A más de 5 años de la masacre de migrantes en San Fernando, México no repara el daño ni explica qué pasó
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Manu Ureste

A más de 5 años de la masacre de migrantes en San Fernando, México no repara el daño ni explica qué pasó

La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Mario Pardo referente al reconocimiento de familiares de migrantes masacrados en Tamaulipas como víctimas. Si se aprueba, las familias podrían acceder a los expedientes de la investigación del caso.
Manu Ureste
2 de marzo, 2016
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“El gobierno de México nos entregó una caja de 50 centímetros con los restos de mi sobrino y nos prohibió abrirla. Nos dijo que si la abríamos podíamos ir a la cárcel, que eso era un delito muy grave”.

A pesar de la advertencia, María Da Gloria admite que la familia de su sobrino, uno de los cinco brasileños que fueron asesinados en la masacre de 72 migrantes que tuvo lugar en agosto de 2010 en el municipio tamaulipeco de San Fernando, abrieron el cajón en busca de pruebas que de alguna manera pudieran corroborar que se trataba de su familiar.

“No pudimos aguantar la incertidumbre y abrimos la caja. Pero lo que encontramos en su interior fue una masa gelatinosa en su interior. Eso fue lo que nos dio el gobierno de México, una bola de gelatina, y con eso nos piden que creamos que es nuestro ser querido”, denuncia la brasileña, una de las siete representantes de familias de los 72 migrantes asesinados, que esta semana están en México con el apoyo de la organización civil Fundación para la Justicia para exigir a las autoridades mexicanas que, a cinco años y seis meses, les expliquen qué pasó realmente en la masacre de San Fernando, y les den los resultados de la investigación.

Pero antes de llegar a Brasil tras muchos meses de insistir al gobierno mexicano para que repatriara el cadáver, el abogado de María Da Gloria y de otras familias víctimas de la masacre de San Fernando, asegura que México sí envió los restos… pero a Honduras.

“Los restos fueron enterrados en Honduras. Y todavía no sabemos por qué. El gobierno mexicano no ha dado respuesta sobre esto y la Procuraduría no dice nada, no se manifiesta”, dice Filipe Nicolau, abogado de las víctimas brasileñas.

“Sólo después de mucho trabajo, el cuerpo fue enviado a Brasil. Pero aún así, cuando lo hacen, los familiares no pudieron ver si, efectivamente, se trataba de su ser querido. Porque México envió una caja con una gelatina sin ninguna documentación. Es decir, sin ningún documento del peritaje, de las pruebas genéticas, sin un estudio, sin un procedimiento administrativo. Nada. Es algo absurdo e inimaginable. Porque los temas públicos entre dos países, es decir, el envío de un cuerpo de un país a otro, no se puede tratar de esta forma tan mezquina, moral e ilegal”, subraya el letrado.

Además del caso de los brasileños, la Fundación para la Justicia expone que numerosas familias de víctimas sólo han recibido una caja de cenizas con un acta de defunción y credenciales, pero sin ningún expediente de investigación, ni tampoco pruebas genéticas que corroboren el contenido de los féretros.

“Según los estándares internacionales, cuando se hace una identificación de un cadáver, las autoridades tienen que darle a las familias un dictamen”, explica en entrevista Virginie Gorson, del área de acompañamiento de la Fundación para la Justicia.

“Y el dictamen es un documento muy grueso –añade-, que incluye muchas páginas que detallan cómo se encontró el cuerpo, dónde se encontró, cómo se trasladó del lugar en el que fue hallado hasta la morgue, etcétera. Incluso, se agregan fotos de lo que se encontró en el lugar donde estaba el cuerpo. Sin embargo, a cinco años y seis meses de San Fernando, las familias de esos 72 migrantes no tienen nada de esto y por eso siguen con esa incertidumbre y sin obtener una reparación del daño”.

Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, indica por su parte que el reclamo al gobierno de México por malas prácticas periciales a la hora de entregar los restos de los 72 migrantes, no solo provienen de las familias víctimas, sino también de autoridades centroamericanas.

“Hay que recordar que semanas después de lo que ocurrió en la tragedia de San Fernando, el mismo gobierno de Honduras se vio obligado a detener la repatriación de restos, debido a que detectó negligencias en la entrega de los restos. Es decir, porque México estaba entregando féretros que no contenían los restos, y por eso hubo un reclamo muy fuerte al gobierno mexicano”, expone la integrante de Amnistía Internacional, organización defensora de derechos humanos que ayer martes también recibió a los siete familiares de los 72 migrantes asesinados para escuchar sus casos.

