin embargo, documentos internos obtenidos por el programa Panorama revelaron que la aerolínea británica transportó hasta seis toneladas de combustible extra para evitar pagar costos más altos en algunos destinos.

Fuentes de la empresa reconocieron a la BBC que la aerolínea, al igual que muchas compañías rivales que operan rutas de corta distancia en Europa, utiliza un software que calcula si resulta económicamente beneficioso utilizar el tankering.

Avión de British Airways

Reuters
BA reconoció que usa el tankering pero aseguró que es una de las aerolíneas que menos contaminan debido a esta práctica.

También destacaron que la práctica es muy común en la industria, en especial en Europa donde “existen considerables diferencias de precios (para cargar combustible) entre los aeropuertos (de distintos países)”.

Según Eurocontrol, una de cada cinco aerolíneas europeas utiliza el tankering.

La BBC halló evidencias de que incluso la popular línea low-cost EasyJet usa esta práctica.

Y BA asegura que las emisiones extras que produce por el tankering representan apenas el 2% del total europeo.

No obstante, la investigación de Panorama halló que BA produjo 18.000 toneladas métricas adicionales de dióxido de carbono en 2018 gracias a esta práctica.

La respuesta de BA

En respuesta al informe, la aerolínea británica anunció que revisará sus políticas de ahorro de combustible.

Hablando ante inversores el viernes, el director ejecutivo de IAG, Willie Walsh, dijo que la aerolínea quería asegurarse de que no estaba “incentivando el comportamiento incorrecto“.

“Claramente el ahorro financiero nos incentivaría a hacer tankering, pero tal vez esto no sea lo correcto ni el incentivo correcto”, señaló.

“Por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestros incentivos estén alineados con las actividades correctas, para garantizar la sostenibilidad financiera, pero también la sostenibilidad ambiental“, dijo.

John Sauven

Getty Images
John Sauven, de Greenpeace, desconfía de las aerolíneas y exige más intervención estatal.

Sin embargo, los críticos de la industria aeronáutica, como la organización medioambiental Greenpeace, afirman que el uso generalizado del tankering socava las promesas de la aviación de que está comprometida a reducir sus emisiones de carbono.

John Sauven, director ejecutivo de Greenpeace en Reino Unido, le dijo a la BBC que el tankering era un “ejemplo clásico de una compañía que pone las ganancias antes que el planeta”.

Para Sauven, el anuncio de que BA revisará sus prácticas en respuesta a la investigación de Panorama muestra cómo esa industria ha tratado el cambio climático “como un problema de relaciones públicas“.

“Es por eso que necesitamos objetivos de reducción (de dióxido de carbono) impuestos por el gobierno, para asegurar que las aerolíneas se responsabilicen por el daño que causan sus emisiones”, afirmó.


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