A más de 5 años de la masacre de migrantes en San Fernando, México no repara el daño ni explica qué pasó
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Manu Ureste

A más de 5 años de la masacre de migrantes en San Fernando, México no repara el daño ni explica qué pasó

La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Mario Pardo referente al reconocimiento de familiares de migrantes masacrados en Tamaulipas como víctimas. Si se aprueba, las familias podrían acceder a los expedientes de la investigación del caso.
Manu Ureste
2 de marzo, 2016
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“El gobierno de México nos entregó una caja de 50 centímetros con los restos de mi sobrino y nos prohibió abrirla. Nos dijo que si la abríamos podíamos ir a la cárcel, que eso era un delito muy grave”.

A pesar de la advertencia, María Da Gloria admite que la familia de su sobrino, uno de los cinco brasileños que fueron asesinados en la masacre de 72 migrantes que tuvo lugar en agosto de 2010 en el municipio tamaulipeco de San Fernando, abrieron el cajón en busca de pruebas que de alguna manera pudieran corroborar que se trataba de su familiar.

“No pudimos aguantar la incertidumbre y abrimos la caja. Pero lo que encontramos en su interior fue una masa gelatinosa en su interior. Eso fue lo que nos dio el gobierno de México, una bola de gelatina, y con eso nos piden que creamos que es nuestro ser querido”, denuncia la brasileña, una de las siete representantes de familias de los 72 migrantes asesinados, que esta semana están en México con el apoyo de la organización civil Fundación para la Justicia para exigir a las autoridades mexicanas que, a cinco años y seis meses, les expliquen qué pasó realmente en la masacre de San Fernando, y les den los resultados de la investigación.

Pero antes de llegar a Brasil tras muchos meses de insistir al gobierno mexicano para que repatriara el cadáver, el abogado de María Da Gloria y de otras familias víctimas de la masacre de San Fernando, asegura que México sí envió los restos… pero a Honduras.

“Los restos fueron enterrados en Honduras. Y todavía no sabemos por qué. El gobierno mexicano no ha dado respuesta sobre esto y la Procuraduría no dice nada, no se manifiesta”, dice Filipe Nicolau, abogado de las víctimas brasileñas.

“Sólo después de mucho trabajo, el cuerpo fue enviado a Brasil. Pero aún así, cuando lo hacen, los familiares no pudieron ver si, efectivamente, se trataba de su ser querido. Porque México envió una caja con una gelatina sin ninguna documentación. Es decir, sin ningún documento del peritaje, de las pruebas genéticas, sin un estudio, sin un procedimiento administrativo. Nada. Es algo absurdo e inimaginable. Porque los temas públicos entre dos países, es decir, el envío de un cuerpo de un país a otro, no se puede tratar de esta forma tan mezquina, moral e ilegal”, subraya el letrado.

Además del caso de los brasileños, la Fundación para la Justicia expone que numerosas familias de víctimas sólo han recibido una caja de cenizas con un acta de defunción y credenciales, pero sin ningún expediente de investigación, ni tampoco pruebas genéticas que corroboren el contenido de los féretros.

“Según los estándares internacionales, cuando se hace una identificación de un cadáver, las autoridades tienen que darle a las familias un dictamen”, explica en entrevista Virginie Gorson, del área de acompañamiento de la Fundación para la Justicia.

“Y el dictamen es un documento muy grueso –añade-, que incluye muchas páginas que detallan cómo se encontró el cuerpo, dónde se encontró, cómo se trasladó del lugar en el que fue hallado hasta la morgue, etcétera. Incluso, se agregan fotos de lo que se encontró en el lugar donde estaba el cuerpo. Sin embargo, a cinco años y seis meses de San Fernando, las familias de esos 72 migrantes no tienen nada de esto y por eso siguen con esa incertidumbre y sin obtener una reparación del daño”.

Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, indica por su parte que el reclamo al gobierno de México por malas prácticas periciales a la hora de entregar los restos de los 72 migrantes, no solo provienen de las familias víctimas, sino también de autoridades centroamericanas.

