4 críticas de las víctimas a la propuesta de Ley de desaparición forzada de Peña
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Manu Ureste

4 críticas de las víctimas a la propuesta de Ley de desaparición forzada de Peña

Organizaciones de víctimas exigieron frente a las instalaciones del Senado que los legisladores incluyan sus puntos de vista en la próxima discusión de la propuesta de Ley que presentó el presidente para combatir el delito de desaparición forzada.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
3 de febrero, 2016
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Organizaciones de víctimas de desaparición forzada exigieron ayer frente al Senado que se les incluya en la discusión de la propuesta de Ley del Ejecutivo. //Foto: Manu Ureste

Organizaciones de víctimas de desaparición forzada exigieron ayer frente al Senado que se les incluya en la discusión de la propuesta de Ley del Ejecutivo. //Foto: Manu Ureste

La iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que fue enviada al Senado de la República por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 10 de diciembre de 2015, es “un monumento a la negación”.

Así lo aseguran diferentes organizaciones de víctimas que, con motivo de la reanudación ayer 2 de febrero del trabajo legislativo en el Senado, se reunieron en las inmediaciones de ese recinto legislativo, para mostrar su inconformidad con varios puntos que plantea la propuesta del Ejecutivo mexicano.

Entre las claves de la propuesta de Peña Nieto -que deberá discutirse para su aprobación antes de que termine el mes de marzo- se encuentran la aplicación de fuertes sanciones: de hasta 150 años de prisión para quienes cometan el delito de desaparición forzada; la creación de un Sistema nacional de Búsqueda de Personas y de Unidades Especiales; la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas; y la distinción de tres tipos de delitos por desaparición forzada que contempla sanciones tanto para servidores públicos, grupos de particulares, y un particular.

Aquí puedes leer las 10 claves del proyecto de Ley, y aquí la iniciativa completa (a partir de la página 38).

“No puedes hacer una ley de víctimas sin tener en cuenta a las víctimas”

A pesar de con estos puntos el Gobierno mexicano asegura que busca combatir el problema de la desaparición forzada en México, el cual según denunció el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU es “generalizado” –aquí el informe-, organizaciones de víctimas denuncian que nadie las ha tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta, ni tampoco para la discusión que tendrá lugar en los próximos días en el Senado.

“El Ejecutivo, vía la Secretaría de Gobernación, anunció que tuvo un acercamiento con las familias de los desaparecidos. Pero eso es completamente falso”, denuncia Greis Fernández, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México.

“Se hicieron consultas vía internet –matiza la activista-, pero la solicitud que hicimos al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, para ser incluidos en los foros de discusión de la ley, jamás nos fue tomada en cuenta”.

“Por eso creemos que la iniciativa de Peña Nieto está incompleta. Porque no puedes hacer una ley de víctimas sin tener en cuenta a las víctimas, pues ellos son los verdaderos afectados que van a usar esa ley”, sentencia Fernández, quien recuerda que desde el pasado mes de septiembre de 2015 hicieron entrega, tanto a autoridades del Poder Ejecutivo como del Legislativo, de un documento con 11 puntos que resumen las peticiones de las víctimas para que se incluyan en la nueva ley, sin que hasta la fecha haya sido tomado en cuenta.

Asimismo, la vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos hace hincapié que en la propuesta de ley del Ejecutivo “los migrantes no se ven reflejados tampoco por ninguna parte”.

“Por eso, parte de lo que estamos pidiendo es que se hagan convenios internacionales para poder hacer las investigaciones de manera conjunta de los miles de casos de migrantes desparecidos en nuestro país”, plantea Greis Fernández.

Lee aquí los 11 puntos de las organizaciones de desaparecidos

“Sin presupuesto para la Ley, es imposible que los MP hagan su trabajo”

Por su parte, Martín Villalobos, coordinador de la red Eslabones por los Derechos Humanos, subraya que el “elemento central de crítica” de las víctimas es el relativo a la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual, según dice la iniciativa, “establecerá una colaboración entre las distintas instancias de los órdenes de gobierno, víctimas, familiares y organizaciones civiles”.

“Esa unidad de Búsqueda de Personas debe ser el motor central de la Ley. Y sin embargo, se presenta de una manera muy poco desarrollada, muy superficial”, indica Villalobos, quien expone que las víctimas exigen que esta unidad esté coordinada desde la Federación, “y que permita tener en una sola instancia toda la información que hoy se encuentra dispersa en Semefos, hospitales, fosas comunes y penales”.

“Otro punto de crítica –añade el activista- es que esa Unidad de Búsqueda no trae asignado ningún presupuesto, y ese es justamente uno de los principales problemas que tenemos: que no se investigan las desapariciones forzadas porque la mayor parte de los ministerios públicos traen hasta 90 averiguaciones y es humanamente imposible que puedan hacer su trabajo”.

“Mandar los casos de desaparición a los estados, es mandarnos al matadero”

Lucía de los Ángeles Díaz, vocera del Colectivo Solecito Veracruz, señala que otra crítica central a la propuesta del presidente Peña Nieto es que, tal y como establece el punto ‘Distribución de competencias’, ésta busca delegar responsabilidades en las autoridades de los diferentes gobiernos estatales para prevenir y sancionar los delitos de desaparición de personas.

“Sin embargo, todos sabemos que las entidades están permeadas por la delincuencia a todos los niveles. Ahí tenemos el ejemplo de Veracruz, donde es imposible acceder a la justicia. Entonces, no pueden mandarnos a la justicia de los estados porque nos estarían mandando al matadero”, argumenta Díaz.

Dolores González, integrante del Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, recuerda que la experiencia ya ha demostrado que “existen limitantes en la investigación que hacen los estados”.

Una limitación, recalca en una entrevista que Animal Político publicó el 18 de diciembre, tres días después de que Peña Nieto presentara la propuesta, es que los estados “no tienen un marco normativo profesionalizado para abordar la problemática”. Mientras que otro limitante es la “poca confianza” en las autoridades locales.

“A partir de estos limitantes las familias hemos insistido en que debe haber una presencia de la Federación para garantizar que las investigaciones se hagan adecuadamente, y para que pueda atraer casos de desaparición cuando se requiera”, explicó la activista.

“Es un simulacro de Ley”

Estos puntos han llevado a las organizaciones de víctimas a mostrarse pesimistas en cuanto a los alcances que pueda tener la nueva Ley, a la que consideran un acto de “simulación” por parte de la autoridad federal.

“Para nosotros la propuesta de Peña Nieto es un monumento a la negación. No es la respuesta a la problemática de la desaparición forzada en México, sino un simulacro de ley”, sentencia Lucía de los Ángeles Díaz.

“Creemos que esta iniciativa de Peña Nieto es nada más para aprobarla en febrero y decirle al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU que cumplió con las recomendaciones que le hizo a México. Sin embargo, esa iniciativa así como está es letra muerta”, remarca por su parte el activista Martín Villalobos, quien no obstante señala que espera que los senadores incluyan a las víctimas en las próximas jornadas de discusión de la ley, para poder mejorarla.

Mientras que María Herrera, del colectivo de Familiares en Búsqueda, considera que, al margen de que se hagan modificaciones o no a la propuesta del Gobierno, la nueva Ley de Desaparición Forzada “requiere de gente humana trabajando en las instituciones”.

“Necesitamos gente que trabaje de verdad y que nos ayude a buscar familiares. No queremos una ley que nada más se quede en letras, sino una ley que se activa, y que se ajuste a nuestras necesidades como víctimas”, pide la activista.

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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