Veracruz desvía 7 de cada 10 pesos del fondo de seguridad a otras cuentas del gobierno
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Veracruz desvía 7 de cada 10 pesos del fondo de seguridad a otras cuentas del gobierno

En vez de pagar los contratos que firmó y por los que incluso recibió bienes y equipos, el gobierno de Duarte transfirió la mayor parte del dinero del fondo federal de seguridad a dos cuentas bancarias de su administración ajenas al mismo.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
26 de febrero, 2016
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Cintillo

Veracruz había desviado al cierre de ese 2014 más del 98% de todo lo que recibió para seguridad. // Foto: Cuartoscuro.

Veracruz había desviado al cierre de ese 2014 más del 98% de todo lo que recibió para seguridad. // Foto: Cuartoscuro.

El gobierno de Javier Duarte desvío 7 de cada 10 pesos que recibió en 2014 del gobierno federal para programas y acciones de seguridad. ¿Cómo lo hizo? Sacando los recursos de la cuenta  en donde le fueron depositados y transfiriéndolos a otras dos cuentas bancarias del mismo estado, en vez de usarlo para pagar los contratos y compromisos pactados.

Mientras el dinero era enviado a cuentas ajenas al fondo, su gobierno firmaba contratos de inversiones en seguridad, reportaba los montos “invertidos” ante Hacienda, recibía los equipos y servicios… pero en realidad no le pagaba a los proveedores.

El monto del probable daño a las finanzas federales descubierto en Veracruz, según lo reportado por la Auditoria Superior de la Federación, asciende a más de 252 millones de pesos de los 374 millones que le correspondieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La cantidad del presunto quebranto, previo a la intervención de los auditores, era incluso mayor. Veracruz había desviado al cierre de ese 2014 más del 98 por ciento de todo lo que recibió del FASP a las cuentas ajenas al fondo.

Una vez que se detectaron las irregularidades, la ASF pidió en 2015 a la administración de Javier Duarte que aclarara el uso de los recursos o de lo contrario reintegrara el dinero a la cuenta del fideicomiso federal.

A una de las cuentas ajenas al fideicomiso Veracruz transfirió 337 millones de pesos; de ellos reintegró  solamente 118 millones a la cuenta del FASP para pagar a  proveedores de equipos de seguridad. A la otra cuenta había enviado 37 millones 400 mil pesos, de los cuales apenas regresó cinco millones 370 mil.

De esta forma, Veracruz ni comprobó ni reintegró  252 millones 108 mil pesos del FASP, más los intereses que ese dinero haya generado.

De acuerdo con el dictamen de la auditoria, la entidad responsable del probable quebranto es la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN), pues ostenta el control de la operación de las cuentas bancarias que corresponden al fondo de seguridad.

Por estas irregularidades, Contraloría General del estado de Veracruz inició el expediente de investigación 209/2015, mientras que la Fiscalía General del estado abrió la averiguación previa CG/FGE/PDA/05/2015  en contra  de los funcionarios que resulten responsables del millonario desvío de dinero del FASP.

Hasta ahora no se conoce que esas investigaciones, que se iniciaron desde el año pasado, hayan derivado ya en algún resultado.

Firma, reporta y no paga

En el papel, el gobierno de Veracruz afirma haber ejercido 245 millones de pesos del FASP en distintos contratos relacionados con temas de seguridad y justicia.

Lo que los auditores descubrieron es que si bien, las cantidades fueron reportadas parcialmente ante Hacienda para justificar los desembolsos, en realidad en muchos casos el dinero no fue enviado a los proveedores con los que se firmaron los contratos, sino que simplemente se los quedó el estado.

Ejemplos sobran en el dictamen de los auditores:

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó un contrato de tres millones 700 mil pesos para la capacitación de policías estatales.  La orden de suficiencia presupuestal se autorizó (es decir que la partida se autorizó porque había los recursos) pero el dinero no fue transferido a la empresa contratada para impartir estas clases.

Para la Unidad Antisecuestros, Veracruz firmó contratos por tres millones 200 mil pesos para comprar “equipo especializado” en la investigación de este delito. La empresa contratada cumplió entregando los bienes según consta en las actas, pero el gobierno estatal  no los pagó pese a tener autorizado el dinero.