“Hay que recordar que semanas después de lo que ocurrió en la tragedia de San Fernando, el mismo gobierno de Honduras se vio obligado a detener la repatriación de restos, debido a que detectó negligencias en la entrega de los restos. Es decir, porque México estaba entregando féretros que no contenían los restos, y por eso hubo un reclamo muy fuerte al gobierno mexicano”, expone la integrante de Amnistía Internacional, organización defensora de derechos humanos que ayer martes también recibió a los siete familiares de los 72 migrantes asesinados para escuchar sus casos.

“Es decir –agrega Jiménez-, lamentablemente la no identificación de restos de manera eficiente y confiable es un problema que México viene arrastrando desde hace años, y por eso es muy comprensible que dadas las deficiencias estas familias pidan una revisión de sus casos a la justicia mexicana”.

La Suprema Corte de Justicia analizará si concede un amparo a una migrante salvadoreña para considerarla como víctima, y así pueda acceder al expediente del caso San Fernando. //Foto: Manu Ureste

La Suprema Corte de Justicia analizará si concede un amparo a una migrante salvadoreña para considerarla como víctima, y así pueda acceder al expediente del caso San Fernando. //Foto: Manu Ureste

72 migrantes asesinados, ocho detenidos, ningún condenado

Como parte de su visita de una semana a México, los familiares víctimas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde previamente habían solicitado una reunión con la titular Arely Gómez para cuestionarle sobre los avances en la investigación del caso de los 72.

Sin embargo, Fray Tomás González, director del albergue de migrantes ‘La 72’ de Tenosique, Tabasco, quien también acompaña a las familias en su estancia en México, apunta que la reunión fue “decepcionante”.

“En la PGR, el agente del Ministerio Público nos dio un reporte de no más de ocho minutos, informando lo mínimo. Incluso, hay familiares que aseguran que saben mucho más de lo que la autoridad mexicana les presentó”, asevera Fray Tomás, quien critica que ni el subsecretario de derechos humanos de PGR, Roberto Campa, ni la procuradora, atendieran a las víctimas, máxime tratándose de un caso “que ha dañado gravemente la imagen del país”.

“En cinco años y medio, los familiares nunca habían visto al Ministerio Público encargado de la investigación de sus casos. Por eso para ellos era una visita fundamental, y por eso también la decepción cuando escucharon que básicamente no sabían nada. Sólo que hasta ahora hay ocho detenidos, pero sin ninguna condena, y que el caso fue turnado a la fiscalía de migrantes”, agrega por su parte Virginie Gorson.

Piden a Suprema Corte que migrantes sean reconocidos como víctimas de desaparición para abrir expedientes

Tras la breve reunión con funcionarios de la PGR, las familias se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde este miércoles 2 de marzo se discutirá el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, acerca del reconocimiento de familiares de migrantes masacrados en San Fernando como víctimas directas.

La discusión del proyecto de sentencia surge a raíz de un amparo interpuesto por Bertila Parada, madre un joven salvadoreño asesinado, quien exige que la justicia mexicana la reconozca como una víctima, y así poder acceder al expediente de su caso y empezar a obtener respuestas acerca de qué fue lo que sucedió en agosto en San Fernando, donde un año después de la masacre de los 72 se encontraron otros 193 cuerpos en fosas clandestinas. 

“En el caso de los 72 y en muchos otros de desaparición, una problema muy importante es que la autoridad no entrega información ni a la sociedad, ni a las víctimas”, plantea Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional.

Las familias migrantes han tenido muchos obstáculos para acceder a la información de lo que pasó en San Fernando. Es decir, les niegan las copias del expediente, o les dan versiones públicas completamente tachadas –en una versión pública la autoridad tacha nombres, direcciones, etcétera, para proteger la confidencialidad del caso-. Entonces, lo que argumentan en ese amparo es que, como víctimas, deben tener pleno acceso a toda la información de sus casos”, concluye la activista, quien ve “una gran oportunidad” de que la Suprema Corte se pronuncie mañana a favor, y de esa manera se comience a reparar el daño a las familias de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas.

En este sentido, cabe recordar que en agosto de 2014 el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) –hoy INAI-, ya ordenó a la PGR que informe sobre la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, echando atrás el intento de la Fiscalía federal de mantener guardada la información durante 12 años.

Sin embargo, hasta ahora, los expedientes no se han hecho públicos.

