[contextly_sidebar id=”AIhiwcezgs0xMl13I4Uv1byuLh7bNzXQ”]El año pasado la organización Causa en Común denunció públicamente que, pese a que los estados habían cumplido con la aplicación de los exámenes de control de confianza, más de 16 mil elementos de las policías estatales, procuradurías y reclusorios seguían trabajando pese a estar reprobados. Este año, la realidad sigue siendo la misma y de noviembre de 2015 a enero de 2016, el nivel de agentes no confiables incluso se ha incrementado en varios estados.
Y es que aún con anuncios como los hechos por gobernadores y mandos de seguridad de que la depuración se ha llevado a cabo, los datos actualizados a febrero de 2016 arrojan que a nivel nacional el avance es nulo.
A lo anterior se suma otro problema: entere el 15 y el 20 por ciento de todos los exámenes de control de confianza que en su momento sirvieron para certificar que un policía era apto ya caducaron, pues se acabó su vigencia legal de dos años.
Lo anterior significa que hay unos 40 mil agentes que en su momento fueron certificados como aptos, pero en términos de ley hoy ya no se sabe si lo son.
Cabe recordar que el compromiso de tener corporaciones policiales cien por ciento depuradas data del 2008 cuando el entonces presidente Felipe Calderón, junto con gobernadores y activistas, firmaron el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Casi ocho años después es un compromiso que continúa pendiente.
Desde diciembre de 2014 el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de seguridad Pública (SESNSP) dejó de transparentar en su sitio de internet los progresos en los exámenes de control de confianza, sin embargo, los datos son proporcionados a Causa en Común, que se ha encargado de difundirlos mensualmente en su sitio web desde octubre de 2015.
Como este mismo medio ya ha publicado, Veracruz es la entidad con la mayor proporción de policías estatales no confiables, pero hay otros estados como Sinaloa en donde casi la mitad de los agentes judiciales en activo están reprobados.
El control de confianza es un procedimiento de cinco evaluaciones: toxicológico, de polígrafo (detector de mentiras), física, de conocimientos generales y de entorno social. Su finalidad, es determinar si una persona es confiable para determinar una función de seguridad o de procuración de justicia.
De acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad Pública, los elementos que no sean confiables deben ser separados de sus funciones de forma inmediata y no pueden desempeñarse en ninguna institución de seguridad oficial.
Negros en el arroz
En México existen poco más de 123 mil policías estatales, es decir, elementos adscritos a las secretarías de seguridad pública de las entidades. En octubre del año pasado los datos oficiales revelados por Causa en Común arrojaban que el siete por ciento de esos agentes seguían en activo pese a que reprobaron.
Los datos actualizados al 31 de enero de 2016 muestran que la realidad sigue siendo exactamente la misma: el siete por ciento de los elementos estatales, poco más de 8 mil 800, siguen en sus puestos aunque no son aptos para ello.
El problema se repite en las otras fuerzas de seguridad de los gobiernos estatales. En octubre el ocho por ciento de los 51 mil policías de investigación y judiciales adscritos a las procuradurías del país había reprobado el control de confianza. Hoy esa proporción no ha cambiado.
Y en los reclusorios es aún peor. De los cerca de 30 mil elementos adscritos a la seguridad de los centros penitenciarios estatales, el once por ciento, es decir al menos uno de cada diez, no era confiable según los datos publicados en octubre. Pasó un trimestre y la situación no ha cambiado.
El análisis por estados evidencia que el problema es mayor en algunas entidades. Veracruz es la entidad con la mayor proporción de policías estatales en activo reprobados, con un 35 por ciento del total de su fuerza comprometida. En octubre de 2015 los agentes reprobados sumaban un 36 por ciento, por lo que el avance es mínimo.
Pero en los siguientes tres estados con mayor proporción de policías reprobados en activo, la situación incluso empeoró. De octubre de 2015 a enero de 2016 Michoacán pasó de 29 por ciento a 30 por ciento de agentes desconfiables en sus filas; Sinaloa pasó de 27 a 29 por ciento, y Baja California Sur de 26 a 28 por ciento.
A nivel de Procuradurías, la de Sinaloa tiene el mayor nivel de agentes reprobados. En octubre de 2015 era el 48 por ciento de todos los elementos y para enero de 2016 ya era 49 por ciento. Esto significa que prácticamente la mitad de todos los elementos de esa corporación, responsable de investigar delitos, están reprobados.
Baja California Sur, Sonora, Tabasco y Guerrero son las otras entidades con mayor proporción de policías de investigación no confiables.
Y por lo que se refiere a los custodios de cárceles, Veracruz también tiene la mayor cantidad de elementos en activo reprobados con 54 por ciento, más de la mitad, aunque si lograron reducir seis por ciento esa proporción respecto al año pasado. Tabasco y Zacatecas no registraron mayor avance, y en Sinaloa y Baja California el nivel de custodios reprobados incluso subió.,
Mentiras y tragedias
En noviembre del año pasado el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que su gobierno ya había cumplido con la depuración de sus policías. Lo dijo en su cuenta de Twitter y lo ratificó en su informe enviado al Congreso estatal.
En octubre el ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Víctor García Magaña, aseguró que había depurado a la mitad de toda la fuerza estatal que no superó el proceso de control de confianza
En respuesta a un llamado del presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores de todo el país prometieron en julio del 2015 completar la depuración de sus corporaciones.
Los datos revelan que más allá del discurso, el proceso de depurar a las fuerzas de seguridad en los estados no se ha cumplido, pero lo que sí ha seguido sucediendo son incidentes violentos en los que están relacionados los agentes.
Uno de los casos de mayor impacto en el último año con policías involucrados, es el de la desaparición forzada y posible homicidio de cinco jóvenes en la zona de Tierra Blanca, Veracruz. Las indagatorias revelaron que la policía estatal estaba involucrada. El pasado 28 de febrero fue detenido un octavo agente que confesó la participación de él y sus demás compañeros.
Otro caso ocurrió en Tlaxcala donde ocho policías estatales, incluyendo al propio director de la corporación, fueron capturados por estar involucrados en diversos secuestros exprés en los municipios de Apizaco y Huamantla.
Hay de todo. Apenas a a finales de febrero varios jóvenes fueron agredidos en el exterior de un bar de la colonia Roma en la capital del país. El incidente se hizo viral porque testigos grabaron la golpiza propinada a las víctimas. La investigación arrojó que estaban involucrados agentes de la secretaría de Seguridad Pública en activo.
