Veracruz desvía 7 de cada 10 pesos del fondo de seguridad a otras cuentas del gobierno
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Veracruz desvía 7 de cada 10 pesos del fondo de seguridad a otras cuentas del gobierno

En vez de pagar los contratos que firmó y por los que incluso recibió bienes y equipos, el gobierno de Duarte transfirió la mayor parte del dinero del fondo federal de seguridad a dos cuentas bancarias de su administración ajenas al mismo.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
26 de febrero, 2016
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Cintillo

Veracruz había desviado al cierre de ese 2014 más del 98% de todo lo que recibió para seguridad. // Foto: Cuartoscuro.

Veracruz había desviado al cierre de ese 2014 más del 98% de todo lo que recibió para seguridad. // Foto: Cuartoscuro.

El gobierno de Javier Duarte desvío 7 de cada 10 pesos que recibió en 2014 del gobierno federal para programas y acciones de seguridad. ¿Cómo lo hizo? Sacando los recursos de la cuenta  en donde le fueron depositados y transfiriéndolos a otras dos cuentas bancarias del mismo estado, en vez de usarlo para pagar los contratos y compromisos pactados.

Mientras el dinero era enviado a cuentas ajenas al fondo, su gobierno firmaba contratos de inversiones en seguridad, reportaba los montos “invertidos” ante Hacienda, recibía los equipos y servicios… pero en realidad no le pagaba a los proveedores.

El monto del probable daño a las finanzas federales descubierto en Veracruz, según lo reportado por la Auditoria Superior de la Federación, asciende a más de 252 millones de pesos de los 374 millones que le correspondieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La cantidad del presunto quebranto, previo a la intervención de los auditores, era incluso mayor. Veracruz había desviado al cierre de ese 2014 más del 98 por ciento de todo lo que recibió del FASP a las cuentas ajenas al fondo.

Una vez que se detectaron las irregularidades, la ASF pidió en 2015 a la administración de Javier Duarte que aclarara el uso de los recursos o de lo contrario reintegrara el dinero a la cuenta del fideicomiso federal.

A una de las cuentas ajenas al fideicomiso Veracruz transfirió 337 millones de pesos; de ellos reintegró  solamente 118 millones a la cuenta del FASP para pagar a  proveedores de equipos de seguridad. A la otra cuenta había enviado 37 millones 400 mil pesos, de los cuales apenas regresó cinco millones 370 mil.

De esta forma, Veracruz ni comprobó ni reintegró  252 millones 108 mil pesos del FASP, más los intereses que ese dinero haya generado.

De acuerdo con el dictamen de la auditoria, la entidad responsable del probable quebranto es la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN), pues ostenta el control de la operación de las cuentas bancarias que corresponden al fondo de seguridad.

Por estas irregularidades, Contraloría General del estado de Veracruz inició el expediente de investigación 209/2015, mientras que la Fiscalía General del estado abrió la averiguación previa CG/FGE/PDA/05/2015  en contra  de los funcionarios que resulten responsables del millonario desvío de dinero del FASP.

Hasta ahora no se conoce que esas investigaciones, que se iniciaron desde el año pasado, hayan derivado ya en algún resultado.

Firma, reporta y no paga

En el papel, el gobierno de Veracruz afirma haber ejercido 245 millones de pesos del FASP en distintos contratos relacionados con temas de seguridad y justicia.

Lo que los auditores descubrieron es que si bien, las cantidades fueron reportadas parcialmente ante Hacienda para justificar los desembolsos, en realidad en muchos casos el dinero no fue enviado a los proveedores con los que se firmaron los contratos, sino que simplemente se los quedó el estado.

Ejemplos sobran en el dictamen de los auditores:

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó un contrato de tres millones 700 mil pesos para la capacitación de policías estatales.  La orden de suficiencia presupuestal se autorizó (es decir que la partida se autorizó porque había los recursos) pero el dinero no fue transferido a la empresa contratada para impartir estas clases.

Para la Unidad Antisecuestros, Veracruz firmó contratos por tres millones 200 mil pesos para comprar “equipo especializado” en la investigación de este delito. La empresa contratada cumplió entregando los bienes según consta en las actas, pero el gobierno estatal  no los pagó pese a tener autorizado el dinero.

En contratos para adquirir vehículos y armamento, el gobierno de Veracruz reportó la inversión  de 37 millones de pesos de los fondos federales de seguridad, pero a los proveedores no les entregó ni un peso.