“Es decir –agrega Jiménez-, lamentablemente la no identificación de restos de manera eficiente y confiable es un problema que México viene arrastrando desde hace años, y por eso es muy comprensible que dadas las deficiencias estas familias pidan una revisión de sus casos a la justicia mexicana”.

La Suprema Corte de Justicia analizará si concede un amparo a una migrante salvadoreña para considerarla como víctima, y así pueda acceder al expediente del caso San Fernando. //Foto: Manu Ureste

La Suprema Corte de Justicia analizará si concede un amparo a una migrante salvadoreña para considerarla como víctima, y así pueda acceder al expediente del caso San Fernando. //Foto: Manu Ureste

72 migrantes asesinados, ocho detenidos, ningún condenado

Como parte de su visita de una semana a México, los familiares víctimas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde previamente habían solicitado una reunión con la titular Arely Gómez para cuestionarle sobre los avances en la investigación del caso de los 72.

Sin embargo, Fray Tomás González, director del albergue de migrantes ‘La 72’ de Tenosique, Tabasco, quien también acompaña a las familias en su estancia en México, apunta que la reunión fue “decepcionante”.

“En la PGR, el agente del Ministerio Público nos dio un reporte de no más de ocho minutos, informando lo mínimo. Incluso, hay familiares que aseguran que saben mucho más de lo que la autoridad mexicana les presentó”, asevera Fray Tomás, quien critica que ni el subsecretario de derechos humanos de PGR, Roberto Campa, ni la procuradora, atendieran a las víctimas, máxime tratándose de un caso “que ha dañado gravemente la imagen del país”.

“En cinco años y medio, los familiares nunca habían visto al Ministerio Público encargado de la investigación de sus casos. Por eso para ellos era una visita fundamental, y por eso también la decepción cuando escucharon que básicamente no sabían nada. Sólo que hasta ahora hay ocho detenidos, pero sin ninguna condena, y que el caso fue turnado a la fiscalía de migrantes”, agrega por su parte Virginie Gorson.

Piden a Suprema Corte que migrantes sean reconocidos como víctimas de desaparición para abrir expedientes

Tras la breve reunión con funcionarios de la PGR, las familias se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde este miércoles 2 de marzo se discutirá el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, acerca del reconocimiento de familiares de migrantes masacrados en San Fernando como víctimas directas.

La discusión del proyecto de sentencia surge a raíz de un amparo interpuesto por Bertila Parada, madre un joven salvadoreño asesinado, quien exige que la justicia mexicana la reconozca como una víctima, y así poder acceder al expediente de su caso y empezar a obtener respuestas acerca de qué fue lo que sucedió en agosto en San Fernando, donde un año después de la masacre de los 72 se encontraron otros 193 cuerpos en fosas clandestinas. 

“En el caso de los 72 y en muchos otros de desaparición, una problema muy importante es que la autoridad no entrega información ni a la sociedad, ni a las víctimas”, plantea Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional.

Las familias migrantes han tenido muchos obstáculos para acceder a la información de lo que pasó en San Fernando. Es decir, les niegan las copias del expediente, o les dan versiones públicas completamente tachadas –en una versión pública la autoridad tacha nombres, direcciones, etcétera, para proteger la confidencialidad del caso-. Entonces, lo que argumentan en ese amparo es que, como víctimas, deben tener pleno acceso a toda la información de sus casos”, concluye la activista, quien ve “una gran oportunidad” de que la Suprema Corte se pronuncie mañana a favor, y de esa manera se comience a reparar el daño a las familias de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas.

En este sentido, cabe recordar que en agosto de 2014 el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) –hoy INAI-, ya ordenó a la PGR que informe sobre la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, echando atrás el intento de la Fiscalía federal de mantener guardada la información durante 12 años.

Sin embargo, hasta ahora, los expedientes no se han hecho públicos.

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Rusia y Ucrania: los complejos escenarios para una solución negociada a la guerra

Aunque las negociaciones continúan, las perspectivas para una resolución por la vía diplomática se están tornando cada vez más complejas, según analistas consultados por la BBC.
14 de marzo, 2022
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Este lunes empezó una cuarta ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú para detener el conflicto. Sin embargo, las tentativas previas e incluso un alto el fuego temporal han fracasado. Y los escenarios para una resolución por la vía diplomática son cada vez más complejos, según analistas internacionales consultados por BBC News Brasil.

