GIEI denuncia obstáculos y filtraciones en investigación del caso Ayotzinapa; PGR niega obstruir información
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GIEI denuncia obstáculos y filtraciones en investigación del caso Ayotzinapa; PGR niega obstruir información

Los integrantes del GIEI expresaron su preocupación por "ataques y difamaciones" en su contra en medios de comunicación, así como la filtración de declaraciones de presuntos responsables con la intención de apuntar el caso hacia la versión del incendio en el basurero de Cocula.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
21 de febrero, 2016
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GIEI denuncia obstáculos y filtraciones a medios para defender versión oficial en caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

GIEI denuncia obstáculos y filtraciones a medios para defender versión oficial en caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció que la Procuraduría General de la República les ha negado el acceso a nuevas evidencias relacionadas con esta investigación, y que no han sido incluidas en la averiguación previa original.

Entre estas evidencias se encuentran declaraciones de presuntos implicados que han sido detenidos en los últimos meses, como la de Gilberto López Astudillo (detenido en septiembre de 2015) así como peritajes, que la PGR ha integrado a nuevas carpetas de investigación no contempladas en el acuerdo de colaboración signado entre la CIDH y el gobierno mexicano, y por esta razón, quedan fuera del escrutinio del grupo de expertos independientes.

Por ello, el GIEI instó a las autoridades mexicanas a desistirse de esta estrategia de “fragmentación” de las investigaciones, y concentrar toda la información relacionada con la desaparición de los normalistas en una sola averiguación previa.

Aunque el Grupo de Expertos reconoció que, desde diciembre de 2015, un nuevo equipo de investigadores designados por la PGR está encargado de este caso, también destacó que las irregularidades cometidas por el anterior equipo siguen afectando el curso de las indagatorias.

Un ejemplo de ello, señaló el GIEI, es el amparo promovido por 22 policías de Iguala (a los que se acusó de las vejaciones y asesinato del normalista Julio César Mondragón), y a quienes un juez federal otorgó “recientemente” la “aceptación parcial del recurso de amparo“, dada la “falta de motivación de los autos de consignación” elaborados en su contra.

Por esta razón, el Grupo de Expertos demandó a la PGR que continúe la búsqueda de evidencias en contra de los todos los procesados, para consolidar las acusaciones formuladas ante los juzgados.

Un segundo ejemplo de este proceder irregular por parte de la PGR sigue siendo el caso del “quinto autobús”. Como se recordará, en septiembre de 2015 el GIEI reveló que la Procuraduría General de la República había ocultado evidencias de que habían sido cinco autobuses los atacados por la policía –y no cuatro, como afirmaba la versión oficial–, la noche en que fueron raptados y desaparecidos los 43 normalistas.

Al respecto, el GIEI denunció que, aun cuando desde noviembre de 2014 solicitó a la PGR asistencia técnica para continuar investigando todo lo relacionado con ese quinto autobús, dicha asistencia les fue otorgada apenas en febrero de 2016.

Según las investigaciones del GIEI, este quinto autobús podría ser la prueba de que estos vehículos son usados por el crimen organizado para traficar droga desde Iguala hasta Estados Unidos.

La falta de colaboración y el ocultamiento de evidencias, sin embargo, no sólo es atribuible a la PGR, destacó el Grupo de Expertos, sino también a la Secretaría de la Defensa Nacional, que sin justificación legal alguna continúa reteniendo videos y fotografías tomadas por sus elementos durante los ataques de la policía contra los normalistas.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero sigue reteniendo el video captado desde el Palacio de Justicia de Iguala, que registró el momento en que policías atacaron a un grupo de normalistas.

Explicaron que es difícil suponer el propósito de esta fragmentación interna, pero que es “un claro obstáculo para la investigación del caso”.

La (falsa) quinta versión…

Luego de que peritajes tanto del GIEI como del Equipo Argentino de Antropología Forense descartaran la posibilidad de que en el basurero de Cocula fueran incinerados los 43 normalistas raptados por fuerzas de seguridad pública, ha surgido un nuevo intento de las autoridades de crear  una versión intermedia.

Esta “quinta versión” establece que, efectivamente, no fueron 43 los normalistas incinerados en Cocula, sino un número menor, 17 estudiantes.

Sin embargo, el GIEI advirtió que esta versión carece totalmente de sustento, y ha sido construida a partir de supuestas declaraciones ministeriales, que han sido manipuladas o que son abiertamente falsas, pero que han sido filtradas a medios y periodistas con disposición a difundir estas versiones falsas o no verificadas.

Por ello, los integrantes del GIEI subrayaron que “alertamos sobre la creación de esta quinta versión y reiteramos que la misma no se sustenta ni en declaraciones ni en otros elementos de convicción”.

Asimismo, lamentaron que “la filtración de declaraciones sigue siendo un factor que genera confusión, pues generalmente se trata de informaciones que no han sido contrastadas; muchas de estas filtraciones no responden a la verdad de lo que se dijo en las declaraciones, y hay incluso casos de procesados que se han reservado totalmente” su derecho a declarar, mientras en algunos medios les atribuyen testimonios, que en realidad son totalmente inventados.

En su intervención, Carlos Martín Beristain dijo que el grupo de expertos es una especie de vacuna que busca estimular las defensas del Estado mexicano contra la impunidad, pero que hay quienes consideran más al GIEI “como un cuerpo extraño, algo que hay que vigilar y encapsular... queremos seguir siendo una vacuna que estimule las defensas del Estado mexicano y no un cuerpo extraño del que hay que defenderse”, expuso en la conferencia de prensa.

La investigación “no está fragmentada”, responde PGR

En respuesta al pronunciamiento del GIEI la Procuraduría dijo que la investigación no está fragmentada, pues expuso que por una parte, la Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia.

En cuanto al amparo promovido por los 22 policías señalados por el GIEI, la dependencia dijo haber interpuesto un recurso de revisión que será resuelto por el Tribunal Colegiado correspondiente, y que además, los elementos de seguridad también están sujetos a procesos federales por delincuencia organizada y secuestro, por lo que no podrían quedar libres con el recurso que solicitaron.

En un comunicado, la Procuraduría respondió, tras el reclamo del excesivo trámite solicitado a los familiares del normalista Julio César Mondragón para la toma de ADN, que esta petición “tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos”.

También dijo que el posible tráfico de droga entre Iguala y Chicago es una de varias líneas de investigación, y desaprobó cualquier filtración de información del caso, por lo que dijo haber instruído al Ministerio Público de la Federación investigar estos hechos.

Sobre la serie de peticiones que ha hecho el grupo de expertos a la dependencia, “se informa que las primeras 177 solicitudes (26% del total de peticiones) ya están debidamente atendidas; las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (5% del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69% del total) se encuentran con un amplio avance de atención”, detalló el comunicado.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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