El Poder Judicial de Veracruz firmó un contrato para la construcción de salas de juicios orales en Tuxpan, por un monto de nueve millones de pesos. Las obras se realizaron pero no se pagaron porque la secretaría de Finanzas no transmitió al Poder Judicial las partidas ya comprometidas para ello.

En 2014 la entidad pactó la inversión de tres millones 784 mil pesos para la compra de “vestuario y uniformes” para la procuraduría, pero (de nueva cuenta) pese a contar con la suficiencia de presupuesta y de que los materiales se entregaron, no había pagado el dinero hasta agosto de 2015. Lo mismo ocurrió con un contrato de uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por 25 millones de los que solo se pagaron diez.

Para el sistema penitenciario estatal la administración de Duarte reportó que se ejercieron un millón 200 mil pesos en adquirir “sistemas de detección de sustancias prohibidas”. En efecto los contratos se firmaron, los equipos se recibieron pero… el dinero nunca fue pagado a los proveedores.

Igual que con brazaletes para internos en libertad para lo que se acordó una inversión de dos millones 295 mil pesos. El presupuesto se reportó como ejercido y los equipos llegaron, sin embargo, solo se transfirieron a los contratistas 500 mil pesos.

Hay casos peores en donde incluso la pérdida fue doble. Por ejemplo, en un contrato para adquirir inhibidores de señal, Veracruz reportó ante Hacienda que ejerció 13 millones de pesos del FASP. La verificación de los auditores arrojó que en la realidad solo se habían transferido tres millones 700 mil  pesos.

Como el contrato firmado por esos equipos arrojaba que estos se entregarían una vez cubierto el 50 por ciento de lo pactado, la empresa contratada no los entregó pero tampoco regresó el anticipo que le fue entregado. Es decir, los tres millones 700 mil pesos que si se pagaron se fueron prácticamente a la basura.

Arreglos ilegales

El dictamen de la auditoría financiera sobre el uso de los recursos del FASP 2014 en Veracruz también arrojó otras irregularidades además del desvío de recursos y la simulación de pagos.

Por ejemplo, para el referido contrato de los equipos destinados a la Unidad Antisecuestro, la administración de Duarte adjudicó de forma directa el contrato a la empresa seleccionada lo que contraviene la normativa para el uso de este tipo de recursos.

También de forma directa, sin ningún tipo de licitación o de concurso, Veracruz adjudicó un contrato de casi un millón de pesos a otra empresa para el desarrollo de proyectos de evaluación de control de confianza, lo que el dictamen también considera contrario a la normativa.

En el caso del contrato firmado para la entrega de los uniformes, la Auditoría estableció que fueron dos contratos que se entregaron por el proceso de licitación simplificada. El problema es que ambos fueron a la misma empresa y por los mismos conceptos y montos, cantidades que sumadas, dejan sin efecto la legalidad del proceso de licitación simplificada pues lo que debió haber hecho Veracruz fue una licitación nacional.

Inhibidores de señal,  obras de infraestructura y remodelación, equipos y múltiples contratos más fueron otorgados mediante adjudicaciones directas o invitaciones a modo, sin licitaciones reales, establece el dictamen de los auditores.

Además, en el caso particular de los brazaletes, son aditamentos que no están contemplados dentro del abanico de opciones de inversión de los recursos del FASP según el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por todas estas irregularidades, la auditoria reportó que la Contraloría del estado inició por lo menos una decena de expedientes de investigación por probables responsabilidades de servidores públicos, sin que se conozcan los resultados.

Pocos policías y resultados

La Auditoría Superior de la Federación advirtió que además de las irregularidades en el manejo de los recursos del fondo de seguridad pública, el estado enfrenta también deficiencias en sus fuerzas de seguridad.

Hasta 2014, según el dictamen, había 12 mil 149 policías, de los cuales seis mil 912 estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mil 905 en la Fiscalía General del Estado, y tres mil 332 de corporaciones municipales.

Esto significa un promedio de 1.5 policías por cien mil habitantes en Veracruz, índice que está por debajo de los 2.8 agentes por cien mil habitantes que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por lo que corresponde a la policía estatal, Animal Político publicó que uno de cada tres agentes no superaron los procesos de control de confianza, pero no han sido dados de baja.