“Mi visión es bastante pesimista sobre la posibilidad de un alto el fuego en el que Rusia acepte menos de lo que ha estado pidiendo en los últimos meses y en estas dos últimas semanas principalmente”, dice Felipe Loureiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo (USP) y coordinador del Observatorio de la Democracia en el Mundo (ODEC-USP).

Un portavoz del gobierno ruso reafirmó el lunes (07/03) algunas condiciones impuestas incluso antes de la invasión del territorio ucraniano el 24 de febrero, para detener la agresión militar:

1) El compromiso de Ucrania con la “neutralidad“: Moscú exige que los ucranianos se comprometan en su Constitución a que el país renuncie a participar en bloques multilaterales como la OTAN (Alianza Militar del Atlántico Norte) y la Unión Europea. Rusia dice que la OTAN se está expandiendo en dirección al territorio ruso al aceptar como miembros a países que eran exrepúblicas soviéticas o que pertenecían a la esfera de influencia soviética.

2) Reconocimiento de Crimea: el Kremlin quiere que la región, que fue anexada militarmente en 2014, sea aceptada internacionalmente como parte del territorio ruso. En la época de la Unión Soviética, Crimea se incorporó a Ucrania y permaneció así tras la implosión del bloque en 1991. Una corriente en Rusia sostiene que históricamente este pedazo de tierra es parte del país.

3) Reconocimiento de Donetsk y Luhansk: otro requisito es que estas regiones del este de Ucrania, actualmente bajo el dominio de los separatistas prorrusos, sean reconocidas por la comunidad internacional como estados independientes.

4)“Desmilitarización” del Estado ucraniano: aunque aún no se han establecido los parámetros para esta condición, miembros del gobierno ruso reiteran que las armas en territorio ucraniano amenazan la integridad y seguridad de Rusia.

“Es muy complicado imaginar que cualquier gobierno soberano acepte la desmilitarización. Más aún después de la invasión”, dice Loureiro.

Mapa que muestra los países que ingresaron a la OTAN desde 1997

BBC

Neutralidad ucraniana

Ashok Swain, profesor del Centro de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala en Suecia, dijo a BBC News Brasil que un compromiso de neutralidad por parte de Ucrania representaría lo que Putin más necesita en este momento: una salida que preserve su imagen.

Es un enfoque similar al de Andrei Kortunov, director general del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia (RIAC), organismo de consultoría en asuntos internacionales vinculado al gobierno ruso.

Para Kortunov, “Putin necesitará algo para declarar la victoria. No puede aceptar la derrota, porque políticamente esto podría tener riesgos muy grandes para su liderazgo. Necesita tener algo que le permita básicamente decir gané’“.

Swain describe un escenario complicado. “Si la insurgencia (contra las fuerzas rusas) continúa y se profundiza, Putin tendrá que mantener un gran contingente militar en el país y llevar a cabo una operación brutal contra la insurgencia”.

“Y habrá más presión sobre la OTAN para un compromiso directo. Por otro lado, Putin dependerá cada vez más de China para obtener apoyo diplomático y económico. A partir de la situación actual, parece que será un conflicto prolongado y terrible, que empujará al mundo a una división entre dos campos”.

Vladimir Putin

Getty Images
“Putin necesitará algo para declarar la victoria. No puede aceptar la derrota, porque políticamente esto podría tener riesgos muy grandes para su liderazgo”, señala Andrei Kortunov.

Carolina Boniatti Pavese, profesora de relaciones internacionales de la ESPM, una institución privada de educación superior en Brasil, dice que aún no está claro si las dificultades de la incursión rusa en Ucrania están fuera del cálculo que hizo Putin antes de iniciar la ofensiva.

“Al construir escenarios de análisis de riesgo es necesario anticipar todas las posibilidades. Ciertamente Putin lo hizo como lo hace todo estratega militar. No sabemos si lo que está sucediendo ahora no estaba dentro de lo que él anticipó como un riesgo calculado”, dice. “Lo que tenemos hasta ahora es una derrota para Ucrania”.

Loureiro, de la USP, dice que Putin sólo retrocederá si pesan cada vez más “los costos de la guerra desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material, incluyendo los efectos de las sanciones económicas, y sobre todo, si la oposición dentro de Rusia se vuelve significativa“.

“Pero este escenario me parece muy poco probable porque, para que Rusia acepte ceder en sus posiciones, estos costos tienen que ser muy altos. Mayores que el costo para Putin de abandonar esta invasión con solo una parte de sus objetivos cumplidos”.