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Cuánta gente se necesita que salga a protestar para derrocar a un gobierno (según la ciencia)

¿Cuán grande tiene que ser una protesta para forzar la salida de un líder político? Un equipo de expertos de la Universidad de Harvard analizó lo ocurrido desde 1900 hasta el presente para hallar una respuesta.
20 de septiembre, 2020
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Protestas en Bielorrusia

Getty Images
Las protestas no violentas tienen más posibilidades de éxito.

La lucha de los sindicatos agrupados en Solidaridad en Polonia en la década de 1980; el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica; el derrocamiento del presidente serbio Slobodan Milosevic; la Revolución del Jazmín que forzó la salida del presidente tunecino Zine al-Abidine Ben Ali y desencadenó la Primavera Árabe…

Todos estos son ejemplos de movimientos populares que culminaron con un cambio político sustancial.

Y el último en ser noticia está en Bielorrusia, donde decenas de miles de personas han salido a las calles en las últimas semanas tras unas polémicas elecciones en las que el presidente Alexander Lukashenko se adjudicó la victoria.

Las autoridades han reaccionado con brutalidad: muchos manifestantes han sido arrestados y hay numerosas denuncias de torturas a manos de la policía.

Protestas en Bielorrusia

Reuters
Las protestas en Bielorrusia han movilizado a mucha gente. ¿En cantidades suficientes?

A pesar de esto, sin embargo, el movimiento de momento se ha mantenido fundamentalmente pacífico.

Pero, ¿cuán probable es que tenga éxito?

Lecciones de la historia

Una buena forma de evaluarlo es mirando la historia.

Que es lo que ha hecho la politóloga de Harvard Erica Chenoweth.

La profesora Chenoweth ha centrado su trabajo sobre todo en protestas contra dictaduras, no democracias.

A diferencia de los demócratas, los dictadores no pueden ser destituidos mediante el voto popular. En una democracia, si una política es impopular, otros políticos pueden ser elegidos con la promesa de abolirla. No existe tal mecanismo en una dictadura.

Erica Chenoweth

Kris Snibbe / Harvard Gazette
La politóloga de Harvard Erica Chenoweth ha estudiado la efectividad de las protestas.

Estas definiciones, sin embargo, son a menudo cuestionadas. ¿Dónde está la frontera entre democracia y dictadura? A menudo, de hecho, hay todo un espectro: un sistema político puede ser más o menos democrático.

Y también está el problema de cómo se clasifica la violencia y la no violencia.

¿Los ataques a la propiedad deben considerarse “violentos”? ¿Qué pasa con las personas que gritan insultos racistas pero sin agresión física? ¿Qué pasa con los actos de autosacrificio, como la autoinmolación o las huelgas de hambre? ¿Son violentos?

Las ventajas de la no violencia

A pesar de estas dificultades de categorización, existen algunas formas de protesta que son claramente no violentas y otras que son claramente violentas.

El asesinato es claramente violento. Las manifestaciones pacíficas, las peticiones, los carteles, las huelgas y los boicots, las sentadas y las huelgas no son violentas.

De hecho, según una clasificación bien conocida, existen 198 formas de protesta no violenta.

Y al analizar cada movimiento de protesta sobre el que había datos suficientes, desde 1900 hasta 2006, Erica Chenoweth y Maria Stephan llegaron a la conclusión de que un movimiento tenía el doble de probabilidades de éxito si no era violento.

La siguiente pregunta entonces es: ¿por qué?

La respuesta parece ser que la violencia reduce la base de apoyo de un movimiento, mientras que mucha más gente se une activamente a las protestas no violentas.

Protestas en Bielorrusia

Getty Images
La no violencia atrae a mucha más gente a las manifestaciones.

La no violencia es generalmente de menor riesgo, requiere menos capacidad física y ningún entrenamiento avanzado.

Y, por lo general, también requiere menos tiempo.

Por todas estas razones, los movimientos no violentos tienen mayores tasas de participación de mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad.

Pero, ¿por qué importa esto?

Bueno, tomemos la llamada Revolución Bulldozer contra Slobodan Milosevic. Cuando los soldados fueron entrevistados sobre por qué nunca apuntaron con sus armas a los manifestantes, explicaron que conocían a algunos de ellos. Se mostraban reacios a disparar contra una multitud que contenía a sus primos, amigos o vecinos.