En su análisis, los auditores advirtieron también que en 2014, si bien bajaron los homicidios dolosos en la entidad, los secuestros tuvieron un repunte de más de 32 por ciento. En ese mismo año, el índice delictivo fue de 6.1 ilícitos por cada cien mil habitantes.

Finalmente, el hacinamiento en los centros penitenciarios de la entidad se agravó en un año. Pasó de 12.4 por ciento de sobrepoblación en 2013 a 16.5 por ciento en 2014.

En resumen, los auditores identificaron que en 2014 la entidad no cumplió con por lo menos el 30 por ciento de las metas en seguridad que se habían planteado para ese año, a partir de la utilización efectiva de los recursos asignados.

“Veracruz no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos” concluye el dictamen.

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Las 24 horas de ataques sincronizados del narco en Ecuador que dejaron 6 muertos y llevaron a un nuevo estado de excepción

Los tiroteos por parte de grupos del crimen organizado en Ecuador se han atribuido al traslado de presos del Penal del Litoral, en Guayaquil.
2 de noviembre, 2022
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Dos provincias de Ecuador vivieron 24 horas de terror cuando bandas armadas realizaron ataques sincronizados que fueron calificados por el presidente Guillermo Lasso como “una declaración de guerra” contra el estado de Derecho, el gobierno y la ciudadanía.

El mandatario decretó un nuevo estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días, que implica un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana.

Según informó el diario El Universo, hasta el momento hay cinco policías muertos, atacados a tiros mientras patrullaban las calles de estas dos provincias, y un civil, quien falleció, por una herida de bala en la cabeza.

La mayoría de los ataques se produjeron entre la una y las tres y media de la madrugada, e incluyeron detonaciones de artefactos explosivos y coches bomba en los alrededores de gasolineras, terminales de autobuses y comisarías.

Como indicó en septiembre la enviada especial de BBC Mundo a Guayaquil Valentina Oropeza, “el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. 72 de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil”.

Los atentados continuaron en horas de la tarde, por ejemplo frente al edificio municipal de Durán, ciudad vecina a Guayaquil, que tiene la segunda tasa de homicidios más alta del país, según informó el medio GK.

Traslados “por reparaciones”

Los ataques habrían sido -según la prensa local- una respuesta de grupos vinculados al narcotráfico a un traslado de cientos de presos del Penal del Litoral, ubicado en Guayaquil y escenario de motines sangrientos en los últimos dos años (unos 120 internos murieron en esta cárcel en septiembre de 2021).

El diario El Universo informó de panfletos atribuidos a las bandas Los Lobos y Los Tiguerones que advertían el lunes pasado con hacer uso de su poder logístico y armamento si “tocaban” a su gente de los pabellones 8 y 9 de esa penitenciaría.

Familiares de presos en el el Penal del Litoral

Getty Images
Familiares de presos en el el Penal del Litoral se autoconvocaron desde el lunes afuera de la penitenciaría.

Se desconoce aún a qué otros centros de rehabilitación fueron llevados los presos, cuyo traslado fue atribuido por el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) a “reparaciones en los pabellones”.

“No sabemos a dónde los llevan, los mandan a morir”, dijo a este diario uno de los familiares que desde la noche del 31 de octubre se autoconvocaron en las afueras del Penal del Litoral ante las primeras noticias de los traslados y con temor a nuevas masacres carcelarias que han dejado más de 400 muertos en Ecuador desde 2020.

Mientras, en un centro de rehabilitación de Esmeraldas siete funcionarios penitenciarios fueron secuestrados por los presos y más tarde liberados.

“Incomodidad”

En este marco de violencia, el presidente suspendió sus vacaciones familiares a Orlando, Estados Unidos, por las que había sido criticado en redes sociales debido a la situación de violencia en el país, y se trasladó a Guayaquil -capital de la provincia del Guayas- para encabezar la respuesta del gobierno a esta última ola de atentados.

Según Lasso, lo ocurrido en estas 24 horas muestra “claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional está dispuesta a traspasar”.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador

Getty Images
El presidente Lasso ha decretado varios estados de excepción desde 2020 pero la violencia no se detiene en el país.

“La narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia”, añadió el mandatario, atribuyendo la reacción de las bandas armadas al combate de su gobierno al tráfico de drogas.

Como informó Valentina Oropeza, en 2022 Ecuador figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.


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