En contratos para adquirir vehículos y armamento, el gobierno de Veracruz reportó la inversión  de 37 millones de pesos de los fondos federales de seguridad, pero a los proveedores no les entregó ni un peso.

El Poder Judicial de Veracruz firmó un contrato para la construcción de salas de juicios orales en Tuxpan, por un monto de nueve millones de pesos. Las obras se realizaron pero no se pagaron porque la secretaría de Finanzas no transmitió al Poder Judicial las partidas ya comprometidas para ello.

En 2014 la entidad pactó la inversión de tres millones 784 mil pesos para la compra de “vestuario y uniformes” para la procuraduría, pero (de nueva cuenta) pese a contar con la suficiencia de presupuesta y de que los materiales se entregaron, no había pagado el dinero hasta agosto de 2015. Lo mismo ocurrió con un contrato de uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por 25 millones de los que solo se pagaron diez.

Para el sistema penitenciario estatal la administración de Duarte reportó que se ejercieron un millón 200 mil pesos en adquirir “sistemas de detección de sustancias prohibidas”. En efecto los contratos se firmaron, los equipos se recibieron pero… el dinero nunca fue pagado a los proveedores.

Igual que con brazaletes para internos en libertad para lo que se acordó una inversión de dos millones 295 mil pesos. El presupuesto se reportó como ejercido y los equipos llegaron, sin embargo, solo se transfirieron a los contratistas 500 mil pesos.

Hay casos peores en donde incluso la pérdida fue doble. Por ejemplo, en un contrato para adquirir inhibidores de señal, Veracruz reportó ante Hacienda que ejerció 13 millones de pesos del FASP. La verificación de los auditores arrojó que en la realidad solo se habían transferido tres millones 700 mil  pesos.

Como el contrato firmado por esos equipos arrojaba que estos se entregarían una vez cubierto el 50 por ciento de lo pactado, la empresa contratada no los entregó pero tampoco regresó el anticipo que le fue entregado. Es decir, los tres millones 700 mil pesos que si se pagaron se fueron prácticamente a la basura.

Arreglos ilegales

El dictamen de la auditoría financiera sobre el uso de los recursos del FASP 2014 en Veracruz también arrojó otras irregularidades además del desvío de recursos y la simulación de pagos.

Por ejemplo, para el referido contrato de los equipos destinados a la Unidad Antisecuestro, la administración de Duarte adjudicó de forma directa el contrato a la empresa seleccionada lo que contraviene la normativa para el uso de este tipo de recursos.

También de forma directa, sin ningún tipo de licitación o de concurso, Veracruz adjudicó un contrato de casi un millón de pesos a otra empresa para el desarrollo de proyectos de evaluación de control de confianza, lo que el dictamen también considera contrario a la normativa.

En el caso del contrato firmado para la entrega de los uniformes, la Auditoría estableció que fueron dos contratos que se entregaron por el proceso de licitación simplificada. El problema es que ambos fueron a la misma empresa y por los mismos conceptos y montos, cantidades que sumadas, dejan sin efecto la legalidad del proceso de licitación simplificada pues lo que debió haber hecho Veracruz fue una licitación nacional.

Inhibidores de señal,  obras de infraestructura y remodelación, equipos y múltiples contratos más fueron otorgados mediante adjudicaciones directas o invitaciones a modo, sin licitaciones reales, establece el dictamen de los auditores.

Además, en el caso particular de los brazaletes, son aditamentos que no están contemplados dentro del abanico de opciones de inversión de los recursos del FASP según el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por todas estas irregularidades, la auditoria reportó que la Contraloría del estado inició por lo menos una decena de expedientes de investigación por probables responsabilidades de servidores públicos, sin que se conozcan los resultados.

Pocos policías y resultados

La Auditoría Superior de la Federación advirtió que además de las irregularidades en el manejo de los recursos del fondo de seguridad pública, el estado enfrenta también deficiencias en sus fuerzas de seguridad.

Hasta 2014, según el dictamen, había 12 mil 149 policías, de los cuales seis mil 912 estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mil 905 en la Fiscalía General del Estado, y tres mil 332 de corporaciones municipales.

Esto significa un promedio de 1.5 policías por cien mil habitantes en Veracruz, índice que está por debajo de los 2.8 agentes por cien mil habitantes que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por lo que corresponde a la policía estatal, Animal Político publicó que uno de cada tres agentes no superaron los procesos de control de confianza, pero no han sido dados de baja.