Una joven es arrestada por la policía rusa durante una protesta contra la invasión a Ucrania

Getty Images
Protestas en Rusia contra la invasión de Ucrania. El aumento de la oposición a la guerra puede incrementar el riesgo político para Putin.

Adriana Erthal Abdenur, directora ejecutiva de Plataforma Cipó, un centro de estudios con sede en Brasil que se ocupa de temas de paz, clima y gobernanza global, señala que la ONU podría desempeñar un papel muy importante.

“El secretario general (de la entidad) podría nombrar un enviado especial para señalar caminos más allá de las negociaciones de paz y la implementación de un alto el fuego. La ONU en muchas ocasiones juega un papel muy fundamental que es monitorear la implementación del alto el fuego de las hostilidades para que se pueda realizar una negociación más detallada y sustantiva”.

El Protocolo de Minsk

Una salida intentada a fines del año pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, para disuadir las tensiones que eventualmente resultaron en la invasión rusa, fue la reanudación del Protocolo de Minsk.

Manifestantes con la bandera ucraniana

Getty Images
El tratado de Minsk nunca se implementó por completo debido a la gran resistencia expresada por los ucranianos.

Este tratado fue firmado en 2015 por Putin, el entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko y representantes de grupos separatistas prorrusos, y contó con el apoyo de Francia y Alemania.

En sus 13 puntos, el acuerdo prevé la desmilitarización y la reanudación por parte de Ucrania del control del este del país, en la frontera con Rusia.

Donetsk y Luhansk, ahora bajo el dominio separatista, serían reconocidas como parte del territorio ucraniano, pero con una condición especial: las regiones obtendrían el derecho a celebrar elecciones locales y tendrían mucha más independencia del gobierno central.

El tratado nunca se implementó por completo debido a la gran resistencia expresada por los ucranianos.

Una mujer de avanzada edad en silla de ruedas es cargada por soldados ucranianos

Getty Images
“Parece que será un conflicto prolongado y terrible, que empujará al mundo a una división entre dos campos”, opina Ashok Swain.

“Los acuerdos de Minsk son vistos negativamente en la sociedad ucraniana porque existe la percepción de que, a través de ellos, Rusia podrá ejercer una influencia directa sobre el país, limitando su soberanía. Parte de la sociedad y las élites creen que los líderes de las regiones separatistas son ‘controlados’ por Putin”, dice Vicente Ferraro, politólogo e investigador del Laboratorio de Estudios Asiáticos de la USP.

“Por lo tanto, se argumenta que la reintegración de estas regiones en las condiciones defendidas por Rusia permitiría a Putin influir en el curso de la política ucraniana e incluso vetar proyectos de integración con la Unión Europea y la OTAN”.

“Rusia está incómoda con el hecho de que el gobierno ucraniano declare al público su intención de implementar los acuerdos, pero dentro del país los critica. La estigmatización de las posiciones prorrusas en la sociedad ucraniana después de la crisis de 2014 ha tornado la discusión interna de los acuerdos un verdadero tabú. De hecho, ambas partes hicieron poco para implementarlos“.

“Con el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas por parte de Rusia y la intervención militar, las posibilidades de que se reintegren en territorio ucraniano se volvieron áreas aún más remotas”, añade Ferraro.

Un edificio de apartamentos completamente destruido por bombardeos

Getty Images
Devastación en Járkiv. “Mi visión es bastante pesimista sobre la posibilidad de un alto el fuego en el que Rusia acepte menos de lo que ha estado pidiendo en los últimos meses”, señala Felipe Loureiro.

Otra salida

Una propuesta lanzada en 2019 por investigadores de la Rand Corporation, un centro de estudios de política global con sede en Estados Unidos, tomaba en cuenta las tensiones geopolíticas que resultaron tanto del colapso de la Unión Soviética como de la expansión de la OTAN.

El ambicioso proyecto aboga por una zona especial de neutralidad que incluiría a Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, así como a Ucrania y todas las exrepúblicas soviéticas.

La idea es establecer mecanismos con la participación de las principales potencias y organismos multilaterales para definir soluciones de diálogo y reglas de seguridad y comercio que involucren a esta región entre Europa y Rusia.

El objetivo principal es crear un ambiente de confianza para lograr una distensión en las relaciones.

Pero los propios autores de la propuesta reconocen que sus términos difícilmente podrían complacer por completo a todas las partes.


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