El 3,5%

Obviamente, cuanto mayor sea el movimiento, más probable es que los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad conozcan a algunos de sus participantes.

Y Erica Chenoweth ha dado una cifra muy precisa de cuán grande debe ser una manifestación antes de que su éxito sea casi inevitable: esa cifra es el 3,5% de la población.

Puede parecer un número pequeño, pero no lo es.

La población de Bielorrusia, por ejemplo, es de poco más de nueve millones, por lo que el 3,5% supera los 300.000. Y se estima que en las grandes manifestaciones en la capital, Minsk, participaron decenas de miles, quizás hasta 100.000 (aunque la agencia Associated Press una vez las estimó en 200.000).

La regla del 3,5% tampoco es estricta.

Muchos movimientos tienen éxito con tasas de participación más bajas que esta, y uno o dos fracasan a pesar de contar con el apoyo de las masas: el levantamiento de Bahréin de 2011 es uno de esos ejemplos que cita Chenoweth.

Menos efectivas

Los datos originales de Chenoweth llegan hasta 2006, pero la académica acaba de completar un nuevo estudio que examina los movimientos de protesta más recientes.

Y aunque sus últimos hallazgos generalmente refuerzan la investigación inicial, que muestra que la no violencia es más efectiva que la violencia, también ha identificado dos nuevas tendencias interesantes.

La primera es que la resistencia no violenta se ha convertido, con mucho, en el método de lucha más común en todo el mundo, mucho más que la insurrección armada o la lucha armada.

De hecho, entre 2010 y 2019 hubo más levantamientos no violentos en el mundo que en cualquier otra década de la historia registrada.

Argelia

Getty Images
Las protestas de Argelia en 2019 obligaron a dimitir al presidente Bouteflika.

La segunda tendencia es que la tasa de éxito de las protestas ha disminuido.

Ha caído drásticamente en lo que se refiere movimientos violentos: actualmente alrededor de nueve de cada diez movimientos violentos fracasan, dice Chenoweth.

Pero la protesta no violenta también tiene menos éxito de lo que solía.

Antes, alrededor de una de cada dos campañas no violentas tenía éxito; ahora es alrededor de una de cada tres.

Aunque, por supuesto, también se han producido algunos éxitos desde 2006.

Por ejemplo, el presidente sudanés Omar al-Bashir fue depuesto en 2019. Y unas semanas más tarde, el malestar popular obligó a dimitir al presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika.

Pero estas salidas son cada vez más raras.

¿Por qué? Bueno, podría haber muchas explicaciones, pero una parecería ser el impacto de doble filo de las redes sociales y la revolución digital.

Durante unos años, parecía que Internet y el auge de las redes sociales habían proporcionado a los organizadores de protestas una nueva y poderosa herramienta, facilitando la transmisión de información de todo tipo: por ejemplo, dónde y cuándo reunirse para la próxima marcha.

Pero los regímenes despóticos ahora han encontrado formas de darle la vuelta a esa arma y de usarla contra sus oponentes.

Policía en Bielorrusia

Reuters
Los gobiernos despóticos también utilizan la tecnología.

“La organización digital es muy vulnerable a la vigilancia y la infiltración”, dice Erica Chenoweth.

Y los gobiernos también pueden utilizar las redes sociales para hacer propaganda y para difundir desinformación.

Lo que nos lleva de regreso a Bielorrusia, donde los teléfonos de los manifestantes detenidos son examinados de forma rutinaria para establecer si siguen los canales de la oposición en la aplicación de mensajería Telegram.

Cuando las personas que manejan estos canales han sido arrestadas, Telegram se ha apresurado a cerrar sus cuentas con la esperanza de hacerlo antes de que la policía haya podido verificar la lista de seguidores.

¿Podrá el presidente Alexander Lukashenko aferrarse al cargo? ¿Realmente conseguirá sobrevivir ahora que está tan claro que existe una oposición tan generalizada a su gobierno?

Tal vez no. Pero si la historia sirve de guía, es demasiado pronto para descartarlo.


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