En su análisis, los auditores advirtieron también que en 2014, si bien bajaron los homicidios dolosos en la entidad, los secuestros tuvieron un repunte de más de 32 por ciento. En ese mismo año, el índice delictivo fue de 6.1 ilícitos por cada cien mil habitantes.

Finalmente, el hacinamiento en los centros penitenciarios de la entidad se agravó en un año. Pasó de 12.4 por ciento de sobrepoblación en 2013 a 16.5 por ciento en 2014.

En resumen, los auditores identificaron que en 2014 la entidad no cumplió con por lo menos el 30 por ciento de las metas en seguridad que se habían planteado para ese año, a partir de la utilización efectiva de los recursos asignados.

“Veracruz no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos” concluye el dictamen.

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Justin Trudeau: el nuevo escándalo que tiene en crisis al primer ministro

Un millonario programa de becas para ayudar a jóvenes estudiantes ha puesto al primer ministro de Canadá y su familia en el foco mediático. Te contamos por qué.
27 de julio, 2020
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Justin Trudeau

Reuters
El último escándalo que salpica a Justin Trudeau se ha producido en plena pandemia.

Cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó al poder en 2015, prometió una nueva forma de hacer política. Pero ahora se enfrenta a su tercer escándalo relacionado con cuestiones éticas. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Canadá anunció en junio que elegía a la organización WE Charity, conocida sobre todo por sus conferencias WE Day a las que acuden numerosas celebridades, para que administrara un nuevo programa de becas para estudiantes afectados por el desplome económico.

¿Cómo derivó esa decisión en acusaciones de favoritismo y conflicto de intereses, dos investigaciones federales, el foco puesto en la familia Trudeau y llamados a la renuncia del primer ministro?

Esta es una guía para comprender este último escándalo político en Canadá.

La familia de Trudeau bajo la lupa

Trudeau se enfrenta a su tercera investigación por conflicto de intereses en sus cinco años en el poder por la decisión de su gabinete de otorgarle un contrato valorado en US$43 millones a la organización WE Charity de Canadá.

Sophie Gregoire Trudeau y su esposo el primer ministro Justin Trudeau en un evento de WE

Getty Images for We Day
El primer ministro canadiense y su esposa han participado en eventos de la organización We Charity.

El programa de US$680 millones estaba diseñado para conectar a estudiantes graduados de la secundaria con opciones de trabajo voluntario pagado para compensar la pérdida de los empleos de verano previstos a causa de la pandemia.

Posteriormente se supo que la madre y el hermano de Trudeau recibieron dinero en el pasado por hablar en distintos eventos de WE.

Margaret Trudeau recibió poco más de US$185,000 por hablar en 28 eventos de WE en cuatro años, y el hermano del primer ministro, Alexander, recibió unos US$23,000 por hablar en ocho eventos entre 2017 y 2018.

Trudeau también ha hecho frecuentes apariciones, incluido su primer evento de WE en 2007, según el sitio de noticias iPolitics. Su esposa, Sophie Gregoire-Trudeau, fue la locutora de un podcast de temas de bienestar para la organización.

Sophie Grégoire-Trudeau,con la exprimera ministra de Australia Julia Gillard y la cantante Leona Lewis

Getty Images
La esposa de Trudeau, Sophie Grégoire-Trudea (izda.), es embajadora del programa de bienestar de WE.

El primer ministro no se retiró de las discusiones relacionadas con la decisión de darle el contrato a WE y hace dos semanas se disculpó por ello.

El organismo federal de supervisión ética ha confirmado que está investigando el asunto.

“Este país está gobernado por un pequeño círculo de élites y hay un culto a quienes pertenecen al círculo que refuerza ese sistema, que produce este tipo de escándalos de forma bastante rutinaria”, opina el teórico político canadiense David Moscrop.

“Ese es el problema estructural, que Canadá termina siendo un pequeño país gobernado por un pequeño grupo de personas”.

El programa de becas tenía ya más de 35,000 solicitudes y 83 socios no lucrativos.

El ministro de Finanzas bajo presión

Al igual que los Trudeau, la familia del ministro de Finanzas, Bill Morneau, tenía vínculos con WE. Dos de sus hijas están relacionadas con la organización, una de ellas como empleada.

ministro de Finanzas, Bill Morneau

Reuters
El ministro de Finanzas, Bill Morneau ha reconocido haber cometido errores.

Morneau testificó hace unos días ante un comité de finanzas de la Cámara de los Comunes que investiga el hecho de que su familia realizara dos viajes humanitarios, a Kenia y Ecuador, para ver el trabajo de WE en el extranjero.

El ministro reconoció que recientemente se dio cuenta de que no había pagado alrededor de US$30,000 en gastos de viaje para esas visitas y firmó un cheque para compensarlo.

La organización dijo en un comunicado que, aunque los viajes eran por invitación, el ministro ha desembolsado la cantidad que le hubieran cobrado si hubiera pagado en ese momento.

WE dijo que regularmente organiza visitas para “filántropos bien conocidos”, como Morneau y su esposa, que proceden de ricas familias canadienses.

Los partidos de la oposición piden que renuncie o que sea despedido por los viajes, ya que consideran que violan las reglas éticas.

El académico Moscrop sugiere que si bien el retraso en el pago de los viajes pudo haber sido “un descuido en lugar de malicia”, esta forma de actuar puede generar “cinismo, enojo y frustración. Todo ello en tiempos de una pandemia es doblemente problemático”.

El ministro de Finanzas está actualmente bajo investigación por posibles abusos éticos por no haberse recusado tampoco de las discusiones relacionadas con el contrato a WE, por lo que también se ha disculpado.

Escrutinio sobre WE

La organización WE fue fundada hace 25 años por los hermanos Craig y Marc Kielburger en la casa de sus padres en Ontario, Canadá, cuando Craig tenía 12 años.

Conocida anteriormente como Free the Children (“Liberen a los niños”), la organización se centró en poner fin a la explotación infantil y rápidamente se ganó el reconocimiento internacional.

Sus cofundadores se convirtieron en celebridades locales y aparecieron en programas de televisión como el Show de Oprah Winfrey y 60 Minutes en Estados Unidos.

Sus conferencias motivacionales, llamadas WE Day, se han convertido en un antes y un después para muchos jóvenes canadienses, a quienes les atrae su mensaje de que pueden cambiar el mundo y su lista de conferenciantes y artistas famosos.

Hermanos Kielburger

AFP
La organización WE fue fundada a mediados de los 90 por los hermanos Kielburger.

Actualmente es una organización de amplio alcance que opera en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Ante la polémica, WE se retiró del programa de becas este mes por haberse visto “enredado en la controversia desde el momento del anuncio”, según informó la organización.

Pero el escrutinio sobre el contrato se ha extendido a la propia organización, abriendo interrogantes sobre su estructura en expansión, los lazos entre la rama de empresa social, sus entidades caritativas y su cultura interna.

El viernes, el periódico canadiense The Globe and Mail reportó que algunos socios y patrocinadores, incluidas la Fundación de la Reina de Inglaterra y la aerolínea Virgin Atlantic, están revisando su relación con WE.

A mediados de julio, la organización dijo que ha decidido realizar cambios estructurales y de gobernanza y volver a concentrarse en su mandato original de desarrollo internacional, y que contratará consultoras externas para una revisión.

Impacto sobre el apoyo a Trudeau

Los liberales federales de Trudeau todavía tienen una ligera ventaja sobre sus oponentes conservadores, pero sondeos de opinión sugieren que la controversia les está pasando factura.

Trudeau

Getty Images
Justin Trudeau, de 47 años, llegó al poder como primer ministro de Canadá en 2015.

El apoyo al partido Liberal Nacional ha caído desde que la noticia salió a la luz, al igual que el índice de aprobación de Trudeau, según una encuesta de Abacus Data del 20 de julio.

Las reacciones al manejo que ha hecho el gobierno del tema son negativas por todo el país, también dentro del 40% de personas que votaron por los liberales en las elecciones del año pasado, según el sondeo.

Probablemente seguirá siendo noticia por un tiempo.

Trudeau tiene un gobierno en minoría, lo que hace que los partidos de oposición tengan más control sobre la agenda y cuenten con las herramientas para “alargarlo todo lo que sea posible” (el escándalo), apunta el analista Moscrop.

A petición de los conservadores en la oposición, el primer ministro comparecerá ante el comité investigador de la Cámara de los Comunes en los próximos días. Y también lo harán los Kielburger.


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